La igualdad requiere corregir el error de haber legislado históricamente solo por y para los hombres. Por eso se dice que el mundo es androcéntrico. La verdad, llegar al Parlamento y no saberlo, no es solo ignorancia supina, si no ideología machista, Señor Cantó. Entregue su acta por favor, se lo agradeceríamos todas las mujeres y por supuesto los animales a los que se tortura.

La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas en su condición de usuarias de la administración de justicia, se adhiere a la huelga de los jueces y apoyamos todas sus reivindicaciones y propuestas con especial incidencia en las llamadas tasas judiciales que para nosotras lo único que representa es un canon de privatización de la justicia cuyo perjuicio atañe de forma especial a las mujeres ante la situación de desigualdad sociológica en la que todavía vivimos.

Firmado Ana Mª Pérez del Campo.
Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas

Crisis de derechos de las mujeres, entre otras muchas cuestiones de las que ahora no voy a hablar se encuentra la noticia de que el Gobierno insta a cerrar la sede en España de ONU MUJERES, con la coartada seguramente de la crisis, pero hay que dejar claro que esta oficina del sistema de NNUU, no tiene el menor coste para el Gobierno de España, las mujeres que defendemos la igualdad en nuestro pais no lo podemos consertir; se están recogiendo firmas para que el Gobierno de España de marcha atrás en su exigencia a ONU MUJERES a cerrar la sede España . Firma para apoyar la permanencia de nuestra presencia en el ámbito internacional.

FDO. Ana Mª Pérez del Campo Noriega

ENLACE:

https://www.change.org/es/peticiones/gobierno-de-espa%C3%B1a-que-den-marcha-atr%C3%A1s-en-su-invitaci%C3%B3n-a-onu-mujeres-a-cerrar-sede-en-espa%C3%B1a?utm_campaign=new_signature&utm_medium=email&utm_source=signature_receipt#share

No se trata de perdones

Valga es el nombre de un Concello y hermoso paraje situado al noroeste de Pontevedra, que tiene fama propia por dos peculiaridades: las discretas cataratas que salpican el umbrío lugar con el nombre de fervenzas de Rajoi, y la notoriedad de ilustres mujeres, así la emprendedora hija del Pazo de Rajoi, que, después de haber regentado con éxito el restaurante O Asesino, fue galardonada con la medalla de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Santiago de Compostela y el Premio Vagalume del Concello de Santiago de Compostela, bajo la égida de Manuel Fraga y Núñez Feijóo; sin olvidar a la no menos ilustre valguesa Carolina Otero, la Bella Otero del Follies parisiense. En un concejo cuyo padrón municipal arroja en el cómputo una diferencia de tan sólo un par de cientos de mujeres sobre el total de hombres.

En materia de varones, se está haciendo famoso en estos días un valgués llamado Manuel Castelao Bragaña, político de larga trayectoria en las filas del Partido Popular, derivando su inesperado salto a la fama del hecho de haberse abortado su nombramiento como Presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, alto cargo para el que había sido nombrado pero que se fue a tomar agua de borrajas ante el hecho inasumible de haberse divulgado con extensión transfronteriza su incontinencia verbal y su disfunción racional plasmada en la frase que, a fin de fustigar el hecho nos disponemos a reproducir, y que fue pronunciada por el susodicho hombre público durante una sesión reglamentaria de trabajo en el ejercicio de su flamante cargo.

Faltando un voto para validar el acta de la sesión, el avezado político lo resolvió al siguiente tenor: <<¿Y qué más da? Si sólo hay 9 votos, y falta 1 se ponen 10, y ya está... Las leyes son como las mujeres están para violarlas>>.

En una auténtica democracia no se puede quitar importancia a los actos que en sí mismos la tienen, como es la inducción a quebrantar la ley o violar a las mujeres.

La gravedad de tal incitación con el mensaje de que "las leyes son como las mujeres, están para violarlas" adquiere proporciones intolerables, teniendo en cuenta que lo que se dice es fruto de las propias creencias; pues obviamente se expresa con la palabra lo que mentalmente se piensa, e íntimamente pensamos aquello en lo que subjetivamente creemos.

Lo tremendo de la instigación es que, no obstante eludir el político dimisionario la auténtica razón de su cese, ha tenido reiteradamente sobre sí la responsabilidad de la función legislativa en la Comunidad Autónoma de su procedencia, es decir que la magnitud del ilícito aumenta exponencialmente al asociar con carácter general y como arma lícita de combate la vulneración de la legalidad vigente a la aberración de la naturaleza que es la violación de la mujer en términos de racionalidad humana.

La consecuencia inmediata es que, en un sistema de listas cerradas y bloqueadas como el nuestro, el depositario del voto favorable a las listas en que figurase Castelao como candidato no podía ser consciente de que se estaba haciendo representar por un individuo con la catadura ética que implica la estrategia política impulsada por el mismo como normativa práctica; lo que supone un fraude en toda regla de las normas más elementales de la democracia.

Conductas delictuales como las que contemplamos, absortas y expectantes, en espera de una reacción de responsabilidad política del Partido al que se adscribe el instigador de los delitos lanzados no se contrarrestan con la mera formulación de una disculpa pública y la consiguiente petición del perdón. Pues el hecho ha transcendido del plano de la conciencia personal del sujeto infractor al ámbito público del quehacer político. Dicho sin ambages: Ante un atropello de tal calibre a la ciudadanía, exige ineludiblemente su inmediata corrección política mediante el correspondiente expediente disciplinario para la expulsión del infractor, pues de lo contrario, el silencio y la inhibición del Partido Popular no puede interpretarse sino como el asentimiento y la complicidad en el atentado perpetrado contra la Democracia.

Carece de sentido que el propósito de rectificación del autor del atropello se haya restringido a su instigación sobre la violación de las mujeres, menospreciando su incitación a la violación de la ley en general, siendo así que en términos de Democracia el cumplimiento de las leyes es la esencia y fundamento de la justicia, y la disculpa o tolerancia ante su infracción está en el origen y es el germen de toda corrupción; una dolencia que infaustamente está poniendo en riesgo la salud de nuestra actual proclamada Democracia, dada la abundancia con que se perpetra por no pocos políticos desaprensivos, en descrédito del mayoritario buen hacer de los demás.

Pertenece legítimamente a la Ciudadanía la exigencia de cumplir una Democracia real, esto es, cuya incidencia en el poder constituido resida en algo más que ejercer el derecho a voto en cada convocatoria reglamentaria, sino en mantener una auténtica "interacción entre gobernantes y gobernados" mediante la práctica de los cauces necesarios para que en términos "democráticos" (gobierno del pueblo) salga de su mero valor simbólico y nominalista para acceder a su genuina significación jurídico-política.


Para ello es imprescindible, por de pronto, que la ley electoral en aplicación permita a los gobernados elegir con conocimiento suficiente y sin opacidad las características personales de quienes están llamados a ser sus representantes en los Parlamentos; abrir indispensables cauces de participación de los electores en el quehacer intermediario de los elegidos, de suerte que pueda asegurarse sin falsear la realidad que la democracia no es un remedo sino una auténtica vía de intercomunicación en proximidad de la ciudadanía organizada con el poder que la representa como marchamo único de su credibilidad.

Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.
Presidenta.- Ana Mª Pérez del Campo Noriega



Asociación de Mujeres Juristas Themis
Presidenta.- Angela Cerrillos Valledor

Federación Mujeres Progresistas
Presidenta.- Yolanda Besteiro de la Fuente

Comisión para la Investigación de Malos Tratos
Presidenta.- Susana Martínez Novo

Unión de Asociaciones Familiares
Presidenta.- Julia Pérez Correa

Asociación Universitaria contra la Violencia Machista
Presidenta.- Rosa San Segundo Manuel

Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres
Presidenta.- Rosa Escapa Garrachón

Federación Mujeres Jóvenes
Presidenta.- Soraya Vega Prieto

Federación de Asociaciones de Madres Solteras
Presidenta.- Mª Carmen Flores Rodríguez



Mujeres para la Salud
Presidenta.- Soledad Muruaga

Mujeres Opañel
Presidenta.- Yolanda Álvarez

Mujeres para un Envejecimiento Saludable
Presidenta.- Mariqueta Vázquez Albertino

Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
Presidenta.- Teresa López

Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
Presidenta.- Lourdes Hernández

Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturies
Presidenta.- Ana Isabel Ruiz

Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Valencia
Presidenta.- Amparo Cerezo

Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Ourense
Presidenta.- Mª Dolores Alonso Reverte

Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Albacete
Presidenta.- Ana Motos Peraile

Asociación Consuelo Berges de Mujeres Separadas y Divorciadas
Presidenta.- Mª Angeles Ruiz-Tagle Morales
Asociación de Mujeres Separadas de Sevilla
Presidenta.- Josefa Moreno Gonzalez

Asociación de Mujeres Valdés Siglo XXI
Presidenta.- Aurora Valdés Suárez

Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Barcelona
Presidenta.- Aurelia Jiménez Plaza

Asociación Comarcal de Mujeres Separadas y Divorciadas “Minerva Mirabal” de Toledo

A VUELTAS CON EL SAP


Con indignación y verdadero escándalo nos vemos obligadas a salir al paso de la publicidad que el magistrado Juez de Familia núm. 25 de Madrid, Sr. Ruiz-Jarabo Pelayo, ha dado en facebook a la actitud ardorosamente belicosa que reconoce es la suya "como Juez de Familia", no obstante que la misma supone romper con las normas más fundamentales de la juridicidad y las obligaciones legales que le incumben en el desempeño de su ejercicio profesional. Más en concreto y directamente, lo establecido en el año 2008 para los Jueces y Magistrados por el Consejo General del Poder Judicial, titulado "Guía de Criterios de Actuación Judicial frente a la Violencia de Género", por estar rotundamente descalificado el pretendido cuadro patológico por la comunidad científica y médica en vigor. En el mismo sentido se ha hecho llegar también a los jueces, y a los fiscales el “Informe del Grupo de trabajo e Investigación sobre supuesto Síndrome de Alienación Parental”, después de haber sido aprobado por todos los componentes del Observatorio Estatal de Violencia de Género, en el que se abunda sobre la ideología que lo sustenta y que a su vez fue recogida por la sentencia de Vizcaya Sección 6ª de 27 de Marzo de 2008. “La ideología que sustenta el SAP es abiertamente pedófila y sexista” y que la formulación del “Síndrome de Alienación Parental, es un modo mas de violencia sobre la mujer”; “siendo un instrumento de peligroso fraude pseudocientífico que está generando situaciones de riesgo para los niños, y está provocando una involución en los derechos humanos de los menores y de sus madres (mujeres).”

Obligación del juez en el ejercicio de su jurisdicción es saber que, por su condición de conocedor específico de la ciencia jurídica abstracción hecha de cualquier otra, y por mucha sabiduría que pudiera reunir en otras especialidades científicas, le está vedado sentar cátedra en ésas materias ajenas al Derecho, debiendo limitarse a pronunciar y fundar sus resoluciones en el campo estricto de la Jurispericia. Al punto de que la normativa legal de su funcionamiento jurisdiccional le obliga a valerse de la asistencia técnica correspondiente cuando en el juicio ha de decidir sobre tales especialidades ajenas a la materia jurídica.

Sin el auxilio de los peritos pertinentes, el juez no puede decidir en el conflicto de intereses sometido a su juicio. Y si así lo hiciese, prevaricaría.

Asimismo prevaricaría, si se permitiese aplicar las conclusiones de los peritos especialistas sin comprobar que las mismas son correctas, es decir, sin cerciorarse de que son de conformidad con la Ciencia vigente en la especialidad de que se trate.

Es el caso sin embargo, de que el magistrado Sr. Ruiz-Jarabo ha consignado en la publicación antedicha afirmaciones del siguiente jaez: <>; <>.


Ya lo de menos es que el Juez carezca de la suficiente dotación empírica personal para saber que cuando un niño deja de responder a las preguntas que se le formulan no es porque le sea imposible justificar su conducta sino porque al temor propio de la infancia frente al adulto desconocido e incluso conocido, se suma el pánico a las represalias del progenitor si llega a enterarse de sus manifestaciones.

Es bien sabido por los profesionales de la Psiquiatría y de la Psicología que los niños que sufren violencia o abusos sexuales se cierran herméticamente a las preguntas dirigidas a esclarecer su conducta negativa a ir o estar con quien les produce el daño.

La clave de la ausencia de manipulación está precisamente en la negativa del niño a dar explicaciones sobre la conducta del progenitor al que rechazan, porque de existir la alienación que se pretende el menor estaría adiestrado para responder a cualquier batería de preguntas. La tragedia reside en que un niño afectado por la violencia puede presentar cuadros de conductas diferentes, puede ser introvertido o sumiso, agresivo u optar por la franca rebeldía ante la desesperación de sentirse incapaz de salir de la situación, entonces si el menor se lanza a dar razones, éstas serán sometidas al igual que la otra manifestación de abstracción sobre la causa, a los juicios de valor de quienes como algunos jueces, por decisión propia o apoyados por ciertos equipos psicosociales del propio Juzgado, se niegan a constatar la realidad que no quieren ver, dejando en el mayor desamparo a la infancia que soporta las consecuencias de una violencia que destruye el presente y el futuro de su vida en ciernes, al tiempo que imposibilita el amparo del otro progenitor a sus hijos, al responsabilizarle sin ningún fundamento del rechazo del menor hacia el otro progenitor.

Ana Mª Pérez del Campo Noriega
Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas

Yolanda Besteiro
Federación de Mujeres Progresistas

Rosa San Segundo de Manuel
Asociación Universitaria contra la Violencia Machista

Marisa Soleto
Fundación Mujeres

Rosa Escapa
CELEM

Justicia y mujer
Ana María Pérez del Campo

La situación actual hace que la sociedad civil organizada, en este caso las mujeres, planteemos la necesidad de reforzar las instituciones democráticamente, porque lo que esta ocurriendo es que la adaptación del sistema en cuanto a igualdad, en cuanto a no discriminación por razón de sexo, se convierte en la práctica en una especie de discurso evanescente.
La forma de hacer democracia, de construir democracia, es la participación ciudadana. Digo esto con independencia de las circunstancias que rodean a las mujeres a las que enseguida me voy a referir. No se puede hablar de un sistema democrático que en la actualidad (y es de conocimiento común) tiene a la ciudadanía dando la espalda a la función política, y a sus representantes políticos y en el que la institución judicial resulta una de las peores consideradas entre las instituciones.
Nosotras damos este paso para lograr que la democracia como sistema se sustente en la participación ciudadana que ahora les da la espalda. A mayor abundamiento: ¿Qué ocurre con las mujeres? Ocurre que todos los recortes, sin excepción, les afectan en mayor proporción. Hablo del empleo, de la educación; hablo de la sanidad, y alguien podría decirme que “enfermos se ponen hombres y mujeres”, sí pero en temas como la sanidad o la educación, quienes gestionan las enfermedades y la educación son las mujeres. Ocurre, además, que dentro del 50 % de la población se encuentran colectivos excepcionalmente afectados, como son los colectivos monoparentales. Me refiero a mujeres separadas y divorciadas, a madres solteras y viudas. ¿Qué decir de la Ley de Dependencia y de la forma que afecta a la mujer, al tratarse de una ley que se basa en el trabajo. Eso es una catástrofe para las mujeres. Esta sociedad que sigue siendo machista y patriarcal, no solo nos ha asignado la función de cuidadoras, sino que además “nos concede” la tarea de trabajar con todas aquellas personas que componen la ciudadanía discapacitada. Tampoco podemos olvidar el retroceso que nos lleva a los inicios del siglo pasado con la propuesta incalificable de la reforma de La Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres sumamos más de la mitad de la sociedad dentro de la especie humana, por lo que estas situaciones nos afectan de forma gravísima, lo mismo que nos acontece con las guerras, se sigue diciendo que las mujeres no van a la guerra. Lo cual no es cierto, pero además padecen la guerra como trofeos del ganador, las violaciones de mujeres se convierten en un arma más de combate contra el enemigo, en una forma de conquista y humillación de los varones hacia los otros combatientes. Lo mismo que las guerras, nos afectan las crisis económicas, de cuya producción somos ajenas. La mujer no es responsable de la crisis económica que soporta; esta crisis es obra de los gobernantes y de los centros de poder en la que los varones están ubicados con una representación más que evidente. Hay que empezar a explicar claramente que esta crisis es una manifestación del fracaso del capitalismo que no tiene más solución que el refuerzo y la lucha por una autentica democracia, hasta ahora solo hemos tenido como sistemas de gobierno, las dictaduras y la democracia. Para nosotras la democracia es fundamental, pero hablamos siempre de una democracia real, no de una ficción de democracia que es lo que está indignando a hombres y a las mujeres que toman la calle pacíficamente y que son reprimidos con brutalidad. Ellos y ellas.
Esas son las razones que nos mueven dentro de la generosidad que es común a nuestro sexo, caracterizada por la preocupación hacia los demás, el trabajar por lograr un sistema que funcione para todos/as y con todo/as s y eso es lo que hicimos ayer con el Consejo General del Poder Judicial. Explicábamos así la necesidad de conseguir que las instituciones funcionen: “En momentos tan críticos como los que en la actualidad nos acucia, en los que la mujer, si no lo remediamos volverá a ser protagonista de nuevas discriminaciones en todos los órdenes de la vida, pagando las consecuencias de una crisis económica ajena a su responsabilidad --como ya está ocurriendo--, con riesgo evidente de un aumento en la violencia que soporta y una mayor impunidad del agresor por la falta de medios y recursos de las víctimas…” (Ver aquí el escrito entregado al presidente del CGPJ por los colectivos de mujeres).

Actuaciones de este tipo son las que vamos a llevar a cabo con todos los partidos, porque creo que esta preocupación que nosotras hemos puesto de relieve, en primer término la deberían poner los que nos gobiernan. Debo insistir: De espaldas a la sociedad no se puede gobernar. Si así se hace, los ciudadanos saldrán gritando, con razón, “no nos representan”.
El precepto constitucional de que la Justicia emana del pueblo tiene que resultar en la practica un hecho real, por eso le dijimos al Gobierno de los jueces que el trabajo bien realizado por el Observatorio de la Violencia Domestica y de Género tiene que ser ampliado, consolidado y que esa ampliación tiene que dar entrada a la representación ciudadana que constituimos las mujeres. Que, por cierto, somos las víctimas exclusivas de la violencia de género.
Y no puedo concluir este artículo sin hacer referencia a la barbaridad de Albacete con el asesinato de una niña de 13 años: Eso es lo que yo llamo terrorismo de género y eso es lo que hay que erradicar con la misma voluntad política, con el mismo esfuerzo y con el mismo interés con que se ha erradicado el terrorismo etarra.

El 31 de mayo de 2012, ha aparecido publicada en el diario El País, Andalucía, bajo el titular “El Supremo permite a un padre divorciado dividir la casa en dos”, una noticia que de forma inmediata ha traído a nuestra memoria el cruel asesinato, el 17 de diciembre de 1997, de Ana Orantes a manos de su ex marido, precisamente en la vivienda que se vio obligada a compartir con él conforme a la sentencia de divorcio y del que toda la opinión publica se hizo eco.
Expone el citado artículo como una “novedosa” sentencia del Tribunal Supremo obliga, aunque “no haya acuerdo entre los cónyuges”, a dividir el uso de la vivienda familiar en el procedimiento de divorcio, atribuyendo la planta baja del inmueble al padre y el resto del domicilio a la madre y a sus dos hijos, cuya custodia ha sido atribuida a ésta. Señala asimismo, como únicas condiciones, que dicha división y distribución sea en interés del menor y que el inmueble reúna los requisitos para que de la división resulten viviendas que tengan las condiciones de habitabilidad.
No podemos más que sentirnos absolutamente alarmadas, tanto por la doctrina que sienta esta nueva sentencia del Alto Tribunal, como por la forma en que se transmite la misma en los medios de comunicación.
Parecen olvidar que fue precisamente esta misma la solución impuesta judicialmente en el caso de Ana Orantes que, habiendo sido obligada en la sentencia de divorcio a compartir el uso de la vivienda con su ex marido (ella con sus hijos en el piso de arriba; él en el piso de abajo), acabó siendo brutalmente asesinada por éste en dicha casa. Parecen no recordar como, tras golpearla como tantas otras veces antes había hecho, la roció en gasolina y posteriormente la prendió fuego, hasta que murió calcinada. Parecen olvidar cómo este brutal asesinato puso de manifiesto el riesgo que supone para una mujer obligarla a compartir domicilio con su agresor.
Podrán excusar su olvido en que en el caso que ahora resuelve el Tribunal Supremo no concurren las mismas circunstancias, porque como señalan en el artículo publicado y en la sentencia a la que se refiere, “no existe conflictividad entre los cónyuges”. FALSO. Si es un tribunal el que impone tal medida, es precisamente porque las partes NO ESTÁN DE ACUERDO. Y si no hay acuerdo, evidentemente, hay conflicto. Pero es que además esta nueva sentencia del Tribunal Supremo incluso va más allá y elimina el requisito de la ausencia de conflicto que hasta ahora exigía la jurisprudencia a la hora de imponer la división de la vivienda familiar.
Podrán excusar su olvido también en “el interés del menor”, como asimismo señalan, pero lo cierto es que al único que beneficia esta solución es al padre que era el quien la reclamaba. Burda artimaña la de alegar el interés de los menores para esconder la defensa de los intereses patrimoniales de una de las partes, en este caso los del padre, sin pararse a pensar que si una mujer pide el divorcio es precisamente porque no quiere seguir conviviendo con su marido, independientemente de las razones que la condujeron a ello. Al fin y al cabo, se hace primar el derecho a la propiedad privada, sobre el derecho al divorcio, pues éste quedará prácticamente vacío de contenido cada vez que como hace esta sentencia, se obligue a la mujer a convivir con su ex pareja en la misma vivienda.
¿No carece de toda lógica que se OBLIGUE a dos personas, en el mejor de los casos, a CONVIVIR en la misma vivienda cuando se separan o divorcian?
¿No les parece absolutamente incongruente que se haga prevalecer el interés económico del varón, casualmente, al libre ejercicio del Derecho Fundamental a la No Discriminación por razón de sexo que el derecho al divorcio supone para las mujeres?
¿No se plantean que, como es por todos de sobra conocido, tras una separación o divorcio contencioso (esto es, SIN ACUERDO y por ende con conflicto entre las partes), en numerosas ocasiones se encuentran situaciones de violencia de género que la mujer tal vez no se ha atrevido a denunciar, pero a las que solo se puede dar fin con la separación física del agresor de la víctima?
¿No se han imaginado ni por un momento los ilustres magistrados que dictan esta sentencia en el RIESGO en el que ponen a las víctimas de la violencia de género, a las que pueden obligar a convivir con el agresor en la misma casa, aunque se divida su uso?
¿No fue suficiente el brutal asesinato de Ana Orantes en manos de su ex marido para demostrar que la solución judicial de obligar a una mujer, y a sus hijos e hijas, a convivir con él tras su divorcio en la misma vivienda, era una locura de consecuencias dramáticas e irreparables?

Ana Mª Pérez del Campo Noriega
Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas

Yolanda Besteiro
Federación de Mujeres Progresistas

Rosa San Segundo de Manuel
Asociación Universitaria contra la Violencia Machista

Marisa Soleto
Fundación Mujeres

Rosa Escapa
CELEM

EL LABERINTO DE LOS RECORTES


Las Asociaciones abajo firmantes dirigen las presentes manifestaciones a los Parlamentarios españoles y a la opinión pública en general, con el fin de dejar constancia de la situación real de detrimento para la ciudadanía en general, y del especial perjuicio que causan a las mujeres los recortes del gasto social, así como el anuncio de una legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo que nos retrotrae a la época del pleno auge de la Dictadura.

No hemos de permanecer en silencio ante la acción política de un Gobierno que, bajo el pretexto de combatir la insólita crisis económica que en la actualidad nos asola junto con los demás países de la Unión Europea extendiéndose con carácter extraordinario más allá de sus límites continentales, se propone no sólo desvirtuar los niveles de bienestar social logrados en desarrollo de la Democracia alcanzada tras la larga Dictadura padecida durante el siglo pasado, sino incluso arruinando los derechos que la propia Norma Constitucional estableció como fundamentales de la ciudadanía española.

No es sólo que la política de recortes insaciables emprendida por el Gobierno resulte claramente ineficaz para el fin último de salir de la crisis, sino que analizada en la cruda realidad se manifiesta como el medio fraudulento para reimplantar en España un fundamentalismo liberaloide que parece calcado sobre la falsilla del "atado y bien atado" ideado en su día por la Dictadura de infeliz recordación.

Y éste es el momento de evidenciarlo.

El análisis de la acción de gobierno denota que los recortes y sus disposiciones han sido acordados casi en su totalidad por la vía excepcional del Decreto-ley: la manera más expeditiva de impedir que quedaran a la vista del público conocimiento en Sede Parlamentaria dos vergüenzas que quedarán como baldones del Gobierno Popular: 1ª) que la crisis presente es ajena a la responsabilidad del pueblo, que ha sido fuertemente inducida por la dirección gubernamental: 2ª) que las decisiones tomadas por el Gobierno no permiten entrever mínimamente que sean la solución adecuada para salvar al País, y 3ª) que no obstante, los actuales Gobernantes pretenden que sean los sectores más vulnerables de la población los que sufran en exclusiva las consecuencias de unos errores de los cuales ellos, los más débiles, han sido víctimas y no autores, desde el punto y hora en que eligieron al partido Popular, precisamente a Vds., para la tarea de gestionar como era debida la gobernación del País.


La inoperancia de la gestión gubernamental frente a la crisis económica está llevando masivamente a los ciudadanos, hombres y mujeres de este país, al record desastroso de que en el lapso de siete meses hayamos llegado al borde mismo del precipicio con la tasa de desempleo del 24,63, apuntando ya vertiginosamente a la cifra de seis millones de personas en paro (exactamente 5.693.100), lo que representa aumentar la cantidad de 100.000 parados mes a mes.

Con semejantes cifras y los recortes impuestos, España no podrá salir nunca de la recesión. Estos es lo que a cualquier observador dentro o fuera de nuestro país le hace calificar de "palos de ciego" a las decisiones de quienes nos gobiernan, con la consiguiente sensación de inseguridad y la inevitable desconfianza que ha hecho subir la prima de riesgo a cotas increíbles, y a la Bolsa hundirse estrepitosamente.

Ni el crítico más tolerante con un Gobierno a cuenta de su legalidad mayoritaria será capaz de disculparle que una vez instalado en el poder emprenda una senda contraria a su programa electoral, que falte a la verdad con tanta frecuencia como descaro, que gobierne con tal desprecio del pueblo y de modo especial contra las mujeres y la juventud.

El Gobierno del Partido Popular, prescindiendo de la "legitimidad" que toda "legalidad" democrática reclama para su ejercicio, aprobó por Real Decreto la Ley 20/2012, de 13 de julio, las equívocamente llamadas medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, con un contenido tan abiertamente en conflicto con el lema constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho, que ha venido a causar un daño innegable a las mujeres españolas, reduciendo a la pobreza a todas aquellas que se encuentran en situación más vulnerable.

La discriminación de los "recortes" en perjuicio de las mujeres es tan evidente como los que a continuación se denuncian:

Como las cotizaciones de las mujeres son inferiores por la discriminación salarial que todavía siguen soportando, el recorte de la prestación del subsidio de desempleo les conduce a la pobreza; como quiera que el 80% de las mujeres disponen de un contrato a tiempo parcial, el recorte de la prestación de desempleo de esos contratos lleva a las mujeres a la miseria. Además, siendo las mujeres las principales perceptoras del conjunto de servicios que contempla la Ley de Autonomía y Dependencia, el recorte presupuestario efectuado a esta Ley las coloca en la precariedad absoluta.

Un total de 179.000 personas cuidadoras no profesionales está constituido en su 92% por mujeres en las que el convenio especial de la Seguridad Social que a ellas les corresponde queda suspendido indefinidamente colocándoles por uno de los incalificables recortes que las deja en una situación insostenible, privando a las usuarias y usuarios del servicio de una atención imprescindible.


Conforme a la normativa introducida, la reducción de la renta activa de reinserción elimina el 90% de las personas que la percibían, de las cuales el 70% son mujeres sin más salida que la mendicidad.

En los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 se han hecho desaparecer de un plumazo las políticas activas de empleo que afectan de manera especial a las mujeres que precisan de programas de orientación, formación y cualificación para incorporarse al trabajo después de un tiempo de dedicación a la familia, con la consecuencia inevitable de hacérseles imposible la obtención de un nuevo puesto de trabajo, quedando condenadas a retornar al hogar y a la dependencia.

La exclusión del Sistema de la Seguridad Social de las mujeres mayores e inmigrantes que no han cotizado, es otra forma de discriminación contra la mujer perpetrada por la nueva Ley.

Teniendo en cuenta que las mujeres tienen salarios, pensiones e ingresos inferiores a los de los hombres el incremento del IVA empeora significativamente su capacidad económica conduciéndola de una manera alarmante al estado de pobreza.

Todos estos recortes, de consecuencias tan graves, perpetrados con enloquecida precipitación y sin la menor concesión al debate sosegado racional, afectan asimismo al numeroso colectivo de familias monoparentales, poniendo en riesgo su supervivencia, en cuanto que las condena a la desestructuración como unidad familiar y a una pobreza sin paliativos.

Pues bien los recortes a los que nos acabamos de referir se fueron fraguando por el Gobierno del Partido Popular no obstante haber sido previamente alertado de los riesgos desastrosos que auguraban la política de recortes selváticos emprendida, cuando ya la sensación dominante era la de que España será intervenida como país.


Pues no se trata solamente de impresiones subjetivas. El Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales (CEDESC) de la ONU, ha remitió al Gobierno español, con fecha 6 de junio último, un informe instándole a que diera a su contenido <> española, sin que el Gobierno español tomara en consideración semejante advertencia. En el informe, el Comité muestra su gran preocupación por la <> que provocan las <> que recaen sobre los grupos desfavorecidos y los marginados, con mención expresa de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, adultos y jóvenes desempleados, personas mayores, gitanos, inmigrantes y los solicitantes de asilo. En su informe, el Comité CEDESC insta al Gobierno español a que procure evitar medidas tales como <>, afirmándose que la congelación del salario mínimo efectuada no permite soportar una vida digna. Hay una denuncia expresa de <>. Así como por los <>, <> y otros <>.

Sin embargo la petición de difusión de un panorama tan claro y angustioso para la población española ha sido totalmente desatendida por el Gobierno del Partido Popular.

En su lugar, surge aquí la estrategia indisimulable del Ministro responsable que practica a la perfección el truco archiconocido de los malabaristas fulleros para ocultar la realidad: Agitar llamativamente con la mano diestra las sábanas fantasmales de los viejos debates superados --¿"moral sexual y reproductiva"?, ¿"interrupción voluntaria del embarazo"?--, qué más da; el caso es desviar la atención de la trampa que se realiza con la siniestra. Sin que importe el precio a pagar en saldo a la Institución Confesional a cambio de sus cambalaches, lo que importa es el poder.

La Ley de la Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 ha contribuido a frenar el número de interrupciones voluntarias.

Después de 40 años de debate nacional en que las mujeres, al precio de la propia vida, lucharon por la defensa de su derecho a decidir cuando optaban por interrumpir su embarazo en España por la imposibilidad material de acudir para ello a país extranjero, nadie puede poner en duda que la tesis del aborto como "figura delictiva" ha agotado definitivamente su argumentación en este País. A nadie con sentido común se le puede ocurrir que a estas alturas en la historia democrática de la Unión Europea a la que como miembros de Derecho pertenecemos, puedan reproducirse en serio la sarta de dislates y sofismas que en nombre de anacrónicas doctrinas científicamente insostenibles se estuvieron manteniendo aquí. Solamente dos países de la Unión con legislaciones restrictivas en la materia, la República de Irlanda y el medio millón escaso de ciudadanos Malteses, se ven sujetos a leyes obstativas de la libertad de la mujer para decidir sobre la voluntad de traer nuevos seres al mundo.


En consecuencia la brillante idea del actual Ministro de Justicia para resucitar debates de contenido moral religioso sólo podemos tomarla como un ardid política para desviar la atención de la población respecto del gravísimo conflicto económico financiero del que Gobierno carece de voluntad política para salvar. Mentir y desviar la atención de las obligaciones que nos conciernen es cosa relativamente fácil, es el abece de la picaresca al uso; lo difícil es hacerlo convincentemente. ¿De dónde toma un Ministro en régimen democrático de un país aconfesional su legitimidad para introducir el discurso de la moral católica (o cualquier otra) en una cuestión de índole sanitario? Es el propio principio del equilibrio ético quien le veda aumentar la dificultad enmarañándola con la intrusión intempestiva e inoportuna del pseudo impedimento ajeno.

