FUENTE: eldiario.es

Poco después de las dos de la tarde de este martes, dos coches se plantaron en paralelo en mitad de la calle Cristóbal Toral de Cártama (Málaga), a unos cincuenta de metros del Centro de Formación y Empleo. En uno de los coches, un mini blanco, viajaban dos mujeres de 26 años, Sandra y Cristina. En el otro, un coche oscuro según testigos, había dos hombres, uno de los cuales arrojó el contenido de una botella de líquido corrosivo al interior del vehículo de las mujeres. Las dos están muy graves: una permanece en el Hospital Regional de Málaga; la otra, en el Virgen del Rocío (Sevilla), en la unidad de grandes quemados. Esta última pudo explicar a quienes acudieron en su auxilio que el agresor fue su expareja, a quien la Guardia Civil está buscando desde ayer.

Anabel Rueda, concejala de Educación del Ayuntamiento, socorrió a las dos mujeres casi de inmediato. Estaba en el centro de formación y calcula que acudiría apenas cinco minutos después de que el coche de las mujeres, ya sin nadie al volante, se estrellara contra una farola después de rodar calle abajo. Un compañero de la concejala entró al centro y dio el aviso. Mientras otros avisaban a la Policía y a las ambulancias, Anabel Rueda atendió a Sandra.

Según relata la concejala, estaba aterida de frío, temblando y con el ojo izquierdo gravemente dañado. Se habían desprendido de gran parte de la ropa y tendido en el suelo. “Me dijo que ella era de Casabermeja, y que el agresor había sido su pareja durante seis meses”, cuenta la concejala: “Su aspecto físico se deterioraba por minutos, iba perdiendo el color y tenía la piel hecha jirones”. Cristina estaba en shock, y solo era capaz de mascullar su nombre y que su madre vivía cerca del lugar.

“Este tipejo malnacido parece que iba siguiendo a las dos chicas, y se paró en paralelo y las increpó. Iba preparado con una botella de ácido con boca grande, de las que se compran en químicas, y sin mediar palabra le lanzó el ácido por la ventanilla”, comenta Jorge Gallardo, alcalde de Cártama.

La concejala no pudo ver la agresión, pero sí observó un bote de ácido de un litro que quedó en el lugar. Hay versiones contradictorias respecto a si el agresor arrojó el líquido desde el vehículo o si salió de su coche y aprovechó una rendija abierta en la ventanilla de la conductora del Mini para perpetrar su ataque. Tras la agresión, huyó.

La Guardia Civil busca al presunto agresor

La primera ambulancia llegó unos quince minutos después, según los cálculos de la concejala. Poco después llegó una UVI móvil, y hora y media más tarde, el helicóptero que trasladó a Sandra hasta Sevilla. “Tardaron más de hora y media en intubarla porque tenía las vías respiratorias bastante mal, y costó mucho trabajo estabilizarla”. Presenta quemaduras en el 45% de su cuerpo, según han señalado a EFE fuentes hospitalarias.

La Policía Local de Casabermeja ha difundido fotos en Twitter de un individuo y también se ha divulgado el nombre del presunto agresor, de 26 años y residente en un municipio costero. Esta persona tiene al menos un juicio pendiente para finales de enero y una orden de busca y captura ante el Juzgado Penal 13 de Málaga, por golpear y arrastrar en una discoteca a otra mujer, de la que tiene una orden de alejamiento, según fuentes judiciales.

La Guardia Civil no ha confirmado la identidad del supuesto autor del ataque, aunque admite que aún no ha podido localizar al hombre mencionado por la agredida. La Unidad Operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación, y ha pedido la colaboración de la Policía Nacional y de policías locales para evitar una fuga del país.

José María García, alcalde de Casabermeja, señala que la familia apenas conocía al sospechoso, ni mucho menos sus antecedentes. «Llevaban unos seis meses juntos, había estado pocas veces en el pueblo». Él y la víctima habían terminado recientemente su relación, según el regidor.

Concentración de repulsa

La relación de amistad entre Cristina y Sandra motivó que estas estuvieran ayer en Cártama, donde Cristina vivía desde hace poco tiempo con su madre por un problema en su piso en Torremolinos, según el alcalde, que añade que el presunto agresor tiene en total siete causas pendientes con la justicia, por presuntos robos, agresiones machistas o conducir sin carnet.  

