Las denuncias por violencia de género suben un 16% en 2017 y alcanzan su máximo histórico

Las denuncias por violencia de género presentadas en los órganos judiciales han aumentado un 16,4% en 2017 hasta alcanzar las 166.620, la cifra anual más alta alcanzada desde 2004, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó a contabilizar estos datos. Nunca hasta ahora se habían recogido tantos casos, ni siquiera en 2008 y en 2016, donde se registraron los mayores picos, con más de 142.000 denuncias anuales. ¿Por qué?

Ángeles Carmona, presidenta del strong>Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, explica que estas cifras tienen “una parte negativa” y “otra positiva”. La primera refleja que, “por desgracia, todavía en España siguen existiendo estos hechos delictivos”, mientras que la segunda es intrepretada por los jueces como que “cada vez más mujeres se están atreviendo a denunciar y confían cada vez más en las instituciones”.

Esta confianza en los tribunales y Fuerzas de Seguridad se pone de manifiesto en otro dato: ha bajado del 12% al 10% el porcentaje de mujeres que se acogen a la dispensa de la obligación legal de declarar. Es decir, cada vez son más las víctimas que deciden seguir adelante y no se echan para atrás durante el proceso penal.

El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a las víctimas no tener que declarar contra sus agresores si son familiares directos. Según Carmona, “muchos casos de violencia de género se quedan en nada porque la mujer se acoge a este derecho”. “La mayoría de los casos se produce en la intimidad familiar, sin testigos y sin pruebas y por eso la declaración de la víctima es muy importante”. El Pacto de Estado prevé reformar este artículo para que la denunciante se vea obligada a seguir adelante con el proceso que podría aumentar hasta un 10% el número de condenas, que ahora representa el 67%.

El Observatorio ha hecho públicas este lunes sus estadísticas anuales. En ellas recoge que 158.217 mujeres fueron víctimas de malos tratos, un 17,7% más que el año anterior. De ellas, eran extranjeras el 30% (48.110). La mayoría se concentró en Baleares (con una ratio de 95,6 víctimas por cada 10.000 mujeres), Murcia (87,8), la Comunidad Valenciana (85,3) y Canarias (84,5). Por el contrario, las ratios más bajas (42) se situaron en Castilla y León Galicia.

Los familiares denuncian poco

Siete de cada 10 denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención directa de la policía supusieron el 15% de los casos, mientras que las interpuestas por los familiares rondaron el 2%. Las denuncias de los médicos, que enviaron partes de lesiones al juzgado, representaron algo más del 9% de las denuncias.

Estos porcentajes indican, según Carmona, que “todavía son muy pocas las denuncias que proceden de los allegados”. “Se sigue percibiendo como algo que pertenece a la intimidad de la pareja, en donde no se debe entrar. Echamos más de menos la implicación de la sociedad”, advierte.

Por otro lado, y como consecuencia de ese incremento de las denuncias y de esa bajada en el uso de la dispensa de la obligación de denunciar, se han incrementado en un 1,2% las condenas a maltratadores, del 66,2% al 67,4%. De las 49.165 sentencias dictadas, 33.146 fueron condenas y 16.019 absoluciones. Según Carmona, “la mayor parte de las sentencias asolutorias se producen porque no hay pruebas de cargo o porque la víctima no quiere declarar”.

La presidenta de este Observatorio recuerda que el incremento de las condenas “demuestra que los órganos judiciales funcionan y que no hay impunidad”. “Si la mujer denuncia y continúa con el procedimiento esto indica que se siente apoyada y acompañada por las instituciones en un proceso que es lento, duro y arduo”, manifiesta, e insiste en que las penas a los maltratadores “son de las más graves que existen y llevan acarreadas medidas como la privación de la patria potestad o la suspensión del régimen de visitas”.

Los datos del último informe del CGPJ reflejan que han aumentado un 3,4% las órdenes de protección adoptadas (44.106), tanto de mujeres como de sus hijos, entre las que sobresalen las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de comunicación acordadas, que se adoptaron en un 66% y en un 63% del total de las órdenes acordadas.

Además, los jueces dictaron 15.237 medidas civiles cautelares, tendentes a la protección de la mujer y de los menores, mientras se resolvía el proceso penal: un 19% tenían relación con la prestación de alimentos y un 16% resolvió la atribución de la vivienda. El 5% suspendió la guarda y custodia mientras que el 3% interrumpió el régimen de visitas.

Una de las medidas que prevé el Pacto de Estado es la retirada de la patria potestad y del régimen de visitas a los maltratadores condenados, dos cuestiones que ya recoge el Código Penal pero que en la práctica no se aplican, porque, según explica Carmona, “son potestativas del órgano judicial”. “En el Pacto de Estado se explicita que serán obligatorias para proteger a los niños, sobre todo en los casos más graves, como asesinatos o violencia habitual”.

Fuente: El Mundo

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