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Santiago Abascal, presidente de Vox. Intereconomía, 5 de octubre de 2018: «Las denuncias falsas están afectando a millones de españoles».

Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía. EL MUNDO, 9 de enero de 2019: «No se pueden destinar ayudas a 100 maltratadas cuando sólo tres son reales».

Abascal, Club Siglo XXI, 14 de enero de 2019: «Se archiva un 80% de denuncias. La Fiscalía habla de un 0,02% de denuncias falsas, pero esas son las perseguidas».

Los dirigentes sostienen que en España existen millones de denuncias falsas sobre malos tratos, entre otras cosas porque identifican las denuncias que no prosperan automáticamente como falsas, lo que induce a pensar que el 80% de las denuncias por violencia de género lo son. Sin embargo, este dato no figura en ningún sitio.

Los jueces tienen obligación de investigar la falsedad de una denuncia. Si sospechan, deben deducir testimonio contra el denunciante para preservar la presunción de inocencia. Si no investigan la denuncia, incurren en prevaricación.

Los únicos datos sobre denuncias falsas aparecen en la Fiscalía General del Estado (FGE). Las páginas 540 y 541 de la Memoria del año 2017 indican que de las 166.260 denuncias «se incoaron 23 causas por denuncia falsa». Dos acabaron en condena y 21 siguen en tramitación. Entre 2009 y 2017 se presentaron 1.222.172 denuncias, de las cuales terminaron con sentencia condenatoria por falsedad 96, el 0,0078%. «Si a estas sumamos las causas en tramitación, para el caso de que resultaran condenatorias (131), el porcentaje final máximo sería de 0,011%».

«Se archiva el 80% de las denuncias»

Un portavoz de Vox afirma que la cifra del 80% de denuncias «archivadas o sobreseídas» figura en «un informe de un observatorio europeo en el que se explica el uso de la denuncia falsa como medio de abogados o asesores para presionar». No facilita ni el nombre del organismo ni el estudio. Cita el Informe Trimestral sobre Violencia de Género (Tercer trimestre de 2018) del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que asegura que se produjeron 43.560 denuncias [consúltelo en PDF]. Vox dice que «sólo 5.337 personas fueron enjuiciadas en los juzgados de violencia contra la mujer» y se remite a la página 11 del informe. Pero no cuenta las 5.488 sentencias en los juzgados de lo Penal (pág. 27) y las 57 en audiencias provinciales (pág. 31).

Para hacer su cálculo no considera las 43.560 denuncias, sino los 54.747 asuntos penales registrados en los juzgados de violencia sobre la mujer (pág. 8). Pero los asuntos penales se refieren a la transformación procedimiental que pueden sufrir los casos, por lo que no son equivalentes al número de denuncias.

Las 43.560 denuncias entraron en los 106 juzgados de violencia sobre la mujer (JVM) y los 355 juzgados de instrucción o mixtos. Si se analiza su forma de terminación (pág. 12), el dato en JVM y en mixtos o de instrucción es distinto al que exporta la derecha dura: 43% de archivos y 1,6% de absoluciones.

Veamos cómo:

De las 43.560 denuncias, 13.619 (40,25%) son «sobreseimientos provisionales», los que se dictan cuando no se puede probar el hecho por falta de testigos, porque las declaraciones de las partes son contradictorias y no puede romperse la presunción de inocencia, o porque los hechos no pueden imputarse a autor conocido. Y también porque la víctima no denunció, sino alguien por ella y se acogió al derecho a no declarar. Son aproximadamente el 9% de los sobreseimientos.

994 (2,9%) son «sobreseimientos libres», que se dictan cuando no hay indicios racionales de criminalidad o el hecho denunciado no es delito. 560 (1,6%) son «absolutorias» y 4.775 (13,9%) «condenatorias». 6.634 (19,6%) están en el epígrafe «otras». Son acumulaciones a otros procedimientos del mismo juzgado o inhibiciones por competencia a otros juzgados por el domicilio de la víctima o por competencia objetiva.

7.303 (21,5%) se elevan a juzgados de lo Penal (JP) y audiencias provinciales (AP).

