FUENTE: EL ESPAÑOL

La histórica feminista Ana Mª Pérez denuncia que la ministra «se cree dueña de hacer, de decidir y de hacer funcionar una ley sin contar con las mujeres».

Mientras las discrepancias en el Gobierno por la Ley de Libertad Sexual continúan, una parte del movimiento feminista se revuelve contra un anteproyecto que consideran que está plagado de «errores» y que «va en contra de todos los principios» del feminismo. Denuncian, además, que la ministra de Igualdad, Irene Montero, les ha ocultado la redacción del texto y no ha contado con las principales asociaciones y mujeres que llevan años trabajando en pro de este movimiento. Tampoco con destacadas mujeres juristas especializadas en esta cuestión. 

La histórica feminista Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, se muestra muy crítica con el trabajo del Ministerio de Igualdad y, sobre todo, con Irene Montero, a la que advierte que no sacará adelante esta ley «si no cuenta con nosotras» y a la que acusa de «escondernos» la redacción de esta norma. «Somos feministas militantes. Ella solo militó en Sol cuando nosotras éramos ya ancianas», asegura en una conversación con EL ESPAÑOL en la que le recuerda que «la lucha la hemos ganado nosotras».

Pérez del Campo, que participó en la redacción de la Ley del Divorcio y la Ley Contra la Violencia de Género del PSOE, denuncia que este borrador «entorpece» el trabajo que el feminismo histórico ha hecho. También que se ha elaborado «a nuestras espaldas» y que «está hecha para sí misma». «No ha consultado a nadie. Ni tan siquiera a organizaciones especializadas», continúa, para destacar que el contenido al que ha tenido acceso está lleno de «errores muy graves» y no incluye la prostitución, que el Movimiento Feminista de Madrid cree que es «violar previo pago». «Espero, de verdad, que esto no salga. Y si lo hace, que sea muy corregida», opina esta militante de izquierdas, que reconoce estar «muy enfadada con esa nueva izquierda nacida en Sol». «Antes parecían oportunos. Ahora ya no», sentencia.

Muy crítica con Montero

Denuncia, además, que su asociación y varias organizaciones feministas han pedido una reunión con la ministra de Igualdad que, a día de hoy, no tiene ni fecha ni hora. «Es intolerable e inconcebible. Nos dicen que Montero no encuentra un segundo», denuncia, para advertirle que «sin la militancia feminista no conseguirá nada». Y lanza un duro mensaje: «Se cree dueña de hacer, de decidir y de hacer funcionar una ley sin contar con las mujeres». 

En «absoluto desacuerdo» con la Ley de Libertad Sexual, que incluso ha generado fricciones con el Ministerio de Justicia, Pérez del Campo deja muy claro que una ley sobre las libertades sexuales «no puede desligarse del sexo» y ni tampoco defender las teorías queer. Esta teoría defiende que el género y la sexualidad no está ligado a la naturaleza biológica humana (nacer hombre o mujer) sino que es el resultado de la construcción de la persona dentro de la sociedad.

En el artículo 2 no se habla de género -hombre o mujer- sino de «identidad de género», un concepto que para algunos sectores feministas niega el sexo e instaura la idea de que ser mujer es un sentimiento y no una cuestión ideológica. «No puede saltarse a la torera la segregación por sexos», critica Pérez del Campo, que explica que lo que ha perjudicado a las mujeres «es la desigualdad por cuestión de sexo» y eliminar o difuminar ese concepto es «peligroso». 

Ana María Pérez del Campo, en la tribuna del Congreso de los Diputados. Efe

Juristas: «Tiene muchas aristas»

Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, cuya presidenta, Amalia Fernández, formó parte de los grupos de trabajo de Ley contra la Violencia de Género del PSOE en 2004, muestran cierto desencanto con la ley del sólo sí es sí de Montero. En primer lugar, porque no han contado con ellas. «Creemos que deberían haber contado con nuestra opinión, podríamos haber ofrecido nuestro punto de vista jurídico desde los casos con los que hemos trabajo», explica a EL ESPAÑOL Manuela Torres Calzada, vicepresidenta de esta asociación. 