El Ayuntamiento ha convocado una concentración de repulsa este mediodía. “Han sido estas dos chicas, pero podría haber sido cualquier mujer, solo por ser mujer y disfrutar de la vida. Es el ataque de un malnacido”, dice Jorge Gallardo. “Siempre te indignan estas acciones, pero cuando lo ves tan cerca sientes rabia, sufrimiento y dolor”, lamenta la concejala: “Sandra sólo preguntaba: “¿por qué ha pasado?”, y yo solo le podía decir que hay gente mala que hace cosas malas. No tiene otra explicación lógica”. 

En tres meses de confinamiento, los que van de abril a junio, cuatro mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país. La misma cifra que se ha registrado en solo una semana del mes de julio, en plena desescalada. Público ha recabado la opinión de diversos expertos para buscar respuestas a este nuevo repunte de casos.

Fuente: PÚBLICO / MARISA KOHAN

En tan sólo siete días, los que van del 14 al 21 de julio, cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país. Así lo reconoció la Delegación del Gobierno contra la violencia de género este martes, cuando incorporó a la fatídica lista los últimos dos casos que mantenía bajo investigación. Se trata de una mujer fallecida en Palma (Mallorca) tras ser agredida por su marido y que permaneció hospitalizada en la UCI en situación crítica y otra mujer asesinada en Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife) presuntamente a manos de su expareja. Ambas tenían antecedentes por violencia de género.

Estas dos víctimas se suman a otras dos registradas el pasado 14 de julio: una mujer de 20 años en Barcelona cuyo marido la degolló frente a su hijo de tres años en un piso del Raval y de otra mujer de 31 años en Torrejón de Ardóz (Madrid) asesinada a golpes en un polígono industrial a manos de su pareja. 

Los cuatro asesinatos registrados en esta semana de julio equivalen a todos los computados durante los últimos tres meses de confinamiento (de abril a junio), periodo durante el cual se registró un mínimo histórico desde que se recopilan datos. Las cifras más bajas de asesinatos de género registrados en el trimestre abril-mayo-junio, sin contar la de este año, se encuentran en 2014, 2015 y 2016, tres años en los que las cifras oficiales registraron diez asesinatos machistas en dicho período. La más alta en ese trimestre se produjo en 2007, con 21 crímenes.

¿Significa entonces que durante el estado de alarma disminuyó la violencia de género? ¿O que estamos ante un repunte de este tipo de asesinatos?
La respuesta es más compleja que un sí o un no, y la hemos buscado a través del testimonio de diversos expertos.

Victoria Rosell, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género recuerda que ya durante el Estado de Alarma «nuestro diagnóstico era que el aparente descenso obedecía fundamentalmente al incremento de la violencia de control y de la violencia psicológica durante el confinamiento, y que con la desescalada los agresores que han tenido sometidas a las víctimas durante 24 horas al día iban a tener una sensación exacerbada, desproporcionada, de pérdida de control, que podría traducirse en un repunte de la violencia física y los asesinatos», explica a Público.

Este análisis coincide con la apreciación de Miguel Lorente, médico forense y ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para entender lo que ocurre, explica, es necesario entender cómo funciona la violencia de género y el control. «Mucha gente cree que el objetivo de la violencia es lastimar y maltratar. Pero el objetivo es controlar, dominar, someter. Las matan cuando ese objetivo fracasa. El homicidio se produce cuando pierden el control sobre ella y cuanto mayor es esta percepción, con más contundencia la resuelven. Este factor es el que hace que la separación y ruptura de la relación actúen como el principal factor de riesgo para que se produzca una agresión grave y el homicidio».

Por eso, explica este experto, «el confinamiento por la pandemia de la covid-19, que dificultó la salida de la relación violenta de las mujeres que convivían con su maltratador, se tradujo en una prolongación de la violencia, e incluso en un incremento de su intensidad que el agresor la vive bajo una sensación de seguridad e impunidad. La aparente disminución de casos graves y homicidios durante el confinamiento, se puede traducir en un incremento posterior de la violencia, como estamos viendo con la modificación de las circunstancias y a medida que las mujeres vayan ganando cierta facilidad en su salida de esa violencia».

