Fuente: RTVE

Según la teoría del caos formulada por el matemático Edward Norton Lorenz, un acontecimiento cualquiera puede desencadenar una cadena de efectos que desemboque en un suceso completamente inesperado. Es el llamado «efecto mariposa» que en esta ocasión tiene como víctima un centro de atención integral a mujeres víctimas de violencia machista. Y no es un centro cualquiera. Es el centro pionero en España, el que fundó en 1991 la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas y ahora corre riesgo de tener que cerrar sus puertas por falta de financiación.

¿Qué es lo que ha provocado esta situación para un centro alabado a lo largo de décadas por instituciones y expertos y que ha recibido apoyo económico por parte de gobiernos de todos los colores? El aleteo de mariposa que ha provocado el caos es en esta ocasión una sentencia de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que estimaba que sean las Comunidades Autónomas y no el gobierno central quienes gestionen las aportaciones del 0’7% del IRPF a organizaciones no gubernamentales. El pasado mes de julio se llegó a un acuerdo por el que a las administraciones autonómicas les correspondía un 80% de estos fondos y al Estado un 20%. Pero los problemas no se han resuelto en casos como el de este centro, cuya subvención se ha reducido en un 75% este año. Otros recursos se encuentran en la misma situación, como AADAS, una asociación de referencia en Cataluña que afronta un ERTO total tras más de tres décadas atendiendo a mujeres víctimas de agresiones sexuales. 

Petición de auxilio

Los primeros meses de este año han sido una pesadilla para la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas y las gestoras del centro, que no podían pagar los sueldos de las empleadas: dos psicólogas, dos educadoras, una abogada, una trabajadora social, una psicopedagoga, dos cocineras, dos gobernantas, dos técnicas administrativas, una secretaria, dos serenas y dos auxiliares de mantenimiento. Tenían incluso dificultades para pagar los alimentos para las 22 mujeres y los 20 menores que en estos momentos acoge el centro.

El ministerio de Asuntos Sociales ha concedido a principios de mayo una ayuda de 260.000 euros al centro, una cantidad que -según las gestoras- les ha permitido pagar esos sueldos, los gastos corrientes como la luz o el agua y los suministros para estos primeros cinco meses del año, pero que es insuficiente y las deja a descubierto a partir de junio. Si no se resuelve el problema, tendrán que cerrar.

“El 71% de las mujeres han conseguido una recuperación integral y no recaen en otra relación de sometimiento“

Por eso han comenzado una campaña para llamar a las administraciones a salvar el centro. Un centro único, como afirma Ana María Pérez del Campo, la presidenta de la federación, una pionera en la lucha de los derechos de las mujeres. Ha escrito una carta abierta en la que describe la historia de este lugar, que presta atención integral a las mujeres y a sus hijos e hijas, para que sean capaces de pasar página en la violencia y se recuperan física y psicológicamente, pero también adquieran una autonomía económica a través de programas de empleo y vivienda que les permita ser independientes. «Es un trabajo difícil y duro al que se enfrentan y que ha dado como resultado un 71% de recuperación integral, es decir, no recaen en ninguna otra relación de sometimiento, ni entran en el peregrinaje de un recurso social tras otro. Han conseguido su autonomía personal, emocional, económica y laboral -las que lo necesitaren», explica Pérez del Campo.

Un laberinto legal

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 explica que debido a dicha sentencia judicial sólo puede financiar investigaciones, redes estatales, internacionalización de las entidades, pero que su 20% no llega para sufragar la atención directa en general. Esa subvención para atención social directa corresponde, según la sentencia, a las Comunidades Autónomas. 

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales recuerdan que en la última conferencia sectorial de Igualdad ya se aprobó que las Comunidades Autónomas financiasen con fondos del Pacto de Estado a entidades dedicadas a la atención a víctimas. Precisamente -añaden- una de las propuestas en la renovacion del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en noviembre del pasado año, era que las entidades feministas con atención a víctimas recibieran un porcentaje de los fondos del Pacto. También desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se destinarán fondos para las entidades que trabajan enfocadas a la sensibilización.

¿Por qué es especial este centro?