Torres Calzada cree que esta ley cojea en cuestiones como la rebaja de las penas, la falta de regulación «más extensa» de los tipos penales o la nula regulación de la prostitución y el proxenetismo o el delito continuado. También pone de relieve el concepto de «identidad de género». «Es algo complicado a nivel jurídico y técnico para incluirlo en una ley como esta. Tiene muchas aristas y complicaciones», opina. Al igual que Pérez del Campo, está en contra de la teoría queer. 

Esta asociación, en cambio, sí considera que esta ley es «un logro del movimiento feminista» y destaca que «es un avance en prevención, formación y protección». «Es un logro eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual y que el eje central sea el consentimiento». 

«Misógina y antifeminista»

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, un colectivo feminista radical que se declara abolicionista de la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler y la identidad de género, también es muy crítica con esta ley.

En conversación con EL ESPAÑOL, tachan de «torticero» un contenido que «pone en peligro a las mujeres» por incluir en el ordenamiento jurídico conceptos que no cuentan con la aceptación social ni académica y que «socavan» los derechos de las mujeres. Se refieren, sobre todo, al término «identidad de género», que considera que ser mujer es un sentimiento desligado por completo de la biología. 

«Mujer es quien nace mujer. Se trata de borrar a las mujeres con este término y se desvirtúa su papel», afirma Paula Fraga, miembro de este colectivo, a este medio. Explica que eliminar la categoría de sexo para sustituirla por «identidad de género» lleva a encontrar en el texto «definiciones erróneas sobre lo que es género», lo que convierte la ley del sólo sí es sí es una «ley misógina y antifeminista». 

La futura ley, que para este colectivo pretende eliminar la categoría sexo y su sustitución por la identidad de género, tiene «graves» consecuencias para la mujer, como la tergiversación de los datos estadísticos. En el Glosario de Igualdad de Género, ONU Mujeres indica que «los datos desagregados por sexo son datos que reflejan los roles, situaciones reales, condiciones generales de hombres y mujeres en cada aspecto de la sociedad», por lo que si estos datos no están desagregados por sexo es más difícil identificar las desigualdades reales y potenciales». 

Ante esto, este colectivo denuncia que la fusión de sexo con «identidad de género» conduce a la recopilación de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas que es «inexacta y engañosa», por lo que exigen la retirada del este articulado para poner fin a lo que considera «el peligroso concepto de autodeterminación del sexo». 

FUENTE: EUROPA PRESS

Piden ayuda al PSOE para no «retroceder» en igualdad real y reclaman la publicación del texto aprobado

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Colectivos feministas han criticado al Ministerio de Igualdad por ignorarlos en el proceso de creación de la Ley de Libertades Sexuales que el Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros. Una norma que, según denuncian, tiene términos «antifeministas» y «contenido sexista».

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, ha asegurado que está «furiosa» con la ministra Irene Montero, por no haber contado con algunas de las asociaciones «con más experiencia» en España en la defensa de los derechos de las mujeres.

«Si nos quiere tener enfrente, nos va a tener. Ella verá lo que quiere», ha indicado Pérez del Campo, antes de tachar de «escandalazo» todo el proceso de creación de la ley, así como su contenido. «Yo este feminismo no lo conozco», ha destacado, para lamentar que su contenido no contemple temas tan reivindicativos del movimiento como la gestación subrogada o la prostitución.

De hecho, ha explicado a Europa Press que esta norma le parece «un paso atrás» en materia de igualdad real y ha asegurado que los colectivos no «van a permitir un retroceso. «No me queda más remedio que lamentarlo seriamente y pedirle al PSOE ayuda para no retroceder», ha apuntado.

AVANCES PERO SIN CONSENSO
También se ha mostrado «cercana» a los socialistas la portavoz de la Asociación de Mujeres Violadas, Tina Alarcón, que ha recordado como esta organización se reunió en «muchas ocasiones» con el Ejecutivo del entonces presidente socialista Felipe González, para reformar por primera vez la legislación sobre violencia sexual.

Para Alarcón, la Ley de Libertades Sexuales del Gobierno tiene avances, sobre todo en lo que se refiere a la reforma del Código Penal, al poner en el centro de los delitos sexuales el consentimiento de la víctima y no la existencia de violencia o intimidación, como actualmente. Además cree que se han «cerrado» mejor los supuestos ante la posibilidad de que los jueces siempre pueden tener varias interpretaciones de la ley.

