El asesinato machista de Jéssica destapa otro drama: una deficiente protección a decenas de víctimas en su zona
- Fuentes de la investigación revelan a ’20minutos’ errores y deficiencias en los protocolos contra la violencia machista en la provincia de Alicante.
- Los días previos al asesinato de Jéssica, esta no tuvo seguimiento pese a que había denunciado a su expareja.
- Decenas de mujeres se han visto en la misma situación de desprotección desde que denunciaron.
- ¿Qué falló en el crimen de Jéssica? ¿Cómo es el protocolo que ha de seguirse con estas mujeres y por qué no se está haciendo bien?
El pasado 8 de noviembre, Jéssica recibía cinco disparos mientras recogía a su hijo a las puertas del colegio de Educación Infantil y Primaria Santo Negro de Elda (Alicante). Su expareja había elegido ese momento para matarla y actuó sin que nadie ni nada lo detuviese, acribillando a esta joven de 28 años delante del pequeño de ambos y del resto de padres y niños que en ese momento se encontraban allí. Había denuncias previas, detención y paso por el juzgado del agresor. Entonces, ¿qué falló y qué sigue fallando para que esta lacra se lleve vidas de esta manera? Muchas cosas, al menos en este caso y en otros en la misma zona de Alicante, lo que hace temer si puede ser algo más generalizado a nivel nacional. El horrible crimen de Jéssica horrorizó a toda España, pero escondía algo peor, una realidad muy preocupante: la deficiente o nula protección existente para muchas víctimas que, como ella, habían denunciado a sus agresores. En la comarca del Vinalopó, donde se concentran importantes municipios alicantinos como Elda, Novelda, Monóvar o Monforte, entre otros, decenas de mujeres agredidas y amenazadas por sus parejas o exparejas han vivido meses, incluso años, en una completa indefensión pese a que han denunciado sus casos, según ha podido conocer 20minutos.
El protocolo y los procedimientos que siguen a las denuncias de estas mujeres están claramente definidos, según establece el VIOGEN (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género), pero se traducen en una protección ficticia e ineficaz en muchos casos. El de Jéssica fue un ejemplo de ello, pero no el más flagrante.
Los días previos al asesinato de Jéssica
La joven había conseguido rehacer su vida tras romper su relación con el padre de su hijo (a la postre, su asesino). Sobre él pesaba una orden de alejamiento cautelar que le impedía acercarse a menos de 300 metros y comunicarse con ella por ninguna vía, algo que quebrantó los días 4 y 5 de noviembre, con constantes llamadas al teléfono de la víctima. Ella se dirigió a las dependencias del Puesto Principal de la Guardia Civil en Novelda el 5 de noviembre a las 17.20 de la tarde. Allí denunció los «constantes intentos de comunicación telefónica», según recoge el informe de la Guardia Civil sobre el asesinato de Jéssica elaborado por el Teniente de la Guardia Civil de Novelda, Raúl Valadés Seguro.
Dicha denuncia fue trasladada al cuerpo de Policía Nacional en Elda, donde residía el agresor. Fue dicho cuerpo el que procedió a detenerlo, pasadas tres horas de la denuncia. La Guardia Civil de Novelda «no tuvo conocimiento en momento alguno por parte de los funcionarios de Policía Nacional de si el presunto autor había sido detenido, y en ese caso, de las medidas que la Autoridad Judicial había otorgado sobre la víctima y el autor», según consta en el citado informe, algo que ya deja ver un fallo grave de comunicación y coordinación en el inicio del proceso. La realidad es que el juez de guardia había puesto en libertad solo unas horas después de su detención al denunciado, sin más medidas que las ya establecidas con anterioridad por otro juez, esto es, la orden de alejamiento que había sido quebrantada de manera continuada durante aquellos 4 y 5 de noviembre. «Ni se hizo un control ni seguimiento mínimo a Jéssica tras su denuncia. Podía haberla matado en cualquier momento entre su inmediata puesta en libertad y aquella tarde del 8 de noviembre. Aquellos pocos días no se hizo apenas nada», cuenta a 20minutos una fuente cercana a la investigación. Este fallo de comunicación y coordinación se agrava aún más si se tiene en cuenta que en el mismo informe, Valadés Seguro prosigue su escrito asegurando que «no tuvo conocimiento del hecho delictivo hasta las 19.00 horas» de ese 8 de noviembre y que «fue a través del diario Información como tuvo conocimiento».
