Estos días, abrumadas y ocupadas con la epidemia del COVID-19, nos organizamos virtualmente para manifestar nuestro malestar contra la sentencia del caso conocido como «La manada del Arandina» por la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) nos retrotrae a la primera sentencia de La Manada, en la cual se utilizan argumentos que difícilmente se pueden calificar de jurídicos y objetivos.

¡Apoya la iniciativa con tu firma y muestra tu malestar! http://chng.it/cTN7jnvMZs

La  sentencia del TSJCyL da un vuelco sobre la condena de casi 38 años de cárcel que pedía la Audiencia Provincial de Burgos por considerar este tribunal de CyL no probada la existencia de intimidación y apreciar contradicciones en las declaraciones de la menor. Considera que la joven es creíble en cuanto a los hechos ocurridos, pero «no en cuanto a la forma en que se produjeron».

Recogemos diferentes testimonios de expertas a continuación. El primero fue publicado en Público (18/03/2020): “la sentencia sobre la Arandina supone una vuelta atrás 30 años”, según responsables de la Asociación Clara Campoamor, que presento acusación particular en el juicio. Para llegar al fallo, el TSJCyL, en opinión de las juristas consultadas, refiere un relato estereotipado de las mujeres y contrario a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y a los tratados internacionales en materia de derechos de las niñas y mujeres firmados por España.

Lo que viene a decir la sentencia, en opinión de Blanca Ruiz, presidenta de la Asociación Clara Campoamor, es “que se pueden juntar tres o cuatro bestias, llevar a una casa a una menor de edad, violarla entre todos y que no pase nada. La ley de protección a la infancia, como el Código Penal, establecen que no hay consentimiento hasta los 16 años. Si no hay consentimiento, es violación o abuso”.

En la misma línea, Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Themis, afirma en Infolibre (19/03/2020) que “esta sentencia es el paradigma de la justicia patriarcal (…). Se salta el Código Penal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo para absolver a uno de ellos y rebajar las penas a los otros dos (…). La diferencia que hay entre una niña de 15 años y un hombre de 24 es un abismo a esas edades (…). La sentencia es un tratado de jurisprudencia machista (…). Espera sea revocado por el Tribunal Supremo».

Lucía Avilés, portavoz de Mujeres Juezas de España, entre otras cosas dice que Naciones Unidas o el Consejo de Europa han pedido en diferentes ocasiones que “no se juzgue la vida de la víctima como forma de dejar atrás el mito de la violación”.

Creímos que el juicio de La Manada había supuesto un antes y un después a la hora de juzgar violaciones en grupo, pero esta sentencia ha demostrado que la Justicia para las mujeres puede dar pasos atrás.

Si no estuviéramos confinadas en casa o tuviésemos limitados los movimientos por el Estado de Alarma, seguro que inundaríamos las calles manifestando nuestra indignación por esta sentencia tan escandalosa. Sin embargo, no hemos de renunciar a expresarla de forma masiva.

No podemos dar NI UN PASO ATRÁS.

De hecho, PODEMOS HACER UNA MANIFESTACIÓN VIRTUAL.

Hablamos de una protesta a modo de recogida de firmas que asemeje, en la medida que las actuales circunstancias nos permiten, una manifestación virtual para protegernos ante retrocesos en nuestros derechos.

FUENTE: EL MUNDO

El Gobierno ha llevado este martes al Consejo de Ministros una ley que centra la regulación de los delitos sexuales sobre el consentimiento y no sobre si hubo violencia o intimidación. Si no hay permiso expreso, hay agresión.

El texto penalizará los actos perpetrados sin consentimiento, eliminará el concepto de abuso y considerará violencia machista no sólo la ejercida por un hombre sobre su pareja o ex pareja, sino también toda acción contra la voluntad de cualquier mujer para decidir sobre su vida sexual. O sea, la agresión, el acoso, el acecho, la extorsión, el suministro de sustancias para anular la consciencia, el engaño pederasta, la presión por medios telemáticos, la explotación sexual, la mutilación genital o el matrimonio forzado.