Pero sí ha lamentado que no haya consensuado con ellas, que trabajan a «pie de obra» con las afectadas o que no se toquen otros temas como la gestación subrogada o la prostitución. «Deberían asumir todos los planteamientos del feminismo», ha señalado antes de apuntar que en este tipo de cuestiones hay que ser «muy cuidadosos» y olvidarse de las «ideologías».

Por su parte, la Alianza contra el borrado de las mujeres, entidad que tiene previsto hacer su presentación en España después del 8 de marzo, cree que la Ley de Violencias Sexuales tendrá «graves consecuencias» para las mujeres al sustituir el término ‘sexo’ por el de ‘identidad de género’ en su texto.

TERMINOLOGÍA DEL «BORRADO DE MUJERES»
Esta asociación advierte de que la ley «incorpora de forma casi clandestina artículos que de aprobarse, legalizaran conceptos cuya conceptualización no cuentan con la aceptación ni social ni académica y que nada aportan a dicha ley» y acusan al Ministerio de Igualdad de introducir de forma «intencionada» en la legislación española la terminología que califican de «borrado de las mujeres».

«Nos encontramos ante una maniobra intolerable, no solo por el procedimiento, sino porque conceptos como la ‘autodeterminación’ del sexo, atentan gravemente contra los derechos de las mujeres», explican.

Se refieren, en concreto, a la fusión de ‘sexo’ con ‘identidad de género’, lo que, a su juicio, conduce a que la recopilación de datos sobre la violencia contra las mujeres y niñas sean inexacta y engañosa ya que, en estas cifras deberá incluirse también a aquellos hombres que declaren sentir su identidad femenina.

«Queremos recordar al Gobierno que nacer con sexo femenino o masculino, (hembra o macho biológico), determina la posición estructural en el mundo y no es un dato indiferente respecto de las agresiones sexuales», apuntan, pasa señalar que usar la Ley de Violencia Sexual para «la institucionalización de ideas» debe «poner en alerta a la sociedad española».

APOYO DESDE REINO UNIDO
La portavoz de esta alianza, Paula Fraga, ha explicado a Europa Press que el concepto de identidad de género es «antifeminista» y «puede socavar los derechos de las mujeres» porque está basado en «estereotipos sexistas».

Podría suponer, indica Fraga, que se le aplique un agravante de género o la ley de violencia machista a un hombre que se identifique como mujer. Como ejemplo, la portavoz de la alianza ha puesto el deporte femenino que, según ha indicado se «está destruyendo» en algunas categorías en donde «hombres que se identifican mujeres están rompiendo récords», acabado con el trabajo de las mujeres durante años.

El mensaje enviado por esta asociación ha sido apoyado por la organización del Reino Unidos FiLiA, que ha reclamado una «discusión pública democrática y transparente sobre las implicaciones» de esta norma. Esta asociación ve con «preocupación» que la defensa de la identidad de género se intente «ocultar» en leyes «más populares» y, especialmente, en textos que abordan los derechos de mujeres y niñas.

«Es particularmente pernicioso intentar ocultar conceptos que van en detrimento de los derechos de las mujeres dentro de legislaciones sobre derechos de las mujeres», ha denunciado FiLiA, que ha calificado la situación de «desconcertante» y ha llamado a las feministas de todo el mundo a trabajar en esta materia.

La denuncia de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, según explica el comunicado, llega tras acceder a un borrador de la Ley de Libertad Sexual, pero señalan que no han podido conocer el texto final. De hecho, ha criticado que esta norma aún no se haya hecho pública, como sí se ha hecho con la Ley de Educación, que se aprobó el mismo día y ya está colgada en la web de Moncloa. En este sentido, exigen que se dé a conocer la ley lo antes posible.

Sin embargo, hay una diferencia: la Ley de Educación es un proyecto de Ley ya remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria, mientras que la Ley de Libertad Sexual es aún un anteproyecto que debe ser sometido a consulta de los órganos consultivos y volver al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto y su remisión a las Cortes.

En todo caso, también ha pedido que se haga público el texto la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quien ha criticado que el equipo de Irene Montero sólo haya hecho algunas manifestaciones o hilos de Twitter sobre esta ley. «Esperamos a que se haga público para hacer las aportaciones u objeciones correspondientes», ha indicado su presidenta María Ángeles Jaime de Pablo, quien ha recordado que en su organización hay mujeres especializadas en defensa de las víctimas de violencia machista.