Valerse de los servicios de grupos y grupúsculos que se autoproclaman con intencionado eufemismo con denominaciones del tipo de "pro-vida" (como si los que le son ajenos fuesen acérrimos sembradores de muerte, o la capacidad de optar en libertad no fuese el primer signo racional de afirmación de la vida). Cuestionar que la malformación del estado fetal sea causa suficiente para decidir la interrupción del proceso biológico que es el embarazo, es tanto, señoras y señores parlamentarios, es algo tan insoportable de parte de quien se tiene por jurista, como ignorar que no hay país en la Unión Europea que nos concierne, que deje de regular con carácter favorable en sus leyes semejante causa dramática del proceso biológico iniciado, sin excluir del dato la proverbial legislación restrictiva de Polonia.

En suma, las Asociaciones de Mujeres firmantes de este manifiesto valoramos con realismo la capacidad que, de hecho, cualquier Gobernante tiene de esgrimir la superioridad numérica que la mayoría parlamentaria "legal" arteramente obtenida le brinda para arruinar al País al margen de la "legítima". Conscientes de ellos, por nuestra parte nos disponemos a mantenernos en la reclamación de nuestras legítimas reclamaciones, sin un solo paso atrás.

Los últimos sondeos demoscópicos revelan que, en la estimación ciudadana, la crisis de confianza se ha desplazado del campo económico financiero al sistema que lo encuadra; es decir, ya no está en duda el funcionamiento de la gobernanza sino la estructura política que lo sustenta. Y eso significa haber entrado en un laberinto de imprevisible derrotero. Para dentro y para fuera del ámbito estatal. Cuando el ciudadano ignora en donde está la salida, no cabe imaginar una situación de mayor incertidumbre. Cualquier escenario es posible.

Federación Asociaciones Mujeres Separadas y Divorciadas
Presidenta- Ana Mª Pérez del Campo Noriega

Excmo. Sr. D. Gonzalo Moliner Tamborero
Presidente del Consejo General del Poder Judicial
Madrid


Madrid, 23 de Octubre de 2012


Excmo. Sr. Moliner;

La petición de la entrevista que en el día de la fecha celebramos con Vd. --con una diligencia y aceptación de su parte que no podemos dejar de agradecer, tiene entre otros propósitos, los que a continuación se indican:

Ante todo, transmitirle la preocupación que en la representación que a nosotras nos incumbe, no deja de embargarnos por la doble circunstancia del distanciamiento que en niveles de franco alejamiento, percibimos en el sentir ciudadano, no sólo por lo que se refiere al amplio campo del quehacer político en términos generales sino también por lo que corresponde a la Administración de la Justicia en un sistema democrático de Derecho como es el instaurado por la Constitución vigente.

Consideramos que si la Justicia "emana del Pueblo", conforme a la expresión del artículo 117.1 constitucional, se precisaría que el Gobierno de los Jueces cuente con cauces de comunicación en proximidad efectiva para con la Ciudadanía según los medios con que como organización propia le competen para poder actuar como vehículo de información hacia el conjunto de la Judicatura.

Conforme a esta reflexión recibimos en su día con verdadera satisfacción y confiada esperanza la creación del Observatorio sobre la Violencia doméstica y de género por parte del Consejo General del Poder Judicial, siendo manifiesto el apoyo con que desde sus inicios contó por nuestra parte.

Es de justicia, en todos sus sentidos, reconocer que el trabajo realizado por el Observatorio desde su constitución, se ha esforzado en cumplir su cometido; así como reconocer que la incorporación de la Secretaría Técnica de la Comisión de Igualdad creada por el CGPJ en cumplimiento de mandato legal --Ley Orgánica 3/2007 de marzo sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres-- ha constituido un acierto, en cuanto que complementa y refuerza la función del Observatorio a partir de su integración en marzo de 2011.

Así lo evidencian los siguientes trabajos desempeñados durante el primer trimestre del año en curso: el Estudio sobre la aplicación de la referida ley 3/2007 de 22 de marzo; la constitución --por convenio con la Generalitat de Catalunya--del Foro Permanente de Formación en materia de Igualdad, tanto por lo que ello significa en cuanto formación para la Judicatura como lo que representa al ser el primer análisis de la Jurisprudencia realizado en España sobre la aplicabilidad de la mencionada Ley orgánica 3/2007 por los tribunales españoles, incluida su comparación con la jurisprudencia europea.

Otro estudio de no menor trascendencia ha sido el realizado sobre contratos y convenios relativos a la lucha contra la discriminación en los diferentes tipos de acoso laboral, a cuyo efecto la Comisión de Igualdad del CGPJ concertó correspondientes colaboraciones con las Universidades de Granada, la Autónoma de Barcelona, y la del País Vasco, encomendando a cada uno de los tres equipos de Investigación objetivos muy concretos en orden a comprobar el grado de aplicación de los cambios legislativos efectuados, y verificar si con dicha aplicación se ha cumplido conceptualmente la adecuada calificación de los distintos tipos de acoso y su debida sanción, analizando a tal fin los resultados obtenidos con la entrada en vigor de la Ley de Igualdad efectiva.

Asimismo se ha procedido a comprobar la puesta a disposición de la Administración, de los protocolos preceptivos reguladores de su actuación frente al acoso laboral, así como la comprobación del cumplimiento efectivo por parte de las empresas, de la función preventiva que les está encomendada desde la iniciación de la previsible relación conflictual.

A mayor abundamiento se han elevado informes a la Comisión de Calificación para que la presencia de hombres y mujeres en las plazas de carácter discrecional a cubrir cumpla el principio de equilibrio propugnado.

Por otra parte, en este primer trimestre se han incorporado a la página informática Web de la Comisión de Igualdad todos los estudios, ponencias y sentencias que se producen, así como la Jurisprudencia emanada entre 2010 y 2011 con relación a las siguientes materias: Acoso sexual o por razón de sexo, permiso de paternidad, excedencias por cuidados familiares, despido por maternidad, reducción de jornada por cuidado de hijos, conciliación de la vida laboral y familiar, reducción de jornada por cuidado de familiares, jurisprudencia sobre legislación en materia de Igualdad y Pensiones; las memorias de actividad de la Comisión de Igualdad; el estudio al que nos venimos refiriendo sobre la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres; y
algunos más.

El tiempo transcurrido desde que se constituyó el Observatorio en 26 de septiembre de 2002, ha permitido apreciar con todo realismo la necesidad ineludible de contar con un instrumento que, incardinado en el gobierno de los jueces como es como el Observatorio, cumpla objetivos tales como la detección y valoración de cuantos obstáculos dificultan la acción de la justicia; en las materias de violencia de género e igualdad, al tiempo que se potencia la formación especializada de la Judicatura, Fiscalía y demás coadyuvantes a la función judicial; se ofrece un seguimiento estadístico del fenómeno social de la violencia sexista en el ámbito judicial, sin descuidar el estudio pormenorizado de las resoluciones judiciales que permitan promover las mejoras y reformas legislativas en corrección de eventuales deficiencias, contribuyendo de este modo a la mejor coordinación de las instituciones mediante la elaboración consensuada de los protocolos de aplicación común; todo ello con el fin de dotar de la mayor eficacia a la acción de la justicia en este campo social tan sensible como el de la violencia masculina contra la mujer, cuya erradicación se pretende.

Sin dejar de reconocer la magnitud de la tarea que representa el afianzar el cambio en nuestro sistema de valores tales como los enunciados de la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de manifestación y en definitiva el reconocimiento de los derechos humanos en toda la amplitud de la vida ciudadana --ámbito efectivo donde se ha de enmarcar la transformación social que se preconiza--; es obvio sin embargo, que la realidad de los hechos nos muestra sin equívocos, la terquedad de los impedimentos que obstruyen e impiden hacer efectivo el cambio de las nuevas formulaciones que se afirman como "valores" en la renovación del sistema. Cambio pretendido mas no operado, de los viejos enunciados a substituir por los valores del sistema democrático actualmente vigente en España.

La rigidez de las mentalidades ancladas en los prejuicios pasados hace inviable la efectividad del cambio, convirtiendo los principios, los derechos y los valores en mera retórica evanescente. Las normativas legitimadoras de toda reforma --necesarias, imprescindibles-- resultarán a la postre insuficientes si no se ven respaldadas por el impulso decidido de organismos adecuados que --como el Observatorio en el caso-- sumen su trabajo específico a la operatividad del cambio que se pretende.

En momentos tan críticos como los que en la actualidad nos acucia, en los que la mujer, si no lo remediamos volverá a ser protagonista de nuevas discriminaciones en todos los órdenes de la vida, pagando las consecuencias de una crisis económica ajena a su responsabilidad --como ya está ocurriendo--, con riesgo evidente de un aumento en la violencia que soporta y una mayor impunidad del agresor por la falta de medios y recursos de las víctimas.

Es de conocimiento común el desmantelamiento de los puntos de encuentro, que al menos impedían el acceso directo de muchos agresores a las víctimas, sin mayores consecuencias por su pésima gestión. Nadie puede poner en duda quienes van a ser las principales perjudicadas, si el proyecto de la Ley de Tasas judiciales llega ser realidad. En tal caso estaría más, ante una justicia anticonstitucional por discriminatoria, a la que no podrían acceder quienes no pudiesen sufragar las tasas, en cabeza las mujeres. El próximo 31 de diciembre la Comunidad de Madrid suspenderá los servicios de asesoría gratuita establecidos en favor de los ciudadanos con menos recursos. A partir del mes de julio pasado la Comunidad de Madrid dejó unilateralmente de prestar atención en las 27 oficinas judiciales repartidas en todo el ámbito territorial de su competencia. El riesgo del acceso a la justicia gratuita y su denegación sistemática adquiere caracteres cada vez más verosímiles.

Ante esta situación de extrema gravedad para las mujeres, queremos transmitir al Presidente del Consejo del Poder Judicial nuestra propuesta de que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se afiance, consoliden y amplíen sus funciones como instrumento insustituible y baluarte indispensable en el objetivo de erradicar la violencia de género y contribuir a la defensa de los derechos humanos de las mujeres a través del eficiente trabajo competencial que le atañe.

Por otra parte consideramos que el precepto constitucional que define la Justicia como emanada del Pueblo debe aproximarse a la ciudadanía a través de cauces ordinarios de intercomunicación institucional con el Gobierno de los Jueces incorporando la representación de asociaciones de mujeres en cuanto miembros del Observatorio constituido en dicho órgano de gobierno, como medio idóneo de acercar la justicia al pueblo en un intercambio de información y trabajo que haga cada vez más operativos los objetivos que fundamentan el carácter democrático de la Justicia.


Ana María Pérez del Campo Noriega.
Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.

Yolanda Besteiro. Federación de Mujeres Progresistas.

Amalia Fernández. Asociación Mujeres Juristas.Themis

Rosa Escapa. CELEM.

Susana Martinez Novo. Comisión para la Investigación de Malos Tratos.

Mariqueta Vázquez. Asociación de mujeres por un envejecimiento saludable.

Teresa López. FADEMUR.

Julia García Vaso. ESFERA.

Carmen Flores. Federación de Asociaciones de solidaridad con Madres
solteras.

Mariqueta Vázquez. Asociación de mujeres por un envejecimiento saludable.

Ángela Días Olivares. Mujeres Opañel.

Soledad Muruaga. Asociación de Mujeres para la salud.

Soraya Vega Prieto. Federación de Mujeres Jóvenes.

Julia Sevilla. Red Feminista de Derecho Constitucional.

Rosa San Segundo. Asociación Universitaria contra violencia machista.

Mar Grandal. Católicas por el derecho a decidir.

Rosalía Vázquez. ALBOREÁ.

Mª Ángeles Ruiz –Tagle Morales. Asociación “Consuelo Berges” de Mujeres Separadas y Divorciadas.

Ángela González cree que hubo una "completa negligencia judicial y policial" en su caso y busca que "se declare a las autoridades responsables de la muerte" de la menor

EFE Madrid 21/09/2012

Ángela González Carreño, la madre de una niña de 7 años que fue asesinada en 2003 por su marido durante los trámites de separación, ha anunciado que ayer presentó una demanda contra España ante Naciones Unidas porque considera que en su caso hubo una "completa negligencia judicial y policial".

En un acto en el Colegio de Abogados de Madrid, la mujer, que fue víctima de violencia machista a manos de su marido -quien se suicidó tras el crimen de Andrea, la hija de ambos-, ha recordado hoy que España tenía, como Estado, "el deber de proteger a la menor y no al maltratador, contra el que puso 40 denuncias que no fueron tenidas en cuenta".

"Para mí es terrorismo de género" porque la Justicia "pone por encima de los derechos de los menores los de los maltratadores", sentenció Ángela, que ha decidido llevar "la cadena de vulneraciones de derechos fundamentales" que ha sufrido ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

"Quiero que un caso como el mío no vuelva a suceder", ha pedido -entre lágrimas- Ángela González, que ha asegurado que los maltratos y agresiones que sufrió por parte de su pareja -"manipulador y celoso compulsivo"- comenzaron desde que se quedó embarazada de una niña y no de un varón.

"Es terrorismo de género y quiero que un caso como el mío no vuelva a suceder", declaró Ángela El crimen tuvo lugar la tarde del 24 de abril de 2003, el mismo día en que se celebró una vista oral para definir a quién correspondía el disfrute de la vivienda familiar. El hombre amenazó a su mujer con una acción como la que llevó finalmente a cabo antes de quitarse la vida.

Su abogada, Ana María Ruiz Tagle, ha relatado que la pequeña murió a manos de su progenitor de dos disparos en la cabeza durante una visita abierta dictada por un juez que "no tuvo en cuenta" que se podía producir ese fatal resultado. La letrada ha dicho que fue una "muerte anunciada y cruel" y que todos los escritos que han presentado ante el Ministerio de Justicia, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional han tenido como respuesta que se trató de "errores" o que se produjo un "conjunto de decisiones (...) que resolvieron lo que estimaron lo más conveniente para canalizar una buena relación entre una niña y su padre".

"Fue una muerte anunciada y cruel", recuerda la abogada de la denunciante.

Ángela forma parte de la organización de derechos humanos Women's Link Worlwide, que lucha en todo el mundo para que la justicia "sea una realidad para los casos de violencia machista", según Viviana Waisman, su directora ejecutiva.

Waisman ha resaltado que Ángela no ha encontrado justicia en el ámbito nacional y que se trata de la primera vez que una española presenta un caso en materia de género en Naciones Unidas. Como consecuencia, su acto puede conllevar que se hagan recomendaciones a España.

Además, Viviana Waisman ha definido este caso de "emblemático" y ha subrayado los tres objetivos que busca la demanda: una condena a España por su impunidad, que se declare que las autoridades españolas son responsables de esa muerte y una mejora en la protección de las mujeres y sus hijos respecto a sus parejas o exparejas.

Su objetivo es "que se declare que las autoridades españolas son responsables" de la muerte de la menor

Por su parte, la responsable de incidencia política y campañas de Save The Children, Yolanda Román, ha reclamado "protección" para todos los niños y niñas -unos 800.000- que viven en los hogares que existe violencia de género.

Problemas de socialización, depresión, miedo, ansiedad, alteraciones de crecimiento o fracaso escolar son síntomas de estos menores, a pesar de que no hayan sufrido agresiones físicas , ha explicado Román.

PÚBLICO 22/11/2010 -

Ángela perdió a su hija pese a haber alertado muchas veces del maltrato a trabajadores sociales, jueces y policía

SUSANA HIDALGO MADRID 22/11/2010

"Te voy a hacer el mayor de los daños y te vas a acordar toda tu vida". Las últimas palabras que Ángela González le escuchó a su marido, Felipe Rascón, aún le retumban en la cabeza. Ocurrió el 24 de abril de 2003 por la mañana, en un juicio en el que ambos se encontraron. Él la miró con todo el odio del mundo y se lo soltó. Por la noche, aprovechando el régimen de visitas abierto, Rascón descerrajó dos tiros a Andrea, la hija de ambos, de 7 años de edad, y luego se suicidó. El agresor cumplió su deseo: marcó a Ángelade por vida.

Desde entonces, esta mujer vive sumida en la desesperación, el sentimiento de culpa, la rabia. "La ayuda de los psicólogos llega en un momento en que ya no sirve", afirma. No puede mantener una relación de pareja, ni apenas de amistad porque toda su vida gira en torno a lo que ocurrióese 24 de abril de hace siete años. "Pienso en cómo sería ahora mi niña, con 14 años, si sería buena estudiante", se desespera esta mujer. Ángela tiene pesadillas todas las noches. Y todo en torno a la misma idea: "Antes de que mataran a mi hija, puse 47 denuncias, 47, a Servicios Sociales, a la Guardia Civil, a la Policía, en el juzgado... Nadie se las leyó, nadie me hizo caso", repite, sentada ante un té en un bar de Rivas-Vaciamadrid, el municipio madrileño en el que reside.


"Te voy a hacer el mayor de los daños y te vas a acordar toda tu vida", le dijo su marido

Ángela denunció ante los tribunales la negligencia judicial, el hecho de que, a pesar de que ella lo advirtió por activa y por pasiva, los jueces decidieron otorgar al agresor el régimen de visitas abierto, sin acompañamiento, lo que propició que Rascón se quedase a solas con la niña el día que decidió pegarle dos tiros.

Pero el Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado mes de octubre, dice que no ha lugar a la denuncia: "Aun lamentando profundamente el fatal desenlace, no se aprecia que, en el supuesto que nos ocupa, existiese un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sino un conjunto de decisiones jurisdiccionales que resolvieron lo que estimaron conveniente respecto de la forma en que debía canalizarse la comunicación de un padre separado de su hija".

Ángela, con la ayuda de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas y de la Asociación de Juristas Themis, va a recurrir el caso ante el Tribunal Constitucional. "Para poder vivir un poco en paz, porque no estoy en paz. Llegaré hasta Estrasburgo, no voy a parar", afirma, aprieta los dientes y no puede evitar que se le salten las lágrimas. El relato de los hechos ya empieza de manera trágica: "Cuando me quedé embarazada y supo que era una niña, me dijo que le daba muchísimo asco, que no quería niñas. Me decía también que el bebé no era suyo, que si yo tenía amantes: su hermano, su padre, el que fuera...", recuerda la mujer. Al agresor los psiquiatras le diagnosticaron un trastorno mental grave, que estaba peligrosamente obsesionado con su mujer. Pero ni aún así Ángela consiguió ni su ingreso permanente en un centro hospitalario ni que permaneciese alejado de la niña.


El Tribunal Supremo lamenta lo ocurrido pero cree que no hubo negligencia judicial

Cuando la cría cumplió 3 años, Ángela la cogió y se la llevó de casa justo después de un episodio en el que él las amenazó con un cuchillo. Las dos huyeron del domicilio que compartían con el agresor en Arroyomolinos (Madrid). Pero él las encontró y las persiguió, saltándose la orden de protección. "Un día nos siguió con el coche y me echó de la autopista, lo denuncié, pero tampoco hubo juicio", explica Ángela.

El agresor puso un detective para seguir a su mujer, la llamaba por teléfono a las tres, cuatro, cinco de la mañana. "¿Con quién estás en casa?, ¿qué haces con la luz encendida?", le inquiría. Cuando se quedaba a solas con la niña, gracias a ese régimen de visitas al que nadie puso freno, la acosaba con las mismas preguntas: "¿Quiénes son los amantes de tu madre?, ¿con quién se acuesta tu madre?". La pequeña Andrea, cada vez que su padre iba a buscarla cuando le tocaba visita, se ponía a llorar, a gritar, no quería salir de la cama; acudía la Guardia Civil porque él, cada vez que no se podía llevar a la cría, ponía una denuncia. "Y cuando regresaba de estar con él, Andrea tenía muchísima ansiedad", recuerda su madre.

La vida de Ángela giraba sólo en torno a proteger a la pequeña Andrea. Un día, la niña se fue con la clase de excursión a una granja-escuela, el padre llamó al colegio con amenazas y Ángela se fue detrás del autobús escolar con su coche, por si le pasaba algo a la cría. "Trabajaba en lo que podía, en limpieza, pero no todo el día, porque no podía dejar a la niña sola, no tenía dinero para pagar a alguien que la cuidara y tampoco me fiaba. No me importaba el dinero, sólo quería ganar lo justo para poder estar con Andrea", afirma.


La madre: "Pienso en cómo sería ahora mi niña, con 14 años, si sería buena estudiante"

Con la angustia, pasaron los días. Hasta que llegó ese 24 de abril, en el que Ángela, al ver que su hija no volvía del encuentro con su padre, llamó asustada a la trabajadora social. "Y esta me dejó sola, en el cuartel de la Guardia Civil, pero allí nadie me contaba nada. Empezó a anochecer y me fui a la casa de mi marido. Y allí me encontré con todo, me lo dijeron". A Ángela se le vuelven a llenar los ojos de lágrimas, pero recupera la fuerza, esa que no la va a hacer parar hasta encontrar justicia: "Nadie ha leído ninguna de mis denuncias. No me cansaré de decirlo. Los expertos en violencia de género no hacen más que repetir que está bajando el número de denuncias y que las mujeres tienen que denunciar. Da lo mismo. Denuncias y no sirve absolutamente para nada".

LOS HIJOS, COMO INSTRUMENTO DE LA VENGANZA DEL AGRESOR

Cualquier día del año, a cualquier hora del día o de la noche, más de dos millones las mujeres en la España "democrática" de hoy intentan calmar su ansiedad y serenar su ánimo frente a los riesgos que les representa el acto de romper la convivencia familiar; sobreviven junto a sus hijos las consecuencias imprevisibles de la violencia de género en la variedad y gravedad de destrucción que el fenómeno encierra y cuyo conocimiento es cada vez más de dominio público.

Recordemos que se trata de una clase específica de violencia la de manipulador nato, que ejerce el agresor de las mujeres, lo hace con una maestría insuperable para confundir, anular y destruir sistemáticamente la personalidad de la mujer hasta someterla irremisiblemente, cuando ésta advierte que el chantaje recae sobre los hijos comunes a los cuales se ha tomado como rehenes para cerrar a la madre toda posibilidad de poner punto final al caos a que se le ha sometido con una mezcla de incomprensión, sufrimiento y dolor insoportables.

La historiografía de los conflictos judiciales en materia familiar ilustra sobradamente no sólo sobre la mentalidad común de esta patética especie de los así denominados "padres" a pesar de la conducta victimaria que los desacredita como tales, sino asimismo sobre la imposibilidad de las mujeres como madres para liberarse del suplicio en que como tales se las coloca.

En cuanto a la mentalidad común de este tipo de agresores, es la de considerar que "su" mujer y "sus" hijos son objetos de su pertenencia, sobre los cuales pesa la voluntad de sus decisiones como la de los "dueños legítimos" de los "siervos" del Derecho Antiguo: al que pertenece sus personas, vidas y ocupaciones. Sobre esta degradación ética y patética de la mentalidad del agresor como marido y padre, no hay dificultad para comprender que el mero anuncio de la decisión de la ruptura de la familiar es para él la mayor afrenta que se le puede hacer.


Ante semejante situación, la mujer sabe por propia experiencia lo que es capaz de hacer ese sujeto llamado "padre" bajo la pasión de la venganza. El precio a pagar no es ninguna novedad. La venganza centrada en los hijos --cualquiera que sea su sexo y edad-- es el arma por excelencia del agresor sexista. El drama comienza con la imposición de la presencia de semejante "padre" a un niño que le rechaza por temor, sufriendo un auténtico secuestro anímico; le sigue la malvada especulación del inexistente SAP, persistentemente negada por la comunidad científica internacional; la sarta de chantajes emocionales con que disfrazar la fraudulenta petición de la custodia compartida, todo ello apuntando al objetivo final de frustrar en la práctica la vida independiente de la mujer (culpándola en su fantasía de todos los males por haberlo abandonado), hasta llegar al conocimiento público de que el "atrevimiento" de romper la unión con estricta sujeción a las prescripciones de la Ley puede llegar al costo de la vida de los menores y la integridad psíquica de la madre.

Sólo quien se niegue a saberlo puede ignorar que lo peor que le puede ocurrir a un niño en la infancia es tener un padre agresor, la violencia es incompatible con el amor, se soporta por sistema en la destrucción de los demás: la madre y los hijos, con una saña, un ímpetu y una barbarie propia de los guerrilleros en la conquista de los pueblos.

Ya hemos salido del equívoco de considerar excepcional el parricidio de los hijos por venganza paterna. Multitud de niños ven destruidas sus vidas por impedírselo desarrollarlas adecuadamente la violencia ejercida por el padre como agresor directo de la madre. A mayor abundamiento cada año aumenta el número de los que mueren directamente a manos de sus padres, aunque inexplicablemente los medios de comunicación no lo difundan con la notoriedad que semejantes crímenes por venganza contra la mujer requeriría en todo el mundo pero especialmente en los países que se llaman a sí mismos democráticos y a los que se tiene por civilizados.

Sólo en el año 2012 han muerto en las condiciones que contemplamos dos niños a manos de sus padres biológicos: un menor de 5 años de edad en Inca (Palma de Mallorca) el 24/2/012, y el otro en Arinaga (Santa Cruz de Tenerife) 09/07/2012. La evidencia de este último caso resuena todavía en las crónicas de sucesos, porque el asesino la puso de manifiesto a plena luz del día y llamando la atención al gritar desde la calle a la esposa que hubo de ver desde la ventana de la casa cómo su marido, conduciendo el coche con su hijo en el asiento, lo estrellaba en golpe incendiario fatal, al tiempo que gritaba: "¡Mira lo que te mereces!".

En los dos casos recién citados ambos vengadores eran autores reiterados de malos tratos a sus respectivas mujeres con sentencia penal acreditativa.

En el recuento anterior falta por enumerar el suceso dramático relativo a la presunta muerte de los hermanitos Ruth y José, de 6 y 2 años de edad respectivamente, que han dado un vuelco judicial después de que nuevas investigaciones instadas insistentemente por la madre de los menores con el apoyo llamativo de la población cordobesa, hayan enardecido el ambiente después de casi un año de incertidumbre sobre el conjeturado doble parricidio por venganza del marido a la mujer a causa del divorcio instado por ella.


A reserva pues, de la decisión judicial a la vista de la nueva instrucción del caso de Ruth y José; permítasenos tenerlo presente sub conditione a la hora de clamar contra la pasividad de las instituciones (sin más determinación); estaríamos ante dos crímenes más producto de la violencia de género, ante otra venganza imposibles de conciliar con la función de la paternidad ni con la condición humana; dos niños privados de la vida y una madre muerta en vida. Tal es el objetivo de la venganza criminal.

En consideración a lo cual, ni las amenazas, las persecuciones de todo orden, las difamaciones con ánimo de desacreditarnos de los maltratadores que colectiva e individualmente nos atacan para silenciarnos, nunca dejaremos de luchar reclamando justicia e igualdad para las mujeres, sus hijos y los hombres de buena fe, aquellos que creen que ser hombre o mujer no da derecho a privilegios ni permite discriminaciones.

Tampoco dejaremos de reivindicar nuestros derechos ni los de los menores ante los Gobiernos, las Instituciones y las Cámaras Legislativas, porque cualquier injusticia nos atañe, cualquier política nos concierne. El mundo no está dividido en dos sino en una sola especie humana, mujeres y hombres.

Y de nuevo, ante el crimen de la violencia de género en todas sus manifestaciones, reclamamos en nombre de la Justicia y los Derechos Humanos que las Cámaras Legislativas a instancias de los partidos que pretenden representarnos, procedan a legislar con normas imperativas las siguientes propuestas:

* proceder a introducir las adendas legislativas necesarias en el Código Civil para que cuando se detecte la existencia de violencia de género en las relaciones de pareja, no se concedan visitas ni convivencias del agresor con sus hijos. Y en caso de haberlas concedido, se proceda a su invalidación.

* que la violencia de género lleva aparejada --tras las reformas legislativas pertinentes-- la pérdida del agresor de la patria potestad sobre los hijos.

* que la custodia compartida de los hijos se regulará sólo a instancia de ambos progenitores de mutuo acuerdo y únicamente en aquellos casos en los que la convivencia previa haya transcurrido sin apreciarse violencia de género en ninguna de sus modalidades.

* reforma legislativa del Código penal, en el que se recoja el cumplimiento íntegro de las penas en los delitos de violencia de género que afectan a las mujeres y a los menores hijos comunes de la pareja.

El interés primordial de los hijos empieza por salvar su vida cuando ya han nacido; lo demás no deja de ser, en el mejor de los casos, una hipocresía.

Federación Mujeres Progresistas
Presidenta.- Yolanda Besteiro de la Fuente

Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.
Presidenta.- Ana Mª Pérez del Campo Noriega

Fundación Mujeres
Presidenta.- Marisa Soleto

Asociación Universitaria contra la Violencia Machista
Presidenta.- Rosa San Segundo Manuel

Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres
Presidenta.- Rosa Escapa Garrachón

Federación de Asociaciones de Madres Solteras
Presidenta.- Mª Carmen Flores Rodríguez

Asociación “Consuelo Berges” de Mujeres Separadas y Divorciadas
Presidenta.- Mª Ángeles Ruiz Tagle Morales

Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas Orense
Presidenta.- Dolores Alonso Reverte

Asociación Mujeres para un envejecimiento Saludable
Maria Enriqueta Vázquez Albertino
Asociación Mujeres para la Salud
Presidenta.- Soledad Muruaga López de Guereñu

Asociación de Mujeres Valdés Siglo XXI (Asturias)
Presidenta.- Aurora Valdés Suárez

OPROBIO

Hasta las más altas instancias pueden acabar produciendo resoluciones infamantes, cuando anteponen al imperio del Derecho intereses que le son ajenos.

Resolviendo el Tribunal Supremo la estimación de una pena impuesta en instancia a un militar a quien se había condenado con una sanción realmente liviana (nueve meses) por el delito de lesiones causadas a su mujer, ha suavizado aún más la pena rebajándola a cinco meses.

Lo infamante de la jurispericia en el caso, reside en los motivos aducidos por el Tribunal, en cuyo descargo aprecia la Sentencia dos circunstancias enteramente ajenas al caso: la primera, el no haberse tomado en cuenta la "infrecuencia" con que los autores de este género de delitos contra su mujer cuenta en su haber con menciones honoríficas y condecoraciones militares obtenidas en el ejercicio de su profesión (cuando lo que procedería sería justamente lo contrario que fuese privado de tales merecimientos por su actuación delictual posterior, de lo que ya hay antecedentes concretamente por lo que se refiere a la Orden de San Hermenegildo).

La segunda circunstancia alegada en la Sentencia del Supremo es el hecho de haber participado el reo en las acciones que el Estado español tiene empeñadas para el mantenimiento de la paz en la República Islámica de Afganistán.

Pues bien, a la vista de tamañas retorsiones de la lógica, la coherencia, la ética y el más elemental sentido común, es urgente pasar a denunciar:

1º) que los premios y medallas adquiridos por el profesional de la milicia no le pueden servir de atenuante o minoración de la gravedad frente a los delitos de violencia de género que es el mayor atentado que puede cometerse contra la integridad de las conciencias. El razonamiento esgrimido equivaldría por ejemplo a que a un bombero se le pretendiese excusar judicialmente escudándose en su dominio del elemento mortífero y su arsenal ignífugo para quitarse de encima los conflictos con su mujer prendiéndole fuego.

2º) apelar al trato violento que se ejercita en los países en conflicto, --aunque las operaciones militares tengan por objeto la restauración de la paz-- es tanto como rebajar la conducta humana a los actos reflejos de los animales irreflexivos.


3º) Ante estas consideraciones judiciales ¿a alguien le puede caber la duda sobre las razones que hacen imposible cualquier intento de acabar con la violencia de género?.

Fdo. Ana Mª Pérez del Campo
Presidenta Federación Asociaciones Mujeres Separadas y Divorciadas
Vocal del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género

“EL INTERES SUPERIOR DEL MENOR”, ESCRITO PARA LOS/AS PARLAMETARIOS/AS DEL CONGREGO Y EL SENADO

Las Organizaciones que suscriben acaban de tener conocimiento de que el grupo parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado una interpelación urgente al Gobierno "sobre sus propósitos de extender a nivel nacional la Custodia Compartida sobre los hijos como modelo preferente en los procedimientos de separación o divorcio para su debate en el Pleno".

