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La ley 1/2004 ha salvado muchas vidas

02/01/2020 | Opinión

FUENTE: EL PAÍS

«La ley contra la violencia de género será la primera ley que llevaré al Parlamento”. Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, 9/3/2004.

En la década de los noventa la sociedad española decidió que el compromiso con la igualdad reclamaba acciones, marcos jurídicos y políticas públicas que hiciesen frente a la violencia contra las mujeres. La ley que puso en marcha la arquitectura institucional de apoyo a las víctimas fue un compromiso personal del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que siempre comprendió que las declaraciones formales de rechazo no sirven de nada si el Estado no actúa con la diligencia debida para acabar con la desesperanza y el miedo que paralizan a muchas mujeres. Zapatero sabía que no solo debemos paliar los efectos de la violencia sino combatir sin límites la desigualdad que la alimenta.

Sería bueno recordar que, a finales de los años noventa, las agresiones a mujeres en el ámbito familiar eran consideradas meras faltas y que más del 50% de las víctimas iban a juicio sin asistencia letrada. La ley vino para acabar con la impunidad y el desamparo de las víctimas y podemos decir con rotundidad que hoy el Estado protege a más mujeres y salva más vidas.

En la década de los noventa se producía una media de 17.000 denuncias frente a las 167.000 de 2018 y el Informe del Defensor del Pueblo (1999) refiere una media de 84 asesinatos anuales en los años anteriores a la aprobación de la ley, frente a los 52 crímenes de media en los últimos cuatro años. Esto significa que el número de asesinatos de mujeres que previamente denunciaron maltrato paso de 5,3 crímenes a 0,4 por cada mil denuncias. Esta es la constatación de cómo la Administración, tras la aprobación de la ley adquirió, progresivamente, mayor capacidad de protección. No es un dato para la satisfacción porque cada caso de violencia nos conmueve y nos mueve a seguir trabajando y a estudiar e identificar “qué falla y qué falta”.

Fue ese “estar atentos” a las carencias, las disfunciones y la ralentización en la aplicación de la ley, lo que nos llevó a las diputadas del Grupo Socialista a impulsar en 2014 un Pacto de Estado que reforzara los consensos en esta materia. Un pacto que hoy es una realidad con propuestas de reformas que van a ser vitales, por ejemplo, para la protección de menores, o para frenar la violencia sexual que atenaza a miles de mujeres, jóvenes y niñas. Porque el miedo a las agresiones sexuales no puede seguir siendo una constante en la vida de TODAS las mujeres, la lucha contra el machismo criminal implica también, no asistir impasibles a los actos sexuales forzados ni a los acosos.

Cuando, a través de la extrapolación de datos, la última Macroencuesta nos señala que más de 600.000 mujeres habrían sufrido algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 15 años, resignarse no es la respuesta de una sociedad decente. La conmoción es la reacción general frente a los terribles casos de las agresiones en manada, pero el 82% de los delitos sexuales los comete algún amigo de la víctima, una expareja, un conocido…

Definir una agresión sexual sobre la base de la ausencia de consentimiento será un cambio de paradigma y un gran paso para la vida y la libertad de las mujeres. Pero la Administración de Justicia no puede seguir ignorando, por ejemplo, que la parálisis involuntaria, producto del miedo, se manifiesta en el 70% de las mujeres que han sufrido una violación.

Toda la sociedad debe saber que cuando las manadas llevan al límite su capacidad de imponerse sobre una mujer lo hacen con la tranquilidad que les proporciona saber que es la pornografía y los productos audiovisuales que consumen desde muy jóvenes, quienes les proponen, con toda normalidad, el dominio físico de los varones sobre las mujeres.

¿Podemos pedir al sistema educativo que compita con estos nuevos y masivos elementos de socialización? ¿Acaso no ha llegado la hora de ser más exigentes con toda esa producción tóxica que está envenenando a nuestros hijos e hijas con simbólicos machistas que alientan la violencia que pretendemos combatir? Si esto es evidente, manifestemos sin tapujos que es imprescindible acabar con la banalización de las conductas vejatorias hacia las mujeres si queremos construir, de una vez por todas, una convivencia verdaderamente democrática en nuestro país

Fdo: Ángeles Álvarez y Elena Valenciano son miembros del PSOE.

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