El hijo de un agresor no necesitará su permiso para recibir terapia

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Manifestación feminista contra el incumplimiento del pacto de Estado por la violencia de género. JP Gutiérrez

Los hijos de un progenitor condenado o inmerso en una causa penal por malos tratos o abuso sexual ya no necesitarán de su firma para recibir atención psicológica. El Gobierno utilizará el viernes la vía de urgencia para aprobar un Real Decreto que modificará el Código Civil y autorizará así terapias con hijas e hijos de agresores que hoy son perseguibles judicialmente.

“Bastará con el consentimiento del progenitor o persona encargada de la tutela o custodia no incursa en el proceso penal. Se velará por la protección de los menores”, dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que también prometió que los ayuntamientos recuperarán las competencias en violencia de género y recibirán 40 millones de euros, el doble que en la actualidad.Pese a las peticiones históricas de las expertas en violencia machista, la ley sigue exigiendo el consentimiento del padre y de la madre para que un menor víctima directa o indirecta de malos tratos pueda ser cuidado psicológicamente. La experiencia cuenta que muchos niños y niñas afectados por años de violencia en casa no reciben atención psicológica porque el progenitor agresor se niega a dar por escrito su permiso.

Se trata de menores con secuelas, niños y niñas con cuadros de depresión, ansiedad, agresividad, introspección, indefensión aprendida, miedo… Las psicólogas saben que necesitan terapia, pero si no tienen el permiso de los dos progenitores, incluido el del maltratador, no pueden hacer nada legalmente.

La insistencia de los equipos que trabajan con víctimas hizo que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género asumiera esa queja y la reflejó. Se trata de la medida 209, que habla de “desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad”. Así, establece la modificación del artículo 156 del Código Civil “para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad cuando exista sentencia firme o hubiera una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales”.

Historia de una psicóloga denunciada

Es decir, el maltratador conserva la patria potestad, pero no podrá oponerse a que sus hijos reciban un tratamiento psicológico. Y, con ello, tampoco tendrá la posibilidad de maniobrar contra los psicólogos que intervienen con sus hijos. Como le pasó a Sonia Vaccaro, una psicóloga clínica que llegó a estar seis días suspendida de matrícula en el Colegio Oficial de Psicólogos.

Hace cuatro años, Vaccaro trató a los hijos de un hombre condenado por violencia de género en tres instancias judiciales, pero él la denunció por haber iniciado una terapia sin su consentimiento. “Yo vi a los niños en el contexto del vínculo que tenían con su madre. Me contaron que su padre les pegaba, les gritaba y les insultaba. Era un maltratador de libro. Al final de mi informe añadí una reseña sobre el inicio de otro proceso penal contra él porque había pegado a uno de sus hijos. Pero me denunció”.

El Colegio de Psicólogos admitió la denuncia e inició un proceso que se extendió años en el tiempo. “Estuve dos años respondiendo requerimientos, yendo y viniendo. Yo soy autónoma y vivo de mi tiempo. Pero cumplí todo lo que se me pedía. Y siempre aduje que actué por el interés superior de los menores”.

Tras la investigación, Sonia Vaccaro asegura que el Colegio resolvió que no había inflingido ningún artículo del Código Deontológico, pero sí otra cosa. “Me acusó de algo de lo que no me había acusado el maltratador: que mi informe no estaba bien redactado, ni construido. Si violas cualquier artículo del Colegio incurres en falta grave. Así que me suspendieron la matrícula durante seis días”.

Tampoco le fue bien a Vaccaro en el proceso civil de separación de la pareja. “La jueza desoyó mi informe, mandó callar a la madre y no suspendió las visitas del padre aun a sabiendas de que había un proceso en curso por haber pegado al niño. A la madre llegó a decirle que si se negaba a recibir una terapia conjunta con el maltratador le iba a quitar la custodia de los niños”.

Esta psicóloga, que trabaja desde 1990 en áreas de Victimología y Violencia de Género y realiza labores de peritaje forense, abraza el cambio legislativo, pero le añade una pizca: “La sospecha de abuso o maltrato debería poder ser evaluada sin autorización del agresor. Si se modifica el Código, que sea desde la mirada del niño. Por encima de todo está su daño. Que se haga desde el derecho del niño, no del de los padres”.

Fuente: El Mundo – Rafael J. Álvarez

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