El diario ‘The New York Times’ ha rendido homenaje a Ana Orantes publicando su obituario en la sección ‘Overlooked’, que recoge un serie de necrológicas que «pasaron por alto» en su momento. De esta forma, el prestigioso medio estadounidense reconoce que marcó «un antes y un después en España» teniendo en cuenta que su asesinato a manos de su marido «ayudó a cambiar no sólo la legislación española, sino también el discurso público».
«La primera vez que su esposo la golpeó, a Ana Orantes Ruiz le preocupaba que se le hubieran roto los huesos de la cara», comienza el texto, que relata de modo cronológico los malos tratos que sufrió la mujer granadina hasta culminar en su denuncia pública en el programa de Canal Sur ‘De tarde en tarde’, emitido apenas 13 días antes de que su exmarido la rociara con gasolina y la quemara en su propio jardín.
Había denunciado la constante violencia que sufría ante la Policía en una docena de ocasiones, pero en los noventa aún no existían leyes que le amparasen. Incluso después de que se le concediera el divorcio, en 1996, siguió compartiendo casa con el que hasta entonces era su marido, aunque repartiéndose las dos plantas del inmueble, de acuerdo a lo dictado por el juez. «No tenía adónde ir, sólo tenía que aguantar una paliza tras otra, sólo aguantar», confesaba la propia Orantes.
Se decidió a contar su testimonio en la televisión andaluza durante una comparecencia de 35 minutos en los que detalló agresiones e intentos de abusos a los hijos de la pareja. «Lo único que me pesa es no haber hecho esto antes», manifestaba entre muestras de ánimo de la presentadora, Irma Soriano. Pero además de remover conciencias en la opinión pública, el relato llegó a oídos de su agresor, que cuando volvía de recoger una nueva denuncia acabó con su vida.
Cientos de personas asistieron a su funeral y las calles de media España se llenaron de protestas durante las semanas posteriores para exigir reformas legislativas. Hasta dos años después de su muerte, la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refería a «malos tratamientos» si partían del hombre y a «malos tratos» si eran cometidos por ellas; y no fue hasta 2004 cuando se aprobó la Ley Orgánica de Medias de Protección Integral Contra la Violencia de Género.
La nueva regulación endureció las penas para los culpables de violencia machista, al tiempo que les dificultó comunicarse con sus víctimas, estableció tribunales especiales y facilitó el 016 como teléfono gratuito de denuncia y asesoramiento. Al final, fue su trágica muerte, el 17 de diciembre de 1997, lo que introdujo su historia en la conciencia nacional y allanó el camino para la promulgación de importantes reformas legales para proteger a las mujeres de España», concluye ‘The New York Times’.
Cuando Ana Orantes fue asesinada, en 1997, no existían órdenes de protección para las víctimas. La conmoción que provocó su muerte hizo imparables los cambios legislativos
La calle mide 50 metros, sólo tiene cinco números y está ubicada en el centro histórico de Sevilla, 400 metros al noreste del Palacio de Dueñas. Se llamaba calle Potro hasta que el 16 de marzo pasado fue renombrada como calle Ana Orantes. En el único bar que hay en su recorrido explican que es frecuente que los turistas se detengan bajo el rótulo y tomen fotografías. La mayoría son extranjeros que ignoran quién es Ana Orantes pero a los que les llama mucho la atención la placa en la que se le rinde homenaje. En ella está impresa una fotografía con la sonrisa que lució al despedirse en el programa de Canal Sur en el que contó 40 años de maltrato 13 días antes de ser asesinada por su ex marido.
A la imagen le acompaña una leyenda que apunta la extraordinaria repercusión de su muerte, que supuso un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género, hizo que la sociedad se viera interpelada al respecto y aceleró un cambio legislativo que culminaría con la aprobación de la Ley contra la violencia de género en 2004, siete años después de su asesinato. «Ana Orantes (Granada 1937-Cúllar Vega 1997). Puso palabras a la violencia machista que sufren muchas mujeres y la convirtió en un problema público y social al contar su historia en Canal Sur Televisión. Ana fue asesinada por su marido. Su figura ha de ser memoria y ejemplo de presente y futuro. El Ayuntamiento de Sevilla la honra dedicándole esta calle. Sevilla marzo de 2019», se lee en la placa.
