ONGs recurren en el juzgado el decreto de las subvenciones del 0,7% por “la grave situación” en la que les sitúa

La Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid ha presentado una impugnación judicial ante los juzgados de lo contencioso administrativo contra la normativa autonómica de las subvenciones del 0,7 por ciento del IRPF social por la “grave situación en que sitúa a las pequeñas y medianas ONGs”.

Según ha informado la plataforma en un comunicado, han tomado esta decisión después de haber solicitado “pública” y “formalmente” ante la Consejería una “negociación inmediata” tras la publicación “sin consenso” de las bases que regularán los más de 26 millones de euros que se distribuyen en materia de proyectos sociales para la Comunidad de Madrid.

Asimismo, la acción judicial lleva acompañada una solicitud a través de la vía cautelar de urgencia de “la paralización de la orden de bases” para evitar que “pueda ser aplicada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid” y ahonde “en la crisis que ya se inició en 2017 cuando el propio ejecutivo, en ese momento liderado por la expresidenta regional Cristina Cifuentes, provocó la desaparición de mas del 40 por ciento de proyectos de continuidad”.

Por ello, la Coordinadora ha resuelto en dicho recurso solicitar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM), evaluar la orden calificada por la organización como “un traje a medida” para “determinado” perfil de entidad destacando medidas como “la imposición de un tope de 50 euros de coste por usuario y año” jornadas laborales “de más de 76 horas” o disponer de “50 empleados por proyecto”; algo que “solo queda al alcance de las grandes ONGs o de las Fundaciones vinculadas a determinadas empresas de trabajo temporal”.

“Las pequeñas y medianas ONGs no estamos dispuestas a seguir calladas. En la reunión que mantuvimos con la Consejera le hicimos llegar algunas de nuestras reclamaciones, de las cuales no tuvo la educación de informarnos cuál iba a ser aceptada. Negociar a golpe de boletín oficial, sin prestar atención al enorme dolor e inseguridad que se está generando, presionando a las organizaciones para que no se quejen es muy grave. Dialogar no es estar 30 minutos con quienes son críticos”, han lamentado desde la organización.

No obstante, la portavoz de la Coordinadora, María del Valle, ha asegurado que están dispuestos a “renunciar” a la vía judicial “si se restablece la mesa de negociación”, aunque “no van a consentir que el Gobierno crea que puede hacer lo que quiera”, a su juicio, “dibujando un traje a medida para unos sobre otros que pone en riesgo programas de más de 30 años de duración que atienden a miles de personas en toda la Comunidad de Madrid”.

Fuente: La Vanguardia

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