Fuente: EL MUNDO

En el feminismo histórico o radical (porque va a la raíz, no porque sea extremo) hay un fuerte malestar con tres leyes de Unidas Podemos. Las consideran una «aberración» y un «disparate» porque «invaden derechos de las mujeres y de los menores de edad». En el punto de mira están las dos anteproyectos de ley de derechos trans y LGTBI de la formación morada, así como el proyecto de Ley de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad, aprobado este martes en el Consejo de Ministros en medio de muchas discrepancias en el seno del Gobierno.

«Si las leyes trans hubieran existido en nuestra generación, cuando teníamos 12 años, ahora seríamos señores con bigote y barba y con una doble mastectomía, porque cuando nos preguntaban qué queríamos ser de mayores, siempre decíamos que queríamos ser chicos. Era más divertido ser un chico que una chica: ellos tenían el protagonismo y nuestros roles nos parecían ridículos. Nuestras madres nos hubieran hormonado y nos hubiéramos convertido en chicos», ha expresado este martes la filósofa Victoria Sendón, arremetiendo contra el concepto de «autodeterminación de género» (una persona es simplemente lo que se siente, sin que nadie tenga que certificarlo) que reivindican las teoríasqueer y que está plasmado en las leyes de Unidas Podemos.

«Lo que no es el sujeto político del feminismo es la diversidad. Hay movimientos que se quieren subir al carro del movimiento feminista, pero representan el 0,1% de la población. Lo LGTBI no implica necesariamente feminismo. Podemos lo ha puesto bajo el mismo epígrafe y ha sido un lío. No tenemos objetivos ni intereses comunes. Siempre hemos apoyado el movimiento trans y gay, pero no somos la misma cosa», ha añadido esta histórica feminista.

Elena Rabade, del Partido Feminista, ha advertido de los peligros para los menores de edad: «Están planteando algo muy grave, que es llegar al Registro Civil y decir hoy que eres mujer y mañana que eres hombre. Si hasta los 18 años no puedes votar o conducir, ¿cómo con una sola declaración un niño puede disponer sobre su cuerpo y su salud? Deberían poder intervenir los servicios sanitarios o el Ministerio Fiscal».

Amparo Ballesteros, de Nación Mujeres, ha recordado que países como Canadá o el Reino Unido han aprobado leyes donde «la simple declaración de una persona que se siente de un género que no es el suyo tiene validez a todos los efectos legales» y «los hombres trans ganan las competiciones femeninas, exigen ser vistos por ginecólogos sin ser operados, van a cárceles femeninas y entran en las mismas celdas que las mujeres, donde han cometido violaciones». «Es un escándalo para las mujeres, no queremos que España se arrepienta como en otros países, donde el lobby trans es importantísimo».

DOS MANIFIESTOS EN EL 8-M

Lo han dicho en una rueda de prensa convocada por el Movimiento Feminista de Madrid en el que se ha leído el manifiesto alternativo al de la Comisión 8M, las organizadores de la convocatoria, que discrepan con las feministas históricas en cuestiones como las teorías queer, la prostitución o los vientres de alquiler.

Esas discrepancias se han evidenciado en el manifiesto, que avisa: «No podemos diluirnos como sujeto político del feminismo ni permitir la implantación normativa de una neolengua que nos hace invisibles, que redacta ‘progenitor gestante’ por ‘madre’ en textos legales. El sexo es una realidad políticamente significativa y, si no frenamos este borrado, la igualdad quedará entrampada en la diversidad».

Estas feministas lamentan que el Gobierno no haya contado con ellas para hacer sus leyes. «No nos han incluido en los debates», ha indicado Lourdes Hernández, presidenta del Consejo de las Mujeres de Madrid. También insisten en que no están en contra de las personas transexuales ni tienen nada contra el movimiento LGTBI, al que históricamente han apoyado, pero defienden que «promulgar leyes de autoidentidad sexual, fusionada con el género, no sujetas a nada verificable salvo a la voluntad de cada momento, es problemático para las mujeres».