Ante una petición de tan graves consecuencias para la vida en desarrollo de los menores hijos de familia, nos consideramos obligadas a transmitir a los representantes del pueblo en ambas Cámaras Legislativas cuál es el verdadero alcance a que apunta dicha demanda sobre una reforma legislativa de ámbito nacional, que implica la modificación de la Ley de Divorcio del tít. IV del libro I del Código civil dotando de carácter imperativo el modelo de guarda y custodia llamado Custodia Compartida (Cª-Cª) sobre los hijos, es decir bajo el criterio de carácter preferente cualesquiera que sean las circunstancias de la ruptura familiar. Nuestra fundada oposición en defensa del interés y los derechos que asisten a los hijos en los procesos de separación y divorcio que a continuación indicamos:

a) Sentar la norma de la Cª-Cª por decisión judicial sobre cualquiera otra en estos procesos, significa abrir la puerta al estatismo en el Derecho de Familia encubriendo bajo la nomenclatura de la "Igualdad" el prejuicio del igualitarismo. La pretensión de imponer la Cª-Cª representa dejar a un lado sin remisión los derechos de los menores, y por tanto el interés primordial de los hijos, para permitir que preponderen los intereses de sus progenitores, los adultos.


b) Como se constata en todos los informes Nacionales e Internacionales, la Cª-Cª en estos procesos está siendo impulsada en todo el mundo por el contramovimiento machista de las Asociaciones de padres separados, amparada en la ideología del llamado Síndrome De Alienación Parental (SAP); teoría desacreditada por la Comunidad Internacional Científica, así como por la guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género del CGPJ año 2008. En Aragón, la Ley aprobada sobre Cª-Cª fue impulsada por la Asociación de Padres Separados “Aragoneses en Acción" (Altamira, Gonzalo, Asociación de Mujeres Juristas Themis, junio de 2012). Otro tanto ha ocurrido en Valencia, Cataluña y Navarra.

No se trata, como se pretende, del despertar de ciertas Autonomías al interés superior del menor, como se dice, o a la igualdad, ciertamente inexistente entre ambos cónyuges; no es eso lo que ha movido a determinadas Comunidades a adoptar con dudosa legitimidad la Cª-Cª, sino la actitud beligerante de las organizaciones de padres, en muchas de las cuales se encuentran asociados o acogidos varones condenados por delitos de violencia de género.

c) Es obvio que el interés de los varones por participar en el cuidado y atención y educación de los hijos no concuerda en modo alguno con la pretensión de que se imponga la normativa legal de la Cª-Cª. Así lo demuestra la solicitud total de excedencias laborales para el cuidado de hijos e hijas y personas dependientes, publicado por el Ministerio de Empleo sobre los últimos cinco años:
Año Total excedencias Mujeres Hombres % hombres
2007 34.816 33,335 1481 4%
2008 37.771 33.300 1471 3,9%
2009 33.942 32.549 1393 4%
2010 34.812 33.239 1573 5%
2011 34,128 32.599 1529 4%

Como se ve, el deseo de participación masculina ha descendido durante el último año y el porcentaje de los varones en los cuidados de los hijos resulta irrisorio o --más propiamente, vergonzoso-- a lo largo de los cinco años que se examinan. Mientras los datos contemplados nos indican que el 96% de las excedencias para el cuidado de los hijos y familiares dependientes es cubierto por las mujeres.

Hablar, transcribir y pretender ampararse en el principio de igualdad para reclamar la Cª-Cª ante una desigualdad tan evidente de hecho, sólo puede constituir una descarada falacia. La igualdad nada tiene que ver con la Cª.Cª porque por fortuna, según doctrina del Tribunal Constitucional, es evidente que la igualdad se infringe si se trata de modo igual a los que son desiguales.

El XVII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas (5 febrero 2012) así lo ratifica en sus conclusiones 3ª y 4ª, diciendo: "La especial implicación de la mujer en la reproducción, su mayor apego a los menores de edad y la previsión específica contenida en el art. 39.2 de la Constitución Española, exigen que la legislación civil contenga normas protectoras de la maternidad".


La mala interpretación de los conceptos o la equívoca intención de servirse de ellos para otros fines, puede convertir los valores más reconocidos en medios reprobables; en nombre de la libertad de expresión o del principio superior del menor se han cometido grandes atropellos y se han causado daños muchas veces irreparables; otro tanto ocurre cuando se esgrime la razón de la igualdad inadecuadamente.

Nadie puede dudar del dato avalado por la historia, de que el fin que han perseguido las mujeres en su condición de madres, ha sido, por encima de cualquier beneficio personal, el interés superior de sus hijos. No se trata de conservadurismos, ni de miedo a lo desconocido, o habrá que acudir a las hemerotecas para recordar que fueron las Organizaciones de Mujeres las que lucharon con tenacidad por introducir en nuestro Derecho de Familia la institución de divorcio y en el Código civil de la atención al "interés de los hijos" como criterio para confiar a uno u otro de los cónyuges el cuidado de los "sujetos a la patria potestad de ambos".

Mientras que grupos como los que hoy reclamaban la Cª Cª se oponían responsabilizando a las mujeres de la destrucción de las familias.


La Asociación de Mujeres Juristas Themis realizo a nivel nacional un estudio sobre esta misma materia relativa a los años 2006 a 2008 con un resultado tan concluyente como el siguiente:

--Sentencias dictadas por Juzgados de 1ª Instancia, Juzgados de Familia y Juzgados Mixtos.

De un conjunto de 759 sentencias estudiadas por Themis,

MADRESPADRESCUSTODIA COMPARTIDA
675 CASOS20 CASOS64 CASOS
88.93%2.69%8.43%

De un conjunto de 759 sentencias en 1º Instancia se confirman en la segunda 733 (el 96,97%) y se revocan 23 (el 3,03%).

En ningún lapso legislativo se atribuye sistemáticamente la custodia de los hijos a la madre, precisamente para no incurrir en la discriminación por razón de sexo a que se refiere el art. 14 constitucional. Por el contrario, lo que se toma en consideración para acordar la decisión judicial es el dato de la mayor o menor idoneidad de los progenitores, lo que dio por resultado que en el 90% de los casos la custodia fuese confiada a la madre, y no sólo por demostrarse su mayor idoneidad sino además porque sólo un 5% de los padres instaban la custodia sobre sus hijos; y este dato no nos retrotrae al 7 de julio de 1981, fecha de la entrada en vigor del divorcio, sino que en fechas no tan lejanas como el mes de noviembre de 2004, el XVII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, celebrado en Valladolid, estableció sus conclusiones lo siguiente:



--Los hombres y las mujeres no tienen la misma implicación en el proceso reproductivo humano, ni en la crianza de los hijos.

--Esta situación de la vida cotidiana tiene su paralelismo en las rupturas, el 93% de varones no pactan para sí la custodia de los hijos, un 63% de ellos no acuerda en los convenios más comunicación que los fines de semana alternos, y sólo el 54% ha convenido tenerlos la mitad de las vacaciones de verano.

--El 77% de los hombres no la solicita en los procedimientos contenciosos.

--Ni la especial implicación de la mujer en la reproducción, ni su mayor apego a la prole evidenciado en la realidad práctica, han supuesto hoy por hoy un soporte legal que desarrolle la protección integral a las madres de que habla la Constitución.

--El criterio legal prevalente del interés del menor no se contrapone a una solución respetuosa con la maternidad.


--Los empujes dialécticos relativos a la supuesta discriminación actual hacia los hombres no tiene base real ni en la ley ni en su aplicación.

--En el XXIV Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, celebrado el 30 de enero de este año 2012, se recogieron los datos del Instituto de Estadística relativa a los años 2009-2010 (publicado en 2011), que vienen a demostrar el desinterés en que permanecen los varones en cuanto a la solicitud de la custodia de sus hijos.

AÑO 2009
CUSTODIA MADRECUSTODIA PADRECUSTODIA COMPARTIDA
84%5.6%9.7%


AÑO 2010
CUSTODIA MADRECUSTODIA PADRECUSTODIA COMPARTIDA
83.2%5.7%10.5%

La Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, en base a sus propios estudios y en consideración de los dos estudios estadísticos que se acaban de mencionar, deduce las siguientes conclusiones: 1ª) Se desprende con claridad que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres esgrimida en el discurso teórico habitual no halla en modo alguno el correlato necesario para que pueda ser valorada como una realidad plausible, 2ª) las demandas de los justiciables masculinos reflejan con abrumadora mayoría peticiones y comportamientos más acordes con el perfil que les atribuye el puro rol convencional.


No se puede relegar al olvido que quienes ahora aparentan defender una igualdad hecha a su medida como justificación para imponer la custodia compartida, son los mismos, y en representación individual tan exigua cuanto abundante en proliferación de siglas, que se opusieron a la implantación del divorcio en tránsito a la Democracia; aquellos que promovieron lucha denodada contra la Ley de Medidas c/Violencia de Género; los mismos que se entregaron a propalar en las páginas de Internet sus diatribas furibundas contra el Ministerio de Igualdad o el Observatorio Estatal de Violencia de Género, y que día a día difaman, injurian y amenazan amparados en la impunidad del anonimato a las Asociaciones de Mujeres en las reclamaciones y trabajos que estas Organizaciones postulan y desarrollan en favor de las víctimas de la violencia de género. Son consumados maestros en el arte "camaleónico" de mostrarse como víctimas siendo los victimarios, y se las arreglan para obtener crédito de sus aparentadas penurias sin que haya quien se moleste en contrastar la inveracidad que se desprende de sus fabulaciones.

De los 27 países europeos de la Unión, únicamente 6 con inclusión de España, tienen establecida la custodia compartida en sus respectivas legislaciones; pero ninguno de ellos ha sancionado que dicho modelo de Cª Cª sea impuesta por decisión judicial cuando existe oposición por alguno de los miembros de la pareja; menos aún cuando ninguno de los dos la solicita en el procedimiento.

En este capítulo del Derecho comparado, no podemos dejar de recordar a las señoras y señores Diputados, que tanto en Estados Unidos como en Australia y otros países de ultramar cuentan con buen bagaje de Estudios especializados, de los cuales se colige sin la menor duda las desastrosas consecuencias que se siguen para los hijos cuando se ven sometidos al régimen de custodia compartida sin el libre acuerdo de ambos progenitores.

Cuando en 1981, el 7 de julio, se aprobó dentro de la modificación del Código Civil los artículos pertinentes para introducir el divorcio, se tuvo bien en cuenta que el mayor interés de los hijos exigía el consenso entre el padre y la madre y en base a ello se estableció el mutuo acuerdo, por lo tanto, la posibilidad de consensuar una Cª Cª, existe desde entonces. Porque cualquier imposición agrava la controversia entre la pareja y por tanto aumenta el daño a los hijos.

La diputada de UPyD, Rosa Diez, en su interpelación ante el Congreso deslizó la especie de que la adopción de determinadas acciones políticas no merman un euro a la economía en la crisis que al presente nos afecta. Esa apreciación entraña un grave error. Por el contrario, la reforma en sí producirá cuantiosos gastos, desde el aumento exagerado en el número de procedimientos judiciales --de lo que ya tenemos constancia por la experiencia de los países en los que el cambio se ha operado, así como en la Comunidades Autónomas españolas que lo han introducido--, hasta la correspondiente inversión económica en la dotación a los profesionales que como pediatras, pedagogos, expertos en Psicología Infantil, etc. que deben asesorar al Juez por mandato de la Ley al ser la materia jurídica y no el campo de la pediatría la especialidad y dominio propios del conocimiento judicial. Como es obvio. Nadie con sentido cabal puede creer que una decisión como la de la atribución de los hijos bajo custodia pueda quedar al albur de la improvisación judicial, a tales efectos tan indocta como del más digno representante de cualquier otra pericia diferente de la que afecta a los menores en su calidad de hijos de familia. En materia del conflicto familiar sometido a litigio, el Juez es el director del debate, no el poder sibilino que responde por su sola sapiencia a cuantas preguntas o cuestiones se puedan plantear en el litigio.


Debe recordarse finalmente, al partido proponente UPyD, que se trata de legislar para la ciudadanía común y corriente en el País; habida cuenta que optar por la Cª-Cª supone estar preparado para pasar de tener una sola vivienda a disponer, al menos y en el mejor de los casos, de tres viviendas en juego permanente, lo que no parece viable sin contar con una economía familiar muy por encima de la media nacional. También se podría haciendo caso omiso al interés superior del menor, tener dos viviendas, pero entonces el niño permanecería en permanente trashumancia de un hogar otro. A menos que, bajo la óptica optimista y bien intencionada de los proponentes de la Ley se quiera constituir una especie de "élite económica de la Custodia Compartida", algo así como una Custodia paradigmática para sectores selectivos de la dinámica familiar. Dentro de la igualdad sin discriminaciones del art. 14 de la Constitución, por supuesto...

Nuestras Organizaciones quieren dejar constancia de que siempre estarán dispuestas a aceptar una custodia compartida si es así lo que acuerden libremente la madre y el padre a través de un mutuo Acuerdo con todas las garantías de la ley: presentado a la aprobación judicial previo informe preceptivo del Ministerio Público.

Es de elemental atención a la experiencia común plantearse la cuestión de cómo podrá pretenderse que se lleve adelante una "custodia" en común sobre los hijos las parejas que no han sido capaces siquiera de formalizar una ruptura consensuada, que han dejado de vivir bajo techo común y que ya no tienen más nexo de relación que la conflictividad de un contencioso plagado de fricciones de todo orden, de intereses y sentimientos contrapuestos. -- Haya o no mediado violencia de género en el caso--.


Madrid, 18 de junio de 2012


Asociación de Mujeres Juristas Themis
Presidenta.- Angela Cerrillos Valledor

Federación Mujeres Progresistas
Presidenta.- Yolanda Besteiro de la Fuente

Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.
Presidenta.- Ana Mª Pérez del Campo Noriega

Fundación Mujeres
Presidenta.- Marisa Soleto

Comisión para la Investigación de Malos Tratos
Presidenta.- Susana Martínez Novo

Unión de Asociaciones Familiares
Presidenta.- Julia Pérez Correa

Asociación Universitaria contra la Violencia Machista
Presidenta.- Rosa San Segundo Manuel

Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres
Presidenta.- Rosa Escapa Garrachón

Asociación Solidaridad Madres Solteras
Presidenta.- Mª Carmen Flores Rodríguez

Fundación Mujeres
Presidenta; Marisa Soleto

Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres
Presidenta.- Rafaela Pastor Martínez

Colectivo de Jóvenas Feministas
Presidenta.- Lourdes Mª Pastor Martínez

Federación de Asociaciones de Madres Solteras

AMASOL de Zaragoza

AFAMON de Baleares

AFAMON de Valencia

YA ESTÁ BIEN DE HABLAR DE MUJERES MUERTAS CUANDO SON ASESINADAS

Las mujeres que son degolladas, quemadas, asfixiadas, apuñaladas, tiroteadas, descuartizadas.... NO son MUJERES MUERTAS, son mujeres ASESINADAS.

Es doloroso e indignante que nos lleguen noticias a través de los medios de comunicación y documento que parten de las instituciones públicas que trabajan por los derechos de las mujeres, en los que se informa sobre casos de “violencia de género” o de mujeres “muertas”, cuando de lo que se está hablando es de mujeres ASESINADAS. Ya está bien de minimizar los crímenes contra las mujeres.

Cada día en este país miles de mujeres son maltratadas, insultadas, humilladas, vejadas... por el mero hecho de ser mujeres, por “ser propiedad” de un varón que cree, porque así ha sido educado, que la mujer que duerme a su lado es posesión suya y que por tanto ésta tiene que obedecer a sus deseos y cumplir sus espectativas. Ella también es producto de esa educación patriarcal que desde que nacemos nos adoctrina para ser sumisas y hacernos sentir culpables si no acatamos la norma, obeder y complacer a los hombres de nuestra vida.

La Violencia contra las Mujeres, que no violencia de género, es la VIOLENCIA ejercida por un varón que se siente con derecho a golpear, quemar, acuchillar y dejar a una mujer a veces en estado de coma porque ésta decide separarse de él, porque no le llevó una sopa lo suficientemente caliente o porque a él le ha parecido que miró demasiado amablemente al camarero.

Cuando esa VIOLENCIA, que llamo Violencia contra las Mujeres y no de Género, ya que se ejerce contra las mujeres, pues bien, cuando esa violencia brutal llega a acabar con la vida de estas mujeres y a veces también de sus hijas e hijos, no podemos seguir hablando de Violencia, sino de ASESINATOS, porque en todos los demás casos así lo hacemos y si una paliza llega a acabar con la vida de una persona se habla de asesinato y no de violencia.

Está claro que es muy complicado que la ciudadanía en general asuma lo que el feminismo lleva reclamando más de 300 años, que las mujeres somos más de la mitad de la población y que por tanto nos corresponde tener los mismos derechos y caminar por el mundo tan libremente como los varones, y es complicado que se asuma porque aunque el feminismo cuenta con más de tres siglos de historia, el patriarcado se remonta a los albores de la humanidad y es complicado el cambio de mentalidad de la ciudadanía. Pero lo que es inaceptable es que las instituciones que nos representan ni tan siquiera conceptualicen de forma “justa”, o “correcta” quizás, los crímenes contra las mujeres.

El feminismo cuenta con cabezas privilegiadas que sin duda harían una gran labor en estas instituciones y que son imprescindibles si de verdad queremos acabar con esta lacra social.

Ser mujer no garantiza tener conciencia feminista …...

Fdo.: Lourdes Pastor Martínez
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres

Cuando en una tempestad como la que estamos viviendo aumenta el desempleo, se cierran quirófanos o hay colegios sin calefacción, puede parecer una minucia o hasta una provocación a los dioses de la austeridad reivindicar la labor de un pequeño organismo de la Administración Central del Estado que el año que viene cumpliría 30 años si sobreviviera a la debacle: el Instituto de la Mujer.

El Instituto sustituyó a la antigua Subdirección de la Condición Femenina y fue creado por Ley en 1983 como un Organismo Autónomo en el Ministerio de Cultura. Su primera directora fue Carlota Bustelo y la última Teresa Blat. La dirección del Instituto de la Mujer, que actualmente depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha sido recientemente suprimida y se ignora si el Instituto se verá reducido a la categoría que tenía hace 30 años, si se utilizará para otros fines o si, simplemente, desaparecerá.

Las funciones del Instituto, recogidas en la ley que lo creó, son promover las condiciones que hagan posible la igualdad entre hombres y mujeres y fomentar la participación de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural de nuestro país. Y a eso es a lo que se ha dedicado durante tres decenios, desde que aquel primer equipo de mujeres, convencidas y peleonas, abrieron el Instituto en la calle Almagro de Madrid y empezaron a recopilar las estadísticas dispersas, a desagregar por sexo los datos del mercado laboral, del analfabetismo; a analizar la mortalidad y la natalidad, el uso de anticonceptivos o la escolarización de las mujeres.

Con todos los datos disponibles negro sobre blanco y encuadernados en un inmenso volumen de tapas amarillas, Natalia Rodríguez Salmones y su equipo del Instituto nos regalaron la primera foto, la primera radiografía, el primer diagnóstico de la situación de las mujeres españolas en el empleo, en la educación, en la familia. Aquel libro ladrillo mostraba nuestra diferencia con las demás mujeres europeas, el atraso y la brecha que había que superar.


El Instituto ha aplicado cinco planes en el marco del programa europeo de igualdad. ¿Habrá más?

Este trabajo de documentación y de investigación ha sido una constante en la actuación del Instituto. En colaboración con la Administración, con la Universidad o con la Unión Europea se han ido iluminando aspectos desconocidos o no abordados de la realidad de las mujeres españolas. Las series estadísticas de la publicación "Mujeres en Cifras" han permitido monitorizar los cambios, y sobre todo han sido la base para el establecimiento de actuaciones y políticas, en su mayoría estructuradas a través de los planes de igualdad.

Hace unos días y en estas mismas páginas, Santos Juliá reconocía el desdoblamiento del masculino genérico para adaptar el lenguaje a la realidad, ya que la transformación de la situación de la mujer “es la más profunda revolución experimentada por la sociedad desde la guerra contra los franceses”. Al margen de que sea muy de agradecer esa defensa de la actualización de la lengua, y de que los retrocesos, como en todo, sean siempre posibles, la verdad es que a principios de los 80 acabábamos de salir de una dictadura en la que las mujeres tuvieron consideración de seres dependientes de los hombres, legal y económicamente, y una misión prioritaria de crianza y trabajo en el hogar familiar. Las mujeres necesitaban permiso del marido para contratar, vender, abrir una cuenta en el banco o sacarse el carné de conducir. Desde el derecho de familia al ámbito penal, pasando por la legislación laboral, las leyes ejercían un control social sobre las mujeres, con represión específica de género respecto a los hombres. Pueden parecernos injustas las leyes que sufren las mujeres en otros países, pero las nuestras no eran mucho mejores. Basta recordar los tipos penales del adulterio y el amancebamiento.

Con ese tenebroso pasado a la espalda, que naturalmente no estaba solo en las leyes, sino que impregnaba la vida cotidiana, la educación, los prejuicios...había sin embargo un camino claro: Europa. España quería entrar en Europa y además en 1984 habíamos firmado la Convención de Naciones Unidas contra todas las formas de discriminación contra la mujer. El Gobierno tenía que hacer un informe y los distintos Ministerios debían implicarse. Además, ese mismo año la Comunidad Europea reconoció que aparte de leyes había que hacer algo para compensar los efectos negativos de las actitudes sociales dominantes sobre las mujeres. Algo que siguen diciendo, por ejemplo la Comisaria Viviane Reding y el Parlamento Europeo sobre las cuotas. Si esperamos sentadas a que las mujeres participen en las decisiones empresariales no lo verán ni nuestros ojos, ni los de nuestras biznietas.


La situación de las mujeres ha mejorado en España, pero la crisis está agravando la desigualdad

Hay que hacer políticas de igualdad desde organismos que se ocupen de ello y con implicación del conjunto del Gobierno y de los agentes sociales. Esa idea es la base de los programas de acción europeos para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. España se incorporó al segundo programa con el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1988-1990). Fue una estrategia que también se fortaleció en la Conferencia de Naciones Unidas de Beijín, presidiendo España la delegación europea. Desde entonces el Instituto de la Mujer ha desarrollado cinco planes de actuación, el último de los cuales terminó en 2011. ¿Habrá más planes de Igualdad?

Unas de las actividades del Instituto de la Mujer desde el principio fue sensibilizar a la sociedad, buscar que se hiciera visible la violencia contra las mujeres, con una primera campaña contra el maltrato que decía “Defiende tu dignidad. Mujer, no llores, habla”. Ahora sabemos lo que es la violencia de género, aunque no hayamos conseguido erradicarla. Pero el primer paso para combatir algo es reconocerlo.

El Instituto, en cierta forma, ha sido un pepito grillo de los diferentes gobiernos. En buena parte porque las asociaciones de mujeres y el feminismo lo demandaban. El Instituto de la Mujer ha sido un organismo muy relacionado con las organizaciones de mujeres, que han actuado como palancas de cambio en la proposición normativa y en la prestación de servicios. Otro aspecto fundamental en la labor del organismo, además del desarrollo de metodología para la igualdad en diferentes políticas públicas y los pilotajes en formación, ha sido el apoyo, a través de convenios, a la creación de servicios de atención a las mujeres más desfavorecidas y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades a nivel autonómico y local. Una red de atención y de prestación de servicios, por ejemplo para madres y menores maltratados, que pueden ser suprimidos o disminuidos por causa de la crisis.

El Instituto de la Mujer empezó su andadura con 600 millones de pesetas y en 2011 tenía un presupuesto de aproximadamente 20 millones de euros, con la particularidad de que gestiona los recursos del Fondo Social Europeo para Igualdad. A lo largo de su dilatada vida ha tenido varios encontronazos con lo que podríamos llamar otras fuerzas vivas, incluyendo la Iglesia, por campañas como la del "Póntelo, pónselo”, en un momento en el que el sida hacía estragos en España y el Ministerio de Sanidad quería fomentar el uso del preservativo para disminuir el contagio y los embarazos en adolescentes. Pero siempre ha imperado la idea de colaboración transversal con gobiernos e instituciones. Los programas de colaboración con empresas para reconocer y difundir buenas prácticas, que algunas empresas desarrollan desde la racionalidad empresarial, son un buen ejemplo de este trabajo, al igual que los programas de difusión de nuevas tecnologías entre mujeres, de un indudable interés.


Hay que hacer políticas de igualdad desde organismos que se ocupen de ello y con implicación del Gobierno y los agentes sociales.

El Instituto de la Mujer en 2004 se vinculó a la Secretaría General de Políticas de Igualdad y llegó a integrarse en un Ministerio de Igualdad para pasar a depender del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el año 2010. Durante los años de gobiernos socialistas se aprobaron leyes tan importantes como la de Igualdad, contra la Violencia de género, la Ley de Dependencia o la de Salud Sexual y Reproductiva. Esta última ahora se quiere reformar a pesar de que es similar a las que existen mayoritariamente en Europa, no aumenta el número de abortos y proporciona seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios. El Instituto de la Mujer colaboró, informó y siguió la aplicación de estas leyes, actuando siempre en cumplimiento de sus funciones de promover la Igualdad de Oportunidades.

La Unión Europea ha creado un Instituto Europeo de Igualdad de Género, entre otras cosas para seguir las políticas de los Estados miembros en este tema. Es verdad que España ha avanzado mucho en los últimos años, pero hay gravísimos problemas que empeoran con la crisis: la desigualdad en la participación en la economía y el empleo, incluyendo la salarial, las cifras de violencia y la pobreza o la exclusión social, que se ensañan más con las mujeres. El Instituto de la Mujer no es un organismo crecido al calor de la burbuja inmobiliaria. Nació con la democracia y muchas mujeres lucharon por que existiera. Sería un error que desapareciera o se desvirtuara. Pero en estos tiempos pegajosos, todo es ideología vestida de austeridad. O austeridad vestida de ideología.



Firman este artículo las directoras del Instituto de la Mujer Carlota Bustelo (de 1983 a 1988); Carmen Martínez Ten (de 1988 a 1991); Marina Subirats (de 1993 a 1996); Rosa Peris (de 2004 a 2009); Laura Seara (de 2009 a 2011) y Teresa Blat (de 2011 a 2012) además de Pilar Toboso, Francisca Sauquillo, Margarita Sáenz-Diez, Amparo Rubiales, Carmen Rodríguez, Ana Pérez Tórtola, Pilar Pérez-Fuentes, Lourdes Muñoz, Arantxa Mendizábal, Pilar Escario, Rosa Escapa, Patrocinio de las Heras, Azucena Criado, Maite Costa, Elvira Cortajarena, Cecilia Castaño, Delia Blanco, Sara Berbel, Elena Arnedo, Duca Aranguren, Carmen Alborch e Inés Alberdi.

Martes 27 de marzo de 2012 - Manifiesto contra la reforma laboral y los recortes presupuestarios en servicios públicos y políticas de igualdad.

“Las organizaciones feministas se manifiestan contra la reforma laboral y los recortes presupuestarios que afectan a los servicios públicos y las políticas de igualdad.”

“Hacen un llamamiento a la ciudadanía para que reivindiquen activamente el mantenimiento de sus derechos sociales y laborales.”

Las organizaciones feministas firmantes del presente manifiesto queremos hacer pública nuestra preocupación por el futuro de las políticas y los avances sociales conseguidos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de los derechos sociales y laborales de las mujeres.

Las decisiones que está adoptando el gobierno de recortar el gasto social, de deterioro de las condiciones de trabajo y de la destrucción de empleo público, no sólo ponen en riesgo el Estado del Bienestar, sino que tendrán consecuencias letales sobre la igualdad de oportunidades y la situación social y laboral de las mujeres.

La crisis ha incrementado las desigualdades sociales en España y ha impactado de forma diferente sobre la vida de mujeres y hombres. Pero además las recetas basadas estrictamente en criterios macroeconómicos tendrán consecuencias especialmente graves sobre el empleo y la empleabilidad de las mujeres.

Porque los recortes presupuestarios está afectando de forma grave al mantenimiento de los servicios públicos, especialmente a aquellos que apoyan las tareas de atención y cuidado a las personas.

Porque Los recortes en empleo público va a afectar a sectores fuertemente feminizados, llevando al desempleo a muchas mujeres.

Porque la reforma laboral añade rigideces a las relaciones laborales y acabará expulsando a las mujeres a las mujeres del empleo de calidad.

Porque la reforma laboral disminuye las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral rompiendo definitivamente con el criterio de corresponsabilidad y depositando la responsabilidad del cuidado enteramente en las familias.

Porque el debilitamiento de la negociación colectiva va a afectar gravemente a la incorporación de la igualdad a las relaciones laborales y el desarrollo de planes de igualdad dentro de las empresas.

Porque, en definitiva, el nuevo marco de relaciones laborales que ha establecido la reforma laboral, además de dejar sin contenido y hacer inaplicable las medidas en defensa de la igualdad en el empleo de la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, tendrá una incidencia negativa sobre la posición laboral de las mujeres y contribuirá a incrementar la discriminación laboral por razón de sexo.

Creemos que no hay una sola forma de salir de esta crisis como nos están haciendo creer. Las organizaciones feministas y de mujeres firmantes, queremos expresar nuestra preocupación porque la crisis sirva como escusa para el desmantelamiento de los avances conseguidos en materia de igualdad. Queremos recordar que una sociedad más justa es la que pone a las personas y a las necesidades sociales en el centro de las decisiones políticas y no sólo los criterios macroeconómicos dictados por los mercados y las grandes corporaciones empresariales. Por ello:

Defendemos unos servicios públicos eficaces y eficientes, con capacidad de gestión y de atención a las necesidades de las personas, como base para la construcción de una sociedad más justa y más democrática.

Pedimos a los poderes públicos que los recortes presupuestarios no se hagan a costa de la eliminación de las políticas de igualdad y que se continúe invirtiendo en el desarrollo de las políticas de igualdad y en la integración del principio de igualdad de oportunidades en las políticas generales, tanto por parte del Gobierno central como de las comunidades autónomas.

Solicitamos que las políticas dirigidas a la erradicación de la violencia de género, no sufran recorte alguno y se continúe con el mismo impulso que se ha mantenido desde la aprobación del la Ley integral contra la violencia de género.

Denunciamos el impacto negativo que la reforma laboral recientemente aprobada va a tener sobre el empleo y la posición laboral de las mujeres y pedimos una modificación de sus contenidos para evitar un retroceso que puede ser irreparable en la participación social y laboral de las mujeres y en el desarrollo de la igualdad de oportunidades en las relaciones laborales.

La igualdad entre mujeres y hombres ha sido y es uno de los objetivos básicos de la construcción europea. La experiencia nos ha demostrado que una sociedad avanza al mismo ritmo en que avanzan los derechos de sus mujeres y el reconocimiento de la igualdad de oportunidades y de trato como pilares fundamentales de su desarrollo.

No es el momento de retrocesos. En defensa de los derechos de las mujeres y una sociedad más justa y equitativa; en defensa del Estado del Bienestar y los servicios públicos; en defensa de las políticas de igualdad, queremos hacer una llamamiento a toda la ciudadanía, en especial a las mujeres, para que tengan una posición activa en la reivindicación de los derechos y los servicios públicos que tanto tiempo y esfuerzo nos ha constado conseguir.

Por la igualdad de Oportunidades, por los derechos de las mujeres.

No a la reforma laboral, No a los recortes de los servicios públicos, No al retroceso en los derechos de las mujeres.