Las usuarias de los recursos contra la violencia machista serían las principales perjudicadas de toda esta marejada administrativa y de competencias. «Este es un recurso especial, extraordinario, que se extiende a todo el territorio español. A él se derivan mujeres de cualquier Comunidad Autónoma», explica Ana Balseiro, de la Mujeres Separadas y Divorciadas. Esta transversalidad territorial explica por qué se dirigen principalmente al gobierno central para que siga sosteniendo al centro. Concretamente creen que podría conseguirse si lo declara centro de «emergencia social» y apoyan su propuesta con la misma naturaleza de este recurso. «No es una casa de acogida al uso. Nació con ese concepto integral y la conciencia de que muchas veces poner distancia física entre la mujer y el agresor, el que él no sepa donde está ella, es lo que le puede salvar la vida».

“Muchas veces, poner distancia física entre la mujer y el agresor es lo que le puede salvar la vida“

Además de la atención integral a las mujeres, este centro se ocupa también en los menores, en que se desprendan del impacto de violencia en que han visto inmersas sus vidas. «Nadie nace siendo maltratador». Es una frase que Ana María Pérez del Campo no se cansa de repetir e insiste en que la normalización de la violencia con un padre maltratador y una madre sumisa es un factor fundamental para que el problema se reproduzca una y otra vez, que las hijas de una mujer maltratada caigan a su vez en relaciones tóxicas cuando crecen y que ellos se puedan convertir en agresores machistas.

Ayudar a las víctimas de violencia de género

La situación de las usuarias del centro y sus hijos e hijas es muy delicada. El programa de atención integral prevé 18 meses de estancia para una recuperación total, aunque hay casos que requieren más o menos tiempo. Esta situación de inestabilidad es muy negativa para ellas. «Es muy difícil pasar por un proceso tan duro como recuperarse de una situación de violencia. Si ya es doloroso de por sí, añadir a esa enorme carga emocional la incertidumbre de no saber qué va a pasar contigo o con tus hijos en unas semanas… agrava todavía más su estado», afirma Ana Balseiro.

“Es una situación de inestabilidad muy negativa para ellas“

La Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas ha dirigido una petición de ayuda al Ministerio de Asuntos Sociales. Cuentan con el respaldo de la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer. Han puesto en marcha una campaña de recogida de apoyos para conseguir esa financiación que garantice su futuro y numerosas asociaciones feministas y de lucha contra la violencia de género les han manifestado su solidaridad.

FUENTE: EL PAÍS

El Gobierno alega que la Intervención General ha cambiado de criterio para repartir cuatro millones.

La Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) ha suprimido las ayudas para fomentar la igualdad y combatir la violencia machista y la exclusión social de las mujeres, destinadas a 241 ONG y asociaciones. Proyectos para luchar contra la violencia de género hacia mujeres con discapacidad o para frenar la trata de inmigrantes no serán apoyados por el Gobierno andaluz este año.

La paralización de las intervenciones ha sido provocada por un cambio de criterio desde la Intervención General (órgano que fiscaliza el gasto del Ejecutivo autonómico), que el pasado diciembre decidió que cada proyecto debe recibir el 100% del dinero solicitado al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). De este modo, los grandes planes han acaparado los cuatro millones en liza y decenas de ONG han sido desplazadas del reparto de fondos públicos, ha avanzado Público. Con su decisión, la Junta perjudica a las mujeres más vulnerables: las que sufren exclusión social, presas, migrantes y víctimas de la explotación sexual, entre otras.

“Es demasiada casualidad que la Junta achaque a un problema técnico justo lo que les pide Vox que hagan. Nos han dejado a cero”, protesta Rocío Pérez, presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres con Discapacidad, que atiende cada año a 1.600 mujeres para empoderarlas y prevenir la violencia machista en las ocho provincias andaluzas. Esta federación recibía 32.000 euros cada año y este ejercicio no habrá fondos para su equipo de 10 personas contratadas y voluntarios.

El partido de ultraderecha Vox, cuyo apoyo sustenta la actual Junta andaluza, pidió el pasado julio “reducir y fiscalizar” el IAM, uno de los primeros organismos de igualdad en España, creado en 1989. La Consejería de Igualdad (Ciudadanos) desvincula el caso de las presiones de Vox y achaca lo ocurrido a la Intervención General, un órgano formado por funcionarios que dirige la interventora general, un puesto de confianza.

