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De la consulta cuelga el cartel de «Sala de Valientes». Carmen Acebes, la psicopedagoga del Centro de Recuperación Integral de Mujeres y Niños Víctimas de Violencia de Género que gestiona la asociación Mujeres y Separadas y Divorciadas en un punto anónimo de la Comunidad de Madrid, sale de la habitación con sigilosa rapidez. La puerta, indiscreta en su movimiento, deja entrever una mesa de dimensiones pequeñas, con sillas pequeñas para que se sienten en ellas personas pequeñas y un montón de útiles de entretenimiento, también pequeños.

Este lugar, al que bez.es ha accedido tras firmar un acuerdo de confidencialidad para preservar la seguridad de sus residentes, tiene ocupadas 20 de las 22 plazas que ofrece durante los 18 meses de tratamiento que el equipo dirigido por Rosa Escapa estira como chicle desgastado. Afuera no espera gran cosa. La falta de oportunidades laborales y los recortes retrasan el alta de mujeres psicológicamente recuperadas pero económicamente desvalidas que apuran el tiempo de permanencia hasta que la lista de espera las empuja al otro lado.

“La desigualdad prolonga el maltrato y reduce el número de denuncias”, confirma al teléfono Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada y jefe de su Unidad de Igualdad.

Las estadísticas componen un cuadro costumbrista y las registradas desde el inicio de la crisis así lo confirman. De acuerdo a los datos del Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género del Ministerio de Justicia, el número de víctimas de violencia de género con orden de protección o medidas cautelares inscritas fue de 27.624 mujeres en 2015, un 2% más que el año anterior.

Miguel Lorente cita una variedad de factores para esta leve mejora pero sobre todo insiste en el agotamiento de las víctimas. “Las mujeres se deciden a salir no porque la situación económica sea mejor como mencionan desde el Gobierno”, aclara, “sino porque la violencia, que tiene un carácter cíclico de intensidad creciente, alcanza el grado de insoportable, cuanto más si afecta de manera directa a los hijos”.

Un total de 700.000 mujeres son víctimas de violencia machista en España, 23 han muerto en lo que va de año. El ascenso meteórico de la desigualdad, el desempleo y la precariedad, la brecha salarial de hasta un 24% entre hombres y mujeres y los recortes de ayudas sociales, directas e indirectas, las retraen a la hora de dar el paso, denunciar y romper el vínculo.

Autonomía económica

Casi el 70% de las víctimas pone punto final a la situación de violencia por la vía de la separación o el divorcio, según datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015. Y, para eso, hace falta pasta, parné, dinero, billetes, autonomía económica, empleo en definitiva, pero empleo digno y de calidad. Al anuncio de “Me voy a separar”, el maltratador responde “¿Pero dónde vas a ir?”, rechina Marian Aranda, la abogada del Centro de Recuperación Integral.

A Eva Alonso, una exresidente de 49 años y dos hijas, le angustia hacer memoria pero tiene las cuentas frescas en la cabeza. Ha heredado todas las deudas de su agresor. Después de una vida en común, muchos de estos delincuentes se vengan por la vía económica. «Para ellos, es fácil declararse insolvente y llevar a cabo otras artimañas para castigar a la mujer que lo ha denunciado”, explica Marian Aranda.

Gimotea mientras narra al teléfono sus penalidades económicas y, entre episodio y episodio, insiste: “Pese a todo, ahora soy feliz”. La nómina embargada, un alquiler de 400 euros compartido con una compañera de trabajo, una empresa en común con el maltratador de la que aún paga sus deudas, dos hijas, una madre también víctima de violencia machista que no supo hacer ni de red ni de colchón.

Residió 18 meses en el Centro, con la menor de sus hijas de 15 años. Durante su estancia, cuando las psicólogas insistían en su recuperación ella replicaba: “Recuperar mi trabajo, eso quiero”. Empleada en la empresa familiar, salir del maltrato también significó salir del mercado laboral. Incapaz de valorar su currículum, abandonó el Centro con capacidad de lucha pero sin expectativas. En contra de sus predicciones, poco después accedió a un contrato de 3 horas y 20 minutos al día en un supermercado Carrefour, donde hoy es jefa de cajas. El ascenso le preocupa: cuanto mayor sea su nómica, más deudas asumirá.

Las vulnerables

Rosa Escapa persigue sus pies por los pasillos. Entra y sale de un despacho a otro. “Las mujeres llegan al centro con lo puesto”, cuenta, “escolarizan a los menores en centros de la zona, asisten a terapia psicológica y siguen cursos enfocados al empleo pero, “no hay trabajo para nadie, no hay vivienda de protección oficial para nadie y, en el para nadie, ellas son las primeras”, se duele.

La Unión Europea asegura que la vulnerabilidad económica constituye “una de las causas principales de violencia doméstica” y, según advierte en su último Informe sobre la Igualdad de Mujeres y Hombres de 2015.  La feminización de la pobreza podría redundar en un aumento de la violencia contra las mujeres, al tiempo que las medidas de austeridad “dejan a las víctimas en una situación más vulnerable de lo habitual”, por lo que pide mayores esfuerzos a los Estados miembros.

“La sociedad española no es más o menos violenta por su particular coyuntura económica, que actúa como estresante social y condiciona la respuesta al maltrato pero no lo genera”, explica sin embargo Miguel Lorente. “El maltratador mata cuando pierde el control sobre la víctima porque se separa o divorcia, por lo que las dificultades económicas actúan como reservorio para que, en cuanto se modifiquen las circunstancias y las mujeres puedan salir de las relaciones violentas, el riesgo de homicidio se dispare”, advierte.