Aun así, el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual contempla un agravante si el agresor es o ha sido esposo o novio de la víctima, una perspectiva de género emanada del ya veterano Convenio de Estambul (2014) y del más reciente documento de la comisión de juristas que asesoró al Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre de 2018.

La normativa tipifica nuevos delitos, como son el matrimonio forzado, la mutilación genital, la infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual o el «acoso ocasional», más conocido como acoso callejero. En concreto, el texto se refiere no sólo a los piropos, sino a acciones que tengan lugar en lugares como conciertos, fiestas… La ley lo considera un delito leve y fija para ello penas como la localización permanente del denunciado, que puede ser arresto domiciliario y alejado de la víctima; trabajos comunitarios de hasta un mes; o una multa. «Si se suelta un piropo la víctima denuncia y la Policía lo lleva a un juzgado, el problema es que a lo mejor no era un piropo», explican fuentes del ministerio de Igualdad.

Este delito, hasta ahora, sólo estaba previsto en casos de violencia doméstica, entre familiares, en el ámbito de la pareja o de ex parejas. Ahora se abre el abanico.

La pena mínima por agresión pasaría de los actuales uno a cinco años de cárcel a un abanico de entre uno y cuatro. Y la agresión con penetración, de los seis a 12 años vigentes a una pena de cuatro a 10.

Algunos juristas de la comisión defendieron que la violación no debe superar la pena máxima del homicidio: 15 años, algo que podría ocurrir si la tendencia respondía a una línea de dureza punitiva y apostaba por aumentar en bloque las condenas. Ahora, el Gobierno reduce, ligeramente y en algunos casos, las penas porque piensa que, en su día, la calle no clamó contra la sentencia de La Manada por los años de condena, sino por el concepto de abuso. Es decir, que acorralar a una mujer no fuera intimidación o violencia. En sintonía con la más reciente filosofía del Tribunal Supremo, la ley establecerá las agresiones colectivas como agravante: no es una sola violación, sino tantas como integrantes tenga el grupo.

El texto legal crea centros de atención integral (psicológica, social y jurídica) que funcionarán 24 horas al día. E incluye formación específica a sanitarios, juristas o policías.

CAMBIO EN LAS PENAS EN EL CÓDIGO PENAL

La normativa impulsada por la ministra Irene Montero, y que ha recibido observaciones del resto de ministerios, supone la modificación del Código Penal, toda vez que se elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, esto es deja de ser determinante si ha habido violación o intimidación y prevalece que haya o no «voluntad expresa» para ejercer el acto sexual. Así,el anteproyecto castiga con la pena de prisión de 1 a 4 años toda agresión sexual y, además, pena la penetración sin consentimiento de 4 a 10 años (hasta ahora la condena iba de 4 a 12).

En la normativa se consideran distintos agravantes, como el de parentesco (ser esposa o pareja); que la agresión esté precedida por un «daño grave» o lo cause; o que el autor anule la voluntad de la víctima mediante fármacos u otras sustancias… Esto es, la violación con una agravante podrá ser penada con entre 7 y 12 años y si se le suman dos, con entre 9 y 15 años. Desde el ministerio de Igualdad alegan que las penas no bajan, y que se trata de reorganizar un tipo penal cuando antes había dos (abuso y agresión).

Desde Igualdad esgrimen que «criminológicamente una violación no debe superar la pena máxima de homicidio (de 10 a 15 años) y del asesinato (de 15 a 25), para evitar que nos maten».

Fuentes del departamento de Montero califican esta normativa como un «cambio de paradigma en los delitos contra la libertad sexual» porque se establece que «es agresión sexual cualquier acto contra la libertad sexual sin consentimiento».

Para los delitos de acoso sexual se suben las penas. Se considerará acoso «solicitar sexualmente en ámbito laboral, docente o de desigualdad provocando intimidación, hostilidad o humillación graves». Ahora las penas se suben de 3-7 meses o multa a 6-12 meses, máximo 24 meses en los casos más graves o multa superior. Además, otra variante que se incluye es que se prevé la inhabilitación profesional o para el cargo de quien ejerce el acoso.