Y esto es lo que ocurre, aseguran, en las normas trans que prepara el Ministerio de Igualdad, pero también en el ya aprobado proyecto de ley del sólo sí es sí, donde, en el borrador inicial de Igualdad -que ha sido modificado- aparecían conceptos que «eliminan la categoría de sexo y lo sustituían por identidad de género», lo que implicaba, por ejemplo, «la tergiversación de datos estadísticos» y «se borra el principal factor de riesgo de una violación: ser mujer».

«NI EN CALLEJONES NI CON ALCOHOL»

«Exigimos una ley que se empape bien de lo que es la violencia sexual. El 80% de la violencia sexual no se produje en callejones oscuros ni en donde hay alcohol», hafeminis afirmado Sonia Lamas, de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, que pide «no dejarse enredar por conceptos rarunos y definiciones no sustentadas».

«Legislar sin prever todas las derivadas podría dificultar las políticas para la paridad o contra la violencia sexual, desvirtuar espacios en los que la seguridad y la privacidad son importantes, especialmente para los más vulnerables», alerta el manifiesto, que será leído el sábado por la mañana en un acto público en Madrid.

Lo han firmado más de una treintena de asociaciones y se ha presentado en el Consejo de las Mujeres de Madrid, al que pertenecen colectivos tan relevantes como los sindicatos UGT y CCOO, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Mujeres Separadasy Divorciadas o Mujeres Progresistas. Sus puntos de vista van en la línea de las tesis de la ex diputada del PSOE Ángeles Álvarez, la filósofa Alicia Miyares, la miembro del Consejo de Estado Amelia Valcárcel.

La división entre este feminismo histórico, que se reivindica como «el mayoritario» y que tiene muchas jóvenes en sus militantes, y el llamado transfeminismo o feminismo queer , nacido al calor del 15-M y amparado por Unidas Podemos, es más intensa que nunca en vísperas del 8-M. Las primeras acusan a las segundas de ser «feministas de unicornio» y las segundas acusan a las primeras de ser unas terfs (feministas radicales transexcluyentes). El último episodio se ha saldado con la expulsión del Partido Feminista de IU por las críticas vertidas por su presidenta, Lidia Falcón, hacia las personas transgénero.

El manifiesto también es un toque de atención a Irene Montero cuando reivindica que «lo contrario de la abolición de la prostitución es la barbarie, el feminismo es abolicionista» y exigen al Gobierno que elabore «una ley abolicionista de la prostitución» porque «cuando un Estado legaliza la prostitución se hace cómplice por sus tributos». La ministra de Igualdad se declara abolicionista, pero las feministas le reprochan que «no haya hecho ningún gesto».

«La prostitución y la pornografía son las mayores expresiones de violencia sexual y no las han recogido en la ley», ha denunciado Victoria Sendón. «Es el Ministerio de Igualdad o de lo que sea. Menos bla bla ba y más hacer».

FUENTE: EL MUNDO

El Gobierno ha llevado este martes al Consejo de Ministros una ley que centra la regulación de los delitos sexuales sobre el consentimiento y no sobre si hubo violencia o intimidación. Si no hay permiso expreso, hay agresión.

El texto penalizará los actos perpetrados sin consentimiento, eliminará el concepto de abuso y considerará violencia machista no sólo la ejercida por un hombre sobre su pareja o ex pareja, sino también toda acción contra la voluntad de cualquier mujer para decidir sobre su vida sexual. O sea, la agresión, el acoso, el acecho, la extorsión, el suministro de sustancias para anular la consciencia, el engaño pederasta, la presión por medios telemáticos, la explotación sexual, la mutilación genital o el matrimonio forzado.

Aun así, el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual contempla un agravante si el agresor es o ha sido esposo o novio de la víctima, una perspectiva de género emanada del ya veterano Convenio de Estambul (2014) y del más reciente documento de la comisión de juristas que asesoró al Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre de 2018.

La normativa tipifica nuevos delitos, como son el matrimonio forzado, la mutilación genital, la infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual o el «acoso ocasional», más conocido como acoso callejero. En concreto, el texto se refiere no sólo a los piropos, sino a acciones que tengan lugar en lugares como conciertos, fiestas… La ley lo considera un delito leve y fija para ello penas como la localización permanente del denunciado, que puede ser arresto domiciliario y alejado de la víctima; trabajos comunitarios de hasta un mes; o una multa. «Si se suelta un piropo la víctima denuncia y la Policía lo lleva a un juzgado, el problema es que a lo mejor no era un piropo», explican fuentes del ministerio de Igualdad.