Organizaciones Firmantes:

Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas
Federación de Mujeres Progresistas
FADEMUR
Esfera
Asistencia Mujeres Violadas
Federación de Asociaciones de solidaridad con Madres solteras
Asociación de mujeres por un envejecimiento saludable
Mujeres Opañel
Asociación de Mujeres para la Salud
Enclave Feminista
Federación de Mujeres Jóvenes
Fundación Mujeres
Red Feminista de Derecho Constitucional
Celem
Asociación de Mujeres Juristas Themis
AUVIM.- Asociación Universitaria contra la Violencia Machista
Católicas por el derecho a decidir
Mujeres en Red

No es gramática, es ideología

El diario El País publicó, el 4 de marzo, un largo informe, sobre guías editadas en España con recomendaciones para erradicar el sexismo en el lenguaje, del académico de la Española, don Ignacio Bosque, que suscribían 23 académicos y tres académicas de número, así como siete correspondientes, entre ellos dos mujeres. No fue una declaración institucional, sino la opinión de una minoría cualificada, y como tal hay que valorarla. Algunas de estas guías llevan publicadas más de quince años. Si tan mal estuvieran ¿por qué no ha intervenido la Real Academia Española cuyo lema conocido es limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua? Y no será porque en otras ocasiones la docta corporación no haya hecho declaraciones institucionales contra usos lingüísticos legítimos que ella no aprueba; hay antecedentes de sus críticas como más abajo se verá. ¿Pero por qué ahora este informe?
La historia nos demuestra que siempre que un movimiento social avanza en sus reivindicaciones y consolida apoyos intelectuales y sociales se desata una reacción directamente proporcional de las fuerzas reactivas porque ven amenazados sus privilegios. En los últimos veinticinco años se ha avanzado mucho en el camino de la igualdad de mujeres y varones: Ley contra la Violencia de Género, Ley de Igualdad, Ley de Derechos Reproductivos, Legalidad de matrimonios entre homosexuales… Últimamente los ataques a estas leyes por parte de comandos resistentes están siendo muy clamorosos, cosa que se puede seguir a través de los medios de comunicación. Parecería que la crítica a las guías citadas se ha contagiado de este ambiente.
Vaya por delante esta anécdota alusiva a don Víctor García de la Concha, anterior director de la Real Academia Española, y sucedida en el IV Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebró en Cartagena de Indias (Colombia) en 2007. Allí en un panel en el que se le planteó que cuándo iba a tenerse en cuenta la perspectiva de género en el DRAE, él alegó que había "encargado a un grupo feminista que hiciera proposiciones y las aceptamos casi todas"…no todas, claro, "porque no quisimos hacer militancia feminista".
Precioso el relato. Queda claro que las aportaciones eran pertinentes pues de lo contrario no se habrían aceptado. Convertirse en feministas le parece a don Víctor algo horroroso. Imagínense que llega doña Margarita Salas con una batería de nombres biomoleculares, y los colegas académicos le dicen: “Margarita, a ver lo que nos traes, solo te vamos a aceptar dos o tres, no sea que nos tomen por científicos”. Gensanta!, diría algún personaje de Forges.
La docta corporación también demostró su alejamiento del discurso ilustrado feminista, cuando en el Parlamento Español se debatió y aprobó la Ley de Violencia de Género, y la Real Academia se pronunció en contra de que se usara la expresión violencia de género en una Ley Orgánica, alegando que en español “no existe tradición de uso de la palabra sexo como sinónimo de género”. ¡Exacto! Eso es lo que se reprocha al DRAE, que sancione voces como overbooking, free-lance o cameraman frente a los castizos sobreventa, autónomo/a, cámara, que recoja toda la serie maruja, marujear, marujeo, marujil, y que todavía no haya incorporado la acepción de género como “construcción que atribuye a cada sexo características sociales y culturales”, término ampliamente usado en sociología, antropología y el lenguaje común desde hace muchos años.
La Real Academia Española es una institución que en su diccionario normativo y usual se lee, patriarcado: “Organización social primitiva”; sexismo “Discriminación de un sexo hacia otro” (¿?); feminismo: “1) Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. 2) Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres”. Con respecto a la acepción 1), los académicos se olvidan de que existe la Constitución Española y la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Las mujeres tienen los mismos derechos que los varones; los derechos ya están conseguidos legalmente ahora estamos en que sean una realidad en la calle. La acepción 2) explica claramente lo que es el androcentrismo académico: ¿Cuál será el desiderátum último de una mujer? Pues, según el DRAE, tener los mismos derechos que los hombres (léase varones), porque son el referente, el canon. El feminismo se ve como algo compacto y no se recoge feminismo burgués, sufragista, católico, socialista, radical, ilustrado, de la diferencia, de la igualdad, ecofeminismo, posfeminismo..., cosa que sí se hace con las voces de otras disciplinas; en economía se define hasta la de escala, dirigida...y en sociología: nada menos que la sociología vegetal.
Como se ve son recomendaciones de usos y referentes verbales sexistas que, por proceder del DRAE, la comunidad hablante acepta e interioriza como si del Código Civil o Penal se tratara. Pero no es así, no es incuestionable.
El hombre universal, el llamado genérico masculino, no es un concepto lingüístico sino cultural patriarcal, que subsume la categoría mujer en la categoría hombre quitándola sus rasgos específicos de ser humano-mujer. Y a esto hay que buscarle solución: las mujeres no pueden construir su identidad si tienen que mirarse en el espejo de un varón; los varones se están construyendo mal porque solo se ven a ellos mismos en el universo.
De ahí la propuesta, de evitar eso del masculino genérico y de desdoblar los nombres de acción en sus formas gramaticales femeninas y masculinas. Por supuesto que en una buena novela policiaca en cualquier momento puede aparecer una víctima que deberá llevar a la captura del asesino, lo marca la preceptiva del género, nada que objetar. Cada ámbito tiene sus reglas. Ahora, las instancias, los impresos, los títulos académicos y otros muchos documentos no pueden ir redactados sólo con la forma masculina, como el solicitante, ni debo recibir cartas personalizadas con Estimado cliente Don Pilar Careaga, y hay que evitar el masculino que invisibiliza lo femenino o confunde: Los asturianos son simpáticos (¿sólo los varones o las mujeres también?); no desearás la mujer de tu prójimo (¿las mujeres pueden desear a la mujer o al marido de la prójima?) y de toda la vida, las conferencias se han iniciado enfatizando y nombrando a los grupos y rangos presentes, acabando con el conocido… señoras y señores, cierto que en los conciertos de rock, se suele usar el ¡Hola, Benicasinnn!, y quién no recuerda: Good monning, Vietnam! Son niveles lingüísticos diferentes. Estas guías buscan la reflexión personal y dan pautas para redactar documentos, informes, libros de texto, de ahí ejemplos difíciles; no están pensadas para escribir poesía.
Puede que muchas recomendaciones no le gusten a la RAE, pero si respetan la estructura idiomática no pasa nada. Luego, la comunidad hablante, que en definitiva es quien consagra los usos, rechazará aquello que le resulte complicado, innecesario y ajeno. Quizá algunas propuestas no sean muy felices, pero tampoco vale todo lo que diga la RAE – como los ejemplos de más arriba– y a veces aboga por soluciones contrarias a su propia gramática.
Hay nombres que por su etimología desarrollan formas gramaticales dobles: geólogo/a, capitán/a, fontanero/a; otros marcan el femenino o el masculino con el artículo: el/la periodista, el/la policía, el/la estilista, el/la cantante, el/la yogui, el/la modelo, el/la soldado. Si esto se hubiese mantenido así desde hace cientos de años, habríamos interiorizado el sistema y no tendríamos ningún problema: sabemos que Monserrat Caballé es soprano, y Escribá de Balaguer, cura.
Sin embargo, hay una tendencia popular en nuestra lengua a colocar aes finales en nombres que marcan el femenino con el artículo y que la RAE tiene sancionados desde hace mucho tiempo dependiente/a, presidente/a, practicante/a, asistente/a, aunque recientemente admite los usos de la arquitecto, la médico, la psicólogo, innecesarios y que confunden al hablante porque rompen la norma de construcción de femeninos y masculinos. Curiosamente el DRAE solo aboga por estos usos en titulaciones universitarias superiores -la cirujano, la biólogo, la ingeniero-, pero hay que aplicar la norma desdoblada en obrero/a, peluquero/, carnicero/a. No es gramática, es ideología.
Un último ejemplo: Derecho de pernada, según el DRAE, es “ceremonia de algunos feudos, que consistía en poner el señor o su delegado una pierna sobre el lecho de sus vasallos el día que se casaban.” Leído así, resulta un cuadro folclórico de fiestas patronales. Pero falta la segunda parte, que nos la da el Diccionario feminista de Victoria Sau: “...casaban, pudiendo así yacer la primera noche de bodas con la mujer de sus vasallos, apropiándose de la virginidad de la recién casada y obligándola al adulterio”. Diferente ¿no?
En el largo artículo de Ignacio Bosque, se reconoce la discriminación hacia la mujer en nuestra sociedad, la existencia de comportamientos verbales sexistas, el hecho de que instituciones internacionales, nacionales y autonómicas han abogado por el uso de un lenguaje no sexista y que es necesario extender la igualdad social entre mujeres y hombres, aunque se afirma que el lenguaje no es el responsable último de estos hechos y que además hay cosas muy serias como las mujeres que mueren al año por “violencia doméstica” o las grandes diferencias salariales entre hombres y mujeres. Sigue diciendo que aunque no hay discusión en nuestra sociedad sobre la discriminación, sí hay “discrepancia entre las mujeres acerca de cuáles son las medidas que la evitarían”. Vamos, que como no nos ponemos de acuerdo las mujeres por eso estamos así. Las discriminaciones las padecen las mujeres pero las genera la sociedad e incumben a mujeres y varones.
Para acabar una reflexión: siempre que el feminismo propone nuevas vías o estrategias, el sistema se las ingenia para dirigir la mirada hacia otros lugares. El no toca ahora ya está sabido. Incluso el “conseguiríais más si dejarais esas tonterías del todos y todas porque eso distrae y no se oye vuestro mensaje, con lo importante que es”, que nos recuerda al zorro y al cuervo. Pero ni vamos a graznar, ni se nos va a caer el queso; el lenguaje está en nuestra agenda actual pues (sigue la maestra Marcela Lagarde): “incontables mujeres construimos desde hace por lo menos dos siglos nuestra identidad de género, marca de nuestra condición humana específica. Al dotar a la palabra mujer de una historia hasta ahora misóginamente silenciada e inferiorizada, la hemos resignificado y la hemos hecho imprescindible en todo discurso abarcador. Es evidente que la condición masculina resulta limitadísima y equívoca para representar y simbolizar a las mujeres”.
Pilar Careaga Castrillo es feminista, editora y lingüista.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf

Séptima. Financiación a la Iglesia Católica.

Durante el año 2012 el Estado entregará, mensualmente, a la Iglesia Católica 13.266.216,12 euros, a cuenta de la cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación de lo dispuesto en los apartados Uno y Dos de la disposición adicional decimoctava de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

Antes del 30 de noviembre de 2013, se efectuará una liquidación provisional de la asignación correspondiente a 2012, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de abril de 2013. En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente.

COMUNICADO DE PRENSA

La Asociación Consuelo Berges de Mujeres Separadas y/o Divorciadas de Cantabria ante las declaraciones vertidas en estas últimas semanas a los Medios de Comunicación por la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, quiere poner en conocimiento de la opinión pública, las siguientes consideraciones:

1) Las ONG´S de mujeres somos agentes civiles de la sociedad organizada y como tales tenemos el derecho de participación en las Políticas Globales y de Género (en este caso en las políticas de violencia de género), tanto en sus sugerencias como en la elaboración, planificación, evaluación y seguimiento, recogida en la Plataforma de Beijing.
Por tanto, rechazamos la descalificación que se nos quiere hacer al llamarnos “intermediarias”, ya que ello solo expresa el erróneo concepto que se tiene, de lo que es y representa la democracia participativa en nuestro Estado de Derecho.

2) Es una vuelta atrás de 15 años o más, el discurso que se hace sobre la violencia de género, ya que el cambio de su terminología esconde una diferente conceptualización de la misma, por otra parte, ya acordada en la Plataforma de Beijing y en diferentes Acuerdos Internacionales.
Rechazamos estos cambios y creemos que solo se pueden hacer desde un desconocimiento científico de lo que es y representa la violencia de género, lo que de hacerlo, pone en peligro la formula para su correcto abordaje hacia su erradicación.

3) Se “olvidan” los derechos de las mujeres, ya que con la formula de gestión actualmente puesta en vigor, no está garantizada la atención integral a las víctimas (Derecho expresado claramente en las Leyes Integrales de Violencia de Género).
Las atenciones a las mujeres, sufrirán estos cambios (que en ocasiones, pudieran ocultar recortes) y no les llevará a erradicar de sus vidas, y la de sus hijos e hijas, la violencia.
Las ONG´S de mujeres expertas en violencia de género, sabemos de lo que hablamos, porque fuimos pioneras – en su día – en introducir este concepto de integralidad en la elaboración de las Leyes Integrales de Violencia de Género.

4) Rechazamos las declaraciones que ponen en duda la veracidad de las denuncias de las mujeres, ya que con ello no solo se desconoce la realidad, sino que favorece la argumentación de los agresores, a la vez que hacen que las mujeres desistan en sus denuncias.

5) Somos expertas en Violencia de Género y nadie nos ha dado nada regalado, todo ha sido fruto de nuestra experiencia profesional y nuestro rigor al realizar la atención a las mujeres.
Hay datos que nos avalan:
- Desde 1.993 venimos trabajando en Cantabria, y hemos atendido a casi 8.000 mujeres. De estas 8.000, en el Centro de violencia de género del Gobierno de Cantabria hemos atendido a 3.000 mujeres aproximadamente.
-Nuestro equipo de profesionales están coordinados desde una atención integral (protocolarizada en todos los ámbitos y áreas).
-Hemos sido el Centro de recogida de Órdenes de Protección, gestionándolas.
-Nuestras Profesionales tienen experiencia demostrada.
-La dirección y responsabilidad del equipo ha sido llevada a cabo por una ONG – Consuelo Berges – experta en violencia de género y coordinadas a nivel Estatal y Europeo, con las políticas a seguir, para la erradicación de la violencia.

¿Alguna otra Organización o Profesionales pueden acreditar esto?

Todo ello nos ha hecho ser un referente en nuestra Comunidad Autónoma y fuera de ella en la atención a mujeres víctimas de malos tratos.

6) Los Indicadores de Calidad que utilizan los Observatorios de Violencia Estatales o Europeos, destacan claramente como la calidad aumenta cuando las gestoras de los recursos son las ONG´S de mujeres expertas en violencia de género, incluso sobrepasando a la propia Administración.

7) Rechazamos los “mensajes confusos” que se vierten a los Medios de Comunicación, y que solo sirven para la justificación del actual modelo de gestión. Aclaramos que:

-Nuestras profesionales no han sido contratadas para este nuevo periodo, a pesar de la experiencia demostrada.
-Nunca hemos estado “cruzadas de brazos” en lo que se supone es una justificación de recortes en las prestaciones.
-No hemos politizado nada, hemos hecho solo política de mujeres, justificación esta para excluirnos de la gestión de los recursos a las ONG´S de mujeres que veníamos desarrollando la gestión anterior.

8) Nuestra Organización continuará – como hasta ahora viene haciendo – trabajando a favor de las políticas de igualdad, por los derechos de las mujeres y haremos un seguimiento profundo de las políticas de violencia de género en Cantabria.

En Santander a 9 de Enero de 2.012

En nombre de la Junta Directiva
Fdo.: Mª Ángeles Ruiz-Tagle Morales
Presidenta Asociación Consuelo Berges

Nota: Cualquier persona u Organización que quiera sumarse a este comunicado, puede hacerlo enviando un e.mail a: mujeres@mundivia.es

ASOCIACIONES CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA RECLAMARÁN JUSTICIA POR EL ASESINATO DE UNA MUJER A MANOS DE SU PAREJA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas ejercita la acción popular contra el acusado pidiendo las penas máximas.


Asociaciones de mujeres y organizaciones para la lucha contra la violencia de género acudirán los próximos días del 13 al 20 del mes en curso al juicio previsto esos días en la Audiencia Provincial de Madrid sección 26, Calle Santiago de Compostela nº 96, con el fin de apoyar la solicitud de justicia por el asesinato de una mujer a manos de su pareja en enero de 2010.

Ivana de 37 años de edad, conoció al acusado a finales de 2008 y comenzó con él una relación sentimental, llegando a convivir juntos seis meses en el año 2009. Un mes después de la ruptura, por iniciativa de la mujer, se produciría el asesinato cruento, con dramático ensañamiento.

El acusado contaba ya entonces con numerosos antecedentes de violencia de género contra su pareja anterior, con la que estuvo casado y tuvo dos hijos. Así, tras la denuncia efectuada por su esposa por maltrato físico, resultó condenado a la realización de días de trabajo en beneficio de la comunidad además de la consiguiente orden de alejamiento.

No obstante, lo cual, el acusado quebranta la orden de alejamiento de su esposa - con la correspondiente condena por lo penal de seis meses de prisión-, intenta atropellar a los padres de la misma - lo que supone otra condena por lo penal de seis meses de prisión-.

El acusado continuó presuntamente con el maltrato y el acoso a su mujer colocando pasquines en árboles con testos aludiendo a la familia de ésta, el envío de documentos por correo con improperios y la colocación de fotografías de la esposa desnuda, estando embarazada, junto a las que figuraba su teléfono de contacto en vehículos aparcados.

En esas circunstancias el acusado conoce a Ivana su segunda víctima de violencia y tras la decisión de ruptura por parte de ésta la asesina.

En la actualidad el acusado tiene suspendido el régimen de visitas de sus hijos por estar en prisión aunque inexplicablemente continúa ostentando la patria potestad.


Y en reclamo de justicia en este caso, acudirán también al juicio en la Audiencia Provincial de Madrid la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF).

Responden así a los ataques contra ellas del juez Serrano
RAFAEL J. ÁLVAREZ / Madrid

Señalado por el juez Francisco Serrano como el «lobby del feminismo radical», un puñado de colectivos de mujeres pide que los juicios por prevaricación los sentencie un jurado. « Eso reforzaría la necesaria confianza en la Justicia, una de las instituciones peor valoradas por los ciudadanos ». La Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas o la Federación de Mujeres Progresistas suscriben una carta que cuestiona la independencia real de los jueces tras la sentencia que el 14 de octubre condenó «benévolamente» a Serrano. En la misiva, salen al encuentro de la entrevista que Serrano concedió el 20 de octubre a ELMUNDO después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le sentenciara a dos años de inhabilitación por prevaricación. Serrano fue condenado por haber ampliado la estancia de un menor con su padre cuando el caso no le correspondía a él, sino a otro juzgado. Pese a que el TSJA probó la prevaricación, consideró que el juez emitió una resolución injusta por negligencia, no por convencimiento, y rebajó su conducta de dolosa a culposa, lo que redujo significativamente la pena. En la entrevista, Serrano acusaba a las «feministas radicales» de decir a los jueces qué deben hacer, opinaba que «su presión es horrorosa» y afirmaba que «juegan con el miedo ». Y sostenía que si el nivel de la prevaricación es el que se ha marcado con él, «todos los jueces de España habrían prevaricado. Si hay razones de amiguismo, todos los jueces tienen amistad con abogados». Los colectivos de mujeres argumentan que la gravedad del caso Serrano no está en los efectos de prorrogar un día la estancia del niño con su padre, sino en la prevaricación en sí. «Si hubiera sido el juez competente, la prórroga hubiera sido o no objeto de discrepancia, pero nunca la hubiéramos definido como prevaricación». El escrito continúa: «Lo que no admitimos es que un particular elija juez y un juez elija lo que quiere juzgar. Lamentamos que se traslade a la opinión pública que el motivo del enjuiciamiento y levísima condena impuesta al juez tenga su causa en la medida adoptada y no en su falta de competencia». Para las feministas, la Justicia es una de las instituciones «peor valoradas». «Y conductas como ésta no ayudan a reforzar positivamente su imagen». Cuentan que a los abogados y abogadas «les resulta muy difícil firmar una querella por prevaricación », que son «escasas las que se admiten a trámite» y que hay «escasísimas condenas, pese a que los tribunales los forman personas tan susceptibles de delinquir como las pertenecientes a otros colectivos». «No aspiramos a dictar sentencias, como dice el magistrado [Serrano] », concluyen, «pero creemos que en procesos por prevaricación debería intervenir el jurado. Ello reforzaría la necesaria confianza en la justicia y, así, al Estado de Derecho».
El juez Serrano, condenado por prevaricación. / EFE

COMUNICADO A LA PRENSA

Ante la grave crisis que se está produciendo en materia de Familia por la interpretación distorsionada de la Ley Integral de Violencia de Género que determinados jueces están haciendo al dictar sus sentencias, las Asociaciones de Mujeres no pueden dejar de denunciar ante la opinión pública esa obstrucción judicial sistemática de la Ley y los motivos que la promueven, según ha puesto de relieve el último, escandaloso caso protagonizado por el Sr. Juez de Familia n. 7 de Sevilla, D. Francisco Serrano Castro.

El Juez Serrano ha sido imputado en un delito de prevaricación por la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía, al estimarse que el referido Juez (Juez de Familia n. 7 de Sevilla) había alterado el régimen de visitas de un menor para que asistiera a un procesión de Semana Santa (año 2010), invadiendo de esta forma el magistrado la competencia que sobre el proceso de divorcio de los padres del menor estaba atribuida al Juzgado de Sevilla n. 4 de Violencia contra la Mujer, y por tanto sobre cualquier modificación de la custodia de los hijos menores y el régimen de visitas al progenitor no custodio.

Pero es el caso, que, finalizando el juicio, la Fiscalía ha pasado en el breve lapso de unas horas, de considerar que la acción prevaricadora debía sancionarse con la inhabilitación del Juez por 10 años, a pedir su absolución.

En el acto del juicio se acreditaron múltiples indicios de un delito de prevaricación en la conducta del juez Serrano, no contradichos por otros, y que con arreglo a la jurisprudencia son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia:

El cúmulo de indicios concurrentes en una sola explicación se enumeran fácilmente:

1º) Es pública y notoria la parcialidad del Juez imputado en su propósito de desacreditar la Ley Integral de Violencia de Género.

2º) El mismo no tiene reparo en compatibilizar y hacer ostensibles su actividad judicial con su militancia en las asociaciones que niegan la realidad de la violencia de género, acogen el falso estereotipo de que las mujeres denuncian actos de violencia por venganza o por razones inconfensables, y se oponen a la aplicación de la ley integral sobre violencia, siendo éstos colectivos los que han protagonizado con sus aplausos el espectáculo escandaloso que ofreció la sala en la vista oral cuando el Fiscal anunció que retiraba su acusación inicial.

Como tampoco son racionalmente comprensibles los siguientes indicios de tolerancia y disculpa sobrevenida de la Fiscalía con un juez en ejercicio.

3º) Que la Fiscalía Superior de Andalucía cambiase de repente el sentido estricto de la "prevaricación", para releer su concepto de quebrantamiento intencional del precepto legal a sabiendas de que lo es, por figuras tan elásticas como las de "imprudencia", "falta de rigurosidad", "un mal entendimiento de la urgencia", etc...

4º) Que siendo Juez de Familia perdiese la consciencia de que estaba interfiriendo en el desarrollo de un régimen de visitas cuya competencia pertenecía a otro Juzgado.

5º) Que no hay forma razonable de asociar el concepto de "urgente necesidad" con la asistencia de un niño a la procesión nocturna (de "la Madrugá), por mucha que sea la ilusión del niño de haber sido tal el caso, que no lo fue).

6º) Que no se deberá a mera casualidad sino a fundada sospecha de causalidad el hecho de que el letrado Joaquín Moekel haya reunido en su oficio de Defensor jurídico la triple condición de a) ser el letrado defensor del padre en el caso en que el juez dictó la resolución que ha llevado a la inocación de este procedimiento pro prevaricación b) haber sido con anterioridad titular defensor de la acción emprendida por el Juez Serrano en la querella promovida contra la magistrada y Presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, y c) a mayor abundamiento patrocinador asimismo de la acción querulante del mismo Juez contra diversas Asociaciones de Mujeres que denunciaron en su día cara al público las actuaciones tendenciosas y el proceder falto de imparcialidad del Juez como tal.

A sumar a los anteriores, los siguientes nuevos indicios:

7º) Que el propio Juez imputado dio instrucciones al abuelo del niño para que presentase escrito al Decanato y seguidamente se preocupó de telefonear él personalmente para advertir al Decanato de la urgencia con que debiera tramitarse el susodicho escrito.

8º) La constancia en autos con la consiguiente declaración testifical cualificada, de que fue el citado Letrado Sr. Moekel quien cursó el escrito dando instrucciones a la Funcionaria del Registro para que en el reparto lo remitiese al Juzgado n. 7, que lo esperaba, como de hecho se efectuó.

9º) Que el Juez imputado no tomase declaración a la madre del menor, ni diera cuenta al Juzgado competente, el nº 4 que acordó las medidas tuitivas vigentes sobre el menor, o al fiscal de este juzgado

Por el momento, nos quedamos con la conclusión incontestable de que una vez más un miembro de la Judicatura, de entre los no pocos que actúan de forma semejante anteponiendo sus fobias ideológicas en lo que denominan interpretación en aplicación de la Ley, causa daño irreparable a las mujeres y a sus hijos, y al tiempo aumentan el descrédito de la judicatura ante la opinión pública .

Que sus sentencias, tan fuera de toda lógica racional, desvirtúan la Ley haciéndola inservible al fin para que fue propuesta. Lo que en el caso que contemplamos y todos los demás de su género, es lo que constituye el delito de prevaricación.

Si en este caso se absuelve al Juez, habrá quedado constancia de que la prevaricación como figura de delito aplicable al juez, sólo lo será como remedio para cortar los vuelos de aquel que llegue a ser políticamente molesto por su decidida implicación en la defensa de los intereses comunes del pueblo, es decir los intereses legítimos de la sociedad.

Llegadas a este punto, las Asociaciones firmantes nos proponemos considerar las acciones de todo orden que pudiéramos emprender para corregir la perniciosa deriva judicial que denunciamos. Entre tanto, tal vez lo oportuno sería proponer que el delito de prevaricación se declare formalmente inaplicable a los Jueces en el ejercicio de sus cargos, ; sería un remedio eficaz para que deshacer el engaño de comprobar cada día cómo la justicia jamás se llega a aplicar contra quienes por razón de sus funciones dicen impartirla. Y que cuando se pisa un juzgado todo es posible sobre todo si quien lo hace es una mujer.

Madrid, 13 de Octubre de 2011


Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas
Presidenta; Ana Mª Pérez del Campo Noriega.

Federación de Mujeres Progresistas
Presidenta; Yolanda Besteiro de la Fuente.

Asociación de Mujeres para la Salud
Presidenta; Soledad Muruaga.

Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres
Presidenta; Rosa Escapa.

Fundación Mujeres
Presidenta; Marisa Soleto.

Asociación Universitaria contra la Violencia Machista
Presidenta; Rosa San Segundo Manuel.

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
Presidenta; Susana Martínez Novo.

Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas
Vicepresidenta; Encarna Hernández Yuste.

Asociación de Mujeres Juristas Themis
Presidenta; Ángela Cerrillos Valledor.

Custodia responsable y sus obstáculos: el SAP
Fecha y lugar: Madrid, el día 28 de septiembre de 2011
Instituto Internacional, C/Miguel Ángel, 8. Madrid 28010.

17,00 horas

Apertura Jornadas:
Doña Rocío de la Hoz Gómez
Directora General de Igualdad de Oportunidades-Área de Familia y Servicios
Sociales Ayuntamiento de Madrid

Mesa: La práctica jurídica y psicológica

Ana Mª Pérez del Campo Noriega. Federación de asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas

Ángela Cerrillos Valledor. Asociación de Mujeres Juristas Themis

Soledad Muruaga López de Guereñu. Mujeres para la Salud

Modera: Rosa Escapa Garrachón (Presidenta de CELEM)

Debate
19,00 horas

Mesa: Cuando los recursos de apoyo se convierten en trabas
Eva Pleguezuelos Puixeu. CELEM

Isabel García Luque. ADUPECAM

Rosa San Segundo Manuel.Vivir sin Violencia

Modera: Lourdes Hernández Ossorno: (Presidenta del Consejo de las Mujeres
del Municipio de Madrid)

Debate

20,00 Clausura Jornada
Doña Teresa Blat Gimeno. Directora general del Instituto de la Mujer

Al final del acto se servirá una copa de cava.
Con la colaboración del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, viene a poner fin a una discriminación, o más bien a un quebranto de derechos esencialmente de las mujeres puesto que son estas y no los varones las que suelen desempeñar durante la convivencia matrimonial trabajos en favor del negocio familiar sin estar dadas de alta por el titular del mismo que con frecuencia es el marido. Este comentario tiene como finalidad poner en guardia a las mujeres que se encuentren en esa circunstancia para que trasmitan al letrado/a que les lleve el divorcio la petición de que insten al juez a fin de que transmitan a la inspección de trabajo de la seguridad social las circunstancias anómalas en que ella ejerce o ha ejercido su trabajo en el negocio familiar.

Porque ya se sabe que las leyes con su normativa en la mayoría de los casos se dirigen a corregir discriminaciones, desigualdades, etc o a sancionar conductas delictivas, pero la aplicación de las normas legislativas, sobre todo en los últimos tiempos deja mucho que desear, por no decir otra cosa.

La opinión de los ciudadanos/as sobre la justicia ha quedado recientemente expuesta sin paliativos en el IV barómetro externo del colegio de la abogacía dónde ocupa el lugar número 11 de 22.

Volvemos a reiterar otra vez que la información es poder, sobre todo, para quienes carecen de él, como son las mujeres.INFORMATE.


Publicado en: BOE número 184 de 2/8/2011
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
......
Disposición adicional quincuagésima segunda.
Cónyuges de titulares de establecimientos familiares.
En aquellos supuestos en que quede acreditado que
uno de los cónyuges ha desempeñado, durante el
tiempo de duración del matrimonio, trabajos a favor
del negocio familiar sin que se hubiese cursado la
correspondiente alta en la Seguridad Social, en el
régimen que correspondiese, el juez que conozca del
proceso de separación, divorcio o nulidad
comunicará tal hecho a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, al objeto de que por ésta se lleven
a cabo las actuaciones que correspondan. Las
cotizaciones no prescritas que, en su caso, se realicen
por los períodos de alta que se reconozcan surtirán
todos los efectos previstos en el ordenamiento, a
efectos de causar las prestaciones de Seguridad Social.
El importe de tales cotizaciones será imputado al
negocio familiar y, en consecuencia, su abono correrá
por cuenta del titular del mismo.
...

Enlaces de la nueva campaña del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, para la prevención de la violencia de género "No te saltes las señales. Elige vivir". El objetivo es que tanto las víctimas como sus entornos sepan detectar las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres y actúen. Esta campaña alerta sobre los primeros síntomas de la violencia machista: autoestima, amenaza y aislamiento.

Autoestima; http://www.youtube.com/watch?v=DJ1e6UL7A8M

Amenaza; http://www.youtube.com/watch?v=_x7vDzg499U&feature=related

Aislamiento; http://www.youtube.com/watch?v=eCAgrGuVdfo&feature=related

Las organizaciones abajo firmantes repudian la estrategia utilizada por algunos medios de comunicación afines a la derecha ideológica de nuestro país para desacreditar la imagen de las mujeres a través de ataques infamantes a las ministras que tienen responsabilidad en materia de igualdad.

Venimos asistiendo desde la apuesta decidida por el Gobierno por las políticas de igualdad, a una serie de ataques y desaforada crítica a las máximas responsables de igualdad consistente, entre otras iniciativas, en juzgar a las ministras o a otras mujeres con alta responsabilidad de gobierno bien sea por emitir opiniones y expresiones claramente legítimas o bien por sus condiciones físicas o forma de vestir, sin entrar a valorar su gestión política que es la única razón por la que se puede censurar el comportamiento de una mujer o de un hombre político. Y además utilizar, como casi siempre, a otra mujer para que firme la critica con una clara demostración de misoginia.

En un alarde de menosprecio secularmente utilizado contra las mujeres, se llega al absurdo de cosificar a las ministras como sí lo único que importara fuera su apariencia física en biquini, disfrazándolo como una supuesta contradicción con la campaña lanzada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para combatir la obesidad mórbida en la infancia y juventud. Tal actitud, en este caso, no puede dejar de calificarse de irresponsable no sólo por constituir un comportamiento machista, sino también por el efecto que puede tener en la salud de muchas niñas y adolescentes a las que estos mensajes pueden conducir a trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia, poniendo incluso en peligro su propia vida.

Estos mensajes basura producto de intelectos menguados no merecen más comentario que el que inspira la repulsa hacia quienes no tienen más inquietud que el rechazo a la igualdad porque la temen.