Cuando Ana Orantes recibió la primera paliza, tres meses después de casarse con José Parejo, en 1956, el Código Civil decía cosas como estas: «El marido debe proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido», «está prohibido el matrimonio (…) a la viuda durante los trescientos un días siguientes a la muerte del marido», «la mujer está obligada a seguir al marido donde quiera que fije su residencia…». Hasta 1999, dos años después de su asesinato, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al mencionar en el artículo 104 las faltas que sólo podían ser perseguidas por los propios afectados, citaba los «malos tratamientos inferidos por los maridos a sus mujeres» y la «desobediencia y malos tratos de éstas para con aquellos». Repásese en el léxico: «Malos tratamientos» si eran cometidos por ellos, «malos tratos» si eran por ellas, con el añadido de contemplar la «desobediencia» de la mujer hacia el marido.
Ana Orantes denuncia su caso en Canal Sur, en 1997.
El 98% de las 91 asesinadas en 1997 había denunciado y pedido el divorcioEL INFORME
En 2000, tres años después del asesinato, el Servicio de Atención a la Violencia Doméstica de la Policía Municipal de Madrid abrió 1.249 expedientes por malos tratos, 46 presentados por hombres. Además, la sargento que ofreció los datos a los medios explicó que el 90% de estas supuestas víctimas hombres aducían malos tratos psicológicos, la mayoría porque sus mujeres se negaban a dormir con ellos o a hacerles la comida.
Los datos anteriores sirven para visualizar la distancia sideral respecto al tratamiento de la violencia de género que se ha recorrido en España en sólo dos décadas y contextualizar por qué Ana Orantes aguantó durante cuatro décadas palizas bestiales: «Me daba un puñetazo, me dejaba muerta; me hacía el boca a boca; cuando respiraba otra vez, me daba otro puñetazo…», contó en televisión que le sucedió una noche, en plena calle, por haber bailado con su primo.
DIVORCIO DENEGADO
En 1996, 15 años después de la aprobación del divorcio, Ana Orantes se atrevió a solicitarlo por primera vez, pero el juez se lo denegó conmovido por el marido. Un hombre que llora así debe de querer mucho a su mujer, vino a decir. Ana consiguió la ruptura legal al segundo intento, pero no así la separación física, puesto que ambos siguieron viviendo juntos en el número 1 de la calle Serval en Cúllar Vega (Granada). Ella en la planta de arriba y él, en la de abajo. «Era como una cárcel», dice su hija Rosario, de 51 años. «Tenía que salir acompañada por mi hermano o por sus consuegros, que vivían enfrente, tenía que andar con mil ojos. Yo la llamaba dos o tres veces todos los días: «¿Cómo está la cosa, mamá?», «¿se ha metido hoy contigo?». «No, mira, hace dos o tres días que no veo el coche». Eso me dijo la última vez que la llamé».
La sentencia de divorcio había establecido algo impensable hoy, que una mujer que había denunciado malos tratos -hasta 15 veces lo hizo Ana Orantes- compartiera techo con el agresor. Las órdenes de alejamiento eran entonces algo extraordinario. «La mayoría denunciaba y tenía que volver a casa con su marido. Al ver que no tenían opción de salida retiraban la denuncia. Datos de Themis [asociación de mujeres juristas que promueve la igualdad de la mujer] de aquellos años hablan de que el 96% de las denuncias se retiraban», dice Ángeles Álvarez, ex portavoz de Igualdad del PSOE y ex diputada.