Asimismo, en lo que respecta al stalking (acoso reiterado), para penarlo se elimina la condición de que tenga que alterar «gravemente» la vida cotidiana de la víctima, pues consideran desde Igualdad que ese calificativo de «gravamente» impedía juzgar muchas situaciones que ahora sí se podrán abordar. Ahora bastará con que se altere la vida de la víctima como resultado de seguimientos, contactos insistentes o uso de sus datos. La pena será de prisión de 3 meses a 2 años o multa).

Otro de los aspectos en los que incide la ley de libertad sexual es en poner coto a la suspensión condicional de las penas. Ahora, para evitar la prisión por el primer delito que se cometa, se exigirá pagar la indemnización a la víctima; no volver a delinquir; prohibición de acercarse a la víctima; de comunicar con ella; y obligación de participar en programas formativas. Se exportan y aplican los criterios y las exigencias que ya se recogen en los casos de las víctimas de la violencia de género.

FUENTE: El Mundo

«Soy Jorge Ignacio P. J., el hombre que estáis buscando por la desaparición de Marta Calvo«. Así se presentó a las 03.00 horas en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent (Valencia) el principal sospechoso de la desaparición de la joven valenciana de 25 años que había tenido en jaque a la Guardia Civil desde el pasado 7 de noviembre, cuando se perdió su pista en la pequeña localidad valenciana de Manuel.

Después de varias semanas de intensa búsqueda, su testimonio era clave para localizar a Marta, aunque fuentes de la investigación llevaban días apuntando a que el final sería «duro» y trágico.

En su primera declaración, Jorge confesó que descuartizó el cuerpo de la joven, lo metió en bolsas y arrojó sus restos a varios contenedores de la zona, por lo que la planta de residuos de Guadassuar, que recibe las basuras de la zona, paralizó su actividad de forma preventiva. A media tarde la retomó.

Sin embargo, la versión del colombiano no acaba de convencer a la Guardia Civil, que teme que sea una maniobra de despiste que impida localizar el cuerpo y arrojar luz sobre la muerte de la chica, que se produjo el mismo día de su desaparición, según la investigación.

La basura de Manuel, como del resto de la comarca, llega a esta planta de tratamiento de residuos y se somete a un cribado de todo aquello que mide más de nueve centímetros, por lo que es difícil que en un mes no se haya localizado nada sospechoso. Otros vertederos de la provincia como Manises, Hornillos y Dos Aguas han sido consultados y el proceso es similar. Por eso, la investigación mantiene otras líneas abiertas.

De lo que no ha dejado dudas el detenido es de que Marta Calvo está muerta. Era la principal hipótesis que barajaban los investigadores y que confirmaba a pocas horas de la entrega de Jorge el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio. «Marta Calvo no sólo desapareció, sino que sufrió una agresión violenta que le pudo haber llevado a perder la vida», confirmaba antes de que la familia de la joven recibiera de forma oficial la noticia del fallecimiento.

No obstante, localizar el cadáver es prioritario para esclarecer las circunstancias de la muerte, si fue asesinada o se produjo una muerte accidental. Sobre este punto trata de indagar la Guardia Civil en la toma de declaración inicial del detenido, intentando reconstruir las circunstancias de la desaparición y la muerte. A media tarde comenzó el interrogatorio con la presencia ya de su letrado.

El rastro de Marta Calvo se pierde a las puertas de la casa que Jorge P. tenía alquilada en Manuel el 7 de noviembre a las 05.55 horas. Habían quedado para una cita sexual, y ella envió una ubicación a su madre desde la puerta.

Cómo había llegado hasta allí si ni conducía ni tenía coche es una de las incógnitas que el detenido debe aclarar. La Guardia ha accedido al móvil de la joven para intentar trazar su relación con este colombiano de 35 años, sin oficio conocido, que tenía dos casas alquiladas a nombre de su madre, una en Manuel y otra en l’Olleria, y que, según fuentes de la investigación, trapicheaba con drogas a pequeña escala.