Madrid, 9 de Julio de 2011

ASOCIACIÓN MUJERES PARA LA SALUD.
FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS. FMP
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES SEPARADAS Y DIVORCIADAS. FAMSD
COORDINADORA ESPAÑOLA PARA EL LOBY EUROPEO DE MUJERES - CELEM
UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES- UNAF

Curso Académico 2011-2012

III Edición Título Propio Especialista

AGENTE PARA LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO.

Instituto de Investigaciones Feministas. Universidad Complutense de Madrid

Para más información:

https://metanet.ucm.es/metaserv/FreeFormularioXml?cod_operacion=400051¢ro=30900&titulo=201130900003

http://vigenero.culturalmenteconectadas.com

HASTA SIEMPRE, CONCHA

Fue el domingo, o quizás el lunes. La memoria no lo retuvo cuando apareció en las noticias que publicaban los medios, y nos dejó sin aliento, con el corazón dolorido y los párpados cerrados, aferrándose a la negación por no aceptar la evidencia.

Concha Colomer se había ido. En silencio. Ella que repartió sin tasa generosidad y solidaridad a quienes la necesitaran. Ella, una feminista sin equívocos ni titubeos, una persona ejemplar. Ella, maestra infatigable sumergida en la defensa de los derechos de las humanas. Ella, una profesional de la Medicina que brilló con luz propia en la Universidad, en la Sanidad y en el buen hacer político que desempeñó hasta el último instante, y del que se fue sin decirnos adiós para no entristecernos. Porque Concha siempre pensó más en los demás que en sí misma.

Concha se ha ido pero no ha desaparecido. Porque és de esas personas excepcionales que perviven día tras día en el pensamiento de cuantos tuvimos la suerte de conocerla, admirarla y quererla por ser como era.

Hasta siempre, Concha. Hasta siempre, querida Maestra.



Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas

Federación de Mujeres Progresistas

Unión de Asociaciones Familiares

Fundación Mujeres

Ante las gravísimas manifestaciones que Salvador Sostres hace en su artículo de El Mundo del día de hoy, no podemos quedarnos calladas tampoco nosotras.

No es admisible bajo ninguna premisa amparada en la libertad de expresión que se contemplen de forma alguna declaraciones con una clara apología y justificación de la Violencia de Género como las que aquí nos ocupan. Las medidas que un hecho tan grave como este debería desencadenar no bastan con una simple retirada del artículo o retrotracción pública del autor.

Condenamos firmemente estas manifestaciones y apoyaremos las iniciativas necesarias para la condena pública de este tipo de actuaciones inadmisibles

"Pensaban que éramos unas brujas, que queríamos todo"

Presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas. Pilar Fernández-Peña hace balance de los 25 años de existencia de la entidad.

A Pilar Fernández-Peña le pone los pelos de punta que se dude de la palabra de una mujer maltratada, y que una de las partes use a los hijos como arma arrojadiza en una separación. La presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias celebra este año las Bodas de Plata de la entidad, que nació cinco años más tarde que la Ley del Divorcio en España. “Creen que nos queremos quedar con todo, y yo me quedé a dos velas y con cuatro hijos”, responde la mujer, que hace bandera de una asociación de la que es presidenta desde 1989.

¿Ha cambiado mucho el panorama para la mujer en estos 25 años? Ha nacido la Ley Integral de Violencia de Género, a las mujeres se nos oye y nos dejan hablar. Yo nací en el seno de una familia fabulosa, pero conocí el machismo años más tarde en mi vida personal. Todo lo que se ha hecho ha costado mucho, ha sido lento, y todavía tenemos que aguantar que haya gente que diga que tenemos muchísimo. Somos personas, y a mí eso de que empiecen a hablar de denuncias falsas me pone nerviosa...

¿Se avanza ahora más rápido en materia de igualdad? Sigue costando muchísimo. Al principio se pensó que éramos unas brujas y unas mujeres malísimas, que nos queríamos quedar con todo. Pero llegó un punto en que me importó un bledo porque hay mujeres que no se mueven porque están atemorizadas. Tenemos derecho a decidir qué hacemos con nuestra vida. Muchos hombres quieren tener hijos, pero luego los quieren partir a la mitad, cuando dos personas adultas deciden tener hijos, deben asumir sus obligaciones.

¿Cree en la mediación familiar? Cuando está bien hecha, no es obligatoria, y no se impone, el resultado es fabuloso. Nosotras tenemos un servicio de mediación familiar que funciona muy bien. Cuando las dos personas son sensatas, los hijos no tienen porqué sufrir. Nuestro servicio está formado por abogados y psicólogos, y lo más importante es que un 50 por ciento de los usuarios son hombres. Sólo rechazamos la mediación en el caso de malos tratos. Los hombres y las mujeres debemos saber que lo que teníamos en común se rompió, pero tenemos que respetarnos y querer a nuestros hijos.

¿Piensa que hay gente que les pone ‘chinitas’ en el camino? Sí, hay rachas. En el caso del movimiento eclesiástico... ¿No dicen que hay que amar a Dios y al prójimo? Si a los católicos no les gusta la Ley del Divorcio, que no la apliquen, pero que nos dejen al resto en paz.

¿La asociación ha cambiado? Los principios básicos de ayuda son los mismos, pero nos hemos adaptado.

María Iglesias Gijón

Conviene no engañar adjudicándose representaciones de organizaciones que lo dejaron en cuanto vieron, el sesgo hacia el que se dirigía el Foro Familia y Ley.

FORO FAMILIA Y LEY

Noviembre 2009

Don Ángel Campo:

Cuando estuvimos de acuerdo en participar en el Foro de Familia y Ley no esperábamos que, al ser un Juez de Familia el que se encargó de organizarlo, se pudiera utilizar dicho Foro por parte de la Asociación de Padres de Familia Separados para hacer propaganda de sus desgracias.

Suponemos que se trataba de verdad, y con buena intención, de llegar a negociar, de entender los problemas y resolverlos de la mejor forma posible.

Con el artículo que salió en el periódico El comercio ayer lunes 16 de Noviembre, nos quedó muy claro que habíamos tenido un espejismo o un sueño.

Es vergonzosa la falta de respeto.

Hay que recordar que en un alto porcentaje de separaciones hay malos tratos y mujeres muertas. ¿Quién gana con esto, los agresores o las agredidas? ¿Acaso quieren meter miedo a las mujeres para que no se separen? Léase la convivencia obligada a la que se alude en el artículo antes reseñado conde dice: “Estos casos pueden convertirse en una bomba”. ¿Se está animando a los maltratadores, se les pretende disculpar?

No toleraremos que versiones interesadas confundan a la sociedad: LAS PENSIONES NO SE DEJAN DE ABONAR POR LA CRISIS.
Quiero recordar que se tipificó el incumplimiento de pensiones en 1989 porque no se abonaban en un 87%. Por favor, no seamos hipócritas.

No estamos de acuerdo con este penoso artículo, ni podemos seguir perteneciendo a un Foro que no es lo que pretende aparentar. Nos damos de baja.

Lo sentimos por el esfuerzo que muchas partes hicimos APRA conseguir un terreno neutral donde acercar nuestras posiciones.

Un atento saludo.


Fdo.- Pilar Fdez- Peña Mollada
Presidenta Mujeres Separadas y Divorciadas Asturias

IMPORTANTE COMUNICADO.

En relación con el artículo en la Voz de Asturias del 3 de Febrero, queremos dejar claro que la Asociación de Mujeres Separadas y Div de Asturias NO TENEMOS NADA QUE VER CON EL FORO FAMILIA Y LEY desde el año 2009, y que no hemos tomado parte en la elaboración de ningún Baremo de pensiones. Manifestamos nuestra repulsa por la demominación que hace dicho Foro llamando a los menores los "Hijos del Divorcio", etiqueta a nuestro entender MUY DESAFORTUNADA y esto viene de un Foro que supuestamente está luchando por la defensa del menor. Lo que no sabíamos es que el Divorcio tiene hijos... Para ver la noticia, este es el enlace :
http://www.lavozdeasturias.es/asturias/gijon/baremo-fija-pensiones-hijos-divorcio_0_420557996.html

Estamos absolutamente en contra de las manifestaciones que el el juez del juzgado de primera instancia número 8 de Gijón, Ángel Luis Campo Izquierdo. Parece que el Sr. Campo es una eminencia en estos temas, cuando precisamente, lo que denota con este tipo de comentarios en prensa, y demás medios de comunicación, es su total desconocimiento de la materia y lo que es peor, desconoce las terribles consecuencias que dichos comentarios producen en la sociedad, desinformando más que informando. Y lo más grave es que lo hace UTILIZANDO UN FORO como el de "Familia y Ley" por lo que PEDIMOS A TODAS LAS ASOCIACIONES QUE DEFIENDEN LOS DERECHOS DE LA MUJER :

Que se desvinculen de dicho Foro, presidido por un juez que no pierde ninguna ocasión para tratar de que se elimine la Ley de Violencia de Género, cuando precisamente, a nivel internacional, cada vez se tiene mayor conciencia y preocupación por un problema, el del machismo, que nos afecta a todos. Podéis leer nuestra publicación en facebook sobre las últimas perlas de este juez que representa a un colectivo El Foro Familia y Ley que quiere acabar con lo que ha costados tanto tiempo que consigamos.LA IGUALDAD.
http://www.facebook.com/pages/Asociacion-de-Mujeres-Separadas-y-Divorciadas-de-Asturias/103552729693413?sk=notes#!/note.php?note_id=160046907376929
PILAR FERNANDEZ-PEÑA MOLLEDA
PRESIDENTA DE AMSYDA (Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias)

Comunicado de Prensa
MADRID, 20 de diciembre de 2010

UNAF exige el cumplimiento puntual y riguroso de la Ley de Violencia de Género para acabar con el asesinato de mujeres en España.

-Poner en duda la Ley está contribuyendo a que no se erradique la violencia y a devolver la impunidad a los agresores.
-Denuncia el daño irreparable que se está haciendo a las niñas y los niños si no se les aparta del maltratador.

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) exige a las Instituciones, y a la sociedad en general que cumplan de forma puntual y rigurosa con la Ley Integral de Violencia de Género para acabar con el ‘asesinato de mujeres’ en España, que en lo que va de año 2010 se ha cobrado la vida de 74 mujeres.

Desde UNAF condenamos las muertes de mujeres que a lo largo de este año se han producido. A juicio de la organización, el no cumplimiento de la ley, poniendo en duda su eficacia, está contribuyendo a que no se erradique la violencia y a devolver la impunidad a los agresores.

Además, hace hincapié en que cada vez que hay violencia hacia una mujer también la hay hacia sus hijos e hijas. “No podemos permanecer impasibles ante la violencia que sufren estos niños y niñas a los que se hace un daño irreparable”. UNAF muestra su preocupación por los movimientos que tratan de evitar que se separe a los hijos e hijas del maltratador ya que “no cabe prevención, ni acción eficaz alguna, si no se aparta a los menores del violento”.
Nuestra organización rechaza los planteamientos que se están haciendo desde algunos sectores que proponen abordar esta violencia contra las mujeres desde aspectos positivos. Consideramos que los asesinatos de mujeres y el feminicidio carecen de tienen aspectos positivos, y trasladar esta posición a los medios de comunicación es minimizar los crímenes contra las mujeres.

También hay que desterrar la creencia de que los asesinatos contra las mujeres se producen por motivos como el fenómeno de la imitación. Este abordaje del crimen también lleva a minimizar la conducta del agresor y traslada a los medios de comunicación, que se hacen eco de los asesinatos de mujeres a manos de los hombres, una responsabilidad que no les concierne.

Pedir a los medios que no se hagan eco de la agresión a las mujeres es “tratar, en un intento desesperado, de silenciar la realidad de lo que sucede en la sociedad”, opina UNAF. Lo que si pide es que se destierre el circo que se monta, en algunos medios, en torno a la violencia machista, porque se está haciendo un flaco favor a las víctimas.
La Unión de Asociaciones Familiares considera que “los agresores han recuperado la impunidad” y hace un llamamiento a los jueces y a las juezas, para que no actúen como si “la víctima fuera la culpable de lo que le sucede”. UNAF exige que se dé “credibilidad absoluta” a las víctimas y que se asuma que esta violencia que mata a mujeres no solo “afecta y concierne a los que han cometido el delito sino también a la sociedad que no lo condena”.

Un ejemplo de la falta de credibilidad que se les da a las víctimas es el último asesinato de la joven de 24 años, vecina de Porzuna (Ciudad Real), cuyo verdugo había sido denunciado hace un mes por malos tratos y amenazas de muerte, el juez desestimó las medidas de protección solicitadas por la víctima, permitiendo de hecho que el asesino pudiera cumplir su amenazas con toda impunidad.

TOLERANCIA CERO

UNAF aboga por trabajar para conseguir que la TOLERANCIA CERO contra esta lacra deje de ser un simple eslogan al tiempo que cree que no basta con las concentraciones de repulsa o los comunicados de condena. “Nadie nos va a silenciar”, subraya, y denuncia que este año ha habido muchos intentos de ello. Nuestro silencio y el de la sociedad es el poder del agresor.

Además, propone que los medios de comunicación no traten puntualmente el fenómeno, sólo cuando se produce un nuevo asesinato, y aboga por un debate constante “cuando haya muertes y cuando no las haya”. Otra recomendación de las asociaciones de familia es que los medios saquen del espacio de sucesos y sociedad estos crímenes porque el asesinato de mujeres es terrorismo machista”. Ningún medio coloca un asesinato de banda terrorista en la sección de Sucesos o de Sociedad, sino en la sección de Nacional.

La Ley Integral de Violencia de Género tiene por objetivo el de erradicar las muertes de mujeres a manos de los hombres en España, pero la mayor dificultad con la que se encuentra esta ley es que: “España no ha dejado de ser machista”. Las mujeres que sufren violencia de género además de llamar al 016 pueden acudir desde cualquier punto geográfico donde se encuentren a las organizaciones expertas en esta materia.

UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES – UNAF
Prensa.-Soledad 616989079-comunicación.unaf@yahoo.es
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28015 Madrid
Tfno: 91.446.31.62/50
Fax: 91.445.90.24
Web: www.unaf.org

Señores Ministros Don Alfredo Pérez Rubalcaba y Don José Blanco, y Señora Ministra Doña Carmen Chacón

Como suponemos saben ustedes, el feminismo es una teoría política y social cuyos objetivos principales son conseguir la igualdad y libertad para todos los seres del planeta, es decir para mujeres y varones. Ciertamente las organizaciones de mujeres trabajan e inciden más en aspectos que sociológicamente podemos calificar de género, como puede ser el gran esfuerzo que hicimos y la satisfacción que obtuvimos cuando el Parlamento español aprobó la Ley de Violencia de Género o la de Igualdad y también, porque no decirlo, la tristeza y rabia que nos produjo la desaparición del Ministerio de Igualdad de la estructura del gobierno actual.

Pero, como ya anunciado, nada de lo que sucede a nuestro alrededor nos es ajeno. Y nos sentimos agredidas por lo que nos atrevemos a calificar de golpe de Estado, que una banda terrorista y organizada de controladores aéreos están llevando a cabo contra la población civil desarmada y confiada. Nos negamos a llamar a este acto terrorista huelga: las huelgas se deciden y votan en asambleas públicas de trabajadores, se comunican a las patronales para que marquen servicios mínimos e informen a la población correspondiente. Esto es un atentado y no se puede calificar de otra manera.

Por eso queremos que sepan que cuentan con nuestra comprensión y apoyo por las medidas que han tomado, que de ninguna de las maneras consideramos un acto de autoritarismo, sino simplemente de marcarles los límites a individuos tan androcéntricos y pagados de si mimos que no son capaces de empatizar con ningún ser humano que no sean ellos mimos. No les importa el daño económico que en momentos de dificultades económicas han producido en la industria turística, sobre todo en la pequeña, que tanto confiaba en estos cinco días vacacionales. Casualmente, en cuanto se ha decretado el estado de alarma en nuestro país, sus depresiones y enfermedades han remitido instantáneamente: ese cinismo lo conocemos bien y lo tenemos visto en los maltratadores, los asesinos de mujeres. También sabemos que tergiversan los hechos, y llegan a hacer responsable de sus actos a la víctima y a circunstancias externas. Con esto queremos decirles que pronto será el Gobierno atacado como el causante del caos, bien por los controladores bien por sus voceros, y oiremos los motivos más increíbles, por eso hemos decidido darles nuestro apoyo, conocemos muy bien el chantaje y la manipulación de la verdad.

Pues bien, al margen de las sanciones civiles y militares que les correspondan a estos terroristas, les pedimos que caiga sobre ellos todo el peso de la Ley, y que respondan individualmente a los daños económicos causados. Verán, sabemos mucho de la violencia de género y sabemos que a estos violentos arrogantes lo que más les duele, no es la cárcel, aunque parezca mentira, sino que les toquen su patrimonio, que para ellos es inconcebible.

Y para terminar, les bridamos dos de nuestros lemas: "Contra la violencia: tolerancia 0" y "Saca tarjeta roja al controlador"

Un saludo
Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas

Perdidos en la brevedad de una noticia que aparece semiescondida en los medios periodísticos, descubrimos cada año el horror de asesinatos brutales de niños o niñas cometidos por sus propios padres. Crímenes que paralizan nuestras mentes, y que por lo espantosos nos hunden en la incredulidad.

Este año le ha tocado a Zaragoza, mes de abril: Una niña de cuatro meses perdía su vida junto a su madre. Dos meses después, en Almería, una mujer y su hijo de cuatro años morían desangrados por las heridas de arma blanca que el marido y padre les había inferido. Y hace pocos días, el sábado último, fue en una localidad coruñesa próxima a Betanzos, donde el padre de una criatura de 14 meses llamó a su mujer para anunciarle que nunca más volvería a ver a su hijo: el parricida no dudó en incendiar su coche después de haber amarrado dentro al niño con los correajes del asiento infantil que todo automóvil debe llevar dispuesto cuando hay pasajeros pequeños. Cuando llegaron los agentes de la Guardia Civil al lugar del crimen, el cuerpo del niño se hallaba ya completamente carbonizado.

En los tres casos, la mujer había tomado la decisión de pedir el divorcio; pero revela la investigación del suceso que en el último crimen el padre se había llevado al niño por propia decisión del derecho a tenerlo consigo.

Desde hace diez años han muerto en España niños y niñas (69) en circunstancias parecidas a las indicadas: sacrificados por su padre como objeto de venganza. Pero estas atrocidades no suelen ocupar lugar destacado en los noticiarios, ni son objeto de pública condena y reprobación, porque en realidad la sociedad no llega a tener conocimiento de la especial magnitud del crimen, debido a la poca incidencia de los medios sobre estas monstruosas noticias y a la instrumentación de que determinados padres se valen para minimizar el caso cuando de lo que se trata es de que la mujer quiere dar por terminada una relación ya extinguida por la violencia, y que si continua hasta ese momento fue únicamente por el terror que sobre ella ejerce el homicida.

No sólo están matando a las mujeres (58 en lo que va de año) sino que están acabando también con la vida de hijos/as, sea arrebatándosela en el acto vandálico de darles muerte, sea en esa tortura de por vida que significa la violencia que soportan durante la convivencia con un padre agresor y que llega a impedir el desarrollo normal de la personalidad en formación de los menores condicionando su futuro.

Ejercer chantaje sobre la mujer mediante la utilización de las/os hijas/os es la forma más ruin de perpetrar venganza y el molde más rastrero de inhumanidad que cabe concebir en quienes viven la relación familiar como si la mujer y los hijos fuesen objetos de su propiedad, perdida toda noción de la dignidad del sujeto responsable de sus actos con lo cuales entrar en valoración de equivalencia en términos de los Derechos humanos.


Esta denuncia se extiende desde el autor material del exterminio de las mujeres y los/as niños/as, hasta la sociedad que con su silencio lo consiente.

Madrid 5 de octubre de 2010

Fdo. Ana Mª Pérez del Campo
Presidenta Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.

Una de las peculiaridades más acusadas de la tradición juridicista de Aragón ha sido la prevalencia de la libertad del pacto y la sujeción de las partes a lo pactado por encima de cualquier otra consideración, lo que se expresaba con la conocida frase latina de "Standum est Chartae" (literalmente "estar a la carta", lo que está en el pacto). Venía a equivaler a la firmeza y solidez con que, en Argentina y otros países de Latinoamérica, se asociaba proverbialmente el compromiso verbal de los emigrantes de aquí con la seguridad y las garantías de una escritura notarial. En aquellos tiempos, no tan lejanos, la palabra comprometida era cosa sagrada.

Ese tenaz respeto por lo ajustado en los pactos ha estado tan esencialmente unido a los de la casta aragonesa, que ha servido con frecuencia para rematar con gracejo los dichos y consejas populares y hasta dotar a las jotas del tipismo maño. Resulta pues incomprensible que un partido político tan pagado de la tradición aragonista como el PAR (actual Partido Aragonés), haya venido ahora a desertar de su sentir natural con la introducción de una reforma de su Derecho consuetudinario que viene a dar al traste con esa secular institución de la libertad de pactación mediante la intrusión en ella de una obligatoria supervisión judicial.

El pilar más recio de la doctrina foralista aragonesa fue siempre la libertad civil de pactación (el aludido principio "Standum est Chartae") en toda clase de asuntos y materias. Fue respetado sin reserva alguna como derecho propio en La Codificación del Derecho civil durante el siglo antepasado. Y en el tránsito reciente de la dictadura a la democracia fue nuevamente reafirmado, diciendo el artículo 3º de la Ley de las Cortes de Aragón de 24 de febrero de 1999: "se estará en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos y disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la Constitución o a las normas imperativas del Derecho de Aragón".

El mismo principio se reafirmó en materia de Familia al expresar el art. 9.1 de la Compilación que los padres deberán criar y educar a sus hijos menores según "lo lícitamente pactado al respecto".

En pura doctrina foralista aragonesa --no menos que en la doctrina común--, es obvio que fundamentos de tanto arraigo -- pre y posconstitucionales, ininterrumpidamente hasta nuestros días-- no pueden revocarse serpenteando entre ellos el articulado de una nueva "Ley de las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres" en la que se atribuye carácter prioritario a la "custodia compartida" sobre la libertad de pacto entre el padre y la madre.


Cualquier jurista aprende que para invalidar una normativa de tal naturaleza no basta con meterla en saco común a competir con otras normas de connotación concesiva, "facultativa", "preferencial" o "prelativa", que es el matiz con que se ha redactado el texto de la nueva Ley para insertarlo en el artículo correspondiente que encomienda al juez supervisar lo acordado inter partes en un previo "Pacto de Relaciones Familiares". Ni siquiera hubiera bastado con que en alguna de las disposiciones complementarias de la reforma en introducción se pronunciara formalmente la cláusula Derogatoria (cosa de la que notoriamente se han desentendido los legisladores autonómicos de las Cortes de Aragón).

Para dejar sin efecto la inveterada institución haría falta cuando menos la declaración explícita de su derogación en instrumento de orden y rango legislativo superior, y con mención expresa de su fundamento, su extensión y sus consecuencias a todos los efectos. Hasta tanto eso no ocurra, las serpentinas y caracoleos con que se pretenda brujulear por los entresijos del "pacto de relaciones familiares" no harán la menor mella --todo ello jurídicamente hablando-- en la virtualidad y vigencia del principio sumo de la libertad general de pactación que al Derecho de Aragón le es propio; un principio que implica, sin género de duda, que la voluntad comprometida entre las partes no tiene más limitaciones que lo que ellas mismas hayan puesto en el pacto.

Así pues, si entramos en el terreno de los desafueros jurídicos, a la vista de la pretendida ley de "Custodia Compartida" del Legislativo de Aragón, podemos asegurar que la misma será inmediatamente impugnada. Sólo hay que preguntarse si con arreglo a la legalidad vigente lo será con la competencia del "Justicia de Aragón" (Defensor del Pueblo), con la del Defensor del Pueblo a nivel nacional o la de los miembros en número bastante (diputados y senadores) de las Cortes Españolas, o si será recurrida puntualmente en inconstitucionalidad por las partes que se sientan damnificadas cada vez que sean requeridas por el Juzgado en turno de la jurisdicción ordinaria (con la cautela por supuesto de que la norma cuestionada quede en suspenso por decisión del Tribunal Constitucional hasta tanto por el mismo se defina la presunta inconstitucionalidad planteada).

Un renuncio funcional de tan grueso calibre del órgano territorial autonómico incita a inquirir la siguiente inquietante cuestión: ¿Qué se esconde tras esa elaboración sorpresiva de la Ley de Custodia Compartida en Aragón?


En esa indagación, informan los reporteros parlamentarios que la votación en favor de la reforma suscitada por el PAR estuvo a punto de naufragar por las instancias ejercidas por las Directivas de los dos Partidos mayoritarios, PSOE y PP, cerca de sus homólogos de la Comunidad A. Aragonesa, cuando fueron alertados del carácter conflictivo con que se trataba la innovación de la Custodia compartida en la ley de inminente votación. Esto es, que la Proposición de Ley se había tramitado en absoluto desconocimiento de las sedes nacionales de los referidos partidos mayoritarios, los cuales sin embargo ya habían respaldado con su aquiescencia la votación favorable.

Añaden los informadores parlamentarios, que la votación estuvo a punto de fracasar, no obstante lo cual faltó materialmente tiempo para depurar el sesgo claramente machista de que ambos Partidos mayoritarios fueron conscientes en cuanto conocieron el texto de la Ley elaborada bajo la normativa de la prevalencia de la custodia compartida sobre los hijos.

Con lo que a la sensación de incongruencia ideológica del partido proponente PAR con la quiebra del principio aragonista de la libertad de pactación, se ha venido a sumar la sospecha de haberse maniobrado con un proceder deficitario en términos democráticos, al comprobarse el aparente sigilo y descoordinación entre los dos partidos de ámbito nacional y sus respectivos homólogos de Aragón comprometidos a la votación favorable.

Si la cuestión del desentendimiento entre ellos no era estrictamente "política" sino de índole familiar y turbiamente enlazada con intereses y relaciones de género en el tratamiento de la custodia sobre los hijos dentro del proceso correspondiente judicial, nos es lícito averiguar cómo y por qué se ha colado esta vez por una puerta falsa el propósito de introducir en nuestro ordenamiento jurídico la custodia compartida.

En las páginas de Internet aparecen abundantes referencias de conocidos grupos de activistas promachistas (en cabeza la "Asociación de Padres Aragoneses en Acción") conectados con parlamentarios de las Cortes de Aragón en forma inequívoca de estar éstos promoviendo la acción legislativa en favor de aquéllos.

La mal llamada custodia compartida ha sido introducida en el Derecho de Aragón por la "Ley de igualdad de las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres". Se trata de una innovación fraudulenta auspiciada por la misoginia de aquellos grupos de varones que persiguen dotar de legitimidad con fuerza de ley a sus pretensiones de mayor control sobre las mujeres.

Ese designio, que ahora se ha perpetrado con sigilo y por sorpresa en las Cortes de Aragón, ya lo advertimos cuando en la reforma de la Ley de Divorcio de 8 de julio de 2005 emplearon la misma táctica ladina, de espaldas a las demandas de las organizaciones de mujeres, para introducir la modalidad de la custodia compartida dándole caracteres de progreso, interés y protección al bienestar de los hijos.

Ya entonces avisamos del fraude semántico que encerraba la denominación de "compartida" para aplicarse a una custodia que lejos de ejercerse al unísono, se divide y reparte en desconexión, prestándose a la manipulación de los hijos como instrumento de coacción, y control contra la madre.

Es el chantaje tantas veces repetido por ciertos varones violentos, precisamente los que propician este tipo de custodia cuando su mujer les anuncia el propósito de divorciarse. Entonces la amenezaban con quitarle los hijos; ahora se ha cambiado las tornas por el de 'si pides el divorcio reclamaré la custodia compartida'.

Porque un compartimiento de la custodia sobre los hijos que se postula como modélica en aplicación de una mistificada igualdad ignora intencionadamente circunstancias como las siguientes: Que pudiendo y debiendo darse la custodia en forma compartida durante la convivencia, dista mucho de ser así en la realidad, habida cuenta que tal función parental no puede limitarse a la materialidad de vivir con los hijos en el domicilio familiar, sino que entraña el ejercicio del cuidado, formación y educación de los hijos, responsabilizándose del desarrollo físico y psíquico de los mismos y la atención a introducir en ellos la estimación de los valores que les permitan desarrollar una personalidad capaz de encauzar su propia vida en el marco de una sociedad pluralista, esto es, en la que los conceptos de justicia, equidad e igualdad son apreciados con carácter prioritario y en el que se adoptan medidas de limitación a las conductas impropias de las/os menores. La custodia parental implica amar a los hijos e hijas sin sojuzgarlos; escuchar sus sentimientos y respetarlos, enseñarles a buscar la verdad y a practicar la fortaleza de la lealtad.


Mas para ello es preciso que los progenitores dediquen tiempo y atención a la educación de sus hijos en armoniosa sintonía, sin manejos contrapuestos, conviviendo en un ámbito de respeto, consideración y sosiego. Pero eso es algo que, se reconozca o no, constituye una excepción, pues compartir custodia no puede significar sino que cada función parental es desempeñada por una u otro de ambos progenitores pero en unidad de criterios, es decir, en una misma dirección.

Cuando el divorcio es la única solución para acabar con una convivencia insostenible, propugnar la custodia compartida, como lo hacen ciertos varones, no tiene más que una explicación: la negativa a aceptar la decisión de la mujer de dar por terminada una unión que de unión no tenía mas que el nombre. Igual que la pretensión de compartir en esas circunstancias la custodia de los hijos.

No se trata de que las madres tengan adjudicada de antemano la custodia sobre sus hijos, sino de que ésta se otorgue a aquel de los dos progenitores que por sus circunstancias personales sea el más idóneo para la formación y educación de los menores, en definitiva pensando exclusivamente en el bienestar de los hijos.

¿No resulta un tanto extraño que los padres, ni en los procesos contenciosos ni en los consensuados, reclamen para sí la custodia de sus hijos, sólo un 1,5 % en procesos de mutuo acuerdo y 10% en los contenciosos? (Congreso Estatal de Mujeres Abogadas) y como recientemente exponía Altamira Gonzalo (Themis), citando fuentes del Ministerio de Trabajo solo un 5,5% de las excedencias por cuidado de hijas/os o personas dependientes fueron solicitadas por los hombres. Esta es la razón y la explicación de que las madres obtengan la custodia de los hijos, de la que se autoexcluyen los padres. Para después argumentar que los jueces conceden siempre la custodia a las mujeres.

Disuelta la convivencia, la custodia sobre los hijos podrá denominarse Custodia Repartida, Custodia Rotatoria, Custodia por tiempos, pero no cabe denominarla custodia compartida porque no lo es y además es imposible. Basta de engaños y de denominaciones, románticas.

¿Quién habrá tan "inocente" que crea hacer un bien a los menores por someterlos vollens nolles a la cohabitación rotativa con uno y con otra de sus progenitores cuando éstos necesitan que se les imponga autoritariamente porque ellos no han sido capaces de concertarla con un mínimo de serenidad e interés por sus hijos?



La solución salomónica de la custodia falazmente presentada como igualitarista, que se brinda en duplicidad y cronómetro en mano como una ventaja, es cuando menos, un riesgo seguro de fracaso educativo. Y no hace falta que la discrepancia sea intencionada --que sin duda en la mayoría de los casos lo es--, basta con pensar en la improbabilidad de que lleguen a coincidir en sus incomunicados pareceres dos adultos hechos y derechos que no fueron capaces de armonizar un criterio común de subsistencia cuando compartían comunicación y vida familiar.


El interés del menor! Que broma tan pesada. Por mucho que se diga, ese régimen de vida tránsfuga de los hijos en incesante penduleo de dos custodias rotativas, dos personas, dos personalidades con conflictos abiertos-- y que serán de todo menos clonados a la par--, no es la mejor garantía para enriquecer la visión infantil del navegante por la vida en ciernes sino más bien para sembrar en ella la incertidumbre, el desconcierto y la inestabilidad de un náufrago a la deriva.

Ejercer el cuidado sobre el hijo o la hija en forma de convivencia alternativa bajo el falso manto utilizado como criterio igualitarista del reparto a tiempos medidos, que es en lo que consiste la fórmula de la custodia que equívocamente llaman "compartida", representa la imagen del desamor a los hijos, el sembrar de obstáculos su camino, la mejor fórmula para que el menor y la menor pierdan el norte de sus propias vidas. Ese es el falso modelo por el que se está abogando, arropado en la romántica e hipócrita defensa del bien de la prole.