Médicos del Mundo ha llevado a cabo desde 1993 un programa en Sevilla, Málaga y Almería con mujeres en zonas donde se ejerce la prostitución para prevenir la violencia machista y la trata, además de facilitar la cobertura sanitaria para extranjeras, unas acciones subvencionadas por la Junta las dos últimas décadas. “Nos quedamos en carne viva. Esto es una ruina. El proyecto ya está ejecutado y el dinero adelantado. Para colmo, la Consejería de Salud (PP) tenía subvenciones para la prostitución y el VIH que tampoco ha sacado y el Ayuntamiento de Sevilla (PSOE) ha bloqueado la suya contra la prostitución”, denuncia Valentín Márquez, coordinador de proyectos de inclusión social en esta ONG.

La interventora delegada en la Consejería de Igualdad ha cambiado este año y su nuevo criterio es diferente del de los últimos ejercicios, cuando las subvenciones se han repartido de manera prorrateada para estirar los fondos y llegar a la mayor parte del territorio andaluz (87.268 kilómetros cuadrados). Ahora la Intervención General considera que las ONG con mejor puntuación según el baremo oficial, deben recibir el 100% del dinero solicitado, por lo que los cuatro millones se han repartido entre los grandes proyectos. Si el pasado octubre la Junta aprobó ayudas para 317 de manera provisional, a finales de año decretó que solo serían subvencionados 76, por lo que 241 se han quedado fuera.

La directora del IAM, Laura Fernández, alega que su departamento presentó alegaciones ante la Intervención General. “Entiendo el enfado de las ONG, pero no me queda otro remedio que cumplir la ley. El IAM ha luchado, pero la Intervención General no opina, impone. Ahora trabajaremos con las asociaciones para estudiar cada situación”. La Intervención considera que las bases de la Orden del 28 de junio de 2016 que regula estas ayudas no admite la reducción de presupuestos realizada “de forma sistemática” por la Junta e incumple la Ley General de Subvenciones de 2003. Esta norma admite que “excepcionalmente el órgano competente procederá al prorrateo entre los beneficiarios”, mientras que la Junta lo hizo siempre, año tras año, práctica que ahora ha censurado la Intervención.

Fuentes de la Consejería de Igualdad añaden: “Nuestra intención es paliarlo, valoramos alternativas legales. Para el próximo año modificaremos las bases de la Orden porque queremos mantener el criterio más equitativo, siempre es mejor llegar al máximo tejido asociativo. La intención es que esto no vuelva a pasar”. Después de que se hayan eliminado todos los programas para promover la igualdad de género en la provincia de Córdoba y que Almería y Huelva carezcan de proyectos para combatir la violencia machista, las asociaciones perjudicadas prevén manifestarse ante la sede de la Consejería de Igualdad el próximo 16 de enero.

La oposición ha censurado la medida. “El Gobierno ha perpetrado un nuevo ataque a la lucha contra la violencia machista, no queremos pensar que esto sea una concesión más a la ultraderecha que mantiene a la Junta”, ha censurado el portavoz socialista, José Fiscal, que ha pedido la comparecencia parlamentaria de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz. A esta petición se ha sumado Adelante Andalucía, cuya portavoz, Ángela Aguilera, ha comentado: “Nos parece una absoluta contradicción que la alarma social vaya por un lado y este Gobierno por otro”.

FUENTE: EL PAÍS

La Comunidad de Madrid ha recortado hasta tres cuartas partes de la subvención que ya venía dando a dos organizaciones estatales de mujeres que trabajan contra la violencia machista, dos de las pioneras en atención integral a las víctimas. La Federación de Asociaciones Nacionales de Mujeres Separadas y Divorciadas (FAMSD), cuyo origen se remonta a 1973, ha recibido un 75% menos; y la Federación de Mujeres Progresistas (FMP), con tres décadas de trabajo, un 33,85% menos. Ana María Pérez del Campo, la directora de FAMSD, lamenta que de repente se vean «mermados» proyectos ya asentados para los que nunca habían tenido problemas en la financiación: «El año anterior, para los mismos fines, se nos concedió la práctica totalidad de lo que habíamos pedido».

