Reprimenda a Jueces para la Democracia de sus expertas en violencia de género por criticar a las feministas

La Comisión de Violencia de Género de Jueces para la Democracia ha enviado una carta a la dirección de la asociación para mostrarle su profundo malestar por haber suscrito el comunicado contra las organizaciones feministas.

Un comunicado, firmado la semana pasada conjuntamente por las cuatro asociaciones judiciales, en el que alertaron de que la campaña de quejas por el maltrato judicial que reciben víctimas de la violencia machista era un ataque contra la independencia judicial.

Pues bien, las expertas en violencia de este colectivo judicial progresista se desmarcan totalmente de la postura de la directiva. No comparten en absoluto el comunicado conjunto.

Es más, lamenta la Comisión de Violencia de Género que se hayan unido para dirigir la fuerza contra un objetivo equivocado porque los ataques a la independencia judicial que sufren algunos juzgados proceden de grupos de hombres organizados que los acusan de feminazis o de criminales prevaricadores.

Estimad@s compañer@s del Secretariado:
En nombre de la Comisión de Violencia de Género, por sustitución de su
coordinadora, Esther Érice, que se encuentra de baja, como debéis conocer,
os quiero trasladar el malestar de la Comisión, en su sentir general, por la
participación, en tiempo, forma y contenido, en el Comunicado suscrito por
las cuatro Asociaciones Judiciales, en supuesta defensa de la independencia
judicial, que se vería afectada por una rueda de prensa de diferentes
Asociaciones de Mujeres, que se quejaban del trato que se dispensa o que
consideran que se dispensa en algunos órganos judiciales a víctimas de la
violencia de género o por la alta tasa de medidas cautelares denegadas en el
ámbito de la violencia de género.
Da la impresión de que habéis primado, frente a la postura adoptada en
otros supuestos, la firma en un comunicado colectivo sobre su contenido,
dado que nuestra Asociación siempre ha defendido el derecho a la crítica
de las resoluciones judiciales, sin perjuicio de su acatamiento, como
manifestación de la libertad de expresión y como manifestación de control
social complementario de su calidad y de su conformidad con el
ordenamiento jurídico.
Las Asociaciones de Mujeres, y los fines que las justifican, son parte de la
realidad social y el sentir social del siglo XXI que tenemos que tener en
cuenta al interpretar el ordenamiento jurídico. En este contexto, las quejas
de las Asociaciones de Mujeres iban dirigidas al trato que, según decían, se
dispensa en algunos Juzgados por algunos jueces o juezas respecto a
algunas (presuntas) víctimas, poniendo, además, el dedo en la llaga sobre la
existencia de las muy dispares decisiones judiciales en materia de
protección cautelar, en cuyo contexto prescindir de recabar información
sobre lo sucedido para dar un cheque en blanco a las actuaciones judiciales
y sin recabar el parecer de esta Comisión ha supuesto ubicar a nuestra
Asociación en las mismas posiciones que otras y presentarnos como más
preocupad@s en no recibir quejas de la ciudadanía que en garantizar y
exigir una respuesta judicial en esta materia, coherente con la función
constitucional que tenemos atribuida. Nos preguntamos si hubiera sido
posible, a título de ejemplo, que JJD hubiera participado en un comunicado
de estas características frente a una rueda de prensa de Sindicatos de
trabajador@s que se quejaran de actuaciones de Juzgados de los Social sin
plantearos qué había de cierto en todo ello y sin recabar el sentir de la
Comisión de lo Social.
El cierto prestigio que nos hemos ganado frente a las Asociaciones de
Mujeres puede diluirse de inmediato con comunicados como el que hemos
firmado, que parece prescindir de las previsiones legales sobre el trato a
dispensar a las víctimas que exige la Directiva de 2012 sobre víctimas del
delito o la Ley del Estatuto de la Victima. Mejor hubiera sido, si había que
decir algo, pronunciarse sobre la necesidad de conocer los motivos que
subyacen en el alto número de rechazos de órdenes de protección o de otras
medidas cautelares, de disparidad tan vergonzante en función de territorios
y Juzgados, que, probablemente, corresponda a motivos distintos de los de
ejercer la jurisdicción con independencia, dado que la ley, con los
presupuestos que establece, es la misma en todos los territorios y las
solicitudes de medidas se fundamentan en hechos similares, lo que exige
una análisis tal vez más riguroso sobre los motivos por los que algunas
Comunidades Autónomas, de forma persistente, conceden, año tras año,
menos del 50% de las medidas solicitadas, con discrepancias difíciles de
entender, incluso, por partidos judiciales dentro de la misma Comundiad
Autónoma. En este sentido, las estadísticas judiciales, herramienta
fundamental para conocer una parte de la realidad en materia de violencia
contra las mujeres, exigidas, por otra parte y respecto de todas sus
manifestaciones, por el Convenio de Estambul, ofrecen una realidad
clamorosa que se percibe en buena parte de la sociedad: conocerlas y sacar
conclusiones tiene que ser un estímulo para repensar el quehacer judicial
que deberíamos haber protagonizado, sin condenar en ningún momento a
quien se ha tomado el trabajo de estudiarlas.
Participar en la afirmación colectiva de la bondad y suficiencia de la
formación en los órganos especializados en violencia contra las mujeres –
diferente, como sabéis, del mero conocimiento técnico de las leyesposiblemente
es tributario de no conocer la motivación de ciertas
resoluciones judiciales, manifiestamente mejorables en algunos casos.
Si había algo que decir, se podía haber ido más allá de tildar el trato
desconsiderado de juezas y jueces como algo susceptible de ser denunciado
para reclamar formación y medios que garanticen el conocimiento de lo
que una (presunta) víctima de violencia de género ha tenido que superar
para llegar al momento de prestar declaración ante autoridad judicial y
exteriorizar las diferencias entre trato desconsiderado y trato que haga que
una mujer que refiere haber sufrido manifestaciones de violencia en un
ámbito tan íntimo como el de la pareja o ex pareja confíe en que va a
obtener una decisión justa, la aplicación del mejor Derecho posible.
Os podíais haber planteado si era verdad –y obtener información, en su
caso- que los y las integrantes del Poder Judicial en órganos especializados
gozan y exteriorizan una formación específica y suficiente para la mayor
efectividad de los derechos de las víctimas o si era el mejor mensaje
posible el que se limitara a señalar que las decisiones judiciales son
susceptibles de recurso, cuando es conocido que, en muchos casos, las
expectativas de las víctimas no corresponden a la función propia del
Derecho penal. Os podíais haber planteado si todas las decisiones judiciales
que se adoptan en esta materia agotan todos los medios de investigación,
para lo que el número de sobreseimientos provisionales anuales –siempre
creciente- os hubiera podido ofrecer un parámetro de referencia. Podíais
haber invitado al resto de Asociaciones Judiciales a reclamar formación
que haga posible un enjuiciamiento libre de estereotipos de género.
Tildar de “sistemáticas” las denuncias contra miembros del Poder Judicial,
en el contexto de las quejas de determinadas Asociaciones de Mujeres ni es
cierto ni visibiliza los ataques a la independencia judicial que sufrimos en
algunas sedes judiciales por asociaciones y grupos de hombres organizados
que denominan “feminazis” a nuestros Juzgados o “criminales
prevaricadores” a sus titulares y que publicitan el supuesto principio “in
dubio pro zorra” como resumen de la ley o de la labor jurisdiccional. Por
ello,resulta lamentable que hayáis dirigido la fuerza asociativa que da la
unión contra objetivos equivocados.
El comunicado de las asociaciones judiciales sirve, además, para difuminar
la inexistencia de relaciones entre el Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género –“el Observatorio del Consejo”- y las Asociaciones
de Mujeres, pese a la previsión específica que respeto a su mantenimiento
se recoge en el Convenio de creación del mismo y sirve para levantar un
muro con el tejido social que no corresponde a nuestra historia asociativa.
Os reitero, además, el sentir de la Comisión sobre la necesidad de consultar
con la misma en materias que le son propias, cuya omisión, en los últimos
tiempos, se ha repetido (asunto Juana Rivas).
Paloma Marín López.