Su relación con la droga no es nueva. Cumplió condena en Italia por tráfico de drogas tras encontrarse en los bajos de su coche un alijo de nueve kilos de cocaína. En España no tiene antecedentes por delitos contra la salud pública, sino únicamente por multas y por resistencia a la autoridad relacionada con delitos contra la seguridad vial. Sin embargo, el pasado mes de abril fue investigado a raíz de la muerte de una prostituta en un local de citas de Valencia. Jorge fue su último cliente y consumió cocaína con ella, confirman fuentes policiales. Minutos después, salió del local de manera apresurada mientras la mujer comenzó a convulsionar y fue trasladada a un hospital, donde falleció por causas sobrevenidas del consumo de drogas.

El 7 de noviembre, un día antes de su 37 cumpleaños, Jorge quedó con Marta por internet para tener una cita sexual y ella nunca volvió a dar señales de vida. Tras la denuncia de la madre de la joven, las investigaciones fluyeron para encontrar a Marta y al sospechoso de su desaparición, por ser el último hombre al que había visto y por su extraño comportamiento en los tres días posteriores a la desaparición, antes de que se perdiera también su rastro.

Primero negó conocer a «ninguna Marta» cuando la madre de la chica llamó a su puerta en Manuel buscando a su hija. Después limpió con productos abrasivos y concienzudamente la casa y luego trató de deshacerse de su coche, un Wolkswagen Passat ranchera, llevándolo a El Puig, a 90 kilómetros de Manuel, para que un amigo lo desguazara «porque tenía problemas». Ésa es la última noticia que se tenía de él hasta que a las 03.00 horas del miércoles, 27 días después de la desaparición de Marta, decidió poner fin a su huida y presentarse para confesar que había descuartizado a la joven que cerca de 200 efectivos de la Benemérita y la UME llevaban muchos días buscando.

La fiscal contra la violencia machista, la exdelegada gubernamental de este departamento y la responsable en el observatorio judicial reclaman cambios para que magistrados expertos juzguen agresiones como las de La Manada

Las fuertes discrepancias entre unas instancias judiciales y otras ante un mismo caso, como ha evidenciado el proceso de La Manada, impulsan la exigencia de las máximas autoridades del Estado en violencia de género para que las agresiones sexuales sean juzgadas en tribunales especializados. Tres de los magistrados que vieron una intimidación clara a la víctima de los sanfermines y que rechazaron cualquier juerga pactada con la agredida eran expertos en violencia de género. El Ministerio de Justicia ha creado un grupo de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evaluar la gestión procesal de las distintas comunidades y ver la posibilidad de iniciar algún cambio. Sin embargo, hay voces, también autorizadas, que alertan de que meter todos estos delitos en los mismo tribunales puede desvirtuar el gran logro que fueron los juzgados especializados en violencia machista.

A favor de llevar a los juzgados especializados en violencia contra la mujer los delitos sexuales se han posicionado la coordinadora de la red de fiscales especializados contra la violencia de género, Pilar Martín Nájera; la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género hasta el pasado abril, Pilar Llop.

Contra estereotipos y prejuicios

La razón principal que arguyen es que las víctimas tendrían mejor atención y se evitaría la revictimización de las mujeres, cuyos testimonios son puestos en duda en múltiples ocasiones. “Mientras los delitos sexuales no sean competencia de estos juzgados, sus casos estarán dispersos por todas las salas y no los asumirá ningún especialista”, explica Martín Nájera. De este modo también se les podría ofrecer los servicios previstos para las víctimas de violencia machista, como los trabajadores sociales o psicólogos de las unidades de valoración forense integral de estos juzgados, aunque el desarrollo de estas oficinas, previstas desde 2004, aún está incompleto en algunas zonas.

“El de los delitos sexuales es un ámbito en el que aún persisten muchos estereotipos y prejuicios, desde la minifalda y la provocación, que se cuestionaba hace años, hasta el voto particular que hablaba de los gemidos de la víctima en el caso de la Manada o su vida normalizada después de la agresión , sin reparar en otras cuestiones que evidenciaban una violación”, explica Llop.

