La madre indenmizada por el crimen de su hija: “Que no den a nuestros hijos a un maltratador para que los mate”

El Estado deberá indemnizar a una víctima de violencia de género que ha pasado los últimos 15 años pidiendo protección, primero, y reparación, después, por el asesinato de su hija a manos de su ex marido en una visita no vigilada por orden de un juzgado. Los tribunales y los Ministerios vulneraron derechos fundamentales de la mujer y desoyeron un Dictamen de la ONU, negligencias “repetidas en el tiempo” que ahora el Tribunal Supremo ordena compensar en una sentencia histórica.

La lucha: 47 denuncias previas por maltrato.

El resultado: una niña de siete años asesinada de tres disparos.

El fallo: una condena al Estado por desproteger a la víctima y generar un daño moral.

La indemnización: 600.000 euros.

La protagonista: Ángela González.

“Después de 15 años, la Justicia me devuelve mi dignidad. Espero que la sentencia del Tribunal Supremo sirva para que la Justicia no entregue nunca más a nuestros hijos a un padre maltratador. Por fin nuestros hijos empiezan a ser visibles. Es la única forma de que no queden marcados para el resto de sus vidas evitando en lo posible que los asesinen”. Son las primeras reacciones solicitadas por EL MUNDO a Ángela González a través de sus abogadas. Minutos después, la organización Women’s Link Worldwide envió una nota de voz grabada por Ángela, protegida ayer por su entorno en su casa y por la Justicia en una sentencia que avala sus lustros de lucha.

“rompedora y audaz”

Es la primera vez que se condena al Estado por no cumplir una resolución de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En 2014, ese órgano condenó a Españapor no proteger a Andrea (la niña) y a Ángela, y pidió que se indemnizara a la madre. El Estado no hizo caso al Dictamen y ahora el Tribunal Supremo reacciona con una sentencia contundente. O en palabras de Gema Fernández, la letrada de Women’s Link Worldwide que ha llevado el caso, “importante, rompedora, audaz”.

El TS afirma que el Estado vulneró varios derechos fundamentales de Ángela. El derecho a no ser discriminada por sexo, porque no se aplicó la legislación vigente en España para reestablecer la igualdad “rota por una situación de violencia de género”. El derecho a la integridad física y moral. Y el derecho a la tutela judicial efectiva, porque no se dio a Ángela amparo y se afectó su “dignidad humana”. Esas vulneraciones se mantuvieron en el tiempo y causaron una “desprotección” ante la “clara discriminación” de la mujer antes y después del asesinato.

El Supremo da una zancada con consecuencias para otros casos: los dictámenes de la CEDAW son “vinculantes” y de “obligado cumplimiento”, una tesis que derriba la de la Audiencia Nacional cuando desestimó la demanda de Ángela González al sostener que no había obligación de obedecer. El Supremo critica que España no haya creado un “cauce específico” para hacer cumplir las resoluciones de la CEDAW.

Ángela González llegó a denunciar 47 veces por malos tratos a su marido, quien la amenazó con quitarle lo que más quería. Las primeras visitas se produjeron bajo vigilancia, pero tras un año el Juzgado de Navalcarnero las cambió a no vigiladas. Y en una, el 24 de abril de 2003, el hombre mató a la niña y se suicidó.

La mujer reclamó al Ministerio de Justicia una responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración alegando que la muerte podría haberse evitado con visitas vigiladas. Ni Justicia, ni la Audiencia Nacional, ni el Supremo, ni el Constitucional le hicieron caso.

Women’s Link Worldwide empezó a defender a Ángela en 2011, y tres años después, en 2014, obtuvo el Dictamen de la CEDAW, la base sobre la que ahora el Tribunal Supremo ha construido un texto pionero.

Gema Fernández: “El Supremo envía los mensajes de que hay que respetar los estándares de los Derechos Humanos y cumplir las resoluciones de la CEDAW. La sentencia fija una indemnización, que, aunque no puede sustituir la vida de la niña, es una de las pocas fórmulas para reparar. Y pide que se refuerce la aplicación de las leyes contra la violencia de género y la formación de los operadores judiciales. Así que tenemos trabajo: iremos a la vicepresidencia del Gobierno, a los Ministerios de Educación y de Justicia y al Consejo del Poder Judicial y al Consejo de la Abogacía para decirles que deben aplicar la sentencia”.

Y Ángela González, al final de su nota de voz, resume todo: “Gracias a los que han creído en mi verdad”.

Fuente: El Mundo

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