Los hijos de Ana Orantes, durante el juicio contra su padre,
«Me quité el apellido Parejo; si me pudiera quitar su sangre, me la quitaba también»
LA HIJA
Ángeles Álvarez supone que debió enterarse de la muerte de Ana Orantes por la radio. Tenía entonces 26 años, estaba escribiendo la que sería la primera guía para mujeres maltratadas y colaboraba con la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas y el recién constituido Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres. Estas organizaciones comenzaron, justo en 1997, a contar el número de víctimas de la violencia de género y a reivindicar una ley específica. Ángeles era una de las personas que tomaba nota de las muertes de las que se hacían eco los servicios informativos: «Ese año hubo 91 asesinatos [47 en 2018, la cifra más baja desde que se contabilizan oficialmente] y Ana Orantes fue la tercera quemada en vida», detalla.
El 25 de noviembre de 1997, tres semanas antes de que José Parejo la rociara con gasolina en el patio del chalé que compartían, se conmemoró por primera vez en España el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer rodeando los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, con siluetas de cadáveres, una por cada víctima. El día antes del asesinato, el Instituto de la Mujer y el Consejo General del Poder Judicial celebraron en Madrid unas jornadas específicas sobre «la violencia en el ámbito familiar» para analizar la legislación al respecto. La Asociación de Dones de Mallorca acababa de presentar una queja al Defensor del Pueblo: «Que de las 65 mujeres que murieron en 1996 a manos de sus esposos o compañeros, 50 estaban separadas (de hecho, no judicialmente) y habían denunciado a sus agresores; que el riesgo para las víctimas es tan alto y mortal que obliga a los poderes públicos, como se hizo respecto a la violencia callejera en Euskadi, a la convocatoria de un encuentro multidisciplinar…».
Cuando José Parejo encendió el mechero, por tanto, había ya una importante movilización de colectivos que exigían medidas. «El asesinato de Ana Orantes hizo que implosionara todo, sobre todo que implosionara la conciencia del legislador», dice Ángeles Álvarez.
Prueba del cambio que se estaba produciendo es la cantidad de mujeres maltratadas que llamaron antes que ella al magazine De tarde en tarde de Canal Sur para hacer público su caso. «Mujeres que iban a denunciar en un pueblito donde el comisario cazaba con el marido. «Esto le vas a hacer a Pepe, tira para tu casa». Denunciabas, volvías a tu casa y tenías que acostarte con él. Y al día siguiente llegaba la Guardia Civil: «Menganito, tu mujer te ha denunciado». Muchas de ellas decían: «Voy a la tele, lo cuento públicamente y no se va a atrever a hacerme nada», cuenta Irma Soriano, la periodista que entrevistó aquella tarde a Ana Orantes. «La redactora que se ocupaba del contestador me comentó: «Hay una señora de Granada que no hace más que llamar, que quiere venir a contarte todo lo que ha sufrido»», recuerda. El día siguiente del asesinato, Irma Soriano abrió el programa con Ana Orantes: «En voz alta vino a pedir ayuda (…) La sociedad ha fallado», dijo. «A Ana le fallamos todos», añade ahora, «irá siempre conmigo y yo con ella».
Manifestación en Madrid tras el asesinato de Ana Orantes.EL MUNDO
A Ana Orantes le fallamos todos. Irá siempre conmigo y yo con ella
IRMA SORIANO
Rosario Orantes vio la intervención de su madre por la noche. «Tenía que ir esa tarde al médico y le dije a mi ex pareja: «¿Me haces el favor y le das a este botón para grabar, que va a salir mi madre por la tele?». Cuando regresé: «¿Me has grabado eso?». «Sí, te lo he grabado, muy bonito eso que ha hecho tu madre, ir a un plató a hablar de eso…». Se puso… «Coge tus cosas y te vas con tu madre». Estuve unos días con ella hasta que él me convenció. «Mamá, me voy otra vez con él». «Yo no me iría con él, hija, pero haz lo que quieras, no me voy a meter en tu vida». Fue la última vez que la vi».