“Es imprescindible que también las casas de acogida y las ayudas psicológicas se extiendan a estas otras víctimas cuando lo necesiten”, añade también Ángeles Carmona. Preguntada sobre este asunto, el área de Igualdad del Gobierno ha declinado participar en esta información. Una portavoz argumentó que el Ejecutivo está en funciones.

El riesgo de romper el consenso social

Entre las voces discrepantes destaca la del catedrático de Derecho Penal Javier Álvarez. “Cuando se crearon los juzgados para la violencia de género [pareja o expareja] se produjo un cambio de paradigma muy acertado, una pequeña revolución que permitió meter unidades especiales en la policía y en los tribunales de justicia”, dice al teléfono. “No podemos llegar a un código para chicos y otro para chicas. Hay que tener cuidado para no romper el consenso social que existe alrededor de la violencia de género”.

Álvarez defiende que concluir que «todo es agresión» (como prevé la reforma del Código Penal que eliminará el delito de abuso sexual) o que «cualquier agresión es violencia de género», pone en peligro «el consenso social en elementos clave». Y ejemplifica: «si discuto con mi mujer por el desarrollo de un partido del atlético y nos agredimos, no será violencia de género; de la misma forma que si entro en una controversia con mi socia por un tema mercantil con idéntico resultado. Cuestión distinta es que lleve a cabo una agresión a una mujer por el mero hecho de que ésta sea una mujer, eso sí es violencia de genero».

A pesar de las críticas, existe un amplio consenso en que estos juzgados asuman estas funciones; otra cuestión es cuándo y cómo deben hacerlo. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, recoge medidas que aún no se han puesto en marcha. Entre ellas, una nueva ley integral sobre violencias sexuales y elaborar una amplia base de datos estadísticos que permita saber dónde se juzgan los casos, cómo distribuir el trabajo o si harían falta nuevos efectivos. “Debemos conocer cuántos delitos de agresiones contra la libertad sexual se enuncian en cada partido judicial para ver el volumen de trabajo de los órganos judiciales y hacer el cambio. Hacen falta datos estadísticos muy serios y bien analizados”, señala Pilar Martín Nájera.

Pilar Llop añade: “Los juzgados exclusivos podrían asumir la competencia pero los mixtos, que tiene otras materias, se verán sobrecargados. Es necesaria una reordenación de toda la planta judicial previo estudio de las cargas de trabajo para tener juzgados exclusivos en todas las localidades donde sea factible”.

La recopilación de esos datos corresponde, entre otros, al CGPJ. Ángeles Carmona explica que de momento se ha creado el grupo de trabajo con el Ministerio de Justicia “pero existen dificultades para coordinar a todas las comunidades autónomas porque cada una tiene un sistema de gestión procesal diferente”. Y destaca que hará falta una inversión económica para mejorar la deficiente digitalización de los juzgados.

Sin esos primeros pasos, llevar la violencia sexual a los juzgados especializados no será posible. Además hacen falta modificaciones legales. La ley integral contra la violencia de género de 2004 requiere una modificación para incluir a las víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia (matrimonios forzosos, acoso o mutilaciones, entre otras) y también es necesario cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar las competencias de los juzgados. Las modificaciones necesitan, para empezar, que se forme un Gobierno.

«Buenos días, tras casi tres años, este proceso por fin se ha terminado. Ha sido largo, intenso y sobre todo agotador. Lo peor no fue la situación vivida sino todo lo que vino después…»

Son las primeras palabras de la víctima de La Manada después de que el Tribunal Supremoelevara de 9 a 15 años de prisión la condena al considerar que los hechos que ocurrieron en los Sanfermines de 2016 no fue abuso sexual por prevalimiento sino un delito continuado de violación.

Es sólo un extracto de la carta que la víctima ha remitido a El Programa de Ana Rosa. Tan sólo tres frases, pero tres frases en las que la víctima da por cerrada una pesadilla de tres años, «larga, intensa y agotadora», y en la que reconoce que lo peor no fue lo vivido sino lo que vino después.