Sin que tal cúmulo de disparates se pueda disipar aludiendo a la mediación familiar intrajudicial, porque o la mediación es voluntaria y libre por ambas partes o deja de ser mediación para convertirse en coacción.

Afortunadamente existen parejas civilizadas, solidarias, con una auténtica preocupación y amor a los hijos, en donde la comunicación el respeto y el entendimiento siguen vivos. Para ellos y para sus hijos este tipo de leyes sobran, sólo necesitan el trámite de la concesión del divorcio.

Sin embargo, si ese modelo de custodia ("compartida") prosperase y se llega a imponer en nuestra sociedad a las bravas del imperativo judicial, habrá llegado el momento de advertir a las madres españolas que ponderen seriamente si, llegado el instante de instar el divorcio, no será mejor para los hijos que renuncien ellas masivamente a colaborar en semejante instrumento de destrucción para los menores, antes de aceptar el simulacro de una maternidad a tiempo parcial y el fruto envenenado de la ruina filial que semejante custodia lleva consigo.



Y todo ello, referido al sempiterno padecimiento del patriarcalismo a cuyo través perdura la preponderancia del género masculino que hace que las mujeres hayan de pagar un peaje mucho más alto a la hora de poner fin a la unión de un emparejamiento intersexual insoportable.


Madrid, 1 de junio de 2010.

jueves 17 de junio de 2010

MARÍA PERAL / Madrid
El CGPJ expedienta a un juez crítico con la ley de género
Investigará si realizó actividades incompatibles por presidir una asociación
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto al magistrado de familia de Sevilla Francisco Serrano un expediente disciplinario en el que se va a investigar si ha realizado actividades incompatibles con su cargo de juez. Serrano, que se ha significado públicamente en contra de la Ley de Violencia de Género, presidió hasta el pasado abril una asociación dedicada al estudio y valoración de las «interferencias parentales» en los procesos de familia, materia que es objeto de su trabajo jurisdiccional.
La apertura del expediente disciplinario ha sido propuesta por el Servicio de Inspección del CGPJ tras recibir una denuncia de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Esta organización se quejó, por un lado, de las declaraciones públicas en las que el magistrado de Sevilla sostenía que en la estadística relativa a la violencia de género aparecen datos «sesgados» sobre las mujeres víctimas mientras se «ocultan» los indicadores referidos a los hombres que padecen ese tipo de violencia. Serrano también se ha manifestado en contra de la vigente ley contra la violencia sexista, tildándola de «injusta», «humillante» y «discriminatoria». En su opinión, la mayoría de los hombres que son tratados como maltratadores no lo son. La Federación denunciante pedía al CGPJ que determinase «si los presupuestos básicos emocionales de su ideología personal le permiten ponderar con racionalidad» los problemas de violencia de género que se plantean en los juzgados de familia, de uno de los cuales Serrano es titular.
De otro lado, la denuncia aludía a que el magistrado «simultanea el ejercicio de su función judicial con un activismo extrajudicial» como presidente de una asociación (Asemip) «que lleva a cabo desde hace cinco años una investigación sobre el tratamiento desigual que dice se está dando en Andalucía a la violencia doméstica según sea hombre o mujer el beneficiario de las medidas legales de protección».
En un informe sobre esta denuncia que le pidió el Consejo, el juez Serrano se amparó en su libertad de expresión para opinar sobre la Ley de Violencia de Género y defendió que su libertad de pensamiento «nunca ha tenido influencia» en la tarea jurisdiccional. «Los jueces hemos de juzgar sin prejuicios y sin estar contaminados por ningún tipo de ideología, incluida la de género», indicó, asegurando que «la inmensa mayoría de los jueces son de la misma opinión que yo, mas no se atreven a expresarla en público por miedo a sufrir el mordisco de la represión, el auto de fe de la nueva inquisición que ha dictado la norma no escrita de censurar lo que no quiere oír el santo oficio».
El Servicio de Inspección ha certificado que Serrano está en un 62% por encima del nivel de rendimiento de los juzgados de su orden y tiene su juzgado al día, siendo su tiempo de respuesta mejor que el de la media de órganos judiciales pese a superar en un 10% la carga de trabajo.
Fuentes del CGPJ indicaron que la Comisión Disciplinaria, en contra del criterio de la Inspección, no ha visto relevancia disciplinaria en las manifestaciones en las que el juez ha criticado la ley de violencia de género, al considerarlas amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Por el contrario, ha acordado iniciar un expediente disciplinario por una posible falta muy grave o grave consistente en el incumplimiento del régimen de incompatibilidades. La Inspección señaló, a este respecto, que uno de los objetivos de Asemip (Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales) es analizar los procedimientos judiciales en los que se detecte que los hijos se están viendo afectados por interferencias parentales en los procesos de ruptura.
Hasta el pasado abril, Serrano fue presidente de Asemip, para lo que no solicitó autorización del CGPJ pese a que, según la Inspección, sus funciones directivas en esa asociación «podrían poner en duda su imparcialidad» e «interferir en su independencia» para resolver procesos de familia.
Serrano defiende que su ideología «nunca ha influido» en su tarea jurisdiccional
El Consejo estudiará si debió pedir autorización para dirigir Asemip

HASTA QUE LA MUERTE LAS SEPARE.
Isabel Tajahuerce Ángel. Presidenta de AUVIM.


La construcción de la democracia contemporánea comenzó excluyendo a más de la mitad de la población del derecho al voto, con lo cual no fue democracia, aunque como tal se describiese proclamando como logro lo que llamaron en un momento dado sufragio universal, que no lo era porque sólo lo era masculino. Hace muy poco tiempo de esto, no olvidemos que fue a lo largo del siglo XX cuando el sufragio universal (el verdadero sufragio universal, el que incluía a las mujeres) fue haciéndose realidad. También el conocimiento fue vetado a las mujeres, recordemos que este año se han celebrado actos en nuestro país (con poca repercusión por cierto) para conmemorar la aceptación legal de las mujeres en la Universidad hace 100 años.
Es importante volver la vista atrás y recordarlo, porque solamente así podremos comprender la situación en la que se encuentran las mujeres en nuestra sociedad de principios del siglo XXI. Como aquellas sufragistas, a las que llamaron locas y reprimieron ferozmente por tener la osadía de pensar que podían elegir a sus representantes y por atreverse a exigirlo públicamente, como aquellas, que se colaron en las aulas y luego exigieron su derecho al conocimiento, hoy las mujeres exigen su derecho a la libertad desde el instante mismo en el que toman conciencia del sometimiento al que el modelo que las ha socializado las ha condenado. Y esto no gusta a quienes se esfuerzan por mantener un modelo rentable para algo menos de la mitad de la población. El empoderamiento de las mujeres se vive como una ofensa.
Hay un mundo de mujeres y hombres, de hombres y mujeres. Nacen iguales en derechos y en capacidades, pero inmediatamente sus destinos son orientados por su cuerpo. Ellas parirán a los hijos e hijas de ellos, los cuidarán, los alimentarán, velarán sus dolores, enfermedades y temores, y se mantendrán unidas por el vínculo de los hijos a ellos, hasta que la muerte las separe. Ellas pueden ganar espacios relativos de independencia, como en el ámbito laboral, pero casi siempre son espacios parciales que deben compartirse con la maternidad y las obligaciones que conlleva el cuidado de hijos o hijas, compatibilizadas con el mantenimiento del hogar en el que esos hijos e hijas crecerán asumiendo los roles y valores. Las que osan incorporarse al ámbito de lo público, reciben el castigo de jornadas laborales que se extienden al ámbito privado, y deben renunciar al ocio para mantener el equilibrio de lo privado, en el que se incluye el cuidado y atención del hombre, además del tratamiento psicológico de las frustraciones que él trae al hogar desde el ámbito de lo público.
Este es el contexto general. No me digan que hay excepciones, que los hombres cada día se van incorporando más a la corresponsabilidad, y otras tantas cuestiones que no vienen al caso porque aquí estamos haciendo un análisis de la situación general, y no tratando lo excepcional. Y en este contexto general es en el que se incorpora como un bien para los menores la custodia compartida en el caso en que no haya acuerdo por las dos partes en un divorcio.
El bien del menor desde la infelicidad de quiénes le ayudan en el camino hacía la vida de adulto es imposible. Y en una custodia compartida entre dos progenitores en conflicto la infelicidad, el odio, el rencor, se adueñan de todas las partes. El pensar que puede ser de otra manera me recuerda a una norma de la adopción, que es otro disparate, la de que “no se busca un niño para unos padres, sino unos padres para un niño” y así se decide dar a esas madres y padres un ser humano totalmente alejado de lo que eran sus expectativas e ilusiones. La infelicidad y la incapacidad para resolver conflictos ya se ha instalado en la relación, y luego todo el mundo se lleva las manos a la cabeza cuando la adopción fracasa o cuando el padre y la madre se separan como consecuencia de los problemas surgidos por los conflictos imprevistos, y se genera otro conflicto. Muchas veces me pregunto quiénes, desde qué seguridad y certidumbre, deciden qué es adecuado para niños y niñas y mujeres y hombres. Lo que si parece cierto es que la felicidad (y disculpen que utilice tanto un termino tan relativo y tan denostado en la sociedad actual) y el éxito de las relaciones humanas no está presente en las decisiones de quienes deciden sobre el bien y sobre el mal, sobre lo adecuado y lo inadecuado, como si considerasen que el sufrimiento debe ser inherente al ser humano (y más inherente a la condición de mujer), más cuando se altera mínimamente el orden establecido, aunque ese orden establecido esté constantemente en cuestión de forma visible o invisible en las sociedades actuales.
Con la custodia compartida el conflicto se extiende más allá del momento de la separación y del divorcio, y no digamos si es un caso de maltrato, porque digan lo que digan, aunque haya denuncia de la mujer, se concederá igualmente la custodia compartida alegando que la denuncia es falsa. El problema es que las mujeres rompen una relación que se estableció hasta que la muerte las separase, ella que es quien pare a los hijos e hijas de ellos, ella que es una posesión y no un ser libre, lo cual produce una fuerte reacción. Merece un análisis detenido esta cuestión que es base de muchos de los debates y de las decisiones.
No suelen generarse muchos conflictos sobre hijos e hijas cuando el hombre es el que se va porque ha encontrado otra pareja, en esos casos no solicitan custodias ni plenas ni compartidas. El problema viene cuando es la mujer la que decide romper la relación porque no aguanta más, porque considera que tiene derecho a vivir, a ser libre y a buscar la felicidad (nuevamente ese termino denostado y relativo) y ahí la mejor forma de instalarse en la vida de ella es la custodia compartida. Pero sea como sea, ni mujeres ni hombres saldrán airosos de este método perverso de perpetuar la familia tradicional hasta que la muerte los separe, y cuando nuevas relaciones se establezcan tendrán un aire de poligamia creando conflictos nuevos vinculados a los conflictos que se establecen con la primera familia. Y todo para instalar la infelicidad en las relaciones que rompen con la familia tradicional para toda la vida. Tengan cuidado señores, que para ustedes también es una trampa de futuro, aunque ahora se libren de pagar las pensiones a sus hijos e hijas, porque no nos engañemos, ustedes se sienten satisfechos con la solución por motivos económicos y para poder controlar el hogar de aquella que osó abandonarlos hartas de no vivir en relaciones de igualdad y de libertad, de corresponsabilidad y respeto. Obviamente, cuando existen relaciones de amistad y respeto entre el hombre y la mujer, la mujer y la mujer, el hombre y el hombre, establecen el régimen de visitas para sus hijos e hijas con armonía y sensatez, y pueden ser viables esas custodias compartidas sin traumas para nadie porque se dan de hecho aun cuando no se den de derecho. Pero en caso de conflicto es la pesadilla para toda la vida de todos los miembros de la familia de origen y posteriores relaciones afectivas y familiares.
En cuanto a los niños y las niñas, dudo mucho que ante la infelicidad perpetua de sus madres o padres, o ambos, puedan alcanzar un mínimo grado de equilibrio para ser ciudadanos y ciudadanas felices y responsables con las demás personas y con su entorno. Muy al contrario, conociendo que ellos y ellas son fuente de conflictos, podrán llenarse de culpa, y sabiéndose con poder para gestionar la vida de sus madres y padres, podrán hacer de la tiranía su norma de vida. No digamos cuando se dice que la casa es de ellos y ellas, y que son las madres y los padres, con sus nuevas parejas o sin ellas, las que van y vienen con maletas… ¡La tiranía asentada en las generaciones futuras!.
¿Qué modelo de sociedad estamos construyendo? ¿Qué queremos? ¿Tanto duele que hayamos roto los modelos tradicionales de familia hasta que la muerte nos separe, aunque sea a costa de la muerte de la mujer?. Llamemos a cada cosa por su nombre, por favor.
Las mujeres avanzan, lentamente porque tienen muchas trampas en el camino. Los hombres también deben transformar sus planteamientos de vida porque descubrirán que hay otras maneras de vivir. De momento a ellos no les compensa el cambio, porque sino ya lo habrían hecho, tal vez no han tomado conciencia de que la competitividad no es el camino hacia la libertad y la felicidad (porque su búsqueda es legítima), o tal vez no les interese ser libres y felices, como se es libre y feliz, con conciencia de serlo. Ahora hacen que las mujeres paguen la osadía de querer ser libres y felices, porque ellas han demostrado que pueden hacerlo casi todo: ser madres, ser profesionales, ser cuidadoras y creadoras, ser fuertes, ser valientes, y ser mucho más de lo que les dijeron que eran por haber nacido mujeres. Ellos se lamentan y se burlan de sus avances y de sus intereses, y viendo que ellas se escapan se instalan en sus vidas hasta que la muerte las separe a través de los hijos e hijas.
Cuando ellos aprendan que para ser padres hay que ser corresponsables, pedir bajas por paternidad, pedir reducciones de jornadas, cambiar pañales, pedir permiso para ir a una reunión del colegio, elegir trabajos en los que se gana menos pero se tiene un horario más amplio, pedir permiso para llevar al niño o a la niña al médico, meter las manos en el water para limpiarlo, poner la lavadora mientras hacemos los deberes con el niño o la niña, tenderla mientras se llena la bañera, dejar la sopa en el fuego mientras bañamos al niño o a la niña, hacer albondigas mientras se ven las noticias, mecer la cuna mientras se lee el periódico, despertarse quince veces en la noche y marcharse a trabajar y rendir, dedicar el fin de semana a la limpieza de la casa, llevar al niño o a la niña a clase de idioma, a clase de música, a deporte, pedir permiso para una actuación fin de curso, salir corriendo de una reunión porque han llamado del colegio porque se ha hecho una herida impresionante o porque tiene fiebre…..
Cuando estemos en un mundo en el que la realidad sea que hombres y mujeres comparten la vida pública y la privada responsablemente, con respeto y con libertad, con diálogo y en igualdad, tal vez la custodia compartida sea viable. Claro que entonces es posible que algo así no sea en absoluto necesario, porque nadie poseerá a nadie y las relaciones humanas y amorosas tendrán otro sentido. Sólo en igualdad se puede amar y sólo en igualdad se puede dejar de amar con respeto y con libertad. La posesión de los seres humanos y su regularización es la institucionalización de la violencia más cruel. La custodia compartida convierte a los hijos e hijas en tiranos y tiranas, o en seres culpables que nunca podrán desarrollar sus capacidades plenas, limita el desarrollo de madres y padres en el terreno afectivo y en el ámbito profesional, porque todo está sometido a los tiempos exigidos por el plan presentado para ejercer esa custodia, y genera odios eternos, sometimientos constantes, en el que el más fuerte siempre dominará la situación. La libertad sólo se aprende ejerciéndola.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL TRABAJO….¡HABLEMOS DE ELLO!

Desde Mental Health Europe en colaboración con distintas asociaciones Europeas de Salud Mental (Asociación Española de Neuropsiquiatría , España; Salud Mental y Psiquiatría Social, Grecia; Grupo de defensa de los Enfermos Mentales, Chipre; Centro Estatal de Salud Mental, Lituania; Liga para la Salud Mental, Rumanía; Pro Mente; Austria; SKALBES, Letonia; SENT, Eslovenia) Se ha desarrollado un trabajo de dos años para concienciar a los Estados Miembros de la Unión Europea sobre el problema de violencia y acoso hacia la mujer en el ámbito laboral.


Según distintas investigaciones internacionales, se ha encontrado que entre el 40 y el 90% de las mujeres sufren acoso y violencia durante el curso de sus vidas laborales, los efectos sobre la salud mental de la mujer son principalmente: falta de motivación, pérdida de confianza y de autoestima , depresión, ansiedad e irritabilidad. Estos síntomas favorecen el desarrollo de enfermedades físicas, trastornos mentales y el incremento de conductas de riesgo (tabaquismo, ingesta de alcohol y de otras drogas). Pudiendo llegar a desembocar en accidentes laborales, bajas frecuentes, invalidez e incluso suicidio.

Con este trabajo queremos contribuir a:

-Hablar acerca de un problema “ escondido ”
-Aumentar la concienciación acerca de la repercusión sobre la salud mental de la violencia y el acoso contra la mujer en el ámbito laboral.
-Promover actitudes de tolerancia cero ante la violencia y el acoso laboral
-Prevenir problemas de salud mental derivados de esta situación
-Contribuir a la protección de las mujeres contra toda forma de violencia, acoso sexual o laboral.

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de políticas comunitarias en el campo de la salud pública, el empleo y los derechos humanos, tratando de generar un debate serio a nivel Nacional y de la Unión Europea sobre el establecimiento de medidas concretas legislativas en todos los Estados Miembros, para prevenir y manejar los problemas de acoso y violencia contra la mujer en el trabajo, con miras a mejorar la comprensión de los impactos nocivos en la salud mental, identificar, recolectar y difundir buenas prácticas en las empresas , que promuevan el bienestar y la salud mental de la mujer.

La junta directiva en pleno de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, organismo de reconocido prestigio nacional e internacional, acaba de pronunciarse, a través de una declaración con meridiana claridad, en contra del uso clínico y legal que en España se está dando al seudosíndrome de alineación parental.

Este instrumento de maltrato institucional hacia las mujeres está llegando a extremos que sólo pueden producir daño a sus víctimas y descrédito a la justicia que lo utiliza, es ésta una cuestión que deben tener en cuenta todas aquellas personas "ingenuas" que se apresuran a dar crédito al burdo y falaz síndrome.

Miembro de
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C/ Magallanes, 1 – sótano 2, local 4 – 28015 MADRID
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La Asociación Española de Neuropsiquiatría hace la siguiente
declaración en contra del uso clínico y legal del llamado
Síndrome de Alienación Parental1
Es un hecho reconocido la frecuencia y complejidad creciente de los casos de litigio legal, tras
separación o divorcio, por la custodia de un menor. Esas situaciones de litigio por el poder en
la relación a través de la custodia del menor, colocan al niño en un conflicto de lealtades y
pueden desembocar, si no se trabajan adecuadamente, en situaciones que menoscaban la salud
mental del niño/a.
Es en estos casos donde se hace más necesario y urgente el trabajo coordinado y basado en
criterios comunes, de los profesionales de salud mental y los profesionales de la justicia.
La esencia del llamado síndrome de alienación parental, según el autor que lo inventó y le dio
el estatus de síndrome “médico” (Gardner, 1985), se refiere a la “programación” o “lavado
de cerebro” hecho por un progenitor sobre el niño, con el fin de “denigrar” y “vilipendiar” al
otro progenitor (añadiéndose elaboraciones “construidas” por el propio menor) y así justificar
la resistencia del niño/a a mantener una relación con dicho progenitor, al cual se define como
alienado.
En los últimos años en España, lo mismo que en otros países de nuestro entorno, se ha ido
infiltrando en las sentencias judiciales bajo la supuesta rúbrica científica del SAP argumentos
para cambios de custodia u otras acciones legales de enorme repercusión para el niño y la
familia; argumentos sin embargo no aceptados por una amplia mayoría de profesionales de
salud mental.
Creemos que el éxito que ha tenido el término en el campo judicial se debe a que da una
respuesta simple (y simplista) a un grave problema que preocupa y satura los juzgados de
familia, facilitando argumentos seudo-psicológicos o pseudo-científicos (Escudero, Aguilar y
de la Cruz, 2008 a, b) a los abogados de aquellos progenitores litigantes por la custodia de sus
hijos. Esta explicación puede ayudar a entender por qué ha sido aceptado, pese a su falta de
rigurosidad, sin apenas cuestionamientos.
El riesgo actual de que tal “construcción de la realidad” se infiltre también en los sistemas
diagnósticos internacionales, como el DSM V, ha hecho que muchas asociaciones y
profesionales de diferentes países se pronuncien en contra de este supuesto.
1 Y otros términos bajo los cuales se reproducen los mismos contenidos y las orientaciones prácticas del
SAP: “La utilización del llamado "Síndrome de Alienación Parental" (en adelante. SAP), o la de una
denominación alternativa pero con la misma virtualidad, para explicar y tratar de solucionar los problemas
de relación entre padre e hijos tras una situación de crisis matrimonial ‐una de las reacciones referidas‐ es
una preocupante realidad cada vez más común”. Guía de Criterios de Actuación Judicial Frente a la
Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial de 2008.
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EN OPINIÓN DE LA AEN
Las bases sobre las que se construye el “castillo en el aire” del SAP corresponden a la
descripción que hace R. Gardner en 1985 basándose en sus opiniones personales y en autocitas.
En uno de sus artículos considerados “seminales”, de 16 referencias bibliográficas, 15
corresponden a auto-citas de trabajos del propio Gardner (2004).
El SAP supone un grave intento de medicalizar lo que es una lucha de poder por la
custodia de un hijo. Se pasa así, a explicar las complejas dinámicas de interacción familiar en
base a la “programación” del niño que hace el cónyuge denominado “alienador” con objeto
de denigrar al cónyuge “alienado”. Supone un abuso de la utilización de lo “psiquiátricopsicológico”
que evita, así, considerar el papel que también juega en el conflicto el cónyuge
que es considerado “víctima” del “alienador”. Tampoco busca otras explicaciones como
puede ser una reacción esperable o justificada del niño después de una separación parental,
que en la mayoría de los casos en los que no hay violencia familiar, suele resolverse pasado un
tiempo.
El sesgo de género en las descripciones del SAP es innegable. La mayoría de los cónyuges
“alienadores” son en su opinión “mujeres que odian a los hombres”. Cualquier intento de
estas por rebelarse ante el riesgo de retirada de custodia de su hijo, se convierte en nuevas
pruebas de la alienación y de la programación a que someten al hijo. Por otra parte cualquier
intento de protesta del niño o niña se convierte, por mor de los criterios diagnósticos que
Gardner inventó, en nuevos síntomas de su programación. Incluso los terapeutas que
argumentan en contra del SAP se convierten también, según Gardner, en sujetos vulnerables
a la programación que entran a formar parte de una especie de “folie à trois”, en palabras del
propio Gardner (1999). Es decir, en contra de cualquier planteamiento científico, el SAP se
construye de modo que nunca pueda ser refutado porque cualquier intento de refutación lo
convierten, por si mismo en verdadero.
Se desoyen con base al SAP las protestas o acusaciones del niño (y de la madre) de
maltrato o abuso. Aunque Gardner especifica que en caso de abuso no se debe de
diagnosticar de SAP, el riesgo de dejar a un niño cuyas quejas son descalificadas y no
escuchadas por considerarlas producto de una programación, en manos de un progenitor
maltratador es muy alto. A ello se suma el que los intentos de proteger al niño por parte del
otro progenitor se convierten en mentiras y nuevos intentos de “programación”. Se deja en
manos de un potencial maltratador a un niño aislándolo de su único vínculo de protección.
Por el lado contrario, se ha demostrado por el propio Consejo General del Poder Judicial tras
un minucioso estudio de 530 resoluciones, que de todas estas, sólo una - en la que es la propia
mujer quien niega la veracidad de su primer testimonio- podría tipificarse como denuncia
falsa. Según el CGPJ, con base a dicho estudio (2009) esto demuestra que las supuestas
denuncias falsas por violencia de género constituye un “mito” (13 de octubre de 2009).
La “terapia” que propone Gardner para acabar con la supuesta “programación” y que él
mismo denominó “terapia de amenaza” cierra cualquier salida a un niño/a víctima de
abusos de escapar de la situación temida. Amenazar con encarcelar o quitar las visitas al
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cónyuge (usualmente la madre) con quien el niño tiene el vínculo más estrecho, fuerza a la
niña/o a aceptar la relación con el progenitor litigante
CON BASE A LO ANTERIOR LA AEN CONCLUYE
Que el SAP tal y cómo lo inventó Gardner no tiene ningún fundamento científico y si entraña
graves riesgos su aplicación en la corte judicial
LA AEN RECOMIENDA
Que las complejas y con frecuencia violentas, o cuanto menos altamente conflictivas
dinámicas familiares que abocan en un litigio por la custodia de un menor, tienen que ser
estudiadas específicamente es decir, caso por caso.
Que el profesional de salud mental no puede ocupar el papel de dictar la verdad o falsedad de
un asunto, aspecto que corresponde al juzgado. Pero que a un tiempo, en los juzgados no
deben emplearse por los equipos técnicos adscritos, y si son requeridos, por profesionales de
salud mental, constructos tales como los contenidos en el SAP (ya sea bajo esta rúbrica
terminológica u otra) por su origen conceptual retórico más en ningún caso científico, y por
ello con un enorme potencial de daño sobre menores y adultos privados de toda posibilidad
de defensa (pues siendo “diagnosticados” todo intento de defensa se convierte en
autoconfirmación del diagnóstico asignado).
Que los argumentos que los profesionales de salud mental les aportemos a los profesionales
de justicia deben basarse en literatura científicamente contrastada y no en meras repeticiones
de recetas simplistas de un caso extrapolado a otro.
Que se haga una difusión en círculos profesionales de salud mental y de justicia sobre cómo
se llegó a la construcción de este supuesto síndrome, de las graves consecuencias de su
aplicación y de las recomendaciones de trabajo coordinado entre campos profesionales de la
salud mental y de la justicia.
Dada la tradición de la propia AEN y su capital humano de profesionales y conscientes del
riesgo de que conceptos pseudocientíficos como el aquí abordado proliferen merced a
intereses diversos, ajenos justamente al de salud mental, recomendamos y ofertamos dicha
capacidad para constituir un grupo de trabajo que pueda profundizar en el tema desde un
punto de vista profesional.
25 de marzo de 2010
La Junta Directiva de la Asociación Española de Neuropsiquiatría
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REFERENCIAS
- Documento de la AEN: La construcción teórica del Síndrome de Alienación Parental de
Gardner (SAP) como base para cambios judiciales de custodia de menores. Análisis sobre su soporte
científico y riesgos de su aplicación. (2008). Escudero, A.; Aguilar, L. y de la Cruz, J. (Dir.).
[Artículo en línea]. Obtenido de http://www.aen.es/biblioteca-ydocumentacion/
documentos-e-informes-de-la-aen/doc_details/52-la-construccionteorica-
del-sindrome-de-alienacion-parental-de-gardner-sap. (Asoc. Esp. Neuropsiq.)
- Escudero, A., Aguilar, L., de la Cruz, J. (2008). La lógica del Síndrome de Alienación
Parental de Gardner (SAP): «terapia de la amenaza». Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 28, 102,
83-305.
- Guía de Criterios de Actuación Judicial Frente a la Violencia de Género. (2008).
Consejo General del Poder Judicial.
- Gardner, R. A. (1985). Recent trends in divorce and custody litigation. Academy Forum,
29, 2, 3-7.
- Gardner, R. A. (1999). Family therapy of the moderate type of parental alienation
syndrome. The American Journal of Family Therapy, 27, 195-212.
- Gardner, R. A. (2004). The relationship between the Parental Alienation Syndrome
(PAS) and the False Memory Syndrome (FMS). The American Journal of Family Therapy,
32, 79–99.
- Grupo de expertos y expertas en violencia doméstica y de género del CGPJ. (2009).
Estudio sobre la aplicación de la Ley integral contra la violencia de género por las Audiencias
Provinciales. Obtenido de
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/observatori
o.htm
- Notificación del Consejo General del Poder Judicial con fecha del 13 de octubre de
2009. El CGPJ informa: Se rompe el mito de las supuestas denuncias falsas por violencia de
género. Sólo 1 de las 530 resoluciones estudiadas podría encuadrarse como denuncia falsa. (Se
remite al estudio del Grupo de expertos y expertas del CGPJ referida anteriormente.
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MANIPULACIONES, AMBIGUEDADES, FALSEDADES

Abril 4, 2010

Cada uno es libre de opinar, lo que es evidente en una sociedad democrática. Y quien se expresa libremente, esta expuesto a la opinión contraria y a la critica, eso si, respetuosa.
Pues bien, las ultimas declaraciones del juez de Familia de Sevilla, Serrano, me parecen injustas, tendenciosas y sin fundamento. Dice que él se considera políticamente incorrecto. De acuerdo, él lo dice. Pero, al menos para mi, pretende llamar la atención y ofrecer unos argumentos que se derivan de una posición ideológica bien concreta, y que, asimismo, utiliza ambigüedades y falsedades bien disfrazadas, eso si, de manipulación de datos.
Afirma que estamos asistiendo a un genocidio de los hombres a causa de la lucha contra la violencia de género. Según el juez Serrano, los suicidios anuales y a nivel nacional por causa de las denuncias falsas y el maltrato institucional ascenderían a mas de 600. Para curarse en salud afirma que las autoridades ocultan los datos deliberadamente. Lo siento, pero es el juez Serrano –que se ha subido a un imaginario podio de salvador de la sociedad- quien deliberadamente manipula los datos. “Me he enterado de tres casos en Sevilla”, “tengo una carpeta llena de cartas remitidas por hombres que sufren maltrato institucional”…¡Yo también tengo una carpeta llena de escritos y declaraciones del juez Serrano y de sus amigos –entre otros de Carlos Cerdito- una carpeta que me causa estupor e indignación por manifestaciones hechas para llamar la atención y obtener titulares de prensa; desde luego, no para reflexionar seriamente. Por cierto, ¿cuenta el juez Serrano los suicidios de hombres -algunos muy recientes- que se han quitado la vida después de asesinar alevosa y cobardemente a sus parejas?
El juez Serrano siempre se “cubre las espaldas”: “tengo derecho a expresar lo que opinamos la inmensa mayoría de profesionales”, “muchos de esos profesionales tienen miedo a decir lo que piensan, por el hecho de que les puedan imponer una medida represora”… ¿Cuántos profesionales, que profesionales, donde trabajan, que profesión ejercen? También yo conozco a muchos profesionales que se sonrojan cuando leen las vaguedades y acusaciones sin fundamento de un magistrado-juez como Serrano. Eso no es ejercer la libertad de expresión y de opinión con fundamento –lo que se de exigir a un juez- sino ampararse en “muchos, la inmensa mayoría…” para seguir en el “candelero”.
Al leer las últimas declaraciones del juez Serrano me propuse expresar mi total desacuerdo con líneas y más líneas. Lo siento, lo que dice el juez Serrano no da para mas: manipulación de datos, afirmaciones escandalosas y sin fundamento –“genocidio de hombres”- el mito de las denuncias falsas, etc. Que “los palmeros” del juez Serrano le ofrezcan sus aplausos y hasta vítores, a mi me viene a la cabeza aquello de “que viene el coco” con lo que se asustaba a los niños, pero ese “coco” no existe mas que en “el coco” del juez Serrano y en su falsificación y manipulación de datos.

jose-antonio burriel

Los abajo firmantes manifestamos nuestra oposición a la inclusión del supuesto " Síndrome de Alienación Parental ", ahora re-nombrado como "Desorden de Alienación Parental", en el DSM 5, ya que está comprobado que no tiene sustento científico que lo avale, y ya ha sido rechazado por la mayoría de Asociaciones Profesionales en todo el mundo, Tribunales Superiores de Justicia y también por varias organizaciones de lucha por los DDHH, como Amnesty International.

El supuesto SAP sostiene que los niños y las niñas podrían ser manipulados e inducidos a relatar sucesos que nunca ocurrieron o crear animosidad, -hasta el hecho de negarse a mantener contacto-, en contra de uno de los progenitores, acusándose de ello en abrumadora mayoría a las madres. De esta manera se intenta invalidar la palabra de la madre y, en especial, los dichos del niño-niña, prueba fundamental en los juicios por abuso sexual.

