Ana María Pérez del Campo en el reportaje “Los jueces deciden la custodia a espaldas de los menores”

Fuente: bez.es

  • Un padre con sus hijos

    Una de las preguntas que están en el aire de cara a estas elecciones es qué va a ocurrir con la custodia compartida impuesta que Alberto Ruiz Gallardón posibilitó en 2013 siendo Ministro de Justicia. La misma se ha ido aplicando según los diferentes criterios de los jueces. Hay partidos políticos de izquierda que cuentan dentro de sus filas con posturas contradictorias.

  • El PSOE se proclamó contrario desde el inicio a la iniciativa. Pero en sus filas tiene ahora a Irene Lozano (ex de UPyD) que la defiende. También lo hace Mónica Oltra en CompromísCiudadanos, Vox y UPyD, por su parte se unieron para exigir su aplicación generalizada. Mientras, se suceden críticas sobre jueces que deciden a espaldas de los menores.

 

El hecho es que, en pocos años, son ya decenas los menores asesinados por sus padres durante el régimen de visitas. ¿Tienen los jueces formación, medios y tiempo para averiguar qué es lo mejor para un menor? ¿Se hace un seguimiento de los efectos de esa custodia o eso queda para las películas?

Custodia de los hijos como forma de control a la ex pareja 

En la mayoría de los divorcios, los hijos se quedan con la madre de común acuerdo. Solo hay un 3% de hombres que la piden directamente, y al 90% de esos solicitantes se les otorga. El conflicto es cuando se disputa. En esos casos, coincide que han sido las mujeres quienes han tomado la iniciativa del divorcio porque previamente ha habido una situación violenta. Creyendo que con el divorcio se acababa la violencia, ven, sin embargo, cómo se prolonga cuando el padre intenta quitarle a los hijos.

El hijo o hija se usa así como arma, normalmente contra la ex esposa, sin tener en cuenta los deseos y necesidades del menor. En ese momento, los jueces usan su facultad y convierten al niño o niña en un objeto de reparto. “En realidad, la custodia nunca es compartida, porque la vida ya no se comparte, es repartida. Estamos hablando de reparto. Y los jueces hacen una mala interpretación del principio de igualdad. ¿Por qué lo hacen? Porque en su visión patriarcal, la mayoría tampoco acepta que sea la mujer quien corte el matrimonio. Por ello, quitarle a los hijos es una forma de control, dominio o castigo”, asegura Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, FAMSD.

El hecho es que a los menores se les hace un test en privado, y de ahí se decide, desoyendo sus deseos y peticiones. El pasado noviembre, las hijas de un maltratador a quien se le concedió la custodia porque fueron diagnosticadas de  Síndrome de Alienación Parental (SAP) pedían responsabilidad al Estado español y se quejaban de haber sufrido también la violencia judicial.

Y es que en gran parte de las ocasiones no se atienden las explicaciones, los testimonios ni los ruegos de los menores para quedarse con la madre, basándose en el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), desautorizado por las comunidades científicas desde hace tiempo, sencillamente porque no existe. El SAP, dicen quienes están a favor de su existencia, es “un proceso que consiste en programar a un hijo para que odie a uno de sus padres sin que tenga justificación. El hijo da entonces su propia contribución en la campaña de denigración del padre alienador, este confía en su hijo sus sentimientos negativos y las malas experiencias vividas con el progenitor ausente haciendo que el hijo absorba la negatividad del progenitor”.

“La ‘enfermedad’ SAP surge en los juzgados y se cura por orden del juez”

“El rechazo al SAP ha sido rotundo porque no es una patología”, afirma la psicóloga Sonia Vaccaro. “Puede haber problemas de relación, pero eso no es una enfermedad. Se da el hecho de que una madre ‘malmeta’ contra el padre o que un padre quiera comprar a los hijos con regalos, pero eso no es una patología. Los niños tienen subjetividad, piensan deciden y tienen capacidad de juicio. Se les puede manipular, pero no lavar el cerebro como pretendían. El SAP es la única ‘enfermedad’ que sólo surge en el ámbito de los juzgados y se cura por orden del juez. A un niño que no tiene conflicto con la custodia jamás se le diagnostica SAP. Los jueces tienen que saber que hay cosas que no se resuelven por una orden judicial porque entra en la relación personal.

  La terapia que muchos jueces aplican es la terapia de la amenaza, que consiste en cambiar la custodia de manera inmediata a la parte demandante”, agrega Vaccaro.

Por otro lado, la facultad de poder imponer automáticamente la custodia ahorra muchas investigaciones sobre el perfil de un demandante que, de salir a la luz, no se recomendaría para dejarle al cuidado de los menores. Se da la circunstancia de que antes de la existencia de la Ley Integral para la Violencia de Género, la custodia se otorgaba previa investigación. Se intentaba averiguar por qué un niño no quería ir con el padre o la madre. Ahora no.

Terribles historias como la los niños Ruth y José en Córdoba, o como la de Ángela Carreño, en la que España fue condenada por la ONU a que la indemnizara por haber permitido dejar a su hija en régimen de visitas al padre maltratador, llevan a la conclusión de que hay hombres que pueden convertirse en verdaderos asesinos si se les contradice, y jueces que lo pasan por alto. “Cuando quieren imponer la custodia van a dar en la parte que más les duele, que son los hijos, y la Justicia en ese sentido otorga credibilidad a la otra parte sin valorar que a lo mejor esa persona se desentendió del hijo y sólo a la hora del divorcio pretende la custodia compartida”, agrega Vaccaro.

El mandato de la ONU exige formación a los jueces

Estas actuaciones de los jueces desoyen las recomendaciones de la ONU que exigen que se tomen medidas adecuadas y efectivas para tener en cuenta antecedentes de violencia de género al momento de estipular los derechos de custodia, como forma de proteger a las víctimas de este tipo de violencia, incluidos los hijos. A tal punto los jueces desobedecen estas exigencias de Naciones Unidas que la condena de España se produjo el 4 de agosto de 2014 y semanas después, el 29 de septiembre, un juez dictaminó en Aranjuez a favor de la visita de una niña de cuatro años a su padre encarcelado por el asesinato de su madre.

“Por ello, los jueces tienen en sus manos verdaderas armas de destrucción con la custodia compartida impuesta. ¿Acaso niega el partido en el gobierno que un 80% de mujeres maltratadas no denuncian? Cuando no hay conflicto anterior grave, las mujeres dejan a los hijos con sus padres. Claro que los dejan porque el tiempo que está con los padres ella lo tiene para sí misma. Puede haber alguna excepción, pero es sólo eso, excepción. Otra cosa es la mujer que se echa un novio con hijos y le ayuda a conseguir la custodia para fastidiar a la otra. Se equivocan esas mujeres”, señala Ana María Pérez del Campo.

Los jueces españoles carecen de la formación obligatoria en violencia de género que exige la ONU por las consecuencias que esto puede traer para mujeres y niños. Y en esta campaña para las elecciones generales no se ha puesto el énfasis en hacer cumplir ese mandato y sí en cambio se escuchan voces a favor de la custodia compartida impuesta. La vida de los niños y niñas sigue en juego.