Hoy, 25 de noviembre, nos concentramos ante nuestras instituciones para interpelar a cada una de ellas, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, sobre la lacra de las violencias machistas y para denunciar la ideología patriarcal y capitalista que la alienta.
La punta del iceberg de esta afrenta sangrante son las cifras de asesinatos machistas del último año, que se elevan a 68 mujeres y cinco criaturas, más los innumerables delitos sexuales denunciados y no denunciados, particularmente las brutales agresiones sexuales en grupo sufridas por chicas adolescentes.
Cuando analizamos las circunstancias de estas violencias, constatamos el tremendo fracasode todas las administraciones. Aprobar leyes contra estas violencias y diseñar políticas públicas al respecto, no es suficiente, cuando cohabitan con prácticas de violencia institucional.
Es violencia institucional el no creer a las mujeres que denuncian a sus maltratadores o minimizar los riesgos a la hora de dictar órdenes de protección o al no adoptar las medidas suficientes para su eficacia, con resultado de asesinatos o lesiones perfectamente evitables de ellas o de sus hijas e hijos, lo que se conoce como violencia vicaria.
Es violencia institucional el no emplear todos los medios para evitar que padres maltratadores abusen de sus hijas e hijos, al no creer a las madres cuando los denuncian, con el consiguiente daño irreparable del cambio de custodia, supresión de visitas y de la patria potestad (arrancamientos).
Es violencia institucional que funcionarios públicos sostengan la existencia del síndrome de alienación parental, con la consecuencia de que se dicten resoluciones judiciales que hagan suyos esos postulados, aunque se camuflen con eufemismos, siempre dirigidos a culpabilizar a las madres.
Es violencia institucional subvertir el orden de los derechos, poniendo por delante los del progenitor de los de las criaturas.
Es violencia institucional la que se ejerce sobre las madres sus hijas e hijos a través de los puntos de encuentro, la coordinación de parentalidad, la custodia compartida impuesta, los informes psicológicos, etc.
Es violencia institucional la mercantilización del dolor de las mujeres y de sus criaturas, privatizando los recursos asistenciales.
Es violencia institucional privar a las mujeres víctimas de la asistencia letrada gratuita especializada y exclusiva.
Es violencia institucional detraer fondos de atención a las víctimas de violencia de género, tan necesarios como escasos, para invertirlos en blanquear a los maltratadores.
Es violencia institucional tolerar que los colegios subvencionados confesionales, en clara rebeldía con el ordenamiento jurídico, discriminen a las niñas y eduquen en valores patriarcales con el dinero de todos y todas.
Es violencia institucional no revertir a lo público los recursos de atención a las víctimas, negocios que perpetúan el clientelismo y, sobre todo, el perjuicio para ellas.
Es violencia institucional la tolerancia de los poderes del Estado hacia la violencia que implica la prostitución, ya que, además de maltrato que supone para quienes la padecen, crean en el inconsciente colectivo la disponibilidad del cuerpo de la mujer, eliminando su condición de sujeto de derechos.
La violencia sexista tiene su origen en la relación familiar cuando el padre es un violento. Los niños aprenden a ser violentos y las niñas aprenden a ser sumisas.
Para acabar definitivamente con la violencia hay que luchar directamente con el aprendizaje que se hace por niños y niñas cuando un padre es violento y una madre soporta sumisa.”
Y aún podríamos seguir enumerando más agravios, carencias y dejación de responsabilidades.
Por lo tanto, EXIGIMOS:
- Reversión a la titularidad y gestión pública de todos los recursos asistenciales y de intervención de violencia de género.
- Mayor dotación presupuestaria para la lucha contra el terrorismo machista y su destino exclusivo para las víctimas de violencia de género.
- Legislar sobre la responsabilidad de todas las administraciones públicas (judicatura/fiscalía, cuerpos de seguridad, servicios sociales, servicios especializados, etc.), cuando no han evaluado correctamente el riesgo que corrían las mujeres, sus hijas e hijos y han acabado asesinadas a manos de sus maltratadores o con graves lesiones.
- Equiparar la prestación que perciben las víctimas de violencia de género al salario mínimo interprofesional.
- Crear un turno de asistencia letrada gratuita especializado y exclusivo para las mujeres víctimas de violencia de género.
- Retirar la patria potestad y las visitas a los maltratadores en el mismo momento en que se interponga denuncia por violencia de género.
- No acordar la custodia compartida impuesta ni la coordinación de parentalidad y erradicar la aplicación del SAP, prohibiendo que cualquier organismo o servicio financiado con fondos públicos puede hacer uso de él.
- Que se apruebe, de una vez por todas, la Ley contra la prostitución.
VOLEM, ARA I SEMPRE, UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES!!!
VISCA, VISCA, VISCA, LA LLUITA FEMINISTA!!!
JA N’HI HA PROU DE TERRORISME MASCLISTA I JUSTÍCIA PATRIARCAL
JUNTES SOM MÉS FORTES EN LA LLUITA