Unas semanas después del funeral, en enero de 1998, el Defensor del Pueblo respondía a la queja de la Asociación de Dones de Mallorca con un contundente informe: «La violencia doméstica contra las mujeres». Entre otros datos recogía que el 98% de las 91 asesinadas en 1997 -Ana Orantes entre ellas- había denunciado y estaba divorciada o en fase de divorcio, y que un 18% de los españoles mayores de 18 años -«es decir, cinco millones y medio de personas», acotaba el informe- conocía algún caso entre sus familiares o conocidos. «La sociedad tiende a disculpar el maltrato a la mujer», concluía el estudio.
Sólo tres días después del asesinato de Ana Orantes el Gobierno anunció una revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformas que se llevaron a cabo en 1999. Se introdujo la violencia psíquica como delito, las órdenes de alejamiento como pena accesoria y la persecución de oficio de los malos tratos. Se eliminó también aquella mención a la «desobediencia» de la mujer hacia el hombre. En 2003 se amplió el catálogo de medidas regulando las órdenes de protección. Finalmente el 28 de diciembre de 2004 el Congreso aprobó la primera Ley Integral contra la Violencia de Género de Europa.
José Parejo -condenado a 17 años- falleció un mes antes del estreno de la ley. Ninguno de sus ocho hijos acudió al funeral. «No nos dio pena ni nada», dice Rosario. «Hubiera ido de rojo a bailar encima de su caja de alegría». Rosario se apellida Orantes porque logró que legalmente le quitaran el Parejo. Se lo amputaron ella y otros tres hermanos. El resto no lo hizo, cuenta, por el papeleo. «Y si pudiera quitarme su sangre, me la quitaba también».
Rótulo en la calle dedicada a Ana Orantes en Sevilla.
«PUSO PALABRAS A LA VIOLENCIA MACHISTA»
En la calle de Sevilla que lleva su nombre una placa dice que «puso palabras a la violencia machista» y «la convirtió en un problema público y social al contar su historia en Canal Sur».
Trece días después, Ana Orantes fue quemada viva por su marido, de quien le habían denegado el divorcio.
La conmoción que provocó su asesinato hizo imparables los cambios legislativos para luchar contra la violencia de género.
Cuando fue asesinada, en 1997, no existían órdenes desprotección para las víctimas y las medidas de alejamiento eran algo extraordinario.
La denuncia la ha presentado la familia de un alumno de 2º de la ESO, molesta por que su hijo viera un reportaje sobre Ana Orantes, la mujer que puso rostro al maltrato machista hace 22 años
Los padres de un alumno de 2º de la ESO del Instituto Luis Carrillo de Sotomayor, en la localidad cordobesa de Baena, han denunciado al profesorado del centro después de que éste autorizara una actividad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. Según ha podido conocer EL MUNDO, la denuncia se ha producido después de que el hijo de la pareja visionara un documental en el que aparecía la entrevista concedida en televisión por Ana Orantes, la mujer que fue asesinada por su marido tras aquella entrevista, y que se convirtió en símbolo de la violencia de género hace 22 años.
Fruto de esta denuncia, el profesor y tutor de la clase del menor declarará este miércoles ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena aunque desconoce todos los términos de la denuncia. El maestro, además, «cree» que lo han llamado a declarar «por ser el tutor del curso y no por que la denuncia sea personal ya que es contra todo el profesorado», han explicado fuentes del sindicato Ustea Córdoba a este periódico.
El caso lo ha dado a conocer el propio sindicato, que ha criticado el «sinsentido de este caso, fruto de la irresponsabilidad política del Gobierno andaluz» de PP y Cs «en materia educativa al plegarse a exigencias, al margen de la legalidad, de su socio de la ultraderecha», Vox. Se refiere el sindicato al acuerdo sellado por el Gobierno andaluz con Vox según el cual los padres deberán ser consultados para la participación de sus hijos en actividades complementarias del centro.