Qué dice el protocolo y por qué no se cumple
Este protocolo de seguimiento y control a las víctimas se fija tras la declaración y denuncia por parte de estas. A partir de ahí establece el grado de peligrosidad del caso en bajo, medio, alto y extremo. El seguimiento —que va de esporádico en los casos más leves a un escolta permanente en los más graves— necesita de agentes dedicados en exclusiva a esta labor, algo inexistente en el Puesto Principal de la Guardia Civil en Novelda, encargado del caso de Jéssica. Allí, en los últimos dos años, se han acumulado alrededor de 50 denuncias similares a este caso correspondientes a los municipios de Novelda, Agost y Monforte. «Con Jéssica se realizó el seguimiento en la primera denuncia (la que estableció las medidas cautelares), pero no se hizo nada entre los días 5 (denuncia por quebrantar la orden de alejamiento) y 8 (asesinato). La mayoría de los casos de decenas de mujeres en esta zona de la comarca del Vinalopó tienen o han tenido ese mismo seguimiento nulo o deficiente ya no durante días, sino durante meses», cuentan las mismas fuentes a este diario. «Hace dos años, la Guardia Civil en Novelda disponía de dos agentes dedicados en exclusiva a casos de violencia machista. Ahora ya no, sin embargo en la lucha contra el tráfico de droga hoy se dispone de, al menos, cuatro agentes y un cabo en exclusiva —explican— dedicando más personal del que originalmente corresponde por plantilla a este tipo de delitos y dejando totalmente descuidadas otras funciones como la violencia de género», prosiguen, a la vez que apuntan que «no es una cuestión de falta de medios como se ha querido hacer ver desde instancias superiores». El pasado 27 de octubre, apenas dos semanas antes del asesinato de Jéssica, el propio Valadés Seguro elaboraba otro informe, previo al ya citado, en el que justificaba la inexistencia de un protocolo adecuado de seguimiento a víctimas de violencia machista en la falta de agentes dedicados en exclusiva a esta labor. En dicho informe se solicitaba «cubrir vacantes de empleo de la Guardia Civil que faltan en la Unidad, para poder designar personal con dedicación exclusiva para el VIOGEN a los efectos de mayor rendimiento y un mejor seguimiento de las víctimas», concluye. «Ha sido a partir del asesinato de Jéssica cuando agentes han comenzado a desarrollar el protocolo de seguimiento a esas decenas de mujeres que carecían de él tras denunciar. Sin embargo, no son agentes dedicados en exclusiva a esta labor, algo indispensable para generar confianza y seguridad en la víctima, ya que la víctima debe acabar conociendo al agente que la protege. En este caso, están recibiendo llamadas de agentes, un seguimiento de guardias civiles de uniforme… Que no pueden identificar ya que no saben quiénes son», cuentan conocedores de la investigación a 20minutos.
Investigación interna para saber qué está ocurriendo
Según ha podido conocer este diario, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, José Miguel Saval Pérez, remitió este 20 de noviembre una nota interna al Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Novelda en el que se le convocaba a una reunión de coordinación por el caso de la víctima mortal (Jéssica Bravo) con el objetivo de «conocer y analizar el funcionamiento de las medidas y recursos utilizados, en cada caso, por la víctima y a los efectos de prevenir futuros casos de violencia de género». En la misma nota se solicita el informe (ya mencionado) en relación con la víctima para analizar la aplicación de medidas y recursos existentes o utilizados. Un informe, como ya se ha visto, en el que queda patente un drama más allá del asesinato de Jéssica: descoordinación y ausencia de comunicación entre las unidades destinadas a luchar contra la violencia machista, así como ausencia de medios efectivos para proteger a las víctimas que denuncian.
Fuente: 20 Minutos