Para el 91% de las 600 entrevistadas por la Fundación Adecco en su IV Informe sobre violencia de género y empleo publicado en noviembre pasado, la crisis ha supuesto un freno para denunciar por el miedo a no encontrar un puesto de trabajo y verse sin recursos para salir adelante. “Temen no poder atender la manutención de sus hijos y hacer frente al pago de una vivienda, por lo que deciden mantener la convivencia”, explica Rosa Escapa, directora de la institución, el primer centro de acogida en abrir sus puertas en España y que cumple 25 años en 2016.

Diploma de víctima

La ley protege a las víctimas con medidas específicas para su inserción laboral, en el caso de estar desempleadas, y para el mantenimiento del puesto de trabajo, si necesitan una baja temporal.  Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género es una iniciativa promovida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que desde  2012 ha ofrecido un empleo a 1.461 mujeres. “Fundación Integra y Cruz Roja, pero también la Fundación Adecco, disponen de programas específicos”, informan desde la Delegación del Gobierno, un departamento dirigido por Blanca Hernández, quien admite que el acceso de las víctimas al mundo laboral todavía debe mejorar.

“Tener el diploma de víctima es requisito sine qua non para optar a una de las plazas que las empresas destinan a esta discriminación positiva”, se irrita Marian Aranda, del Centro de Recuperación Integral.  La jurista se refiere a la exigencia de considerar el caso delito penal, “con todas las dificultades y demoras de un proceso por esta vía”, precisa. Para Miguel Lorente, este es uno de los grandes errores en la materia por obviar los historiales psicológicos y clínicos e imponer una constatación de la violencia para romper la presunción de inocencia. “No se comprueba si hay violencia, sino los indicios de delito”, aclara.

Desigualdad y descrédito

El estigma de la violencia de género entorpece la reinserción de las víctimas con la solidez de una mancha viscosa. “Antes de la crisis, invitábamos a pedir una baja laboral para que las mujeres se concentraran en su recuperación, no es que ahora lo recomendemos pero hemos observado que no mencionar el maltrato ofrece mejores resultados en las entrevistas de trabajo”, constata la directora del primer centro privado de acogida de España, Rosa Escapa.

Menos del 20% de las mujeres que sufren violencia machista en España denuncia. “Temen no ser creídas o no contar con los apoyos suficientes para subsistir”, recalca. La directora del Centro cita otros impedimentos como la supresión de las becas de comedor escolar “que aligeran el presupuesto doméstico y asisten a los menores mientras sus madres trabajan, buscan empleo o se forman”, la reducción de horarios de los equipos de atención psicosocial, la desaparición del servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados y la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, “un materia contemplada en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pactada y consensuada por todos los grupos parlamentarios en 2004”. Educar en igualdad debería ser, a juicio de la directora Escapa, un interés transversal desde los 0 años.

La jurista del Centro Integral de Recuperación, Marian Aranda, carga contra el neomachismo imperante entre buena parte de los jueces, fiscales y abogados, aunque llame la atención, especializados en violencia machista.

“Hablar de denuncias falsas es una aberración ya que muy pocas víctimas las presentan”, apunta Miguel Lorente. Desde que existen datos, el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial solo ha constatado un 0,4% del total. “Yo presenté una denuncia falsa”, se revuelve Eva Alonso, “ así debe ser cuando el juez no apreció más que faltas en un delito de violencia machista como por el contrario sí reconoció la Policía”, amplía.

Precariedad / salir

La precariedad prolonga la falta de libertad. Para pasar del maltrato físico y psicológico al maltrato económico solo hay que dar un pequeño gran paso: salir.

La Delegación del Gobierno gestiona un presupuesto de 25,3 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior. Sin embargo, la Plataforma Impacto de Género Ya que integran 40 organizaciones feministas denuncia que la partida para igualdad y lucha contra la violencia de género representa solo el 0,01% de todos los Presupuestos Generales del Estado. Lamentan también que se obvie la brecha de género en temas que resultan capitales en los Presupuestos, como las pensiones, las prestaciones por desempleo, la Ley de Dependencia o la educación infantil.

60 muertas al año

De los 23 casos mortales registrados en lo que va de año, ocho de las víctimas habían acudido a la Policía, un número que rompe con todas las estadísticas al elevar al 40% el porcentaje de mujeres muertas que había pedido auxilio,  algo que ronda el 25% de media. En los últimos 10 años, nunca tantas mujeres habían denunciado antes de ser asesinadas.

“El maltrato machista es un terrorismo contra las mujeres que causa más víctimas que cualquier otra forma de violencia”, insiste Rosa Escapa en un mensaje que respalda Miguel Lorente: «Si un grupo terrorista matara 60 personas al año en España, otro gallo nos cantaría». Las políticas nacionales contra la violencia de género no es que tengan lagunas, es que son una pequeña isla en el océano, dice. “Falta lo más importante”, apunta Lorente, “falta tomar conciencia crítica sobre el resultado de esta violencia”. De acuerdo al barómetro del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), “la violencia de género solo es considerada un problema grave por 15 ó 20 encuestados, ni siquiera el 1% de la muestra”.

Con una tasa de desempleo que superó los 3,8 millones de parados en junio, a falta de redes que apoyen la integración laboral, faciliten el acceso a una vivienda y prestaciones suficientes para su emancipación, las víctimas de violencia de género se guardan en silencio.

Fuente: Bez.es