La suma de todas esas formas de terminación no da 43.560 denuncias, sino 33.835. ¿Por qué? «Porque las denuncias no se tramitan y terminan en el mismo trimestre. Muchas de las que se terminaron en el tercer trimestre se iniciaron antes. Hay instrucciones que duran meses o años, por eso las cifras no coinciden absolutamente», aclara Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio.

Al analizar no sólo lo que ocurrió en JVM o en instrucción y en mixtos, sino también en JP y AP, la página 34 de ese informe del CGPJ muestra que entre julio y septiembre de 2018 se dictaron 10.741 sentencias. Fueron condenatorias 7.751 (72,1%) y absolutorias 2.990 (27,8%).

Si se toman las formas de terminación en todos los juzgados más sobreseimientos, inhibiciones y acumulaciones, y se calculan respecto a 43.560 denuncias, el resultado es:

Absoluciones: 2.990 (6,8%).

Condenas: 7.751 (17,7%).

Sobreseídas libres: 994 (2,2%).

Sobreseídas provisionalmente: 13.619 (31,2%).

Elevaciones a otros órganos: 7.303 (16,7%).

Acumulaciones a otros procedimientos: 6.634 (15,2%).

El 10,2% restante serían denuncias no terminadas en ese trimestre.

Así, de las 43.560 denuncias del tercer trimestre de 2018 que llegaron a todo tipo de juzgados, el 33,4% fueron sobreseídas. Es decir, 47 puntos porcentuales menos de lo que dice Vox. Y de todas las denuncias, el 6,8% acabaron en absolución.

En total, un 40,2% de archivos y absoluciones.

En un año completo las cifras son similares.

El CGPJ señala que en 2017 hubo 166.260 denuncias, de las cuales 16.464 (10%) fueron renuncias. Se terminaron 164.809 procedimientos y se archivaron 60.748. Es decir, se sobreseyó el 36,5% de las denuncias y se juzgó el 64%. De esa porción, un 20% correspondió a condenas, un 9% a absoluciones y un 35% a casos pendientes. Así, en cuanto a lo no archivado, no acumulado al juzgado y no elevado a otro órgano, hubo 49.165 sentencias: 33.146 (67,4%) condenatorias y 16.019 (32,5%), absolutorias.

Es decir, aun en el caso de que se admitiera que todas las denuncias no condenatorias implican que quienes las interponen no son víctimas reales, en 2017 habría habido 33.146 mujeres maltratadas: 20 de cada 100, no tres, como dice Serrano.

Incluso si se aceptara que todas las víctimas reciben protección policial (el CGPJ refleja que el ratio víctima/orden de protección es del 24%) y se comparara el número de mujeres que estaban en el Sistema de Seguimiento de Viogen a 31 de diciembre de 2017 con las 1.222.172 denuncias desde 2009, la proporción de víctimas sería del 32%. Treinta de cada 100, no tres.

Se estima que sólo se denuncia el 30% de la violencia real (Macroencuesta Ministerio de Sanidad 2015). Un ejemplo: de las asesinadas en 2018 había denunciado el 29%.

Un dato más: en el 16º Simposio de la Sociedad Mundial de Victimología, celebrado en junio en la Universidad de Hong Kong, María del Mar Daza, doctora en Derecho Penal y especialista en Criminología e investigación de Género e Isabel Vélez, licenciada en Estudios de la Mujer, Género y Sexualidad por la Universidad de Yale (EEUU), presentaron el estudio¿Cómo responden los sistemas de justicia ante la violencia contra las mujeres?, donde calcularon los sobreseimientos entre 2010 y 2017 en los JVM según datos del CGPJ. El cuadro, incorporado al último informe de Feminicidio.net, da la media: 39,29%.

En resumen, el CGPJ refleja que, de lo enjuiciado, siete de cada 10 casos son de condena y tres de absolución. Los porcentajes son similares al resto de delitos.

Según los últimos datos de la FGE (2017), el 68% de los asuntos en los que presenta acusación acaba en condena.

