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Parar el golpe: Vox lanza un misil contra la defensa de las mujeres maltratadas. «Vemos nuestra labor en peligro», alertan los profesionales que ayudan a las víctimas del machismo

No han sido la corrupción, el clientelismo ni la ineficacia que la derecha atribuye a los gobiernos socialistas que se perpetúan en Sevilla desde hace 37 años. El caballo de batalla que cabalga Santiago Abascal al frente de los doce diputados andaluces de Vox es la derogación de las leyes contra el machismo y, en concreto, el dinero que la Junta de Andalucía dedica a las mujeres maltratadas. El órdago del partido de extrema derecha al PPy Ciudadanos hace tambalearse el acuerdo entre ambos hipotéticos socios de gobierno, en cuyo punto 84 figura su voluntad de desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito en julio de 2017 y dotar con presupuesto suficiente «todas y cada una de las medidas previstas» en la reforma de la ley autonómica aprobada justo un año después. El objetivo: acabar con esta «lacra social» que costó la vida a 47 mujeres el año pasado, 975 desde que en 2003 se creó esta macabra contabilidad.

A más de uno la exigencia de los populistas le ha pillado con el pie cambiado. ¿Qué dice el pacto? ¿De qué va la reforma andaluza? ¿Y cuánto nos va a costar todo? El Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado por todos los partidos excepto Unidos Podemos –que lo consideró «insuficiente»– contemplaba 200 medidas para mejorar la atención a las víctimas y un presupuesto de 1.000 millones de euros en cinco años. En 2018 destinó 80 millones a actuaciones de la Administración central, 100 de las comunidades y 20 de los ayuntamientos.

Entre los gastos estatales aparejados al pacto destacan el aumento de efectivos policiales que atienden a las víctimas, en Interior; la mejora de la dotación a los juzgados y fiscalías especializadas o la formación del personal, en Justicia; y el incremento en el pago de la renta activa de inserción y las pensiones de orfandad, en Empleo y Seguridad Social.

Respecto a las partidas autonómicas –15 millones en el caso andaluz–, tienen como fin mejorar los recursos sociales de atención a las víctimas, su inserción sociolaboral y las campañas de prevención. Los ayuntamientos, que verán duplicada su financiación este año, dedicarán su parte a la asistencia social integral.

En cuanto a la reforma de las leyes andaluzas de Igualdad y Violencia de Género, sus principales novedades son, en línea con el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, la ampliación del concepto de violencia de género a toda violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo, desde el acoso sexual en el trabajo hasta la violación, incluyendo la explotación sexual, el feminicidio, la mutilación genital o los matrimonios forzados; y la consideración de víctimas de los familiares dependientes de la afectada directa. Una de sus medidas más controvertidas es la eliminación del atestado policial como requisito para conseguir el estatus de víctima; basta con un certificado de los servicios sociales o sanitarios.

Sin embargo, lo que más parece irritar a Vox cuando denuncia «la utilización de incontables fondos públicos para resolver problemas inexistentes» es la financiación de lo que denomina «industria de género». Posiblemente –el partido revelación del año no ha respondido a nuestras preguntas– se refiere a las entidades que reciben subvenciones a cambio de prevenir el machismo entre los jóvenes, ofrecer orientación jurídica, laboral o psicológica a las víctimas o gestionar casas de acogida.

¿Monjas ‘feminazis’?

Lo que probablemente no sabe la formación de Abascal, firme defensor de la familia cristiana, es que entre esos «’lobbies’ victimistas, insaciables y revanchistas» se encuentra un buen número de entidades religiosas. Un dato: entre las 45 organizaciones beneficiarias de los 2 millones de euros destinados en 2017 a programas de atención a mujeres víctimas de explotación sexual por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, estaban Cruz Roja y varias asociaciones feministas, pero también Cáritas y 15 congregaciones de monjas. Las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor fueron las campeonas, con diez subvenciones para atender a prostitutas en otras tantas provincias.

Avive, una cooperativa de interés social sin ánimo de lucro formada por cuatro juristas, cuatro psicólogas y dos trabajadores sociales, tiene adjudicado el Servicio de Atención a Víctimas en Andalucía (SAVA) en los juzgados de violencia de género de Granada y Jaén. Atiende al año a unas 2.250 víctimas de delitos, de las que la mayoría son mujeres maltratadas. Casi siempre, señala Catalina Domínguez, su coordinadora, las usuarias son mujeres en condiciones precarias. Con hijos a su cargo, desempleadas y a menudo deprimidas, las acompañan en su «penoso peregrinaje» por el sistema judicial y los servicios sociales y de empleo buscando una salida. Aveces son «víctimas de largo recorrido», con secuelas que duran años, porque regresan a los juzgados para tramitar divorcios exprés, reclamar pensiones de alimentos impagadas o denunciar el quebrantamiento de las medidas de alejamiento de sus agresores. El SAVA trata de compensar la «respuesta fría», «sin espacio para la escucha», que por su propia naturaleza les ofrece la Justicia.

La cantidad que perciben de la Junta es la justa para pagar los salarios y seguros sociales de los trabajadores. Nada para tirar cohetes. Con turnos de fin de semana y equipos itinerantes por la provincia. «Si este servicio lo prestaran funcionarios, costaría muchísimo más», recuerda la jurista, cansada de escuchar que las mujeres denuncian por dinero. «La ayuda estrella es la renta activa de inserción, de 438 euros mensuales», ironiza. La misma que perciben varones parados víctimas de violencia doméstica cometida por hijos, padres o parejas de cualquier sexo. Pocos, pero los hay.

Otra de esas entidades de la, según Vox, rentable «industria de género», es la Comisión de Investigación de Malos Tratos, una organización fundada en 1977 con sedes en Madrid, Sevilla, Pamplona y Barakaldo que cobra 400.000 euros anuales en subvenciones públicas y en 2017 atendió gratuitamente a 768 prostitutas y 8.900 víctimas de violencia de género.