Este año, en la federación que preside Pérez del Campo, de los 237.661,29 euros pedidos en 2018 para el equipo que atiende de forma directa a las víctimas de violencia machista en el centro de recuperación integral para estas mujeres, único en España y en funcionamiento desde 1992, la Comunidad les concedió 53.557,59 euros —el año anterior fueron 212.664,49 euros para el mismo fin—, y ya han perdido cuatro personas por este recorte. En la FMP han perdido seis. La Comunidad dio 433.269,58 euros de los 1.654.734,41 millones de euros pedidos para 17 programas relacionados tanto con la atención directa a víctimas como a distintos ámbitos de la violencia machista; el año anterior habían recibido por los mismos proyectos 655.001,84 euros. . 

“Sospechoso” es la palabra que usa Yolanda Besteiro, la presidenta de la FMP, que tiene una red formada por más de 23.000 personas. Para Ana María Pérez del Campo, esto es “intolerable”. “No lo voy a consentir, cueste lo que cueste”. Y las dos hacen referencia al cambio de gestión de estas subvenciones, las que se hacen con cargo al 0,7 del IRPF de fines sociales. En enero de 2017, ese modelo cambió. La financiación dejó de depender íntegramente del Estado y se dividió: el nuevo criterio fijó que el Gobierno central repartiera el 20% de los fondos y las comunidades autónomas 80%. “Desde entonces son los gobiernos regionales los que tienen el grueso del dinero para repartir y es el que se dedica a la atención directa a las víctimas. El Gobierno central nunca ha dejado de subvencionar, ni siquiera ahora con este nuevo modelo de gestión. Siguen dando el mismo dinero [en los últimos diez años, entre 640.000 y 650.000 euros anuales a esta organización y para ese fin, la casa para la recuperación de las víctimas]”, explica Ana María Pérez del Campo.

Aunque las dos organizaciones siguen recibiendo subvención estatal, esa atención integral y los programas asociados a ella se ven mermados o desaparecen si no reciben la financiación por parte de la Comunidad. Ambas portavoces suponen que el trasfondo es “ideológico”. “Es curioso”, dice Besteiro, “que se nos retire el dinero justo cuando se está negociando el gobierno con un partido que niega la violencia machista”. Se refiere a la conformación del gobierno autonómico tras las últimas elecciones, en mayo. El pasado agosto, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, fue investida presidenta de la Comunidad con los votos de Ciudadanos y Vox. Entonces, dijo públicamente que cumpliría con los acuerdos programáticos que adquirió con Ignacio Aguado, de Cs, y con Rocío Monasterio, del partido de ultraderecha. Besteiro y Pérez del Campo comparten la “sensación” de que “algo tiene que ver”.

Cuando Ana María Pérez del Campo se acercó a la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, de la que dependen estas subvenciones, a preguntar por qué bajaba la financiación en casi tres cuartas partes teniendo el mismo proyecto y con los mismos objetivos. La respuesta fue algo parecido a un “yo no he sido”. Desde la actual Consejería se le dijo “que había sido el Gobierno anterior” y que “no se preocupara” porque iba a salir una convocatoria extraordinaria en la que podían “compensar lo cortos que se habían quedado en la ordinaria”. Aquello no sucedió. Volvieron a presentar el proyecto para esa extraordinaria y, cuenta Pérez del Campo, les concedieron “cero”. Pusieron un recurso de reposición el pasado 2 de julio al que la administración regional todavía no ha contestado. Pérez del Campo, nacida en 1935, se agarra las manos, con las uñas de un violeta pálido, y se cruza de piernas: “Llevo toda mi vida luchando y pienso seguir haciéndolo. Nadie me va a callar y no voy a parar”.

A la FMP le ha ocurrido algo similar. También presentó proyecto para la extraordinaria, el pasado marzo, porque no obtuvieron “la financiación suficiente en la ordinaria de 2018”, explica Besteiro. Solicitaron 215.985,72 euros para reforzar seis de los 17 programas que tienen en marcha. La consejería les denegó el dinero de esa extraordinaria alegando que “el certificado emitido por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en relación con la Resolución de 18 de mayo de 2016, no acredita válidamente el ámbito territorial de aplicación de los proyectos subvencionados”. Besteiro es tajante: “No es cierto. El certificado es válido y así lo hemos hecho saber con un recurso de reposición”. Lo interpusieron el pasado 9 de julio. “Contra la resolución de denegación de la subvención en base a que reúne todos los requisitos necesarios y además presenta un nuevo certificado”. Aún no han tenido respuesta.

