«Ejemplo» contra la violencia machista, España tiene aún mucho por hacer
De no haber entrado aquí «estaría muerta», asegura Ruth Cabero, mientras fuma nerviosamente en un centro de acogida y reinserción para víctimas de violencia machista, una lacra social que España combate desde hace años aunque no siempre eficazmente.
Tras enamorarse siendo aún adolescente, esta joven de larga cabellera rubia y generosa sonrisa se vio arrastrada por su novio al infierno: «Me insultaba, me humillaba, me pegaba», aunque nunca en público y cuidándose de no dejar marcas visibles.
Pero lo peor llegó cuando, con 21 años, ella decidió dejarlo, recuerda sentada en el soleado jardín de este centro, cuya ubicación es confidencial por la seguridad de sus residentes.
Finalmente, decidió dejar su ciudad natal e internarse aquí.
Si no, «me habría matado… y yo le hubiera dejado matarme», reconoce ahora, con 32 años y la vida rehecha como directora de una agencia de comunicación.
También Olga Aranda, maestra de 45 años, admite que de no ser por este centro habría vuelto con el marido que la maltrató «físicamente, sexualmente, económicamente» durante 16 años y hacia el que sufría una fuerte dependencia emocional.
«¿Dónde iba yo con tres bebés y sin trabajo?», dice esta mujer que llegó en 2005 con sus trillizos tras dormir durante años aterrorizada con un cuchillo bajo la almohada.
Como las otras víctimas, durante 18 meses recibieron alojamiento, protección, terapia psicológica, orientación profesional e incluso sesiones de pensamiento crítico, antes de poder reincorporarse a la vida.
Con las heridas ya cerradas, se sienten capaces de contar sus historias; a diferencia de las internas actuales que solo asienten cabizbajas cuando, en una sesión grupal, la educadora cuestiona «que las mujeres deban obediencia a los maridos».
Al llegar, las víctimas tienen «transtorno ansioso-depresivo, una situación de miedo muy potente», «una autoestima bajísima», «sentimiento de culpa» e incluso «negación del maltrato», explica la psicóloga Susana Enciso. La violencia psicológica suele ser más grave que la física, subraya.
En las afueras de Madrid, esta gran casa con 28 habitaciones, comedor, guardería, biblioteca, gimnasio y hasta un pequeño teatro, es un remanso de serenidad gestionado, con subvención estatal, por la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (FAMSD).
Es una de las ONG que contribuyeron a la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004 por el gobierno socialista de la época, que el Consejo de Europa puso en 2006 como «ejemplo» para otros Estados.
Además de establecer medidas de protección jurídica y policial, buscaba asistir a las víctimas, ayudarles a rehacer sus vidas y sensibilizar a la sociedad.
«Es una muy buena ley pero no se aplica correctamente», se indigna Ana María Pérez del Campo, presidenta de FAMSD.
Las víctimas mortales -apaleadas, apuñaladas, quemadas- pasaron de 71 en 2003 a 60 en 2015.
Las activistas lamentan la falta de formación especializada para los jueces, hecho que fue también señalado por Naciones Unidas al constatar que, entre 2008 y 2014, 20 niños fueron asesinados por sus padres durante días de visita.
Denuncian asimismo recortes presupuestarios –23,7 millones en 2015 frente a 31,1 millones en 2010–, que niega el actual ejecutivo conservador.
Así, se quedan sin subvención asociaciones pequeñas como AIVIG, presidida por la exvíctima y educadora social Marina Marroquí, de 27 años, que trabaja con adolescentes desmontando estereotipos machistas.
«La violencia de género es una consecuencia de la sociedad (…) en que la mujer vale menos que un hombre, para todo, profesionalmente también», afirma lamentando que no se aplique la vertiente educativa de la ley.
No es sin embargo España donde el problema es más grave.
Según un informe de Naciones Unidas de 2015, 13% de las españolas experiementó violencia física o sexual de su pareja o expareja, frente a 26% en Francia, 29% en Reino Unido y 32% en Dinamarca o Letonia. Entre los países latinoamericanos, Colombia y Perú despuntan con 38%.
Sin embargo, muy pocas víctimas denuncian aún a sus maltratadores.
«Es muy difícil para la mujer contar todo eso, primero a la policía, luego a un abogado que no conoce de nada, después a la juez», explica la magistrada Ivana Redondo, lamentando la falta de ayuda psicológica y que la ley no permita actuar si la mujer no quiere declarar.
Todavía «queda mucho por hacer», asegura Cabero, mientras un grupo de madres de rostro grave se instala con sus hijos para la comida. «Ojalá llegue un día en que no se necesiten centros como éste», suspira su directora, Rosa Escapa.
Fuente: La Información