Todos los años es lo mismo. Podríamos decir lo mismo. Enumerar a las mujeres que han perdido la vida a manos de sus maridos, ex maridos, parejas o ex parejas sentimentales. Incluso podríamos desgranar la letanía de sus nombres y sus apellidos, un goteo incesante que en lo que llevamos de año deja tras de sí la sangre de sesenta y seis mujeres, de sesenta y seis mujeres a las que hay que sumar ocho menores, también víctimas mortales de este terrorismo machista.

Hortensia, Natalia, Christine, Natividad, Estíbaliz, María José, Gaby, Sylvina, Sanaa, Alexandra… Todos los años es lo mismo. Un listado de nombres femeninos que prueban que, más allá de la teoría, seguimos viviendo en una sociedad en absoluto igualitaria, en la que las mujeres pueden seguir siendo tratadas –casi con impunidad absoluta— como posesiones, como objetos, como siervas, como ciudadanas de segunda, despojadas de dignidad, secuestrada su libertad, segada su vida.

Pero aunque todos los años es lo mismo, nosotras, las mujeres que integramos la Asociación Valdés Siglo XXI, y ustedes que nos acompañan, luchamos porque el discurso contra la violencia de género no se quede en eso: en discurso. No nos resignamos a que la sociedad “consuma” los asesinatos cotidianos de seres humanos con distancia, casi con indiferencia, acostumbradas y acostumbrados ya a convivir con esta lacra como si no fuera posible frenarla, cortar su avance sangriento. Que la manifestación más
salvaje de la ideología patriarcal haya salido del espacio privado de los hogares, que desde hace una década forme parte de la agenda mediática y política y sus víctimas puedan reclamar protección y justicia en los tribunales no significa que el camino esté recorrido hasta el final. Sesenta y seis mujeres y ocho menores en lo que llevamos de año deberían golpear a diario la conciencia colectiva para recordarle, recordarnos, que queda mucho por hacer, que apenas hemos dado los primeros pasos, que los avances
legislativos no son la panacea, que las víctimas aún son estigmatizadas, tanto social como judicialmente, y que siguen malviviendo en un infierno de terror.

Cada una de las personas que estamos aquí podemos hacer mucho por combatir este terrorismo brutal. Basta con dar el pasito que nos separa de la pena, de la conmiseración por la “pobre víctima”, a prestarle nuestras fuerzas, nuestro apoyo, para que recupere la libertad y la dignidad como ser humano que el torturador le ha arrebatado. La compasión no es el modo de luchar en esta guerra. Tampoco lo es pensar que ellas, las víctimas, son responsables (al menos, en parte) de lo que les ocurre… Quién de nosotros no
ha pensado en alguna ocasión, aunque no haya llegado a verbalizarlo en público, “pues que hubiera denunciado” o “la culpa es suya, porque volvió con él”. Cargar a la víctima con la responsabilidad del delito es como pretender absolver al ladrón que sustrae un bolso argumentando que la culpa es de la dueña, por llevarlo colgado del hombro. Ya se sabe, los bolsos son para dejar en casa.

La compasión no ayuda a las víctimas del terrorismo machista que, por otra parte, podemos ser todas y cada una de las mujeres. Tampoco culpabilizarlas aún más es la solución a un problema de profundo calado social que, sin embargo, parece que nos escuece en los ojos. Quizá por eso sea más cómodo mantener ocultos a los torturadores de mujeres y de sus hijos e hijas, amparándonos en el frágil argumento de que “parecía un chico tan normal, tan educado, tan majo incluso…” Quien maltrata puede ser “normal” en su imagen pública –de hecho, eso es lo que le permite sobrevivir en la impunidad— pero el maltrato es un DELITO, un delito público, no privado, y la sociedad en su conjunto está, estamos, obligados y obligadas a alzar la voz contra quien humilla, insulta, veja, golpea, tortura, degrada y mata.

En el sistema judicial aún queda mucho, muchísimo, por hacer. Hay jueces, juezas, fiscales, abogados y abogadas, incluso agentes policiales que cuestionan la ley que están obligados a aplicar, y se empeñan en hacer de ella un uso perverso que carga contra las víctimas a las que debería proteger.

Porque el patriarcado no se ha quedado quieto ante los cambios legislativos y sociales, y lucha por mantener el inmovilismo que sostiene su búnker ideológico utilizando para ello las armas del enemigo. El discurso de la falaz custodia “repartida”, que no compartida, o el supuesto Síndrome de Alienación
Parental o SAP, rebautizado con ingenio como Síndrome de Alienación Patriarcal por Andrés Montero, no son más que un ejemplo de la nueva artillería de los maltratadores, que han focalizado ahora su atención en los menores, convertidos en rehenes para impedir la huída de la presa mayor: la mujer.

Podríamos asumir que todos los años, todos los 25 de noviembre, es lo mismo. Contabilizar las víctimas y recitar sus nombres. Pero no. Nunca es lo mismo porque tenemos la obligación moral de poner nuestro granito de arena para cercar a estos delincuentes de la cotidianidad, igual que lo haríamos con un miembro de ETA o con un estafador. Tenemos la obligación de denunciar, de dar la cara, de vencer el miedo cuando sabemos que alguien está padeciendo maltrato. No sirven las excusas de que no sabemos si luego la víctima negará lo ocurrido. Igual que asumimos que un toxicómano puede caer una y otra vez antes de superar su drogodependencia, una víctima puede recaer muchas veces antes de lograr encontrar la salida del infierno.

Pero es obligación de todas y todos nosotros alzar la voz, supliendo la suya, si es necesario, para ponerle nombre a la tortura y a quien la perpetra. No hacerlo nos convertiría en cómplices. Y el lema de “contra el maltrato, tolerancia cero” debe ser más que una frase repetida de forma mecánica.

Nuestro objetivo es hacer de ella una declaración de intenciones. Quien maltrata, nunca es “un chico majo”. Bienvenidas y bienvenidos a la lucha.