Jueces para la Democracia siempre defendió el derecho a la crítica

El primer reproche que hace a la directiva la Comisión de Violencia de Género es que no le consultase el contenido y la adhesión al comunicado pese a ser “una materia propia” de este órgano especializado. Una omisión que se repite, denuncia, porque tampoco se le consultó en otro asunto muy importante, el caso de Juana Rivas.

En la carta, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, estas juezas recuerdan que Jueces para la Democracia siempre defendió el derecho a la crítica como una manifestación de la libertad de expresión y de control social de calidad. Con esta actitud el colectivo “puede haber perdido el prestigio ganado” ante las asociaciones de mujeres.

Denuncian que se le está dando un cheque en blanco a las actuaciones judicialescuando las asociaciones feministas han puesto el dedo en la llaga al advertir de la gran disparidad de las decisiones judiciales sobre la protección cautelar de las víctimas.

La Comisión lamenta que se hayan unido contra un objetivo equivocado

Señala el escrito que en vez de condenar a las feministas, hubiera sido mejor que reclamasen un análisis sobre el elevado número de órdenes de protección denegadas por los jueces en algunas provincias, más de la mitad año tras año.

Y añade que tendrían que haber aprovechado la ocasión para pedir una formación específica de los jueces y medios suficientes e invitar al resto de las asociaciones judiciales a reclamar esa formación que haga posible un enjuiciamiento “libre de estereotipos de género”.

Fuente: Cadena SER

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