Nosotras y nosotros seguimos afirmando que "los niños y las niñas no mienten" en estos temas, y los grupos interesados en demostrar lo contrario son los autores de la propuesta que ha llegado a la APA a la que nos estamos oponiendo.

Por la premisa fundamental de creer a las víctimas reafirmamos nuestro compromiso. No a la inclusión de lo que es solo una construcción ideológica, el falso SAP o DAP en el DSM 5

Para adherir al mail colectivo:

contraabusodepoder@gmail.com o apa@psych.org    

Denuncias falsas. Por fin, no era para menos, el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, D. Carlos Carnicer Díez se pronuncia a través del comunicado que dirige a todos y cada uno de los decanos de los respectivos Colegios de Abogados, su rotundidad en el comunicado no ofrece dudas, las mujeres en general y las víctimas de violencia de género en particular agradecen que el máximo responsable de la abogacía española confirme lo que hemos venido repitiendo sobre este mito de denuncias falsas que también atañe, por cierto, muy de cerca a los abogados, su lucidez acerca de esta manipulación interesada no puede por menos que ser reconocida.

COMUNICADO A TODOS LOS DECANOS Y CONSEJEROS DE LA ABOGACÍA
POR CARLOS CARNICER DÍEZ. PRESIDENTE CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA.

Querido Decano:

Dado que en estos días los medios de comunicación se están haciendo eco de manifestaciones que, sin fundamento ni dato alguno que las avalen, generalizan la existencia de denuncias falsas en el ámbito de la violencia de género, y teniendo en cuenta que las mismas pueden conllevar el retraimiento de las víctimas a la hora de denunciar las situaciones de violencia que padecen por parte de sus parejas o exparejas, hemos entendido necesario trasladaros las siguientes consideraciones a fin de que por los servicios de asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género se extremen las medidas para proporcionarles el apoyo que posibilite su protección y la garantía de su derecho de defensa, debiendo indicar al respecto que:

Mientras en el pasado año ya han muerto 55 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, la gravedad de que se esté centrando la atención en una polémica estéril sobre la existencia de denuncias falsas en el ámbito de la violencia de género, radica muy especialmente en que puede provocar la regresión sobre la sensibilización social que, respecto a este gravísimo problema, se había alcanzado en nuestra sociedad.
Resulta indignante que, cuando estamos muy lejos de erradicar las situaciones de violencia contra las mujeres o, al menos, de poder garantizar la seguridad de las víctimas, en lugar de aunar esfuerzos para conseguirlo, nos permitamos perder el tiempo tratando temas como el de la existencia de denuncias falsas cuando no consta dato objetivo alguno que permita afirmar que las mismas se están produciendo en este ámbito en mayor número que en otro tipo de delitos.

Tanto la Fiscalía General del Estado en sus Memorias, como el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en sus informes, vienen poniendo en evidencia que en el ámbito de la violencia de género la existencia de denuncias falsas “es un fenómeno aislado y excepcional que merece especial atención por el daño que con ellas se hace a las mujeres sometidas a malos tratos físicos o psicológicos, que se ven sometidas a una duda irracional e injusta”. La Fiscal Delegada de Sala contra la violencia de Género – Soledad Cazorla – ha declarado en estos últimos días que “cada año se detectan (en esta materia) menos de 20 denuncias falsas entre las 100.000 que se presentan”.

Teniendo en cuenta que denunciar falsamente es un delito, debemos reivindicar el derecho a la presunción de inocencia de las víctimas de violencia de género, no consintiendo que, como se viene haciendo, se realicen contra ellas imputaciones delictivas, atribuyendo de forma generalizada, banal e interesada que sus actuaciones se producen por despecho, venganza o interés.

No se puede identificar – como se viene haciendo - denuncias falsas con desistimientos, archivos o absoluciones por falta de pruebas. Los datos recogidos por el Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ siguen poniendo de manifiesto que el número de casos en que la víctima desiste de la denuncia formulada sigue siendo importante, pero solo desde el desconocimiento del complejo fenómeno de la violencia de género y la situación en que se encuentran las víctimas se puede afirmar que dicho comportamiento está motivado porque la denuncia fue fruto de una conductas caprichosa o revanchista. Este análisis desenfocado solo puede sostenerse ignorando lo difícil que ha resultado a las víctimas analizar con claridad la forma de salir de la angustiosa y compleja situación cuando han sufrido agresiones físicas y/o psicológicas por parte de quien, además de ser o haber sido su pareja, es, en muchos casos, el padre de sus hijos, encontrándose inmersas en un entramado de relaciones sentimentales, familiares, sociales y económicas que las hacen especialmente vulnerables a presiones del exterior y a sus propias dudas sobre la conveniencia de mantener la denuncia.

Cabe añadir que las mismas voces que alegan la existencia de miles de denuncias falsas por violencia de género, muy frecuentemente, con igual falta de fundamento realizan manifestaciones en las que imputan a los abogados y abogadas que atienden a las víctimas la responsabilidad de dichas denuncias, considerando que les aconsejamos que las formulen aunque no sean ciertas para obtener con ello ventajas procesales y económicas para sus clientes. Es evidente que dichas imputaciones carecen asimismo de rigor y se realizan con la misma ligereza y falta de base objetiva, pero también lo es que dañan de forma grave la imagen de la abogacía en general y la necesaria confianza en su función social.

Los primeros interesados en erradicar las denuncias falsas son las propias víctimas de violencia de género, pues la mera posibilidad de su existencia da pábulo a las interesadas y alarmistas generalizaciones que se están produciendo, provocando la desconfianza hacia las víctimas denunciantes y la regresión en la sensibilización social que se había alcanzado.

He querido ponerte estas líneas porque creo que en momentos de confusión la Abogacía debe manifestarse, más que nunca, lúcida.

Un abrazo,

http://respuestasinfocop.googlepages.com/

RESPUESTA AL INFOCOP

Junio de 2008

Profesionales de la Psicología

Firmas a: respuestainfocop@gmail.com

A LA COORDINADORA DE PSICOLOGÍA JURÍDICA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PSICÓLOGOS DE ESPAÑA

A quien/es corresponda:

Los y las abajo firmantes, profesionales de la Psicología, colegiadas y colegiados en los distintos Colegios Oficiales de España, queremos expresar nuestro rechazo a las afirmaciones que en el día 18 del corriente mes, ha presentado la Coordinadora de Psicología Jurídica del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España con referencia al pretendido síndrome de alienación parental.
Como investigadoras e investigadores, Psicólogas y Psicólogos, NO AVALAMOS la afirmación del supuesto “consenso” al cual alude la citada presentación y consideramos de suma gravedad que una Comisión de los COP se exprese a favor de un pretendido síndrome rechazado por la Organización Mundial de la Salud y los Colegios de Psicología y Medicina del país donde se ha urdido dicho constructo. País este, Estados Unidos, donde en la actualidad, se lo ha rechazado explícitamente en el marco de lo jurídico alegando la acientificidad que lo sustenta, amén del marco teórico propedofílico sobre el cual, su inventor el médico Richard A. Gardner, lo construyó. Es de destacar que el pretendido síndrome, no se encuentra en fase de observación o análisis para ser incluido en los manuales de diagnóstico válidos internacionalmente tales como el DSM-IV ni el CIE-10, sino que el mismo jamás HA SIDO ADMITIDO a trámite para su inclusión, por el contrario, se lo ha rechazado explícitamente por no reunir los mínimos indispensables para dicho cometido, cualidad –entre otras- que lo inhibe para ser aceptado, en cualquiera de sus formas, como el elemento diagnóstico en el que pretende erigirse.
Por tal motivo, consideramos que falta a la realidad científica denominar al sap como “avance científico y profesional”. Y que su aplicación, violenta varios artículos de los Códigos Deontológicos de los mencionados COP, tal como consta en las múltiples denuncias que se han presentado a la Comisión contra varios/as Psicólogos/as.
En adición, los estudios e investigaciones que lo invalidan y que se han realizado en EE.UU desde su irrupción – año 1985 -, desmienten la cualidad de “negación a priori” que se menciona en este comunicado.
Concluimos que este supuesto síndrome, no puede ser considerado como válido “ad hoc” , sólo por el sentido “útil” que señala la citada Comisión, y en este sentido, instamos a los respectivos Colegios Oficiales de Psicología que se manifiesten ratificando o rectificando el presunto consenso del cual hace gala el mencionado comunicado.
España, 19 de junio de 2008
Atentamente:

La paciencia tiene un limite, con fecha 23/11/09contestamos ejerciendo nuestro derecho de libertad de expresión, a la Tribuna de Enrique Lynch – “Revanchismo de Género”, pero como siempre las Tribunas de las Asociaciones de Mujeres no ven la luz en la mayoría de los medios de comunicación, así que si no podemos usar los periódicos, lo daremos al conocimiento público a través de la página Web.

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ELOGIO DE LA VIOLENCIA

No cabe duda que lo que mejor domina Enrique Lynch en el campo de las letras es la especialidad de la violencia. Acaba de publicar un artículo de colaboración en EL PAÍS COM (19/11/2009), que es todo un ejemplo de maestría en el cultivo de esa terrible carcoma de la inteligencia que es la violencia (el unamuniano "venceréis pero no convenceréis"). A las frases y expresiones tan brutales como las que el autor toma de los videoclips de moda, añade otras de su propia cosecha: <>, <>; todas ellas dirigidas en general a las mujeres con relación al hombre, y especialmente a aquellas que reivindican la igualdad de los derechos humanitarios entre los dos sexos, una corriente de la cultura actual que el Sr. Lynch trata de desacreditar bajo el remoquete de "Revanchismo de género", que es como titula su artículo.

Claro está que este apego de Lynch a la violencia no es ningún descubrimiento. La cosa viene de lejos, y no hace falta que nadie ajeno venga a mostrarlo. Es el propio escritor quien se define a sí mismo diciendo: <>. Lo dice en una conversación sostenida con Ricardo Pita Macaya el 17 de diciembre de 2005 (REVISTA TK), en el curso de la cual y después de rememorar su activismo en diversas organizaciones de "violencia revolucionaria" en las que se practicaba la propaganda armada o acción directa, puntualiza: <>, para concluir dejando bien claro que, pasado el tiempo, hoy abomina de ciertos aspectos de aquella etapa de su biografía <>. Y lo explica: <>.

Todo ello para abonar la tesis --en principio admisible-- de que este tipo de incitaciones no hace sino aumentar por reacción la tasa de asesinatos de mujeres, pero sobre la base --como premisa inadmisible-- de identificar las reivindicaciones legítimas de las mujeres con el género provocativo filmográfico, discográfico y demás de la moda exitosa.

Calificar de revanchismo la acción políticosocial de las mujeres en defensa de la implantación de los Derechos Humanos sin discriminación por razón de sexo (que es el mandato del art. 14 constitucional), es una confusión que no puede atribuirse más que
a fallo patológico en el uso de la facultad racional en el caso más favorable, y en el peor, a pura intencionalidad malévola.


La primera deducción parece en principio la más probable, teniendo en cuenta el taco filosóficogramatical que el autor del texto se hace con el uso de los tiempos verbales y los adverbiales comparativos, cuando reduce las expresiones "más que yo", "menos que yo," a la alternativa de superioridad/inferioridad; lo que en el proceso sociológico de igualdad en curso no puede ser más grave porque implica no darse por enterado de que la solución de esa disyuntiva selvática está en el equilibrio de la ética racional: ni superior ni inferior sino igual a mí, ni más ni menos sino igual que yo.

Esa ceguera para la solución equilibrada de la igualdad,
transformando la relación entre los sexos, de problema arduo pero soluble en el dilema falso: <>, le descalifica a uno como miembro de la sociedad civilizada que el mundo actual trata de construir, y lo retrotrae a la lucha feroz por el imperio de la fuerza (vencer sin convencer).

Lo mejor en estos casos es desentumecer las interconexiones sinápticas cerebrales, de lo contrario se corre el riesgo de que el soma de las neuronas quede colapsado en el nivel primario del subdesarrollo irracional.

Por lo que se refiere a la intencionalidad maligna, hubo en el siglo XVIII un juez del estado norteamericano de Virginia, de cuyo patronímico proceden etimológicamente todos los linchamientos de que hoy se pueda hablar, con la extensión del término "linchar" a la eliminación violenta de cualquier persona de su ámbito social, político, etc., puesto que en su origen la Ley Lynch impuesta por el juez en cuestión, Charles Lynch, consistió en ejecutar por la buenas, o sea sin un encausamiento previo, a cualquier sujeto que fuera designado sospechoso por un grupo de exaltados.

La acción agresiva de la eliminación violenta al margen de la ley, es lo que hoy se llama "linchamiento". Nos tememos que, tal como están las cosas, nos hallamos ante la aplicación de esa estrategia ilegítima como respuesta a la política del Gobierno socialista en su determinación de proteger a las mujeres contra la violencia de género. No se trata de ideología política ni tal que lo vio, sino de sentido del diálogo y de respeto democrático, que bajo tales prácticas expeditivas brillan por su ausencia.

Esa manera de tratar el actual debate sobre la igualdad entre hombres y mujeres en España --y por supuesto en el mundo-- motejando las reivindicaciones históricas de las mujeres como "resentimiento femenino" o revanchismo de género, lleva a la consecuencia irremediable de una declaración de guerra (en términos de vencer y no convencer). Una tentación que ni como estrategia dialéctica es admisible.

Firmas tan solventes como la del periódico digital que ha dado acogida al artículo literario aquí denunciado, no debieran ser tan flexibles a la hora de seleccionar sus colaboraciones, cuando lo que está en juego es algo tan serio como la paz social del país y la atención en riesgo creciente de mortandad de sus ciudadanas.


Madrid, 23 de noviembre de 2009

Ana Mª Pérez del Campo Noriega
Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas

La verdad es que las limitadas funciones de la Defensora del Lector,- (como se denomina en el país)-, sirve para poco, más bien para hacer que hace, pero la efectividad para aplicar del derecho a la libre expresión que no es el insulto, la falacia, y la de tergiversación en la información no pueden englobarse por mucho que la Defensora de del lector o lectora se empeñe como muchos otros personajes o personajillos.

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Defensora del Lector
Diario EL PAÍS

Sra. Pérez Oliva: No quisiera molestarle, y si tal es el caso le pido excusas. Pero creo que no tengo otro medio para mostrarle la legítima indignación que a mí y a la mayoría de las mujeres españolas nos ha causado el tono y la orientación con que se está tratando por ese Diario la intolerable incursión de D. Enrique Lynch en el gravísimo problema del maltrato masculino por discriminación de sexo.

Estamos siguiendo con la atención que puede V. suponer, la literatura de opinión que dicho acontecimiento está causando en su periódico, y que, francamente, nos tiene desconcertadas. ¿Cómo es posible que una publicación de la talla y seriedad de esa cabecera, no se decida a cortar por lo sano los comentarios de colaboradores y espontáneos al artículo "Revanchismo de género", permitiendo que un atentado tan patente a la integridad del Estado de Derecho se diluya en insulsas disquisiciones sobre la censura o la libertad de expresión, el ingenio o el desacierto en la elección de los ejemplos escogidos para argumentar su tesis el autor del quebranto!, cuando de lo que se trata es, pura y simplemente, de la posible comisión de un hecho tipificado como delito contra la Constitución en nuestra legislación vigente.

Si esta apreciación se fundamenta --e inmediatamente me dispongo a hacerlo--, no cabe otro punto de discusión que el de si la Dirección del PAÍS está o no obligada a excusarse por haber dado acogida en sus páginas a un escrito delictual y al menos comparable con algunos de los artículos que, publicados en la prensa de otro cariz, han sido sancionados por los tribunales de justicia por haberse dedicado a especular sobre las actividades no menos criminales de ETA en términos tan equívocos como los que ahora ha empleado el Sr. Lynch para opinar sobre las reivindicaciones feministas como manifestaciones de revancha contra los delitos de malos tratos perpetrados por varones.

El Sr. Lynch ha acusado al Ministerio de la Igualdad de alentar subrepticiamente a las mujeres a la provocación y la guerra de sexos a cuenta de sus campañas publicitarias. Pues bien, esta especie fáctica esta inmersa en la definición del delito tipificado en el art. 510.2 del Cp. vigente, que castiga a los que con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación (entre otros supuestos) a la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o sexo.


El mismo articulista --con obvia intención reiterada a lo largo de su escrito-- ha equiparado la actitud de los colectivos feministas con las manifestaciones reprobablemente indignas de ciertas películas, canciones y videoclips de moda. Una imputación claramente incluida en el concepto de información injuriosa sobre asociaciones de mujeres por la defensa de sus derechos en relación a su ideología y con temerario desprecio hacia la verdad del mismo artículo y párrafo citados.

Por último, el Sr. Lynch, con frase obviamente intencionada, ha lanzado el augurio de que por el camino del revanchismo feminista se acabará aumentando el número de los asesinos de mujeres; lo cual constituye una justificación solapada de esta lacra social, cuya punibilidad sub especie de "violencia de género" ha quedado establecida en recientes reformas de nuestro ordenamiento jurídico.

El que la Dirección del Diario no responda de las opiniones vertidas por sus colaboradores firmantes como tales, no quiere decir, en modo alguno, que esté exento de responsabilidad en la posible comisión de delito, pues éste no se comete sin el soporte de un medio que le difunda, máxime si complica su auxilio guardándose de excusar a posteriori su participación en el ilícito públicamente denunciado o bien declarando su reprobación al mismo.

El no impedir, pudiendo hacerlo, la comisión de un delito es una obligación impuesta a todos por Ley, y no tiene nada que ver con la "ley de la mordaza", sino que en materia de difusión periodística se llama autocensura, y en plano ético decencia deontológica. ¿Acaso permitiría EL PAÍS insertar en sus páginas una tribuna en la que se equiparase la violencia etarra con el empleo de la fuerza policial legitimada por ley? Eso es la autocensura.

Se podrá defender la difusión en los medios de las propias opiniones por disparatadas que éstas sean. Pero hay una regla de oro que EL PAÍS esta quebrantando con su silencio ante quejas como la presente: el respeto a la veracidad de lo publicado. Imputar propósitos de agresividad subliminal a los eslóganes publicitarios del Gobierno (que es lo que el Sr. Lynch se permite suscribir aleccionando al Ministerio de la Igualdad) es difundir con plena consciencia un mensaje contrario a la verdad con el consiguiente engaño al público lector. Y eso es algo que no puede escudarse tras el principio de la "libre expresión", que es expresión de ideas y no de falsedades.

Si semejante interpretación de la libertad de expresión se generaliza, llegará un momento en que el oficio del periodismo se habrá convertido en una especie de cultivo del libelo.

Un hecho, Sra. Defensora del Lector, que no puede quedar impune, se lo aseguro.

Agradeciéndole su atención, suya afma.


Ana Mª Pérez del Campo Noriega
Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas

La verdad es que las limitadas funciones de la Defensora del Lector,- (como se denomina en el país)-, sirve para poco, más bien para hacer que hace, pero la efectividad para aplicar del derecho a la libre expresión que no es el insulto, la falacia, y la de tergiversación en la información no pueden englobarse por mucho que la Defensora de del lector o lectora se empeñe como muchos otros personajes o personajillos.

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Dª Milagros Pérez Oliva
Defensora del Lector
Diario EL PAÍS

Muy Sra. mía:

Me dice el quiosquero que ha observado un notable descenso en la venta de ejemplares de EL PAÍS a partir del día en que el diario publicó un texto titulado "Revanchismo de género" con la firma de Enrique Lynch.

El quiosquero no relacionó la caída en las ventas con el artículo del Sr. Lynch. Soy yo la que establezco la relación, a la vista de la indignación que se ha levantado con la publicación de un artículo que hiere la sensibilidad de los lectoras y lectores sobre una materia tan delicada y conflictiva en la estimación de las estadísticas, como es la reclamación de los movimientos de mujeres en demanda de una igualdad real de trato para con los hombres en el desarrollo de nuestra sociedad.

Como el texto del artículo en cuestión es lo suficientemente ambiguo y enrevesado como para hacerle imputaciones a la ligera, hemos requerido la opinión de diversos letrados (juristas, criminalistas y algún constitucionalista) con el siguiente resultado:

La responsabilidad por los ilícitos que puedan contener los artículos de prensa escrita firmados por sus autores no recae, al menos en principio, directamente sobre la empresa periodística que les da acogida. Pues ya las empresas suelen tomar la precaución de poner en lugar destacado o al pie de los textos sospechosos, la advertencia de que el medio no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores.

Por ello, el articulista ducho recurre a figuras literarias tan conocidas como la anfibología, la paráfrasis y el retruécano intencionados para poder deslizar con impunidad las ofensas, imputaciones calumniosas y demás especies delictuales, sobre el consabido telón de fondo de la "libertad de expresión" (a. 20.1 constitucional). Es la forma de que se ha valido el Sr. Lynch para lanzar su "Revanchismo de género", jugando al equívoco de aparentar que censura la violencia contra las mujeres al tiempo que identifica las legítimas reivindicaciones feministas con determinada modalidad de producciones filmográficas y discográficas de moda, francamente provocativas contra el género masculino.


Como una reclamación penal por injurias requiere que éstas se materialicen en persona o personas determinadas y aquí se han dirigido con absoluta generalidad, y por otra parte está el elemento subjetivo de la intencionalidad de ofender, cosa que el autor del texto siempre negará, etc.; nos hemos interesado por la figura delictiva de la apología del delito. Pero, a juicio de nuestros consultados, hace falta que los plácemes y alientos vertidos se refieran a un delito concreto que se haya cometido, y no a un tipo de delito considerado en abstracción. De manera que meterle mano a quien se mantiene calculadamente en el terreno ambiguo de la ofensa genérica a personas innominadas o en la exaltación de ilícitos tipificados sin concretar ninguno que se haya cometido, es imposible en términos judiciales.

Sin embargo --dice uno de los expertos juristas consultados-- hay un flanco que el autor del tortuoso texto ha descuidado. Y es que no se ha percatado de que imputar a las mujeres actuales genéricamente, es decir como grupo integrante de nuestra sociedad, el ánimo de "revanchismo" (perpetración de un daño en venganza o devolución del que se ha recibido), es una forma indiscutible de provocación a la discriminación, al odio y violencia contra todo el colectivo femenino por motivos referentes a la ideología feminista y la pertenencia a un sexo ; y que calificar de "revanchismo de género" las reivindicaciones de las mujeres, según la función asumida por el actual Ministerio de la Igualdad, que "es lo que ahora se airea y se difunde por innumerables medios públicos y privados", constituye un caso inconfundible de difusión de informaciones injuriosas sobre dicha ideología y pertenencia a sexo.

Pues bien, lo primero está tipificado como delito contra la constitución en el párrafo 1 del art. 510 del Código penal vigente (libro II, tít. XXI, cap. IV, sec. 1ª); la segunda figura queda tipificada en el párrafo 2 del mismo artículo, con la matización de que las informaciones difundidas sean hechas con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, condicionamiento del que no cabe exonerar a un intelectual que, como el Sr. Lynch, toma la pluma para aplicar su particular filosofía a la materia de su peroración. (La pena correspondiente a cada una de estas dos figuras de delito es la de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses).

Hay cierto aspecto de apología del crimen en esa justificación implícita con que el articulista cierra su colaboración y referencia a los videoclips provocativos: <>. Pero esta incitación delictual palidece ante lo verdaderamente grave de la publicación, que es la intencionada calificación de la política gubernamental (Ministerio de la Igualdad) como "revanchismo de género" con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad.

Ana Mª Pérez del Campo Noriega
Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas

Atención, Atención, noticia importante, se subsana una flagrante injusticia, se ha alcanzado un cuerdo Parlamentario por unanimidad al aprobar la Ley de Presupuestos Generales del 2010, sobre el cobro de pensión de viudedad para todas aquellas mujeres que estando separadas o divorciadas no obtuvieron pensión compensatoria. Dada la importancia de la reparación del daño felicitamos a todo el arco Parlamentario y sobre todo nos sentimos muy satisfechas por haber podido reparar el mal, que se había producido.

Hacemos un llamamiento a todas las mujeres para que acudan a obtener la ampliación de información que necesiten a partir de la Aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Campaña “Piénsalo bien” .

En vísperas de la manifestación contra el aborto, las organizaciones de mujeres llaman a la reflexión, a través de un video, sobre las consecuencias y repercusiones que sobre la vida de miles de mujeres tendría atender a las demandas de los grupos anti-elección.
El próximo sábado 17 de octubre, la ciudad de Madrid será escenario, una vez más, de una manifestación convocada por grupos neoconservadores, confesionales y fundamentalistas contra el avance de los derechos civiles, contando, como en otras ocasiones, con el apoyo de la Conferencia Episcopal y del Partido Popular. En esta ocasión, el motivo es manifestar su oposición al derecho de las mujeres a decidir libremente sobre sus derechos sexuales y reproductivos, demandando la prohibición total del aborto en España.

Las organizaciones firmantes creemos que se trata de un intento evidente de manipulación política, cuyo objetivo real no es otro que el de entrometerse en la vida de las mujeres, estigmatizando y criminalizando su derecho a decidir sobre su maternidad.
Por los derechos humanos de las mujeres, por respeto a la dignidad personal de las mismas, en defensa de la libertad de conciencia y desde el respeto absoluto a la vida de todas las personas, no podemos permanecer en silencio ante esta nueva utilización fraudulenta de un pretendido derecho a la vida, por parte de quienes quieren imponer una moral rígida, basada en sus creencias personales, por encima de los derechos de las personas y del interés público.
Mientras los grupos anti-elección (mal llamados grupos pro-vida), con el apoyo de la jerarquía católica y otros grupos conservadores, sigan sosteniendo que el derecho del feto está, en todo caso, por encima de los derechos de las mujeres a una vida digna, no podemos creer en la formulación farisaica de que “toda vida importa”.
La sociedad no puede dar crédito a las posiciones ultraconsevadoras y patriarcales que deslegitiman los derechos fundamentales de las mujeres y están basados en una profunda desconfianza hacia la autonomía y la capacidad de las mujeres a decidir sobre su propia vida y su propio cuerpo.
Una sociedad que no respeta los derechos humanos de las mujeres está abocada al fracaso y no tiene futuro.
Por todo esto, queremos proponer a la sociedad española una reflexión sobre las consecuencias y repercusiones que sobre la vida de miles de mujeres tendría atender a las demandas de los grupos anti-elección, en nuestro país y en todo el mundo.
Piénsalo bien es una campaña en colaboracion con IPAS internacional
Ver vídeo; http://www.youtube.com/user/afavor2009

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA


Desde la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas llevamos ríos de tinta escritos sobre los niños y niñas que sufren junto a sus madres una violencia de género que les infringe el despiadado agresor que además de ser el marido, el compañero de sus madres es su propio padre.

Los/as menores que soportan el terror y el caos de esta violencia no son nunca simples testigos, son siempre víctimas directas de una violencia en la que no tiene cabida el amor hacia nadie.

Y por fin, tras repetirlo machaconamente en todas las ponencias, en todos los actos, en el libro que he escrito, por fin, repito, llegó el momento en que todos los miembros del senado, mujeres y hombres de cualquiera de los partidos desde la izquierda a la derecha, nacionalistas o no han llegado a la gran conclusión de que los niños/as que viven en la violencia son víctimas directas de la misma.

Los niños y niñas son tratados como tales por quienes siempre los hemos tenido como victimas en nuestros programas. Conviene señorías no generalizar, porque hacerlo es quedarse sin razón.

Es de esperar que a partir de este momento se perciba con claridad que el primer tratamiento que ha de recibir un niño/a que sufre directamente la violencia machista sea el de suspender cualquier tipo de relación con su agresor. ¿No tendremos que esperar otros 15 años para que ésta elemental y evidente medida se lleve a cabo, verdad?.

Sinceramente les felicito a todas y a todos porque más vale tarde que nunca.


Firmado Ana Mª Pérez del Campo
Presidenta F.A.M.S.D.

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El Senado pide que los niños sean tratados como víctimas de violencia machista
Jueves 17 de Septiembre de 2009


El Pleno del Senado ha aprobado hoy por asentimiento una moción que pide el reconocimiento normativo de los niños como víctimas directas de la violencia de género, y la adopción de medidas para destinar los recursos necesarios para el tratamiento y seguimiento de su situación personal.
La iniciativa original fue presentada por el Partido Popular aunque todos los grupos consensuaron una enmienda.
El texto plantea que los hijos o hijas menores de edad que sean testigos de la violencia padecen "como mínimo y de forma grave las secuelas psicológicas de estar o haber estado expuestos a dicha violencia".
La portavoz de Igualdad del PP en el Senado, Carmen Dueñas, ha explicado que "es imposible cuantificar cuántos menores son actualmente víctimas de la violencia de género, porque sólo entran en las estadísticas cuando fallecen"
Según los datos aportados por la senadora, aproximadamente 800.000 niños y niñas españoles conviven diariamente con situaciones de violencia de género, y que se han producido nueve muertes de menores por este motivo en el último año y noventa en la última década.
Dueñas ha asegurado que los profesionales sufren la falta de medios materiales y humanos en todas las instituciones que tienen que atender a las víctimas de la violencia de género y que los centros especializados en esta materia sólo atienden a las mujeres.
La moción ha sido modificada con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios por lo que la enmienda transaccional presentada ha recibido el apoyo unánime del Pleno del Senado.
Esta enmienda propone la creación de un protocolo común de actuación para mitigar los efectos negativos que la violencia de género provoca en los menores con medidas específicas y recursos para su atención multidisciplinar.
Entre los recursos solicitados por la senadora popular se encuentran recursos terapéuticos específicos y educadores que den seguimiento personalizado para niñas y niños o la inclusión de los datos en los sistemas de recogida de información sobre esta problemática, entre otros.
El portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Zubia y la portavoz de Entesa Catalana del Progrés, María Assumpta Baig, han hecho hincapié en la importancia de que las medidas a tomar no interfieran en las competencias que las comunidades autónomas ya tienen asignadas en esta materia y de la necesidad de que éstas "trabajen de forma coordinada para trasladar y compartir experiencias positivas".
Baig ha añadido además que "la creación de equipos multidisciplinares no debe fomentar la estigmatización de los niños víctimas de la violencia de género para evitar acentuar su aislamiento".
Por su parte, la portavoz de Convergencia i Unió, Monserrat Candini, ha recalcado que las comunidades autónomas deben recibir la financiación necesaria para poner en marcha las medidas que se adopten.
La portavoz del Partido Socialista María Escudero ha destacado la importancia de esta moción por "la gran vulnerabilidad de los niños y niñas afectados" y ha insistido en el reconocimiento de la labor de los profesionales que realizan un abordaje integral de este fenómeno incluyendo a las fuerzas de seguridad y los servicios médicos y de asistencia social implicados.
Escudero ha destacado también la labor del Ministerio de Igualdad en colaboración con las comunidades autónomas y de la comisión que está evaluando la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral, y ha agradecido que el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios ante este tema.