Este delito, hasta ahora, sólo estaba previsto en casos de violencia doméstica, entre familiares, en el ámbito de la pareja o de ex parejas. Ahora se abre el abanico.

La pena mínima por agresión pasaría de los actuales uno a cinco años de cárcel a un abanico de entre uno y cuatro. Y la agresión con penetración, de los seis a 12 años vigentes a una pena de cuatro a 10.

Algunos juristas de la comisión defendieron que la violación no debe superar la pena máxima del homicidio: 15 años, algo que podría ocurrir si la tendencia respondía a una línea de dureza punitiva y apostaba por aumentar en bloque las condenas. Ahora, el Gobierno reduce, ligeramente y en algunos casos, las penas porque piensa que, en su día, la calle no clamó contra la sentencia de La Manada por los años de condena, sino por el concepto de abuso. Es decir, que acorralar a una mujer no fuera intimidación o violencia. En sintonía con la más reciente filosofía del Tribunal Supremo, la ley establecerá las agresiones colectivas como agravante: no es una sola violación, sino tantas como integrantes tenga el grupo.

El texto legal crea centros de atención integral (psicológica, social y jurídica) que funcionarán 24 horas al día. E incluye formación específica a sanitarios, juristas o policías.

CAMBIO EN LAS PENAS EN EL CÓDIGO PENAL

La normativa impulsada por la ministra Irene Montero, y que ha recibido observaciones del resto de ministerios, supone la modificación del Código Penal, toda vez que se elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, esto es deja de ser determinante si ha habido violación o intimidación y prevalece que haya o no «voluntad expresa» para ejercer el acto sexual. Así,el anteproyecto castiga con la pena de prisión de 1 a 4 años toda agresión sexual y, además, pena la penetración sin consentimiento de 4 a 10 años (hasta ahora la condena iba de 4 a 12).

En la normativa se consideran distintos agravantes, como el de parentesco (ser esposa o pareja); que la agresión esté precedida por un «daño grave» o lo cause; o que el autor anule la voluntad de la víctima mediante fármacos u otras sustancias… Esto es, la violación con una agravante podrá ser penada con entre 7 y 12 años y si se le suman dos, con entre 9 y 15 años. Desde el ministerio de Igualdad alegan que las penas no bajan, y que se trata de reorganizar un tipo penal cuando antes había dos (abuso y agresión).

Desde Igualdad esgrimen que «criminológicamente una violación no debe superar la pena máxima de homicidio (de 10 a 15 años) y del asesinato (de 15 a 25), para evitar que nos maten».

Fuentes del departamento de Montero califican esta normativa como un «cambio de paradigma en los delitos contra la libertad sexual» porque se establece que «es agresión sexual cualquier acto contra la libertad sexual sin consentimiento».

Para los delitos de acoso sexual se suben las penas. Se considerará acoso «solicitar sexualmente en ámbito laboral, docente o de desigualdad provocando intimidación, hostilidad o humillación graves». Ahora las penas se suben de 3-7 meses o multa a 6-12 meses, máximo 24 meses en los casos más graves o multa superior. Además, otra variante que se incluye es que se prevé la inhabilitación profesional o para el cargo de quien ejerce el acoso.

Asimismo, en lo que respecta al stalking (acoso reiterado), para penarlo se elimina la condición de que tenga que alterar «gravemente» la vida cotidiana de la víctima, pues consideran desde Igualdad que ese calificativo de «gravamente» impedía juzgar muchas situaciones que ahora sí se podrán abordar. Ahora bastará con que se altere la vida de la víctima como resultado de seguimientos, contactos insistentes o uso de sus datos. La pena será de prisión de 3 meses a 2 años o multa).

Otro de los aspectos en los que incide la ley de libertad sexual es en poner coto a la suspensión condicional de las penas. Ahora, para evitar la prisión por el primer delito que se cometa, se exigirá pagar la indemnización a la víctima; no volver a delinquir; prohibición de acercarse a la víctima; de comunicar con ella; y obligación de participar en programas formativas. Se exportan y aplican los criterios y las exigencias que ya se recogen en los casos de las víctimas de la violencia de género.