Hacer política no es eso

Hacer política no es el arte habilidoso o chanchullero de engañar, como al parecer entienden no pocos políticos. Para obtener votos hacen promesas durante las campañas electorales de las que se desdicen una vez alcanzado el poder.

Entrar en este fiasco político, que hizo gritar a la población pensante aquello de «no nos representan» no es mi propósito. Denunciar la quiebra de un sistema democrático plagado de tropelías exigiría de un tratado. Me limitaré a referirme a la aptitud y las propuestas concernientes a determinados cargos políticos. Y lo haré sobre el crimen más extendido del mundo, el terrorismo feminicida.

Entre los derechos humanos fundamentales, el primero es el derecho a la vida. Pero no es así cuando se trata de la vida de las mujeres que, junto a sus hijas/os, queda al albur del varón al que esté unida la madre. Aquello de la «maté porque era mía» sigue vigente. La opresión de género proviene secularmente de las funciones que definen el destino y que marca el patriarcado con la desigualdad discriminatoria, los mitos y los estereotipos, monopolio del poder y del dominio al hombre, lo que lleva implícito el ejercicio de la violencia sexista sobre las mujeres.
En España, hoy, cada vez nos acercamos más al centenar anual de mujeres asesinadas por su pareja masculina, mientras que los hijos e hijas soportan las consecuencias de la violencia sexista, además de correr el riesgo de perder la vida junto a su madre. A tiro limpio en la calle, quemadas, defenestradas, apuñaladas, estranguladas? para qué seguir, cuando no hay ni una sola modalidad de dar muerte a un ser humano que no haya sido utilizado por el hombre para acabar con la vida de una mujer.

Si algo aprendí hace mucho tiempo es que cuando apuestas por una ideología de género para equiparar a las mujeres en derechos y deberes, es decir, por la igualdad del género humano, que mal que les pese a algunos está compuesto por mujeres y hombres, hay que conocer hasta sus últimos recovecos aquello que defiendes sin desmayos en la lucha. Digo lo que antecede para explicar el estupor que me produjo la Orden (actualmente en fase de alegaciones) de la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra.

En su día, en mi condición de experta en violencia de género, además de feminista, cuando la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia estaban gobernados por el Partido Popular, conocí lo que entonces existía para las maltratadas, como denominaban a las víctimas las responsables políticas durante la visita a los recursos de protección, prácticamente gestionados todos por empresas u órdenes religiosas. Hice las críticas y advertencias pertinentes. Pretender que aquello que hacían era política social de protección y asistencia integral para las víctimas de violencia de género, era tan inverosímil e indignante como el aeropuerto de Carlos Fabra.

Saludamos esperanzadas al nuevo gobierno. Era imperiosa la necesidad de un cambio para dar al traste desde sus orígenes con aquel hacer, aquel que se hace para que todo siga igual, del PP. La intervención y los recursos destinados a las víctimas del terrorismo de género hay que enfocarlos sabiendo de antemano que deben ser ejecutados por profesionales especializados/as en la materia, no simples titulados académicamente; que las víctimas pueden llegar a confundir a quien las trata a consecuencia de la violencia padecida y de su secuelas; que tanto la intervención individual como la grupal ha de ser holística; que los recursos deben contar con programas de intervención integral que contemplen la diversidad del daño que se pretende reparar en las mujeres y en las/os hijas/os que lo padecen. Las víctimas no son clónicas y, por tanto, el tratamiento debe ser personalizado.

La ausencia de abogadas es un error porque si los recursos funcionan adecuadamente el organismo público o las asociaciones de mujeres responsables de los mismos van a sufrir todo tipo de ataques difamatorios, querellas infundadas o incluso daños mayores pero, sobretodo, la abogada resulta imprescindible para informar a la víctima respecto de los litigios que debe afrontar. He aquí apenas un atisbo de lo que se tiene que hacer: trabajar con las víctimas y con sus hijas/os que también soportan la violencia, más desvalidos que las madres. No es aceptable la intervención de empresas ni de órdenes religiosas, estas últimas por la responsabilidad que les concierne en cuanto a la doctrina de la desigualdad sexista que llevan predicando siglos. No se puede externalizar este trabajo porque es social, político e ideológico, mediante una desacertada Orden de la consellería, pasado un año de gobierno y tan alejada de las necesidades reales de las víctimas. Indigna que la consellera olvide que nuestro sistema democrático es participativo. El respeto debido a la ciudadanía le obliga a reunirse con las asociaciones de mujeres que trabajan con violencia de género.

La violencia sexista no figura tampoco entre las prioridades de la mayoría de partidos políticos, como hemos comprobado en las dos últimas campañas electorales. Quedó patente en la primera cuando el representante del PSOE la introdujo en el debate televisivo y pudimos ver y escuchar atónitas como la mujer que representaba a Ciudadanos equiparaba la violencia sexista entre uno y otro sexo con el mayor de los descaros. Y más aún en el debate a cuatro que se celebró en la segunda, cuando en el bloque de políticas sociales los candidatos fueron interpelados por Ana Blanco, única mujer de los moderadores, para que dedicaran «un poco de tiempo para hablar de la violencia de género, si puede ser ser». Iglesias dedicó 9 segundos; Sánchez 13 segundos y Rajoy y Rivera hicieron mutis por el foro, con la complacencia de los representantes de la izquierda. Estos dos conspícuos salvadores de la patria, no lo son del más de 50 % que representan las mujeres. Su acción salvadora se limita al suelo patrio.

20.08.2016 | 04:15

Ana M.ª Pérez del Campo

Fuente: El Levante

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