Para la pedagoga y sexóloga Rocío Vidarte, coordinadora de la sede sevillana, una de sus principales dianas son los menores. Por un lado, los hijos de las víctimas de violencia sexista, para que no repitan al crecer las conductas de «sumisión y agresión» que ven en casa. Por otro, las chicas muy jóvenes sometidas por sus novios, que hacen imprescindible su labor en los institutos. Otro dato que le espanta es que crece el número de ‘puteros’ adolescentes.

«Todavía no me lo puedo creer. En vez de hacia adelante, vamos hacia atrás», lamenta Vidarte ante la amenaza de Vox, que pone en peligro su labor.

‘Negacionismo’ latente

Otra crítica de Vox es que esas leyes «liberticidas» han resultado ineficaces, porque no han reducido los abusos en la pareja ni los asesinatos. Falso, sostiene Miguel Lorente, delegado de Violencia de Género con el Gobierno de Zapatero. Los homicidios han bajado, a pesar de que cuando se inauguró el registro en 2003 solo se contabilizaban los homicidios ocurridos en los hogares, ya que se hablaba de «violencia doméstica». Respecto a las denuncias, subraya el experto, la concienciación social y el avance de la igualdad han contribuido a un «afloramiento» de la violencia de género: más mujeres se atreven a acudir a la Policía o los juzgados, aunque la mayoría siguen saliendo de esa situación a través de la separación, y no de la denuncia.

Distintos analistas recalcan que, en realidad, el ‘negacionismo’ de la violencia de género siempre ha estado ahí, en particular, en los sectores más conservadores de la sociedad española; la novedad es que Vox se ha atrevido a enarbolar esa bandera sin tapujos. Ana Mato, ministra de Igualdad de Mariano Rajoy entre 2011 y 2014, ya utilizó la expresión «violencia en el entorno familiar» hasta que la presión política le obligó a rectificar, recuerda Lorente, autor de ‘Mi marido me pega lo normal’ (ed. Ares y Mares, 2001). A su juicio, ahora ambos partidos conservadores se reparten los papeles de «poli bueno y poli malo». La diferencia, apunta, es que Vox ha convertido el ataque a las políticas de género en parte de su identidad, igual que Trump, Bolsonaro o aquel eurodiputado polaco que se cubrió de gloria al afirmar que las mujeres deberían ganar menos porque son «más débiles, más pequeñas y menos inteligentes».

La presidenta de la Federación Española de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, va más allá: si Franco fue «el único dictador de su tiempo que murió en la cama, después de 40 años de dictadura», asegura, fue porque en España «había mucha gente que lo apoyaba». El machismo, destaca, sigue incrustado en la sociedad española, incluida la judicatura: «No lo digo yo: recuerde aquel juez sorprendido por una cámara llamando ‘bicho’ e ‘hija de puta’ a una víctima de violencia». A su juicio, no es coincidencia que parte de los dirigentes de Vox procedan del PP, empezando por su presidente, que ocupó cargos públicos vinculados a los populares entre 1999 y 2013.

Casado cambia el lenguaje

Aunque tanto PP como C’s rechazaron plegarse al órdago de la formación ultra, Pablo Casado se mostró el jueves menos renuente a ceder, al menos en el terreno de las palabras. «La violencia doméstica no hay que politizarla», dijo primero. Horas más tarde, trascendió una oferta ‘popular’ para mejorar «la protección de los abuelos, las abuelas, los niños y los hombres». El viernes el líder ‘popular’ ya hablaba contra los «chiringuitos para lucrarse de las ayudas» a las féminas maltratadas.

Lo cierto es que los nombres son importantes. Miguel Lorente recuerda que, mientras conceptos como ‘violencia doméstica’ o ‘intrafamiliar’ ponen el acento en el «escenario» en el que se producen las agresiones, los términos ‘violencia machista’ o ‘de género’ se centran más en la causa primera de esos delitos.

Eso no significa, matiza, que se excluyan, como pretende el partido radical, otros motivos que confluyen en las conductas violentas –desde la enfermedad mental hasta el alcohol o las drogas, pasando por la cultura de origen del agresor–, sino que se reconoce que la consideración de la mujer como un ser inferior al que se maltrata por su condición de mujer predomina sobre el resto.

Para Francisca Granados, directora del Centro de la Mujer de Maracena (Granada) y asesora legal de la mediática Juana Rivas –la madre condenada a 5 años de cárcel por secuestrar a sus dos hijos en 2017 para no entregárselos al padre italiano, al que acusa de maltratador– los postulados de Vox son «una barbaridad jurídica, ideológica, ética y moral», pero también «son ilegales» y sitúan a la formación populista al margen de la Constitución.

«La protección a las víctimas de violencia de género es una exigencia legal. Las normas nacionales e internacionales obligan a los poderes públicos a hacer lo que hacen», subraya la jurista, que cita desde la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, en inglés) de Naciones Unidas de 1979 hasta el Convenio de Estambul de 2014, pasando por numerosas directivas europeas de carácter vinculante que consideran la violencia machista como «el más salvaje atentado contra la igualdad y la manifestación más extrema de discriminación».

«La violencia de género es una cuestión de Estado –zanjó la delegada del gobierno contra la violencia de género, Pilar Llop, en declaraciones a este periódico–. Contamos con un pacto de Estado aprobado por consenso que muestra el compromiso y determinación en la lucha contra la mayor expresión de la desigualdad entre mujeres y hombres que es la violencia. En una sociedad democrática el machismo no tiene cabida. Y esto es innegable». El problema es que, por primera vez en la historia, un partido lo niega.