Según el relato del sindicato, «con fecha de 22 de noviembre de 2019, el director general de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía envió una circular a los centros educativos, instándolos a celebrar actividades en defensa de la igualdad y contra la violencia de género«. Y eso fue lo que hizo el equipo educativo del IES Luis Carrillo de Sotomayor.
Ante este caso, desde Ustea han mostrado su solidaridad tanto al profesor del menor como al resto de la comunidad educativa del centro y se han mostrado convencidos de que la denuncia será archivada.
EL ‘PIN PARENTAL’ NO EXISTE
Asimismo, en un comunicado difundido este martes, por el sindicato considera que «los docentes, no es que puedan trabajar en el aula la igualdad entre mujeres y hombres y sensibilizar contra la violencia machista, sino que es un deber». En consecuencia, «las familias no pueden modificar el currículo educativo de sus hijos a voluntad, pues es obvio que el currículo de las materias viene establecido por la normativa legal al respecto», considerando Ustea que esta denuncia está relacionada con la propuesta de Vox de establecer el llamado ‘pin parental’, «según la cual los padres podrán autorizar expresamente cualquier actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad, que puedan resultar intrusivas para la conciencia y la intimidad del alumnado».
Ante esto, desde Ustea se ha señalado que «el ‘Pin Parental’ no existe» ya que «los contenidos y programas, que vienen establecidos en el curriculum escolar de las distintas etapas educativas, no se sirven a la carta», de modo que, «quien quiera educar a su hijo o hija a la carta deberá plantearse hacerlo en su propia casa, si es que tiene conocimientos y autorización para ello».
A juicio de Ustea, «estamos viviendo un nuevo clima de caza de brujas en los centros educativos, particularmente en las comunidades autónomas donde Vox sostiene a gobiernos formados por PP y Cs». En este caso, añaden, «parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo corresponde al propio Gobierno de la Junta de Andalucía y a su titular de Educación, al asumir propuestas absolutamente disparatadas de Vox, como la inclusión de la caza en el curriculum escolar».
En el comunicado han calificado como «grave» lo ocurrido en Baena «no tanto por las consecuencias jurídicas de la denuncia, ya que no tendrá recorrido alguno, sino porque estamos viviendo, como consecuencia del nuevo clima político y, especialmente desde la irrupción de Vox,un ambiente propio del maccartismo y la persecución, generalizable a otros territorios, pero especialmente en los que Vox sustenta al gobierno, como es el caso de Andalucía».
Por tanto, Ustea ha pedido «una rápida y contundente actuación de la autoridad educativa, que corte de raíz comportamientos amedrentadores, totalmente inadmisibles en el marco de las relaciones de cooperación por las que debe regirse una comunidad educativa, donde deben primar los valores de la tolerancia, respeto y reconocimiento mutuo del papel que cada cual juega en la educación de la próxima generación de ciudadanos».
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN OFRECE AL DOCENTE APOYO JURÍDICO
La Consejería de Educación ha explicado, por su parte, que la actividad objeto de la denuncia había sido aprobada y programada por este centro educativo dentro de su Plan de Igualdad.
Además, la Consejería que preside Javier Imbroda (Cs), reconoce «la importancia de que se visibilicen todas las actuaciones que los centros educativos realizan para así contribuir a que no se normalice en la sociedad la violencia contra las mujeres». En ese sentido, «seguirá instando a los centros educativos a continuar avanzando en el desarrollo de actuaciones de sensibilización, rechazo y denuncia de la violencia de género, dirigidas a la comunidad educativa y a su entorno».
«Tanto la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar como la Inspección Educativa están en contacto con el centro educativo y su equipo directivo, que dispone del apoyo del servicio jurídico de la Consejería si así lo estimara necesario».
En la última convocatoria realizada por la Consejería para el curso 2019/20, un total de 1.704 centros educativos presentaron proyectos para prevenir la violencia de género en las aulas. Esta iniciativa se enmarca en el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, en el marco del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, que establece entre sus líneas estratégicas la sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en el fomento de la igualdad en el ámbito educativo.
