Madrid, orden de desprotección

  • Es la segunda comunidad donde más medidas de seguridad se piden y la segunda donde menos se conceden. Sólo otorga un 43%, 13 puntos por debajo de la media nacional
  • “Hay un factor ideológico en los jueces”, denuncia la Fundación Mujeres. El CGPJ investigará las “diferencias territoriales”

Ni su historial de golpes, ni el recuerdo de las humillaciones, ni el relato de su miedo le sirvieron a Nieves. Allí, plantada ante el tribunal, soportó el interrogatorio de la defensa como si ella fuera la acusada y los desprecios de la jueza a su abogada. Ni el armazón de una denuncia documentada, ni los testimonios de los cercanos a la pareja, ni su vida en un centro oculto de mujeres maltratadas le bastaron. «¿Por qué no denunció antes?», «¿cómo demuestra que esos supuestos golpes se los propinó su marido?», «usted ha influido en sus hijos para que hablen en contra de su padre»… Nunca la creyeron.

Y el día de la sentencia, con su cicatriz vieja en el pómulo, Nieves se fue a casa sin orden de protección y sin la guarda y custodia de su hija.

Ocurrió no hace mucho tiempo en un juzgado de Madrid.

Madrid, la comunidad autónoma que, tras Cataluña, más órdenes de protección deniega a las víctimas de violencia de género. Cuatro de cada 10. Casi la mitad.

«No sabemos muy bien por qué Madrid, junto a Cataluña, es siempre la comunidad donde menos órdenes de protección se conceden con respecto a las que se solicitan. Vamos a realizar un estudio que contendrá un muestreo de expedientes para saber si hay alguna razón que explique las diferencias territoriales. La formación de los jueces, sobre todo en violencia psicológica, es fundamental para entender la violencia de género. Y también la de los abogados de oficio. Pero queremos saber por qué los datos son tan distintos por comunidades autónomas».

Habla, haciéndole un hueco a EL MUNDO durante una guardia en el Juzgado de Sevilla, Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Su informe más reciente, el del tercer trimestre de este año, cuenta que Madrid está en la cola de las concesiones de protección a las víctimas. De las 1.412 órdenes de protección solicitadas en los últimos tres meses analizados (julio, agosto y septiembre), los juzgados madrileños inadmitieron 23, concedieron 781 y denegaron 608.

Es decir, otorgaron el 55%, 13 puntos por debajo de la media nacional. Y denegaron el 43%, 13 puntos por encima.

Y ese ritmo negacionista vale para los trimestres anteriores: 41% de denegaciones en el primero (11 puntos por encima de la media nacional) y 44% en el segundo (14 puntos), siempre muchas más que el resto de comunidades, excepto Cataluña.

«Es una constante que lleva años produciéndose. La Comunidad de Madrid tiene convenios con el Ayuntamiento, pero a diferencia de otras comunidades, no le ha atribuido las competencias necesarias en servicios sociales en materia de igualdad. Hay poca sensibilidad. Y carecer de servicios influye en cómo llega la mujer al juzgado. Una mujer que denuncia y vuelve a casa sin orden de protección está automáticamente en mayor riesgo que antes. Eso debería mover a reflexión a los órganos judiciales y a las instituciones».

Habla, mientras espera una cita en su despacho, Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, uno de los colectivos más veteranos del país en la lucha por la igualdad de género.

Ese alto número de denegaciones de protección se produce precisamente en la comunidad autónoma que, tras Andalucía, más víctimas de violencia de género recibe en los juzgados (6.390) y más denuncias registra (6.705). Y donde, también tras Andalucía, más órdenes de protección se piden (1.412).

Es decir, la segunda comunidad autónoma donde más medidas de protección se solicitan es la segunda donde menos se conceden: Madrid.

¿Puede haber en ello un factor ideológico?

«No lo creo. Sería mucha casualidad que en una determinada comunidad los jueces tuvieran el mismo sesgo. Hay jueces menos sensibilizados que otros, pero creo que pasa en todas las comunidades», contesta Ángeles Carmona.

«Claro que hay un factor ideológico. Madrid es una plaza problemática en violencia machista. Hay bastantes jueces que ideológicamente no creen en la existencia de la violencia de género como tal y que cuestionan la Ley Integral. Y eso se refleja en las series estadísticas de evolución de las sentencias. No es casualidad», sostiene Marisa Soleto.

Nieves es hoy una de esas estadísticas. «Me tocó una mala jueza. Jamás creyó en mi palabra, ni en la de nadie que avalara mi infierno. Cuestionaba la violencia machista en sí misma. No conseguí una sola medida favorable. Y aquí me tienes ahora, en Valencia, lejos de todo aquello, pero sin protección y sin hijos».

Nieves huida y sola.

Nieves, la denegada.

Fuente: El Mundo

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