Y lo que vino después fue una sentencia, la de la Audiencia Provincial de Navarra, que indignó a toda la sociedad. Una sentencia en la que se llegaba a describir como «jolglorio» como cinco hombres la acorralaron en un espacio reducido y la violaron. Tres años en los que ha tenido que soportar que la justicia no la creyera y en los que ha tenido que guardar silencio, un silencio roto ahora, cuando todo ha terminado.

«Son momentos en los que nadie sabe cómo actuar pero vosotros lo hicisteis fácil«, ha subrayado la víctima de ‘La Manada’, al tiempo que ha dado las gracias también a Pamplona y a Navarra «que con todo su empeño han hecho más fácil que alguna vez» pueda volver

La carta continúa llena de agradecimientos desde «todas las personas que desde el primer momento se involucraron para ayudarme» pasando por «el juez de instrucción que nunca dudó de mí» hasta «el abogado que me tocó aquel 7 de julio de 2016…». «No puedo haber sido más afortunada con la calidad de las personas que me han ayudado», asegura.

«Gracias de nuevo a aquellas primeras asociaciones y personas por llevar esto a la calle formando un eco por todos los rincones de España. Gracias por no haberme dejado sola. Os estaré eternamente agradecida, pero yo no soy ninguna heroína, la fuerza para continuar, muchas veces, me la ha dado todo el calor y apoyo que he sentido en este camino», insiste en la misiva.

La carta finaliza con un mensaje contundente: «No podemos olvidarnos que la lucha debe seguir y debemos ser el cambio que queremos en la sociedad, ya que esto le ha supuesto la vida a muchas compañeras. Recordad, contadlo. No les dejéis ganar a ellos«.

El Tribunal Supremo cerró el caso de La Manada el viernes pasado elevando sustancialmente la condena de José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero, y enviando un mensaje de dureza contra los delitos sexuales, dirigido tanto a la sociedad como a los tribunales encargados de juzgar este tipo de hechos. Apenas una hora después de que el Supremo hiciera pública su decisión, la Policía detenía a los cinco acusados. La pesadilla acababa para la víctima.

El Supremo fue contundente: lo que sucedió en la madrugada del 7 de julio de 2016 en los fondos de un portal de Pamplona entre cinco hombres jóvenes y una chica de 18 años fue una agresión sexual continuada y con agravantes que merece una condena de 15 años de prisión. Añade una indemnización conjunta de 100.000 euros, una orden de alejamiento de la víctima durante 20 años y, tras cumplir la condena, otros ocho años de libertad vigilada.

Los magistrados revocaban así las sentencias previas de la Audiencia de Navarra y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esa comunidad, que habían impuesto nueve años de cárcel por abusos sexuales.

Los hechos que se consideraron probados describen «un auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados». «Situación intimidante», prosigue la setencia, «que hizo que la misma adoptara una actitud de sometimiento, haciendo lo que los autores le decían que hiciera, ante la angustia e intenso agobio que la situación le produjo por el lugar recóndito, angosto y sin salida en el que fue introducida a la fuerza, y las circunstancias personales de la víctima y de los acusados, lo que fue aprovechado por ellos para realizar los actos contra la libertad de aquella, al menos 10 agresiones sexuales con penetraciones bucales, vaginales y anales«.

La condena impuesta es la máxima legal por una agresión sexual, un delito que parte de una pena mínima de seis años. Los magistrados han llegado a los 15 porque han apreciado que se dieron dos de las agravantes que prevé el Código Penal: el trato degradante o vejatorio hacia la víctima y el haber actuado en grupo.

Pese a ser la pena más alta por violación, el tribunal explica que los años totales de cárcel deberían haber sido más. Lo explica diciendo que lo correcto jurídicamente habría sido condenar a cada acusado como autor de la violación que cometió y coautor de las otras cuatro. Aunque la pena por cada violación habría sido un poco inferior, la suma total habría superado los 60 años.

La Manada ha vuelto a la cárcel al cumplirse justo un año desde que la Audiencia Provincial de Navarra les concediera la libertad provisional (21 de junio de 2018), cuando estaba a punto de vencer el plazo máximo de dos años estipulado para la prisión provisional y entendiendo que no existía riesgo de fuga ni de reiteración delictiva.