Una cuestión de Estado (marcha estatal contra el terrorismo machista)
Fuente: El Plural
La existencia en nuestro ordenamiento jurídico de una normativa legal óptima, como acontece con la conocida popularmente como Ley de Medidas contra la Violencia de Género, no garantiza la obtención de la justicia, ni la protección que pueda reclamar la mujer que se atreve a denunciar.
La sin razón de semejante contra sentido reside por lo general en los prejuicios de aquel o aquella Juez a quien le corresponde enjuiciar ciertos delitos, cuando las pautas culturales subsisten, incrustadas en las creencias estereotipadas de quien juzga.
Del mismo mal puede adolecer el Fiscal o la Fiscala, de la Fiscalía de Violencia, si previamente no ha recibido la imprescindible formación sobre la peculiaridad ideológica que define y mantiene el comportamiento selectivo, violento del agresor, a través del cual somete a la mujer, imponiéndole una supuesta superioridad procedente del Poder Autoritario que secularmente, hasta nuestros días, ha concebido la desigualdad entre los sexos impuesta por el poder masculino dominante. Esa injusta imposición sexista reduce a la víctima a una situación de subordinación y dependencia inevitables por la pérdida de la autoestima, transmitiéndole un temor insuperable que condiciona la conducta de la mujer que la soporta.
Ella se sabe sola, ante el ominoso silencio de una sociedad que tolera con actitud indiferente la evidencia de que, en la población mundial, las mujeres tienen más posibilidades de perder la vida a manos de un hombre que por cualquier otra circunstancia, sea accidental o de enfermedad.
La causa esencial que propicia la violencia de género y el fin último que persigue en todos los países del planeta que habitamos, tiene por finalidad mantener a toda costa el sistema de poder en posesión del hombre, sea cual sea, la modalidad del mismo, siempre ha sido así.
En los tiempos presentes hemos arrumbado la denominación de poder patriarcal porque el trascurso del tiempo y los progresos alcanzados lo hacen imposible de sostener, pero en el fondo y en la forma, el fin último sigue siendo el mismo. La violencia contra la mujer no es inevitable, puede y debe erradicarse, sin olvidar que su mantenimiento es esencial para un poder que se asienta en la discriminación sexista, en la racista y en la posesión de la riqueza limitada al reducto de aquellos que quieren y pueden ejercer un poder arbitrario.
Es obvio que en muchos países la desigualdad se camufla entre los avances incuestionables de un progreso paulatino, pero igualdad y progreso no son una misma cosa, aunque sirvan para confundir a gran parte de la población.
He puesto el acento en cuanto antecede, para evidenciar que la indiferencia ante el crimen encubierto más extendido del mundo es la consecuencia interesada que se esfuerza por transmitir que no hay nada por lo que luchar porque la igualdad se ha logrado, las leyes lo proclaman y el acceso al conocimiento no supone obstáculo alguno por razón de sexo. Adquirir conocimientos no significa en la práctica haber dejado de soportar discriminaciones profesionales o laborales que confirmen la pervivencia discriminatoria. Ni se puede dar una respuesta convincente a la cifra de que, en los casos de violencia conocida, el 75% son mujeres, ni tampoco la comprobación de que un 70% de la pobreza en el mundo está feminizada.
Cuando alguien se detiene a pensar por sí mismo, en vez de repetir los mensajes de adoctrinamiento cultural empeñado en pasar a toda prisa la página para que todo siga igual, encontramos pruebas indubitadas de que nunca se acaba con lo que no se quiere acabar.
La reflexión sobre los tres crímenes de violencia de género cometidos entre el 21 y 25 de octubre del año en curso siguen poniendo al descubierto los obstáculos que impiden a la víctima recibir la protección necesaria y la justicia que reclamaba con reiteración, una de las denunciantes.
