Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

  • Presentarán quejas al CGPJ sobre casos concretos porque “no puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”
  • La primera es la de una víctima que ha denunciado a la jueza que llevó su caso y la imputó: “Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial”

Las asociaciones feministas han decidido presentar quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre casos concretos en los que los jueces no estén dando un “trato” adecuado a las víctimas de violencia de género. Después de estar durante años recibiendo denuncias de mujeres que se ven “maltratadas judicialmente”, van a recopilar uno a uno todos los ejemplos y van a ir dando cuenta de ellos al máximo órgano de gobierno de los jueces.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa las representantes de seis organizaciones (la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos), que se han dirigido posteriormente a la sede del CGPJ para poner las dos primeras quejas.

La primera alude al caso de Isabel López de la Torre, que fue a denunciar a su pareja por malos tratos y salió imputada ella misma porque él la denunció también. Finalmente ha sido absuelta y él ha sido condenado a dos años y nueve meses de prisión, pero la niña de ambos sigue disfrutando del régimen de visitas. “Me he sentido tratada como si fuera una delincuente. El sistema te castiga por denunciar. Él me pegó con un palo de bambú por todo el cuerpo y me tiró al suelo y me intentó estrangular. Llegué al juzgando destrozada y suplicando ayuda, con moratones por todo el cuerpo. Pero él me puso una denuncia por tres arañazos que no le había hecho y apenas me dejaron hablar. Me convertí en la acusada. Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial. Salí de ese juzgado imputada”, ha relatado, antes de ir a denunciar a la jueza que llevó su caso.

En la queja presentada ante la Comisión del Régimen Disciplinario Judicial del CGPJ, ante el Observatorio contra la Violencia de Género del mismo organismo y ante el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las firmantes sostienen que, entre otras cosas, María Jesús López Chacón, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey (Madrid), expresó ante varios testigos: “Yo no digo que el caso de Isabel sea una denuncia falsa, pero las denuncias falsas existen y yo tengo un primo al que su mujer le ha puesto una denuncia falsa y yo y toda la familia lo estamos pasando fatal”.

“No es un hecho aislado”

En el escrito censuran “la ausencia de independencia judicial” y “los prejuicios” de la juez e insisten en que este tipo de comportamientos “representan una efectiva medida disuasoria a la hora de armarse la mujer de valor para denunciar”.

“No se trata de un hecho aislado, sino excesivamente frecuente, como pretenderemos demostrar, con las sucesivas denuncias que iremos haciendo llegar al CGPJ y a los respectivos observatorios, y todo ello para evitar que con nuestro silencio nos hagamos cómplices de una conducta inadmisible, sobre todo cuando, como en este caso, las mujeres acuden en demanda de protección y justicia ante los juzgados”, recalcan.

Y piden que “se tomen las medidas correspondientes con el fin de apartar de los juzgados de violencia de género y de los de familia a jueces y juezas que adolecen de prejuicios contra la mujer”.

La segunda queja la realizan contra el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunto (Valencia), Julián González, por sus “actitudes arrogantes y autoritarias”, “faltas de respeto y consideración” y “nula empatía”. Hasta 22 asociaciones feministas firman un escrito que señala que, “desde hace tiempo, mujeres que han sido parte en procedimientos de violencia de género y de derecho de familia seguidos ante este juzgado nos han manifestado su malestar por el trato que les ha dispensado su titular”.

Sostienen que el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto “también” les ha confirmado que ha recibido quejas de mujeres en el mismo sentido. “Además, nos han informado de que nunca ha mostrado interés ni participación en las reuniones de coordinación para la protección y atención a las víctimas, a pesar de haber sido invitado”.

El juez, que fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana con el PP, ha negado las acusaciones y ha afirmado no haber tenido quejas del Ayuntamiento de Sagunto en sus 12 años de ejercicio en la localidad.

Las firmantes piden al CGPJ que “proceda a advertir a este juez sobre la necesidad de modificar estas actitudes, impropìas de un órgano judicial, apercibiéndole de sanción y obligándole a participar en cursos de formación específica” sobre igualdad de género.

Falta de formación

“Tenemos que tomar medidas. No puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”, ha expresado durante la rueda de prensa Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres.

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, ha explicado que esta forma de actuación es novedosa porque, hasta ahora, agrupaban todas las quejas y se las trasmitían al CGPJ de forma general, cuando se reunían con sus miembros para evaluar el seguimiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género. “Desde ahora, cada vez que tengamos un caso, daremos traslado por escrito con quejas documentadas y casos concretos. Se insiste en que las víctimas deben denunciar, pero luego no reciben la respuesta esperada por parte de las instituciones”.

Además del “maltrato judicial” -entendido como “prejuicios que ponen en duda la credibilidad de su testimonio” y “falta de garantías y de buen trato” que provocan una “víctimización secundaria”-, han enumerado otras “deficiencias” con las que se han encontrado, como el hecho de que los juzgados denieguen el 75% de las órdenes de protección que se reclaman, no se haga una valoración efectiva de los riesgos o no se repare el daño causado.

Atribuyen todo ello a una “mala formación de los operadores judiciales”, incluso en los juzgados específicos. “Se nos dice que hacen un curso online de 16 horas, pero esa formación no habilita para tomar decisiones de tal envergadura”, expresa Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. “¿Y qué ocurre cuando la víctima acude a declarar? Que el juez le dice: ‘Por favor, señora, al grano, céntrese en el delito. Y la víctima se bloquea, porque no se puede encorsetar su dolor a un hecho concreto”.

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