Aunque hubiese menos asesinatos, hay varias formas de medir que la violencia de género no sólo no disminuyó, sino que se mantuvo durante el confinamiento o incluso se incrementó. Entre ellas, Rosell cita un incremento de los partes de lesiones registrados por la Salud Pública, «la cifra de 8.700 detenidos por violencia de género» facilitadas por el Ministerio de Interior, «70.000 llamadas de control a agresores y de 245.000 contactos con casos de víctimas activos en el sistema Viogen. Los servicios del 016 han aumentado considerablemente, hasta un 450% el 016 online», detalla Rosell.

«Yo no lo llamaría repunte a lo que hemos visto en estos últimos días de julio», afirma Marisa Soleto, presidenta de Fundación Mujeres. Se trata de un problema estructural que se acomoda a las circunstancias. Que haya habido menos mujeres asesinadas tiene que ver con lo que se conoce como el paraíso del maltratador: la tengo en casa y no se mueve. Y ellas han rehuido todo lo posible las situaciones de riesgo. Un grandísimo número de mujeres ha retenido decisiones como las de irse o denunciar. Sencillamente porque no podían hacerlo. Por eso hemos visto un descenso de las denunciar por violencia de género durante gran parte del confinamiento».

La contraparte, lo que desmiente que la violencia se hubiera reducido, afirma esta experta, fue el gran incremento de las consultas de información a los recursos contra la violencia, pero aplazando la decisión para más adelante.

Soleto explica que una cosa que si ha hecho correctamente han sido las campañas informativas desde el inicio del estado de alarma y que éstas se hayan mantenido en el tiempo. «Siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero las campañas informativas del Gobierno, así como de organismos de Naciones Unidas, han permitido una bajada en los datos de asesinatos. Cuando se ha desconfinado, esos datos han vuelto a subir a niveles habituales. Porque no hay que olvidar que julio es, tradicionalmente, uno de los meses con más incidencia de asesinatos machistas. El problema sigue persistiendo y lo vamos a seguir teniendo», añade.

«No hemos parado, porque la covid-19 para las víctimas de violencia, era una pandemia sobre otra pandemia. La emergencia, las urgencias sanitarias, no podían dejar atrás una enfermedad social crónica como es la violencia de género», afirma Rosell.

Graciela Atencio, responsable de Feminicidio.net da también gran importancia al impacto de estas campañas del ministerio. «Han funcionado muy bien durante el confinamiento y esperemos que no bajen la guardia para seguir haciendo difusión y publicidad de las formas en que puede denunciar porque la covid-19 ha puesto a las mujeres en una mayor vulnerabilidad», explica.

Esta experta destaca algunos elementos distintos a tener en cuenta que explican el incremento de los asesinatos en la desescalada. En primer lugar, el factor estacional. «Según nuestro análisis de datos de los últimos diez años, junio y julio son dos de los tres meses que acumulan más casos de asesinatos de mujeres. El incremento de calor y el hecho de convivir más tiempo con el agresor son factores de riesgo», explica Atencio.

El segundo factor a tener en cuenta, resalta, es el hecho que durante el confinamiento, los agresores que no convivían junto a su pareja o expareja tuvieron muy difícil desplazarse, con normas estrictas de confinamiento. «Es importante tenerlo en cuenta porque quiere decir que si se controla al maltratador, las órdenes de alejamiento funcionan. Estas no funcionan bien porque ponen bajo la lupa a la víctima, no al agresor».

Atencio también pone el énfasis en la necesidad de registrar todos los asesinatos machistas, no sólo los que se cometen en las relaciones íntimas. «Estamos empezando a ver que están aumentando otro tipo de feminicidios, como son los familiares. Lo que no incluyen las cifras oficiales es que durante los últimos días dos mujeres han sido asesinadas por sus hijos. No tenemos políticas de prevención específicas para estos casos. Pero tan sólo en la primera mitad de este año han sido asesinadas 14 mujeres a manos de sus hijos. Esta violencia no es visible y en situación de confinamiento la vulnerabilidad de estas mujeres aumenta de forma exponencial».

Feminicidio recoge los datos de todas las asesinadas por el hecho de ser mujeres, no sólo las que lo son por sus parajes o exparejas, como establece la ley de violencia de género de 2004. En este sentido, afirman que se han producido en lo que llevamos de año un total de 51 asesinatos machistas, no los 25 que reconoce oficialmente el Gobierno.

