Las instituciones europeas piden más formación de género a los jueces

El caso de La Manada entró hoy de lleno en el Parlamento Europeo. A propuesta del grupo de la Izquierda Europea, y mediante una iniciativa defendida por la eurodiputada de Podemos Tania González, la cámara aceptó por la mañana, con el respaldo de 188 votos, incluir en el orden del día un debate sobre los estándares internacionales sobre violencia sexual, sobre el Convenio de Estambul y sobre por qué un tribunal español pudo considerar abuso lo sucedido a la víctima de Pamplona.

Horas después, los diputados, una representante del Consejo y la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, hablaron largo y tendido de ello. Y aunque quiso guardar las distancias, se movió muy cerca del fino límite entre la reflexión, la crítica y la injerencia. «Este caso de La Manada se va a recurrir y no puedo comentar sobre un proceso judicial, pero confío en que el sistema judicial español pueda dar un resultado lo más justo y rápido posible», dijo en su intervención inicial. «No estoy aquí para criticar la decisión del tribunal español, sólo puedo decir que espero que la instancia superior decida con diligencia y eficacia cuando se presente el recurso», instó en su conclusión una hora después.

Las instituciones europeas no pueden ni deber pronunciarse sobre caso abiertos, pero el de La Manada está muy presente en Bruselas y son muchas las voces que desde el máximo respeto consideran que puede ser un catalizador, un elemento que haga despertar. Más de una decena de diputados de varios países tomaron la palabra para denunciar la «indignación» y el «asco» por el «naufragio y decadencia de nuestra sociedad europea» o para lamentar que la sentencia no fuera más contundente. «Sólo nueve países europeos reconocen explícitamente que el sexo sin consentimiento es violación», deploraron varios de los diputados.

La Izquierda Europea se ha movilizado activamente estas semanas. Parte de los ponentes quería, partiendo del caso español, abordar una cuestión que preocupa y se repite en muchos otros países. Incluida Jourova. «Queremos que las autoridades policiales y judiciales aborden estos casos con mucha sensibilidad y alto grado de profesionalidad. Se necesita más educación, más formación, más capacitación de los profesionales del sector. Hay leyes, pero lo que cuenta es la interpretación correcta por parte de los tribunales en Europa. Si no interpretan la ley correctamente no interpretan bien la violación, y no hablo de este caso concreto, si no se interpreta bien quedan impune, les sale barato», concluyó con lo que muchos interpretaron como un recado evidente.

En general, el debate dejó un sabor más bien agrio. La sala, aparte de los oradores convocados, estuvo prácticamente vacía. Se hizo todo rápido. Y además hubo choques partidistas y poco en línea con la gravedad de lo tratado. La líder de los socialistas, Iratxe García, arremetió contra el Gobierno de Rajoy por «hacer oídos sordos» e «incumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género». La popular Rosa Estaràs pidió la palabra y replicó atacando al PSOE, por haber sido el ministro Belloch en 1995 quien sacó adelante un Código Penal que definió como «regulación arcaica y estereotipada».

González, de Podemos, crítica con el Gobierno, y Jordi Solé, de ERC, hicieron alusión a la ONU, asegurando que «cree que la sentencia subestima la gravedad de la violación» y que el fallo «es muy criticable y ha generado una justificada ola de indignación, hasta por parte de Naciones Unidas», en referencia a un comunicado de la coordinadora ejecutiva y portavoz de Naciones Unidas sobre acoso sexual, Purna Sen, en el que se refiere al fallo de la Audiencia de Navarra como una «sentencia leve» que «subestima la gravedad de la violación y socava la clara obligación de defender los derechos de las mujeres».

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