D. Miguel Lorente Acosta
Delegado del Gobierno Contra la Violencia de Género
Ministerio de Igualdad
C/ Alcalá 37 – Madrid



Las Asociaciones de Mujeres firmantes de este escrito desean poner en su conocimiento las circunstancias concretas que, rodeando el caso particular de una mujer: Doña María Salmerón Parrilla y de su hija de 9 años de edad, no son si no el exponente, como víctimas de violencia de género, de lo que viene sucediendo en estos casos cuando hay hijos comunes de la pareja. Al tenor que sigue:
El marido y padre, respectivamente, en el caso hizo objeto de maltrato habitual a su esposa desde la iniciación del matrimonio, habiendo sido condenado como autor de dicho delito sin la concurrencia de circunstancias modificativas de su criminalidad a la pena de un año y 9 meses de prisión por sentencia firme de 28 de marzo de 2008 de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, con la restricción de acercamiento a la víctima, imposición de las costas y una indemnización de 9.000 euros a interés y norma legal.
La Sra. Salmerón hubo de formalizar reiteradas denuncias por insultos y agresiones, unas con fecha 21 de junio y 10 de julio de 1999 acompañadas de la correspondiente documental fotográfica y partes de las lesiones sufridas con anterioridad a la iniciación del proceso separatorio, y otras, con asistencia Letrada y Representación procesal, con posterioridad a su demanda judicial de separación, el 28 de diciembre de 2001. Entre medias, el 19 de junio de 2000, nació la niña hija común del matrimonio.
Con estos antecedentes es cuando el esposo maltratador comienza a desarrollar una táctica combativa sobradamente conocida de cuantos se preocupan de estudiar el comportamiento litigioso de los imputados por malos tratos: Habiendo recaído la sentencia separatoria en 31 de julio de 2001 con la determinación de un régimen de visitas del padre a la niña (entonces de un año de edad) acomodándolo a la jornada laboral del mismo, la Sra. Salmerón comenzó a sufrir el asedio psicológico de su marido con un hostigamiento en el que los excesos de la querulancia y el abuso de Derecho palidecen frente a la gravedad coactiva de las amenazas por parte del persistente en la perpetración de los malos tratos.
Toda una maniobra perfectamente calculada y destinada a arropar finalmente la petición del cambio de la custodia de la hija menor a su favor bajo la acusación de que la esposa obstruye el régimen de visitas establecido con su influjo acerca de la niña; pretensión que –después de una intentona fallida ante el Juzgado en trámite de modificación de medidas- logra al fin con fecha 31 de julio en procedimiento de ejecución de sentencia del Juzgado de 1ª Instancia en Instrucción de Dos Hermanas. En el trámite no se cita expresamente la insolvente y anticientífica especie llamada “Síndrome de Alienación Parental” (SAP) pero los argumentos y consideración que se leen, tanto en la resolución judicial como en el informe psicológico elaborado ad casum, es fácil comprobar cómo la expansión de ese peligroso virus, lanzado en su día por el apologeta declarado de la pedofilia Dr. Garner, en los Estados Unidos, ha hecho mella en la negligencia acrítica –si no en sintonía más profunda- de la Justicia Española.

Hasta aquí la descripción del paradigmático litigio. A continuación, nuestra denuncia:
Se trata de comportamientos diseñados bajo la incitación y el aleccionamiento de determinados grupos de varones notoriamente organizados y desarrollados en línea con las corrientes sexistas más acusadas, en ciertos casos identificados personalmente sus miembros con sucesos de agresión a sus mujeres en su vida familiar. Grupos y asociaciones cuya Legitimación Administrativa a título de libertad de expresión, les consiente imprimir y difundir con la impunidad del soporte electrónico, la provocación de actitudes delictuales en las relaciones familiares.
Ante estrategias de semejante cariz –que en mayor o menor grado se asemejan a las de otro género de agrupaciones constituidas para delinquir-, las asociaciones de mujeres no pueden permanecer por más tiempo en silencio.
“Nuestro sentido de la judicialidad –dicen los juristas a los que estamos consultando- se pierde ante la lenidad de las instituciones en un Estado de Derecho en que tales prácticas pueden siquiera prosperar en forma no singular”. Y algún constitucionalista no ha dejado de invocar la competencia de la justicia internacional en orden a la vulneración por parte de los poderes públicos bienes de índole social y familiar cuya protección con carácter prioritario está recogida de modo explícito en el ordenamiento del Estado Español.
Los juicios técnicos precedentes se han hecho teniendo a la vista que:
a)La Sentencia, en su facultad de disentir de las resoluciones precedentes, considera que el padre se halla perfectamente capacitado para desempeñar la custodia de su hija (en la actualidad de 9 años de edad), aunque la niña haya presenciado desde su primera infancia el maltrato habitual por el que su progenitor ha sido penado, y con el precedente de que el joven de 23 años, hijo de un matrimonio anterior del maltratador, mantiene una total incomunicación con su progenitor. Lo que desde un punto de vista estrictamente jurisdiccional y aparte los criterios de sagacidad, ponderación, prudencia y buen sentido que pertenecen al fuero íntimo del intelecto, es facultad que indudablemente corresponde al Juzgador, siempre claro está que se soporte sobre fundamentos sólidos, especialmente si contraviene las razones de peso y bien fundadas que anteriormente decidieron lo contrario, puesto que la obligación impuesta por la Ley al Juez de “fundar” sus sentencias, no le permite cambiar las decisiones precedentes prescindiendo de la adecuada sindéresis. Como resulta la contradicción entre la valoración de “inestimable ayuda” que hace la Sentencia sobre el contenido del Informe pericial presentado por la Psicóloga adscrita al Juzgado de Familia, para seguidamente terminar desacreditándolo en su base principal, esto es, las razones que desaconsejan un cambio en la custodia de la menor por su madre, que el propio Informe apoya en datos tan concisos y relevantes como la normalidad del comportamiento y el rendimiento escolar de la niña o el esmero de la madre en su atención a las tutorías.
b)Permitiéndose la Autora de la Sentencia impartir de cosecha propia principios psicologistas y adoctrinamiento pedagógico en materias ajenas a la jurídica, que es la de su competencia, impone a la madre la obligación de impulsar las relaciones de su hija con el progenitor y carga sobre ella la responsabilidad de contrariar la resistencia sistemática de la niña a practicar las visitas, advirtiéndole de que no debe primar la voluntad de los menores de edad que por serlo no siempre desean lo que para ellos es mejor. El hecho de que la madre hubiera tenido que separarse para sustraerse al continuo maltrato probado, no es siquiera considerado por la Juzgadora como una posibilidad de que a la esposa le infunda un serio temor sobre la integridad psicofísica de su hija el quedar bajo la custodia del padre.
c)Por el contrario la Autora de la Sentencia se siente con autoridad suficiente para establecer este novedoso axioma en materia de psicología infantil: cuando un menor hijo de padres separados se niega a revelar las razones íntimas del distanciamiento de su progenitor, es debido a la manipulación materna…” una presunción constantemente desmentida en la práctica, cuando se constata la inclinación natural infantil de mantener una temerosa reserva sobre las razones íntimas de sus negativas ante las personas ajenas a su círculo de confianza e, incluso con aquellas que la tienen; y que por otra parte supone un desconocimiento de la psicología común más elemental en las personas adultas la tesis jurispericial de quien se propone condicionar el comportamiento de un menor frente a terceros no tenga siquiera la precaución de proporcionarle, junto con su actitud negativa, los motivos que le sirvan para mantenerla.

Todo lo expresado en el apartado b) que precede, significa toda una revelación de que la antijurídica infección del llamado Síndrome de Alienación Parental ha adquirido en nuestro país los caracteres de pandemia, sólo que los administradores de la justicia –como en el caso comparativo del actual virus gripal que ha cambiado el nombre demasiado obvio de la “porcina” por el de “gripe A”-, están omitiendo ahora el nombre vergonzante de “SAP” para mantener el ilícito diagnóstico, que es lo verdaderamente escandaloso.
Cuando el mal es grave, y se extiende tortuosamente, buscando la impunidad del anonimato y la generalización, sólo puede haber solución en atajarlo de frente y sin contemplaciones. Con la acción taimada no caben componendas. Tampoco caben en la separación de poderes. Pero el resorte Legislativo no lo mueve el Judicial (aunque a veces eso es lo que parece si nos fiamos de las apariencias), si no el Ejecutivo con sus proposiciones ante las Cámaras. Y este asunto de los malos tratos ha probado contar con holgura del consenso general.
Bien está dotar al Juez del arbitrio suficiente para liberar a la Ley de la maraña casuística, pero cuando el arbitrio judicial se utiliza con la pretensión de condicionar la Ley en una dirección que ella no ha querido, (como ocurre con la custodia compartida), la justicia está invadiendo un terreno que le está vedado.
Ante tal expectativa es preciso atajar la indebida confusión promoviendo las reformas legislativas que cercenen tajantemente la actual permeabilidad de doctrinas complacientes con el sexismo retrógrado en el ámbito de la administración de la justicia. En suma, promover la reforma que proteja la indemnidad de la Ley de Medidas de Protección Contra la Violencia de Género, mediante la reformulación imperativa de aquellas reglas que, en materia de familia, por su actual redacción en forma potestativa están permitiendo su aplicación uniforme sin distinción de circunstancias, introduciendo la prohibición expresa de aplicar las normas vigentes en materia de familia bajo inspiración que no se atenga estrictamente a los principios declarados en la exposición de motivos de la Ley (como son las especies antes referidas de que entre las obligaciones de una mujer maltratada se encuentre la de contrariar la resistencia espontánea de su hija a relacionarse con el maltratador, o la hipótesis de que el silencio infantil sobre la razón de sus resistencias al respecto, se debe únicamente a la manipulación materna).
Mas en concreto: consideramos de la mayor urgencia introducir en el art. 92 de la Ley 15.2005, de 8 de julio, de Reforma del Divorcio, la siguiente adeuda:

2bis. No procede establecer régimen de comunicación y visitas de los hijos con aquél de los padres que haya sido condenado o esté incurso en procedimiento penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la indemnidad sexual del otro cónyuge, de los hijos comunes o de cualquier otro miembro que conviva en la unidad familiar.







Por lo cual reclamamos al Ministerio de Igualdad que promueva la activación de los mecanismos necesarios a norma legal para dar efectividad a la anterior petición, a cuyo fin nos permitimos enviar copia del presente escrito al Excmo. Sr. Ministro de Justicia.
Con remisión copia cit.

Madrid, 24 de agosto de 2009




Apoyo Andaluz al Lobby Europeo de Mujeres – Rafaela Pastor.
Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas – Ana Mª Pérez del Campo Noriega.
Federación de Mujeres Progresistas – Yolanda Besteiro.


Para adherirse a la carta la recogida de firmas en la página de Apoyo Andaluz al Lobby Europeo de Mujeres, plataforma@mujereslobby.org



Listado de organizaciones y personas firmantes:


Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres – Rafaela Pastor Martínez.
Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas – Ana Mª Pérez del Campo Noriega.
Federación Nacional de Mujeres Progresistas. Yolanda Besteiro.
Foro Clara Campoamor Sevilla. Amparo Rubiales.
Asociación de Mujeres Opañel.
Enclave Feminista.
Asociación de Mujeres Infieri. Carmen Rey.
Asociación de Vecinos ARCUSVES. Inmaculada Viñolo Navajas.
Asociación de Mujeres Internacionales Costa del Sol. Josefa Sierra.
Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres.
Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Sevilla. Josefa Moreno.
Asociación Consuelo Berges de Mujeres Separadas y/o Divorciadas de Cantabria. Mª Angeles Ruiz-Tagle Morales.
Fundación Matria. Victoria Sendón de León.
Asociación de Lesbianas de Andalucía. Carmen Zurita.
Red Ciudadanas de Europa (RCE). Teresa G. Espejo.
Colectivo de Jóvenas Feministas. Lourdes Mª Pastor.
Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo C. Valenciana) Emilia Caballero.
Asociación de Mujeres de Puente Genil.
Asociación de Mujeres Kra.
Asociación de Mujeres Saharauis en España.
Asociación De Mujeres Amatista de Coin.
Asociación de Mujeres Cooperativistas NEVASICOP Granada.
Asociación de Mujeres Río Almarchar de Genalguacil.
Organización de Mujeres Ciudadanas del Mundo-Mª Jóse Pastor.
Ayuntamiento de Benamejí. Concejalía de igualdad.
Marea Feminista.
Federación María Laffitte.
AMECOOP. Teresa Páez.
Asociación de Mujeres Politólogas. Natalia Enguix Martínez.
Fundación María Fulmen. Ana Mª Carvajal Llorens.
Asociación El Duende de Churriana de la Vega.
Asociación de Mujeres y Teología de Sevilla.
Asociación Flor de Jara Villarrasa.
Asociación de Mujeres Hypatia de Dos Hermanas.
Asociación de Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de Sevilla.
Federación Andaluza COLEGAS.
Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable (AMES).
Asociación de Mujeres de León Clara Campoamor.
Ana Mª de la Fuente Navarro DNI 24070842P.
Ana Mª Ruiz Tagle Morales. Patrona del Museo del Prado. DNI 27872479K.
Angeles de la Plata Martín DNI 24075121D.
Antonia Hernández Hernández.
Aracelia Colina Pirela NIE X7482301X.
Carmen Palma Úbeda DNI 24250217Y.
Esther Batalla Edo DNI 37736973.
Fina Cózar Cózar DNI 32011323S.
Francisca Fernández Valero DNI 78961644E.
Ines Gimenez Garrido. DNI 22484950N.
Inmaculada Viñolo Navajas. DNI 25700368F.
Inmaculada Jabato Sarabia DNI 24867634B.
Isabel Molins Casamitjana DNI 33897720K.
Jaime Domínguez-palacios Gómez. DNI 27280410H.
José L. Salvador Castelo DNI 27495778Z.
Liliana Costa Staksrud DNI 50754620Z.
Mª Eugenia Amaro Vega.
Mª José Jiménez Quesada. DNI 74681799V.
Mª Pilar Conejo Sarabia. DNI 27286115L.
Mª Teresa Lucas Fleuri.
Mariló Rodriguez Carrasco DNI: 8972473N.
Mariqueta Vázquez Albertino DNI 32335528N.
Mercedes López Herrera DNI 28503805C.
Miriam Andana Puente DNI 30222951P.
Miriam Bastidas Aliaga DNI 77847034S.
Nazzareno Tisi Fischietti DNI 76420618J.
Nazaría Moreno Sirodey. DNI 28348332G.
Rosa Mª García Lopera DNI 24322674.
Soledad Orozco Rodríguez DNI 25888763D.
Sonia Lamas Millán.
Susana del Carmen Jimenez Sagre DNI 30835997N.
Teresa Pérez del Río DNI 7801210R.
Vincent Horn NIE X09967244.
Virginia Fuentes Rivero DNI 30797600W.
Zahra R. Ahmed DNI 09069340A.

AGENTE PARA LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO


DIRECCIÓN: Isabel Tajahuerce Ángel.
SECRETARÍA ACADÉMICA: Cristina Mateos Casado. COORDINACIÓN DE ESTUDIANTES: Irina Pertierra Sánchez

BECAS COMPLETAS Y PARCIALES para personas con escasos recursos económicos.
300 horas
18 Créditos ECTS.
Jueves y viernes de 16:00 a 21:00 horas, salvo conferencias ordinarias y extraordinarias.
Clases teórico prácticas de OCTUBRE a JUNIO.
Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias de la Información, UCM. Prácticas externas.

El Título de Especialista está organizado por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid que forma parte de la Red de Estudios de las Mujeres ATHENA - Programa Sócrates - www.athena3.org.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS:
Dar formación adecuada para detectar e intervenir eficazmente en violencia de género.
Serán objetivos prioritarios:

-Fomentar los estudios universitarios con perspectiva integral de género.
-Recuperar la Memoria Histórica de las Mujeres.
-Incidir en el valor del lenguaje como trasmisor de pensamiento e ideología.
-Analizar la intervención institucional y las medidas desde una perspectiva crítica, dando especial relevancia al ámbito judicial, a la educación y a los medios de comunicación.
-Comprender las dimensiones de la violencia estructural y simbólica para actuar eficazmente en su erradicación.
-Generar medios, instrumentos y herramientas de concienciación y sensibilización social.
-Analizar la complejidad de las causas de la tolerancia social de la violencia de género.
-Fomentar la emancipación y el empoderamiento de las mujeres desde la toma de conciencia de género, rompiendo con actuaciones paternalistas.
-Éxodo, desplazamientos físicos y simbólicos y migraciones como nuevas variables de análisis para determinar socialmente la violencia contra las mujeres.
-Análisis del sexismo y del racismo.
-El cuerpo femenino y sus implicaciones en las construcciones del imaginario social y cultural.
-Investigar sobre la construcción del poder del patriarcado, partiendo del ámbito político, religioso y económico frente a la autoridad, la espiritualidad y la solidaridad.
-Contribuir a la difusión de valores y roles de igualdad en diferentes ámbitos sociales.

CONTENIDOS ACADÉMICOS Y MÓDULOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS:
Los contenidos del Título de Especialista se desarrollarán en siete módulos, con 300 horas teóricas más prácticas, además de Conferencias de especialistas del ámbito académico y profesional tanto de España como internacionales, talleres y seminarios teóricos y prácticos y participación en grupos de investigación establecidos en las Universidades españolas y europeas. Módulos:
I. MÁS QUE HISTORIA. EL VALOR DE LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LAS MUJERES.
II. DEFINICIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. AGRESIONES FÍSICAS Y DAÑOS MORALES. VIOLENCIA ESTRUCTURAL. ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA.
III. MUJERES, POLÍTICA Y LEYES. DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA A LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD.
IV. LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES NO SEXISTAS. LA TRASCENDENCIA DE LA EDUCACIÓN EN LOS DISTINTOS NIVELES DE LA ENSEÑANAZA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. EL PODER DEL LENGUAJE.
V. DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTERVENCIÓN DESDE DIFERENTES ÁMBITOS. MUJERES, MENORES Y OTRAS PERSONAS CON VIOLENCIAS CONEXAS.
VI. LA PROSTITUCIÓN, UNA MANIFESTACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
VII. ÉXODO, MIGRACIONES Y DESPLAZAMIENTOS COMO VARIABLES DE
ANÁLISIS EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

IMPARTEN LOS MÓDULOS:
Ana Boned Colera, Ana María Ruiz Tagle, Ana María Pérez del Campo Noriega, Ana Muiña, Antonia Fernández Valencia, Asunción Bernárdez Rodal, Esther Goñi, Arantxa Juan- Aracil Elejabeitia, Carmen Miguel Vicente, Cecilia Payno de Orive, Carmen Pujol Algans, Cristina Segura Graiño, Cristina Mateos Casado, David Berna Serna, Diana García Corona, Elena Hernández Sandoica, Irina Pertierra Sánchez, Isabel Tajahuerce Ángel, Javier Maestro Backsbacka, Jenny de la Torre Córdoba, Lola Aguilar, Magdalena Suárez Ojeda, María José Barahona Gomáriz, Marián López Fernández Cao, Mari Luz Morán Calvo- Sotelo, María Soledad Arnau Ripollés, Maribel Nebreda Roca, Myriam Negre Masiá, Nadia Otmani, Nuria Villa Fernández, Raquel Platero, Soledad Correa García, Teresa Langle de Paz, Rosario Carracedo Bullido, Rosa San Segundo Manuel.

METODOLOGÍA Y MATERIAL TÉCNICO UTILIZADO
Se basará en una metodología participativa, creativa y crítica. Constará de:

140 horas de clases teóricas; 96 impartidas por profesoras y profesores de la UCM y 44 por profesoras y profesores de otras Universidades y profesionales de prestigio, fundamentalmente del ámbito jurídico y social.
160 horas de clases prácticas; 93 impartidas por profesoras de la UCM y 67 impartidas por profesionales de prestigio.
Las y los estudiantes realizarán trabajos prácticos y de investigación durante todo el curso, bajo la dirección de un/ una especialista de la materia, teniendo presente el carácter multidisciplinar de la materia, evitando la especialización cerrada que impide la visión y formación integral.
Las materias se complementarán con cinco conferencias ordinarias de académicas/ os y tres conferencias extraordinarias de profesionales de gran relevancia en el ámbito de la lucha contra la violencia de género (1 del ámbito jurídico, 1 del ámbito político y 1 de ámbito de los medios de comunicación)
Se completará la formación en prácticas y empresas colaboradoras en la erradicación de la violencia de género.
Se fomentará el contacto, conocimiento y participación activa con los equipos de investigación de la Universidad Complutense de Madrid y otras Universidades tanto nacionales como internacionales.
Se organizarán sesiones mensuales abiertas de debate entre los/ las estudiantes del curso y los/ las profesores/ as.
Ocasionalmente se desarrollarán talleres culturales con asistencia voluntaria: representaciones teatrales, visitas a museos para analizar la imagen de la mujer en el arte y la creatividad de las mujeres en la historia del arte, paseo feminista por Madrid, asistencia a cursos y seminarios organizados por otras Universidades e instituciones. También se desarrollarán talleres que fomenten el análisis del cuerpo y la estética a través del arte.
Para el desarrollo tanto de las clases teóricas como de las prácticas se utilizarán medios técnicos de apoyo, electrónicos y audiovisuales. Material hemerográfico y bibliográfico de apoyo.

Al hilo de las recientes violaciones cometidas por menores de 13 años, el Partido Popular ha solicitado reformar la llamada Ley Penal del menor o Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero para reducir la edad penal a los doce años, petición que resulta demagógica al intentar rentabilizar políticamente el sufrimiento y el dolor de las víctimas y sus familiares y la conmoción que estos terribles pero, afortunadamente, excepcionales sucesos provocan en la sociedad.

En efecto, de entrada debe precisarse que, según indican las estadísticas policiales y judiciales, los delitos habituales cometidos por menores de 12 y 13 años son, sobre todo, hurtos que no justifican la reforma pretendida, existiendo otra ley, la conocida como Ley de Protección Jurídica del Menor, que contempla la aplicación de medidas asistenciales y de internamiento educativo para esos menores. Y respecto de los delitos cometidos por mayores de 14 años y menores de 18, las Memorias de la Fiscalía general del Estado del año 2008 (úlltimo año publicado) correspondientes al año 2007 destacan que la criminalidad juvenil ha experimentado un descenso cuantitativo respecto de años anteriores, siendo absolutamente minoritarios los delitos contra la vida o contra la libertad sexual.

Por otro lado, el Partido Polular oculta que la Ley Penal del menor fue auspiciada por esta formación política y aprobada por un amplio consenso en el año 2000, es decir, con el PP en el Gobierno habiendo sufrido varias reformas, la última, en el mes de diciembre de 2006, en la que se agravaron las penas, se introdujeron las órdenes de alejamiento, se estableció el internamiento en régimen cerrado hasta 10 años, y la posibilidad de personación de los perjudicados en el proceso.

Además, proponer una reforma legal cada vez que se produce un hecho luctuoso, por gravísimo que sea, y bajo los efectos emocionales de ese suceso, no resulta aconsejable. Legislar supone dotarse de los instrumentos jurídicos necesarios para prevenir y sancionar una generalidad de conductas y, por tanto, debe estar presidido por un profundo estudio y un debate sereno y sosegado como han indicado las asociaciones de jueces y de fiscales, el Fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el Defensor del Pueblo Enrique Múgica o el Presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes que ha advertido del riesgo de caer en un" populismo punitivo".

Al respecto, ha de recordarse que la edad de responsabilidad criminal establecida en nuestra legislación, a partir de los 14 años, es similar a la fijada en prácticamente todos los países europeos, siendo superior en Bélgica, 16 años, o en la República Checa, Dinamarca, Finlandia, Eslovaquia, Suecia o Noruega, 15 años. Y, aunque en Francia, Grecia, Polonia, Suiza o Portugal el límite de edad es inferior, se contemplan sanciones educativas o importantes atenuaciones de la pena. Las únicas excepciones serían los Países Bajos o Inglaterra y Gales.

Finalmente, merece la pena preguntarse si el derecho penal resuelve todos los problemas y si el origen de conductas como las denunciadas quizás se encuentre en las pautas educativas y sociales y en los valores culturales que se transmiten a los menores cuya responsabilidad, como ha señalado el ministro de Educación, es de toda la sociedad.

Fdo. Begoña González Martín.
Abogada
25 de julio de 2009

DELITO MACHISTA

La Ley Integral de Medidas de 28/12/2004, por su carácter integral y multidisciplinar, introdujo determinadas modificaciones en el condigo penal, señaladamente en el articulo 153.1, previendo la elevación de las penas en los delitos de violencia de género cuando el autor de los mismos, sea el varón y la victima la que es o haya sido su mujer o pareja. Y el TC, en resolución de diversos recursos interpuestos por algunos jueces reticentes, acaba de avalar la legitimidad de la referida disposición. No obstante lo cual, se sigue especulando sobre una pretendida conflictividad de la norma, legal con el artículo 14 Constitucional que proclama el principio de igualdad sin discriminaciones.

Todavía pueden verse publicados comentarios en la prensa diaria, tendientes a rebajar la norma legal en su aplicación practica, con argumentos del siguientes tenor: Ya no se discute la existencia de un sexismo machista cuya característica final es la agresión del hombre en las relaciones de pareja con una mujer, ni se niega que este fenómeno social se deba al acervo patriarcal que mantiene a los hombres en relaciones de poder sobre las mujeres; pero se pone en duda, que este factor de predominio sea siempre el detonante en la comisión de delitos de género, y menos, que la tendencia sexista presida siempre en las relaciones de pareja; por lo que, dicen, esta circunstancia debería quedar a la libre apreciación de los jueces en cada caso sometido a su jurisdicción sin que la ley la dé por supuesta.

Para deshacer los nuevos obstáculos, basta con reflexionar que se trata de una ley cuyo objetivo esta en la punición del sexismo machista, una vez definido que esta modalidad conductual se da habitualmente en nuestra sociedad y que la misma se manifiesta por actos delictivos: actos perpetrados por determinados hombres ejerciendo violencia sobre las mujeres. La ley se propone condenar un fenómeno social concreto, un delito de evidente asignación sexista con un móvil específico: el hecho de que la victima sea mujer.

Tratar de modo idéntico conductas sustancialmente diferentes implica la perversión de quebrar la lógica de la ley – ratio legis – la causa, motivo o razón jurídicas, es decir, el fundamento esencial de hacer justicia. Y siempre es posible al juez usar de la lógica para interpretar la norma en aplicación, pero a condición de que no caiga en el abuso de la “aplicación analógica “, que consiste en resolver de modo igual hechos desiguales simplemente porque sean “semejantes“. Lo cual, como es sabido, está rigurosa y constitucionalmente prohibido. Ahora bien, la conducta de la mujer que agrede al hombre, no solo es una excepción relativamente a la conducta del hombre que ataca a la mujer, sino que sobre todo principal y formalmente solo es “semejante” a la del varón, porque éste la maltrata precisamente por su condición de mujer (por ser mujer), sin que se pueda si quiera sugerir que la mujer que arremete contra el hombre, lo haga precisamente para atacarlo en cuanto a su condición de “hombre”. Si en aplicación de la norma legal se pretende que el juez se inspire en esa aplicación de mera analogía, se estará incitando al juzgador a pervertir la ratio legis, un caso claro de prevaricación.

Al mismo género de ilícito – no solo ética y deontologicamente censurable, sino también punible- corresponde la actitud de ciertos abogados y abogadas que en la defensa procesal de mujeres, desaconsejan que se denuncien los malos tratos de que las hacen objeto su pareja masculina o que retiren las denuncias ya causadas con el argumento de que “esa vía es peor para ellas” o que “a los jueces no les gusta entrar en el tema de los malos tratos”. Las leyes se han hecho para cumplirlas, sin miramientos hacia los gustos y opiniones de quienes las hayan de acatar, y aun cuando los propios intereses – de género, profesionales, etc.- padezcan en su incoincidencia.

Frente a las maniobras obstruccionistas y las defecciones de los servidores de la justicia y sus cuanyugantes, nosotras las mujeres no podemos permanecer calladas. Nuestra beligerancia es de causa justa, nos ampara la ley, nos asisten Derechos Humanos inalienables, y no pasará mucho tiempo sin que debamos rendir cuentas de nuestra dura brega a la generación que nos suceda. Ellos y ellas, hombres y mujeres, podrán con toda razón reprocharnos si les legamos un mundo y una sociedad tan injusta y amarga como la que a nosotras nos ha tocado vivir.



Madrid 26 de Mayo de 2008


Fdo.-Ana Mª Pérez del Campo Noriega
Presidenta de la F.A.M.S.D.

Fdo.- Yolanda Besteiro de la Fuente
Presidenta de la F.M.P.

LANJARÓN (GRANADA), 27 Feb. (EUROPA PRESS) -


Concepción P.S., La mujer de 55 años que fue ayer atropellada mortalmente supuestamente por su ex marido en la A-44, a unos dos kilómetros de Padul (Granada), recibió terapia por maltrato psicológico pero se negó a denunciar.

La concejal de Mujer en el Ayuntamiento de Lanjarón, Isabel Molina, informó a Europa Press de que la víctima asistió a los servicios sociales del municipio, que cuenta con una comisión de violencia, el pasado 13 de noviembre, para asegurar que sufría por parte de su ex marido maltrato psicológico. Sin embargo, y a pesar de las recomendaciones de los técnicos, no denunció y fue derivada al Instituto Andaluz de la Mujer, donde recibió terapia.

Según su coordinadora, Carmen Solera, acudió sólo una vez en el pasado mes de diciembre al grupo de terapia psicológica. También se negó entonces a denunciar "porque se había confiado en que no iba pasar nada", según indicó Solera, que está en contacto con la familia de la fallecida, que no tuvo hijos con su ex marido.

El Ayuntamiento de Lanjarón convocó además una concentración esta tarde donde se leyó un manifiesto en protesta por el fallecimiento de Concepción y se ofició una misa-funeral en la iglesia del pueblo, con presencia de numerosos vecinos.

Francisco P.S., de 67 años, detenido ayer pasará previsiblemente esta tarde a disposición judicial por la posible comisión de un delito de homicidio. Según informaron a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, que consideran que éste se trata de un caso de violencia de género, el hombre y la mujer, procedentes de Canarias, vivían en el municipio de Lanjarón pero por separado.

El coche que conducía el ex marido, un Chevrolet Nubira, tiene indicios de haber atropellado varias veces a la mujer, por lo que la hipótesis que se baraja es la de que el hombre quiso provocar su muerte.

El arrestado permanece desde ayer prestando declaración en la Comandancia de la Guardia Civil y, aunque se prevé que pase hoy a disposición judicial, no se descarta que lo haga mañana por la mañana, según las fuentes.

La muerte de la mujer se produjo en torno a las 14,30 horas de ayer en la A-44, en la que uno de los carriles permaneció cortado para el tráfico hasta que no se hizo el levantamiento del cadáver.

(EUROPA PRESS).

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, aformó hoy que está "especialmente preocupada" por las jóvenes que no saben identificar la violencia de género porque consideran que es un fenómeno "alejado de sus vidas" que sólo tiene incidencia en "mujeres mayores y casadas".

Durante la presentación en la UNED del libro "Violencia de género. Una visión multidisciplinar dirigido por la profesora de la universidad Teresa San Segundo, Aído explicó que estas jóvenes "no son capaces de detectar el acoso en los mensajes a los móviles o cuando su chico les dice cómo tienen que vestir o con quienes tienen que ir".

En este sentido, anunció que la próxima semana se reimpulsará la iniciativa "Menos es más", centrada en la sensibilización de los más jóvenes en cuestiones de igualdad de género y tolerancia cero hacia la violencia con la aprobación de un nuevo programa que a través del cine y con un lenguaje accesible acercará esta realidad a la adolescencia.

En la presentación del libro participaron además, la vicerrectora Primera de la UNED, Mercedes Boixareu; las catedráticas de la universidad Celia Morós y Amelia Valcarce; y la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, quienes coincidieron en destacar la importancia de una visión poliédrica del fenómeno de la violencia de género.

Para Valcarce, la sociedad tiene que reconocer y rechazar la violencia de género de baja intensidad si quiere lograr erradicar su manifestación más extrema y que dejen de morir mujeres. Según afirmó, aunque los tiempos han cambiado Si el aprendizaje viril" se sigue realizando en términos de superioridad respecto de las mujeres, la libertad de éstas "no estará garantizada".

Por su parte, San Segundo incidió en la importancia de que nadie "vuelva la cabeza porque no se sienta incluido en el grupo de víctimas o en el de maltratadores" ya que se trata de un problema que concierne a toda la sociedad.

En este sentido, Del Campo pidió a la ministra y, en general, a la clase política en su conjunto que "no tiren la toalla" en la lucha contra la violencia sobre las mujeres porque "sólo con la contundencia de la razón se llegará a la libertad de ser todos igualews".

El libro "Violencia de Género. Una visión multidisciplinar" se enmarca en el Máster de la UNED en Malos Tratos y Violencia de Género y está escrito en colaboración de varios expertos en distintas áreas relacionadas con este fenómeno, entre los que se encuentra el Delegado del Gobierno para la violencia machista, Miguel Lorente.

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La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) felicita al Congreso por su decisión de promover una Ley de Mediación Familiar que unifique criterios sobre este servicio y que sirva de marco referencial para evitar distinciones de trato entre los usuarios de la mediación en las distintas comunidades autónomas.

Todos los años es lo mismo. Podríamos decir lo mismo. Enumerar a las mujeres que han perdido la vida a manos de sus maridos, ex maridos, parejas o ex parejas sentimentales. Incluso podríamos desgranar la letanía de sus nombres y sus apellidos, un goteo incesante que en lo que llevamos de año deja tras de sí la sangre de sesenta y seis mujeres, de sesenta y seis mujeres a las que hay que sumar ocho menores, también víctimas mortales de este terrorismo machista.

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