Victoria Rosell estima que veremos un incremento de violencia machista en el desconfinamiento. «Creo que habrá un repunte de la violencia física ahora.  Insistimos constantemente en que no podemos bajar la guardia, y lamentablemente los hechos están ahí. Esto contradice de plano a quienes se empeñan en mostrar la violencia de género como un conjunto de casos aislados, patologizando al agresor, hablando de malas personas, de locos, incluso de extranjeros, obviando la realidad de que es una violencia estructural y silenciada, que hunde sus raíces en la desigualdad y en la sociedad patriarcal, que no son excepciones del sistema sino el propio sistema. Por eso insistimos en que la responsabilidad penal por supuesto es individual, corresponde al poder judicial, pero proteger a las víctimas, y garantizar la igualdad real, que es la única salida a la violencia de género, es una responsabilidad social, nos incumbe a todas las instituciones, públicas y privadas, a toda la sociedad».

FUENTE: Consejo General del Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha señalado en una sentencia que el consentimiento de la persona en cuyo favor se fija como condena una prohibición de acercamiento no es idóneo para sustentar una atenuante analógica. El TS desestima el recurso de un hombre condenado por quebrantar la prohibición de acercamiento a su pareja que tenía impuesta por haberla amenazado de manera continuada con anterioridad.

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente la magistrada Ana María Ferrer, destaca que “el cumplimiento de una pena o medida cautelar impuesta por un Tribunal como consecuencia de la comisión de un delito público no puede quedar al arbitrio del condenado o de la víctima, ni siquiera en los casos en los que las mismas se orienten a la protección de aquella”.

Así, recuerda que “la necesidad de proteger de manera efectiva a quienes son víctimas de la violencia de género emerge hoy como un interés colectivo indisponible, que ha desembocado en todo un esquema legal orientado a tal fin, y que desde esta perspectiva ha sido interpretado por esta Sala”.
Según los hechos probados de la sentencia ahora confirmada, el 13 de febrero de 2015, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n° 1 de Alcalá de Henares (Madrid) condenó al acusado como autor de un delito continuado de amenazas en el ámbito de la violencia de género, a penas, entre otras, de 5 meses de prisión, con prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros de quien había sido su pareja sentimental, a su persona, domicilio o cualquier lugar en el que se encontrase, y prohibición de comunicar con ella, ambas prohibiciones por tiempo de 16 meses.

El mismo 13 de febrero de 2015 la sentencia se declaró firme y el acusado fue requerido de cumplimiento de las penas de prohibición de aproximación y de comunicación desde ese mismo día siendo advertido de que, en caso de incumplimiento, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de condena castigado con pena privativa de libertad, estableciéndose, al efectuar la liquidación de condena, que estas penas se extinguían por cumplimiento el 6 de junio de 2016.

En la misma fecha de 13 de febrero de 2015, a solicitud de la defensa, se acordó por el mismo Juzgado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta condicionada a que el condenado no delinquiera en el plazo de dos años y a que cumpliera dentro del mismo plazo, entre otras, las obligaciones y deberes de prohibición de aproximarse a su pareja en un radio de 500 metros o comunicarse con ella, siendo expresamente advertido de que el incumplimiento de tales obligaciones supondría la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, sin posibilidad de nueva prórroga.

Pese a ello, durante el período de cumplimiento de las referidas penas, sobre las 10,15 horas del 26 de diciembre de 2015, “con ánimo de menoscabar el principio de autoridad. conociendo la existencia y vigencia de dichas penas, el acusado se encontraba alojado, en compañía de (su pareja, la mujer a quien tenía prohibido aproximarse)” en un hotel de Madrid, donde fue detenido.

El recurrente entendía que de los términos de ese relato se deducía que existió consentimiento de la que había sido pareja del acusado, a quien tenía prohibido acercarse, lo que ampararía un atenuante de acuerdo a criterios de las audiencias provinciales de Vizcaya o Sevilla.

En primer lugar, la Sala indica que su jurisprudencia es unívoca desde un Pleno no jurisdiccional celebrado enero de 2008, al considerar que “el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del artículo 468.2 del Código Penal (delito de quebrantamiento de condena)”.

En línea con ello, añaden los magistrados, claudica cualquier posibilidad de anclar en el consentimiento de la persona que, además de la condenada, se ve afectada por alguna de las prohibiciones de acercamiento en su condición del víctimas del delito generador de las mismas, la “análoga significación” que faculta la construcción de una atenuante. Todo ello sin perjuicio de que pueda ser un factor a tomar en cuenta a la hora de individualizar la pena.