El Pacto contra la Violencia de Género ya propone revisar el delito de agresión sexual

La aplicación del Convenio de Estambul y las recomendaciones de revisar determinados artículos del Código Penal se adelantan a las declaraciones del ministro de Justicia

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado el verano pasado, y cuyos trabajos en el Congreso empezaron al calor de la indignación social tras el estallido del caso de La Manada, ya insta al Gobierno a plantear una serie de reformas al Código Penal para revisar los delitos sexuales. Una idea que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha hecho suya este viernes, a raíz de la sentencia por el ya famoso caso de violación durante los Sanfermines de julio de 2016.

El citado pacto no es una ley, pero plantea determinadas recomendaciones al Gobierno que este aceptó suscribir. Varios grupos parlamentarios han instado al Ejecutivo que convierta en realidad lo refrendado en el documento.

Entre los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado se incluye retocar en el Código Penal en vigor, aprobado en 1995. Así, se plantea “crear un marco regulador que permita realizar un tratamiento integral de las violencias sexuales“. En el documento los partidos se comprometen a aplicar el conocido como ‘Convenio de Estambul‘, texto internacional ya suscrito por España y considerado el marco jurídico más completo hasta la fecha para combatir la violencia contra las mujeres y niñas. El convenio obliga a los países firmantes a considerar como violación “la penetración no consentida, con carácter sexual, del cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto”, haya o no haya violencia.

Es a raíz de este Convenio que el Pacto concreta que habría que aportar modificaciones a los artículos 178 a 183 bis del Código Penal, los que hablan de la superioridad de los agresores sobre la víctima, abuso y agresión sexual. Se replantea así la necesidad de que haya violencia para que un acto pueda considerarse un intento de someter a una mujer y abre a legislar para que los casos en que no hay violencia física pero sí una situación de superioridad sobre la víctima que anula su consentimiento puedan castigarse como agresión sexual y no como abuso. En uno de los votos particulares para la aprobación del pacto, Unidos Podemos (que finalmente se abstuvo de su firma) subrayaba la necesidad de que “la violencia sexual comprenda desde la violación o la tentativa hasta cualquier tipo de acto o conducta de naturaleza sexual no deseado”.

En la misma línea, en la Comisión de expertos que asesoró el planteamiento del Pacto, la presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial recomendó “modificar el Código Penal para que no sea exigible la intención subjetiva de subyugar o someter a la mujer para que exista una condena”.

Tal y como ha detallado este periódico, la presencia o no de violencia en un acto sexual ya ha sido determinante en casos juzgados por los máximos tribunales. El más reciente, cuando en marzo de este año el Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebajó de 4 a 6 años una condena de prisión por considerar que los hechos no eran constitutivos de un delito de agresión sexual (violación), sino de abuso sexual, puesto que no quedaba acreditado que mediara violencia o intimidación.

Pocas iniciativas en el Congreso

El citado pacto es eso, un pacto entre partidos, no una ley, por lo que se limita a recomendar al Gobierno las actuaciones a tomar. Entre las iniciativas y Propuestas de Ley y No de Ley presentadas durante las últimas dos legislaturas en el Congreso de los Diputados no consta ninguna que trate, en concreto, la diferencia entre agresión sexual y abuso. Sin embargo, algunos partidos ya se movieron presentando distintas iniciativas en el Congreso sobre este aspectos, aunque admiten que el caso de La Manada ha sido un punto de inflexión.

Desde la publicación de la sentencia el pasado 26 de abril, tanto Cs como el PSOE han pedido impulsar lo establecido con el Pacto de Estado

Desde la publicación de la sentencia el pasado jueves 26 de abril, tanto Ciudadanos como el PSOE han pedido impulsar lo establecido con el Pacto de Estado. La formación naranja ha exigido que se reúna de urgencia la Comisión Permanente de Seguimiento y Evaluación de dichos acuerdos, mientras que los socialistas han planteado una pregunta al Ejecutivo para que explique por qué no se está aplicando lo pactado. Ya en noviembre, después de que la fiscal del juicio de Pamplona presentara sus informes finales, los socialista plantearon al ministro de Justicia qué medidas se iban a implementar para mejorar las víctimas de violencia sexual. El pasado 12 de abril presentó, en cambio, una proposición No de Ley para que los jueces cuenten con mayor formación en casos de Violencia de Género.

En el mes de febrero fue Marta Sorlí, de Compromís, la encargada de presentar una Proposición No de Ley que planteaba una “modificación normativa para que sean consideradas todas las formas de violencia que se ejercen sobre mujeres y niñas, y ahondar en la aplicación de medidas para combatir la violencia sexual”. El Grupo de Podemos, por su parte, está ya trabajando activamente una Propuesta de Ley para que se reformule lo que se considera violencia sexual, según detalla una portavoz de la formación morada.

Sin consentimiento en Europa

Tal y como destacaba Amnistía Internacional tras la publicación de la polémica sentencia, el caso de España no es una excepción en Europa. De 33 países europeos (contando por separado las tres jurisdicciones de Reino Unido), solo 9 reconocen que el sexo sin consentimiento es violación. Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, además de Bélgica, Chipre, Luxemburgo y Alemania tienen definiciones de basadas en el consentimiento. Los países restantes, España incluida, siguen definiendo la violación en función de la fuerza física o la amenaza de la fuerza, la coacción o la incapacidad para defenderse.

Fuente: El Confidencial

 

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