La respuesta de la consejería

Desde dicha consejería, lo primero que dicen es lo mismo que le espetaron a Pérez del Campo, que «esto viene del anterior Gobierno». Después, que al haber más agentes sociales en el último año han tenido que «repartir el dinero entre todas ellas, por lo que se ha recortado a todas, no solo a estas». La presidenta de FAMSD asegura que eso es «imposible»: «Para pedir una subvención tienes que tener un determinado tiempo de ejercicio, por lo que no tiene nada que ver que haya más, porque esas nuevas que alegan no podrían hacerlo todavía». Después, el Gobierno regional explica que no existen los certificados del Ministerio de Sanidad pertinentes que acreditan que, aún siendo de ámbito estatal, tienen acción en la Comunidad de Madrid, obligatorio para recibir la subvención. Lo desmiente Yolanda Besteiro, que muestra dicho certificado, emitido por el ministerio.

Lo siguiente que argumenta la Consejería es que «los procesos [los recursos de reposición que han presentado ambas organizaciones] aún están abiertos». Y por último añaden: «Es un problema y el consejero [Alberto Reyero] lo sabe. Está entre sus objetivos solucionarlo. Se va a reunir con todas las entidades y plataformas del Tercer Sector para, entre todos, llegar a un acuerdo por el que se haga un reparto justo y equitativo. Hay que conseguir la fórmula para hacer nuevas bases de cara a la próxima convocatoria».

La preocupación de Besteiro es, por lo pronto, lo que sucederá este año. Ocurra lo que ocurra, los programas para los que pidieron la subvención se van a ver mermados. El presupuesto de esta convocatoria extraordinaria tiene que ejecutarse en 2019. Si les dicen que sí finalmente, algo que “duda”, no tendrían tiempo para ejecutar los programas y tendrían que devolver dicha subvención. Si les dicen que no, “habrá mujeres que se queden sin atención». Para Pérez del Campo es similar. Del centro de recuperación integral han tenido que marcharse una psicopedagoga, una educadora y dos psicólogas. “Perder a esas especialistas, que son las que trabajan de forma directa con las víctimas, significa debilitar la lucha contra la violencia machista. Y a eso… A eso no estamos dispuestas”, sentencia Pérez del Campo.

FUENTE: SER Madrid / Elena Jiménez

La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas lleva 27 años gestionando un centro de atención a mujeres y niños víctimas de la violencia machista

Fue un centro pionero en Madrid y en España hace 27 años cuando empezó a atender y ayudar a recuperarse a mujeres víctimas de la violencia machista. Actualmente en sus instalaciones viven 40 personas entre mujeres adultas y menores.

Este año el centro (ubicado en un municipio de Madrid que por seguridad no se revela) ha visto como su subvención se ha reducido a una cuarta parte. En 2018 la Comunidad de Madrid destinó algo más de 200 mi euros (212.664,49) pero en 2019 ha reducido la ayuda hasta poco más de 53 mil euros (53,557,59). Esta reducción ha implicado recortes en el trabajo que hacen las profesionales. «El proyecto que habíamos presentado a la Comunidad de Madrid incluía una psicóloga infantil como una novedad y al denegarse no hemos podido dar ese servicio a los menores», explica Teresa Simón, la directora del centro.

También han tenido que prescindir del trabajo de otra psicóloga o de los servicios de una empresa de calidad que les asesoraba para conseguir una certificación europea de la labor que hacen en este centro.

Para la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, impulsora del centro, detrás está la firma de la ultraderecha. «Vox anunció que había que acabar con los chiringuitos de las mujeres. Estamos hablando de un símbolo, es un centro de recuperación integral, con el conocimiento al máximo de lo que es la violencia de género».

Este recorte en la subvención se produjo con el anterior Ejecutivo regional, al frente de la consejería de Políticas Sociales estaba Lola Moreno (PP). La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas tiene recurrida la negativa a recibir una subvención similar a la de 2018, aunque han pasado dos meses de ese recurso y no han tenido respuesta.

Fuentes de la consejería de Políticas Sociales que dirige ahora Alberto Reyero (Ciudadanos) aseguran que van a estudiar este caso y que quieren plantearse un nuevo sistema de reparto de subvenciones hablando con todos los colectivos especializados en violencia de género.