Infancia indefensa

El número podrá impresionar y conmover por sí solo, sin duda. Cuando, en el debate sobre los malos tratos tropezamos con las cifras de los niños y niñas que pagan con el sacrificio de sus vidas la venganza criminal del agresor paterno en contra de la madre cuando ella, sintiéndose incapaz de seguir soportando por más tiempo la violencia del maltratador sobre su persona y la de los hijos comunes, decide poner fin a una supervivencia dramática plagada de renuncias, terror y destrucción.

Frente a este panorama, la magnitud y resolución de la lucha contra la violencia de género no reside en el número de más de 80 hijos e hijas asesinados desde el año 2000 hasta el mes de abril de 2013, sino en la valoración del hecho como fenómeno social que representa el que criaturas inocentes, hijos de familia, niños y niñas en la indefensión de su minoría de edad, lleguen a ser tomados como rehenes y puedan ensañarse con ellos hasta privarles de su vida en ciernes en plena indemnidad, es decir, sin obstáculos eficaces con que impedir la extrema crueldad del monstruoso hecho: segar la vida inocente de la infancia que se ve reducida a total indefensión.

Cuando esto sucede en una sociedad moderna que se ufana de su nivel de “civilización” alegando pretendiendo bajo la formalidad del “sistema democrático”, es evidente que hemos entrado de pleno en una fase de deterioro de todos los resortes de la interpretación teórica, y en consecuencia, de cuantos procedimientos, recursos y medidas que en esa lucha se pretendan adoptar.

Avanzar en consonancia con la adquisición del conocimiento por el desarrollo de las Ciencias siempre en evolución y la coherente profundización del Humanismo, requiere eliminar simultáneamente viejos prejuicios e ideologías trasnochadas para poder introducir los procedimientos idóneos, y los medios adecuados a los conflictos de todo orden que toda innovación social lleva consigo.

El principio idóneo de igualdad de derechos y de trato entre los seres humanos no ofrece dudas respecto a su capacidad insubstituible para emprender la eliminación de los privilegios inicuos, las violencias intolerables, los abusos o acosos desprovistos de toda justificación. Sin igualdad no existe la libertad. Pero la mera proclamación constitucional de este progreso humano no conseguirá ir más allá de una mera declaración de principios, si éstos no se desarrollan a la par con la operatividad que precisan.

A tal fin, respecto a los crímenes contra la infancia a que nos venimos refiriendo, es por completo imprescindible mostrar a plena luz cuáles son los impedimentos culturales que, como barreras infranqueables de ideologías que creíamos finiquitadas, impiden tenazmente acabar con el execrable crimen y la abominable destrucción de la vida de los menores, tanto cuanto la pierden como cuando les queda inevitablemente condicionada a la desdicha de su existencia futura.

Se debe explicar sin vacilaciones, que ciertas creencias y los latiguillos en que las mismas se sustentan son apenas oscuras sombras interpuestas para quitar de la vista descarada los intereses de poder que equívocamente considerábamos periclitados. El mítico paterfamilias pervive a causa de la sacralización de que aun se reviste a la paternidad per se, al extremo de que lo de menos es cual sea el comportamiento del padre en el seno familiar, lo que cuenta es el vano prejuicio de la paternidad biológica.

Conviene separar conceptos y analizar situaciones; no se puede confundir la razón biologicista con la eticidad racional; no se puede asociar al sexo masculino achacándolo al temperamento y a la naturalidad lo que es maltrato sin paliativos, ni es aceptable considerar que la imposición del autoritarismo dogmático pertenece a la esfera de la disciplina educativa bajo el fundamento de la paternidad. El amor a los hijos obliga a respetar sin fisuras la condición personal de la infancia en formación.

Cuidar adecuadamente a la prole precisa inexcusablemente del factor ejemplativo como origen y base del aprendizaje. La identidad se adquiere a través del conocimiento, de ello depende la adecuación o inconveniencia de la conducta durante la adolescencia y la adultez. No se nace violento, irresponsable o perverso, ni tampoco bondadoso, desprendido, valioso o inútil y todo lo demás; se llega a serlo por el modelo que en el medio que nos rodea ha servido de referencia ejemplarizante en cada desarrollo personal.

Porque la violencia o la bondad, la responsabilidad o su negativa, la solidaridad o la ausencia de ella, la igualdad o la actitud discriminatoria se adquieren por aprendizaje, es por lo que resultan ética y racionalmente inconsistentes expresiones como <<es su padre y lo necesita sin que importe como sea>>. Nada más alejado de la realidad. Ningún niño, ninguna niña “necesita” a su lado un padre que ejerza con todas sus consecuencias la violencia de género en el medio familiar, más aun, el peor mal para un hijo es criarse a la sombra de un padre agresor, bajo el caos de la violencia irracional.

La ausencia de amor a los hijos encuentra su explicación más evidente en la incapacidad de detener la expresión o la acción de la violencia antes de aterrorizar a los pequeños con su maltrato a la madre, que obviamente incide directamente en la vida de los propios hijos. No hay la menor duda de que el responsable último del daño hacia éstos es su padre agresor, pero también lo es la sociedad que lo consiente, y las legislaciones ambiguas o timoratas, y los jueces que interpretan inadecuadamente la normativa en aplicación.

Sin olvidar a los equipos psicosociales cuando previenen a la madre que de no mostrarse complaciente con el régimen de comunicación y estancias de los hijos con el padre agresor tendrán que aconsejar en su informe al juez la adopción de la custodia de los hijos comunes al padre. Es un asesoramiento cuando menos parcial, insuficiente, acomodaticio y falso desde su raíz, cuando se atreven a argumentar que un hombre puede ejercer violencia contra su mujer sin dejar de ser por ello un padre excelente para con sus hijos. La capacidad amatoria de los padres a los hijos es sensible, incondicional y responsable cuando existe.

Fórmulas todas estas, que bloquean e impiden el deber de la madre de defender la vida de sus hijos. ¿Quién puede extrañarse ante semejantes manipulaciones de que las mujeres maltratadas lleguen a presentar conductas contradictorias a la hora de divorciarse? Frente a tanta incomprensión como proliferación de dislates inasumibles debemos concluir que, frente a la violencia de género que acaba con la vida de los niños y las mujeres, hay que articular medidas contundentes en las que se contemplen las responsabilidades subsidiarias de quienes pudiendo impedirlo llegan a convertirse en cooperadores necesarios del crimen, por ignorancia o negligencia culpable.

La prevención de la violencia y su propagación de generación en generación, exige apartar cuanto antes a los menores del foco de contaminación que es la convivencia con un padre agresor. Conviene recordar las estadísticas obrantes en cientos de estudios especializados conforme a los cuales los agresores de hoy fueron ellos mismos en su día “hijos de padres violentos”.

El Código civil, el Penal, las leyes procedimentales, además de la imprescindible Ley de Protección del Menor, deben adecuarse sin demora, a tales cautelas, impidiendo cualquier comunicación con el autor de violencia cuando se demuestre que los pequeños convivieron en un ámbito paternofilial afectado por la violencia de género.

Denominar “padres” a quienes destruyen la vida de sus hijos, es un sarcástico escarnio para quienes en su mayoría ejercen una auténtica paternidad responsable, y representa un riesgo para la infancia. Erradicar sin excusas semejante ignominia compete a los Gobiernos democráticos y, simultáneamente atañe a la colectividad social en su conjunto.

Ana Mª Pérez del Campo Noriega

Mujer y Justicia