La violencia es extranjera

Francisco Serrano. 13 de enero: «Este año, el 100% de los asesinos y violadores son extranjeros». A esa fecha, sólo se conocían dos casos: un ecuatoriano en Laredo y un alemán en Fuengirola. Pero ese mismo día, la Policía arrestó en Lanzarote a un español. Si Vox lo hubiera contado, su 100% habría pasado a un 66%.

Santiago Abascal, El gato al agua, 5 de octubre de 2018: «La mayoría de mujeres asesinadas este año han sido a manos de extranjeros».

Abascal, Grupo Vocento, 5 de diciembre de 2018: «Que se investigue por qué se ocultan la nacionalidad de los agresores y la mayor parte de las agresiones de extranjeros».

Según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, de los 47 asesinos de 2018, el 62% (29) son españoles y el 38% (18) extranjeros. Entre 2013 y 2018, la media es de un 67% de nacidos en España y un 33% fuera. El CGPJ refleja que de las 43.560 denuncias en el tercer trimestre de 2018 en los JVM, el 67,4% fueron contra españoles.

«Se ocultan hombres asesinados»

Rocío Monasterio, dirigente de Vox. EL MUNDO, 6 de enero: «Las estadísticas de víctimas masculinas en el ámbito doméstico no se dan desde 2005. La cifra de hombres [cada año] se acerca a veintipico».

Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. 6 de diciembre 2018, Cadena Ser: «Los datos de hombres que mueren a manos de mujeres se ocultan porque no interesa demostrar que existen esos asesinatos».

El CGPJ publica cada año la estadística de hombres asesinados. En 2016 fueron 10, tres de ellos por hombres. El resto (siete) por sus parejas o ex parejas mujeres, mientras que 38 mujeres murieron a manos de sus parejas o ex parejas hombres.

La página 36 del Informe sobre el homicidio en España 2010-2012 del Ministerio del Interior dice que de 154 homicidios sobre parejas o ex parejas, los hombres mataron a 131 mujeres y cinco hombres y las mujeres a 17 hombres y una mujer. O sea, los hombres fueron los autores en un 85% de los casos.

«Niños asesinados por sus madres»

Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Vox. Telecinco, 9 de enero: «Son asesinados más niños por sus madres que mujeres por sus parejas. Mueren 45 mujeres y 60 niños al año».

Rocío Monasterio, EL MUNDO, 6 de enero: «Hay más de 40 niños cada año que son víctimas en el ámbito doméstico».

En el análisis de las sentencias de 2016 del CGPJ (pág.117) hay cinco menores asesinados por sus progenitores. En tres casos, el autor fue el padre. En dos, la madre. En Defunciones según la causa de muerte, el INE dice que en 2017 murieron por homicidio 56 menores (30 niños y 26 niñas). Pero no indica cuántos por homicidio imprudente, en ámbito doméstico ni quiénes fueron los autores y su sexo.

«Chiringuitos, lobbys y feminazis»

Javier Ortega Smith. Mitin en Burgos. 13 de enero: «Al contrario de Andalucía, las ayudas deben ir a las maltratadas y no a asociaciones que negocian con una tragedia. ¿Dónde están las feminazis de Burgos?».

Francisco Serrano. Abc, 7 de enero: «Hay que fiscalizar los 2.200 chiringuitos de género. Hay un lobby feminista que vive de las subvenciones. El dinero no llega a mujeres que lo necesitan».

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) contó en 2018 (páginas 383 a 396 del Presupuesto de Andalucía con 42.926.773 de euros. Tras el gasto en personal (10 millones) y en bienes y servicios (12,2), el primer montante (16 millones, el 37%) fue a ayuntamientos de todo color, universidades, familias y colectivos que ayudan, forman o informan a las mujeres. Esos colectivos recibieron el 14% del dinero del IAM. En el personal están incluidos 221 juristas, psicólogos o educadores de 8 centros del IAM. Los ayuntamientos gestionan 170 centros que asesoran a 100.000 mujeres.

Según el IAM, en 2018 los centros de acogida dieron casa y ayuda psicológica, jurídica y laboral a 2.557 víctimas (1.357 mujeres y 1.200 menores).

 

Fuente: El Mundo | RAFAEL J. ÁLVAREZ y OLGA R. SANMARTÍN