A penas dos semanas antes, Iris Francés, de 35 años, madre de tres hijos, denunciaba por tercera vez en Santa Cruz de Tenerife, la violencia y el acoso al que estaba sometida por el padre de sus hijos. Solicitaba también una orden de alejamiento, porque temía por su vida. Una semana después de su última denuncia, se celebró el juicio rápido. El Juez, con la conformidad del informe Fiscal, absolvió al demandado desestimando la protección solicitada. El rechazo de la orden de protección se produjo constando en autos un informe policial que calificaba el riesgo como ausente de gravedad. Iris fue asesinada por su excompañero una semana después, el 22 de octubre. La víctima recibió reiteradas puñaladas en el tórax y en el abdomen, su madre, al intentar defenderla, sufrió heridas de gravedad.
La víctima recibía asistencia psicológica en el Servicio Insular de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
El asesino C.G.H. tenía antecedentes policiales por una presunta agresión sexual en la Isla del Hierro, donde nació.
Dos días después, el 24 de octubre, Concepción Reguera Peón fue asesinada en plena calle por su exnovio que no aceptaba que su breve relación hubiese terminado. Concepción no había interpuesto denuncia.
En Fuengirola (Málaga), el mismo sábado 24, los vecinos de un matrimonio finlandés avisaron a la policía ante los gritos de la mujer. Cuando los agentes accedieron a la vivienda, encontraron al marido y a dos niños de 8 y 10 años, hijos del matrimonio. En el suelo yacía el cadáver de una mujer que presentaba graves traumatismos que acabaron con su vida. No existía denuncia previa.
He aquí tres casos, en los que dos mujeres no denunciaron, pero la primera lo realizó tres veces, pidió con insistencia la protección de la orden de alejamiento, sabía que su vida corría peligro, pero sencillamente el Juez y la Fiscalía no la creyeron, alguna influencia sin duda pudo tener el informe de riesgo policial en el que aparecía una valoración de que el peligro “no era grave”. Pero sobre todo pone en evidencia el proceso de validación de la hipótesis que barajo desde el inicio de este escrito, consistente en que la razón última reside en la subsistencia de los prejuicios culturales que se mantienen incrustados en las creencias de quien juzga. La pregunta salta incontenida, se acusa a las víctimas de no denunciar, y cuando armándose de valor lo realizan se cuestiona su credibilidad, se desoye su petición de protección y se llega al extremo de someter a la víctima a la incompetente valoración policial, acerca de si corre o no riesgo, un riesgo que ella conoce mejor que nadie. El asesino está ahora en la cárcel bajo la acusación del Tribunal Superior de Justicia Canario (TSJC) de haber cometido un delito de homicidio consumado y otro delito en grado de tentativa. Tanto despropósito es inaudito.
No se puede someter a la mujer que denuncia maltrato sexista a la victimización secundaria de cuestionar la gravedad de lo que está denunciado para conceder o no la protección que reclama.
¿Se puede valorar el riesgo como grave, bajo, o no apreciado, en un delito de violencia de género?
En el año 2014, de los 56 crímenes de violencia de género, 15 casos de asesinatos de mujeres por sus respectivas parejas o exparejas habían denunciado previamente.
Los medios de comunicación recogieron como llamativo algo que considero consecuente con el análisis que vengo realizando; el hecho de que en 14 de los casos citados la valoración policial de riesgo (VPR) había resultado “riesgo no apreciado” o “bajo”. ¡Asombroso! Verdad, hasta que el 12 de diciembre del año 2014, un medio de comunicación, eldiario.es, recogía declaraciones de agentes de la Guardia Civil afirmando que sufrían “presiones para bajar los niveles de riesgo en los casos de las denuncias de mujeres maltratadas”. Una gravísima acusación que, de ser cierta, no cabría mayor confirmación acerca de la hipótesis que he barajado, nunca se acaba con aquello que el poder dominante necesita para mantenerse en el poder.
Acabar con la violencia de género atañe al parecer solo a las mujeres y lograr la igualdad también, porque mientras perdure la discriminación todo cuanto se haga no pasará de ser un discurso intrascendente, sin tocar ni de lejos la auténtica efectividad de los derechos humanos proclamados.
Por todo ello, entre tanto seguiremos defendiendo en la calle, el próximo 7 de noviembre, la vida y la igualdad real de todas las mujeres y con ellas de todos los seres humanos discriminados.
Os convoco a todo el mundo acudir el 7 de noviembre a las 12 horas, al Paseo del Prado 18.
Ana Mª Pérez del Campo Noriega es presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas